El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acaba de desempolvar el término y, eventualmente, el plan más extremo para encarar tiempos de crisis aguda: la «Opción Cero» que en su momento concibió Fidel Castro para cuando el abastecimiento de combustible rozara apenas el 20 por ciento en el país. Eran los días del derrumbe de la Unión Soviética (URSS).

La semana pasada, el primer secretario del Partido Comunista agitó en su comparecencia pública la habitual retórica propagandística del régimen cubano, pero, más significativamente, anunció un paquete de emergencia en respuesta al bloqueo energético decretado por la Casa Blanca para espolear cambios en la isla. Y, por supuesto, justificó el retorno actualizado de la «Opción Cero» de los noventa —que el líder histórico presentó entonces como alternativa «salvadora» y de «resistencia», tras la debacle económica y política que supuso la caída del bloque socialista en Europa del Este— al sugerir una similitud entre las circunstancias actuales y lo vivido durante la última década del pasado siglo.

Sin embargo, el economista cubano Miguel Alejandro Hayes asegura a El Estornudo que se trata ahora de «una crisis mucho más terrible»; una, subraya, «solo comparable con lo que ocurrió al final de la guerra cubano-española: un país destruido por la tea incendiaria y la reconcentración de Weyler».

El también economista cubano Pavel Vidal ha advertido en su más reciente análisis sobre la macroeconomía cubana que el bloqueo energético de Washington y las medidas de racionamiento de La Habana son una «nefasta combinación de los peores momentos del Período Especial en los años noventa y del choque económico que implicó la pandemia a inicios de la actual década», puesto que sus efectos inmediatos van a incidir «sobre un sistema productivo que ya operaba con niveles críticos de desgaste, descapitalización e incumplimientos financieros».

De hecho, Vidal considera que «el gobierno cubano solo puede intentar acciones para administrar la extrema escasez», porque ninguna de sus reformas o políticas, por sí solas, contribuirá a una salida de «la aguda depresión económica». 

«El tiempo de permanencia en esta contingencia dependerá de las fórmulas y negociaciones que se logren para aliviar los bloqueos al suministro de combustible y sentar las bases para una reconfiguración de la inserción internacional», augura el profesor de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. 

Hayes coincide en que, evidentemente, «la única opción» inmediata para el gobierno cubano es racionalizar aún más el combustible. «En eso tienen bastante experiencia a lo largo de los años», apunta. «La otra opción, la real, la que todos queremos, y que es necesaria desde el punto de vista del bienestar de los cubanos, es llegar a algún tipo de negociación con Estados Unidos, más allá de todo el tema de la soberanía y del derecho internacional. Todo eso», insiste, «debe pasar a un segundo plano, porque la situación que está atravesando el pueblo cubano, la gente que está en Cuba, es simplemente catastrófica».

Medidas «devastadoras» para la sostenibilidad de la vida 

Desde el viernes último, en el programa televisivo Mesa Redonda, funcionarios cubanos empezaron a ofrecer detalles sobre la reciclada «Opción Cero» para capear una crisis multidimensional que se ahonda y amplifica tras la Orden Ejecutiva de Donald Trump para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba y la captura el 3 de enero pasado del mandatario venezolano Nicolás Maduro —que implicó el cierre de la ya disminuida tubería petrolera bolivariana y, en general, importantes cambios estratégicos en la relación bilateral entre La Habana y Caracas.

El paquete de restricciones —presentado por el viceprimer ministro y ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro— supone que el combustible con que aún cuenta el país será destinado a «la protección de los servicios esenciales de la población y las actividades económicas imprescindibles».

Otras medidas anunciadas apuntarían a proteger el abasto de agua a la población y servicios básicos de salud —por ejemplo, las urgencias médicas y los programas materno-infantil y de tratamiento de cáncer—; promover el autoabastecimiento local y el empleo de fuentes renovables de energía, así como mantener actividades de preparación para «la defensa» y «el orden interior», y, en la medida de lo posible, sostener actividades dirigidas a la obtención de ingresos en divisas. Así también, fue anunciada la suspensión de las clases presenciales en las universidades y la reducción del transporte público local e interprovincial, al tiempo que se exigirá mayor control de precios y más ahorro presupuestario.

Pérez-Oliva Fraga habló de asumir la generación de electricidad, «en lo fundamental», mediante «la producción nacional de crudo, gas acompañante y el empleo de las fuentes renovables de energía». Según un informe de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, la isla importaba en 2023 casi el 73.5 por ciento del combustible para la generación de energía. El resto solo era cubierto por el petróleo nacional.  

«Operar solo con el combustible que el país sea capaz de generar, ha sido hasta ahora alrededor de un 30 por ciento del total, en condiciones normales. Estaríamos hablando de un proceso de contracción económica sin precedentes en la historia de Cuba», alerta Hayes, quien cree que la producción nacional podría caer casi en un 60 por ciento. «Eso es impensable, es el equivalente a un país arrasado por una guerra».

Por su parte, Vidal prevé que el racionamiento energético decretado para el transporte nacional se ampliará a todos los sectores (turismo, agricultura, manufacturas, educación, etc.). Se frenarán los movimientos de personas, insumos y bienes finales hacia los mercados de consumo, advierte. 

«No solo se frena el movimiento de mercancías nacionales, sino que también se dificulta la llegada y distribución interna de importaciones (puerto–almacenes–mercado), lo que termina por agravar la escasez», explica el investigador, quien sugiere que tal choque negativo de la oferta «disparará los precios y provocará una mayor contracción del poder adquisitivo de los hogares y del acceso a alimentos y bienes y servicios esenciales», por lo que «se espera una mayor depreciación del peso cubano en el mercado informal».

En un análisis sobre la producción de alimentos, el economista Pedro Monreal coincide a su vez que «las medidas de supervivencia adoptadas en Cuba […] encuentran un país fragilizado por una crisis agropecuaria mucho peor que la existente durante el “Periodo Especial”, con desmoronamiento masivo de la producción nacional de alimentos cruciales». Señala además que los últimos datos publicados por la ONEI sobre la agricultura cubana exponen «siete años de dinámicas de declive agropecuario, desde el pico productivo de 2017, que las “63 medidas” del agro de 2021 no han revertido».

El experto cubano pronostica en otra parte que «la materialización —todavía incierta— de un prolongado escenario de “cero importaciones” de combustibles haría inviable el soporte energético del sistema económico en Cuba». Y enfatiza: «En lo económico, ahorro y renovables “compran tiempo”. Las soluciones efectivas corresponden al plano político».

Para la socióloga cubana Elaine Acosta, directora ejecutiva del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos (Cuido60), la coyuntura actual pudiera ser devastadora para los sectores de población más vulnerables en Cuba. Especialmente, puntualiza a El Estornudo, aquellos que dependen de una pensión, viven solos y carecen de redes familiares de apoyo. 

La problemática es aún más preocupante si se tiene en cuenta que «el 25 por ciento de la población cubana es mayor de 60 años», indica la investigadora asociada al Cuban Research Institute, de la Universidad Internacional de Florida.

Desde su perspectiva, se verán afectados grupos de mujeres, afrodescendientes y poblaciones migrantes internas —generalmente ubicadas en las periferias de las principales ciudades del país y La Habana—, así como niños, niñas, adolescentes y jóvenes debido también al impacto negativo en la educación, ya bastante debilitada en las últimas décadas.

Acosta considera en mayor riesgo pilares fundamentales como la educación, la salud pública y la asistencia social, que, dijo, «ya atraviesan múltiples crisis». 

«La mínima red de protección básica existente, de la cual el Estado se ha ido retirando, se verá aún más debilitada. Y la incipiente y debilitada sociedad civil independiente tampoco cuenta con los recursos ni las capacidades humanas para enfrentar estos nuevos recortes», observa. «Lo que se anunció irá básicamente contra los más desfavorecidos, contra las capas cada vez más amplias de la población cubana que se han ido empobreciendo significativamente».

La situación resulta «devastadora para la sostenibilidad de la vida», opina la socióloga, para quien el plan de supervivencia del régimen cubano —sin «una alternativa de apertura»— no solo no parece realista dado el contexto externo, sino que tampoco se ajusta a las circunstancias internas.

«No hay una consideración ética, ni siquiera la más básica, que respete mínimamente los derechos y las condiciones actuales indignas en las que está sobreviviendo buena parte de la población cubana», insiste. «Prolongar la escasez con un mayor control político, es sencillamente llevar a un pueblo prácticamente a su exterminio». 

La salida a la crisis debería ser política en un país que ha experimentado en los últimos años un significativo vaciamiento demográfico y una ostensible depauperación de las condiciones de vida; así al menos lo cree la profesora Elaine Acosta: «Aún estamos a tiempo», hace notar finalmente a El Estornudo. «Hay una significativa cantidad de población que efectivamente quiere y necesita un cambio, y ese cambio lo podemos hacer entre todos los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla».

El escenario más extremo 

La «Opción Cero» fue concebida por Fidel Castro como el escenario más extremo durante los años del Período Especial, aunque en público negó la existencia de una estrategia bajo ese nombre específico. Nunca se aplicó en su totalidad. Se preveía activarla completamente cuando el país tuviera menos del 20 por ciento del combustible soviético que se demandaba por entonces, y no se llegó a ese punto.

Sin embargo, el PIB cubano cayó un 35 por ciento, mientras que el comercio exterior, anclado al bloque socialista europeo, se derrumbó en un 85 por ciento: de 11 mil 857 millones de dólares, en 1989, a 830 millones, en 1992. También se suspendieron obras —como la Central Nuclear de Juraguá, en Cienfuegos—, créditos y otros recursos pactados.

El plan de contingencia fue diseñado para enfrentar un corte casi total del combustible que recibía la isla desde la extinta URSS —entre diez y 13 millones de toneladas anuales de petróleo a precios subsidiados—, a cambio sobre todo de azúcar, níquel y cítricos cubanos.

Entre las medidas de subsistencia implementadas entonces, se recuerda el uso masivo de bicicletas chinas y de la tracción animal como medios de transporte, sobre todo en localidades del interior del país, así como la cocción de alimentos con leña y carbón. Además, se derivó hacia la agricultura urbana (organopónicos), los huertos familiares y la cría de aves y cerdos dentro de los hogares para atenuar el grave déficit de proteínas y otros nutrientes tras la reducción drástica de los alimentos que se distribuían por la libreta de abastecimiento.

Por aquellos años, el país sufrió una rápida metamorfosis económica y social: los apagones llegaron alcanzar hasta 16 horas por día, se racionaron aún más los bienes subsidiados, y el mercado negro ascendió como alternativa para la compra-venta de dólares y muchos otros productos de primera necesidad, mientras las tiendas recaudadoras de divisas fueron abiertas para todos los cubanos con posibilidad de acceder a moneda dura.

Muchos cubanos comenzaron a padecer enfermedades propias de la crisis, como la neuropatía óptica y periférica, que afectó a más de 50 mil personas, entre 1991 y 1993, debido al déficit nutricional de vitamina B y por el alto consumo de tabaco y alcohol.

Desde luego, se avivó el descontento social y la migración masiva. La histórica protesta conocida como «El Maleconazo», ocurrida el 5 de agosto de 1994, marcó la llamada «crisis de los balseros», que propició la salida de unas 35 mil personas por mar hacia Estados Unidos. 

Los primeros años noventa del siglo pasado han sido desde entonces la referencia epocal más traumática para varias generaciones de cubanos que ahora, tras algo más de tres décadas, deben volver a enfrentar el más temible fantasma de aquellos días: la «Opción Cero».