Esta semana se cumple el primer año de la segunda toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Empecemos el resumen con lo positivo, la economía, que es el barómetro tradicional con el que se evalúa la gestión presidencial. El PIB ha tenido tres trimestres de expansión impulsados principalmente por el consumo interno y la inversión privada. Los mercados financieros se mantuvieron fuertes —el Dow Jones cerró el año con un crecimiento del 13% y el S&P 500 del 16%—, lo que es una señal de confianza de los inversionistas en el rumbo general de la economía. La inflación está más contenida en comparación con los picos observados en años previos y el mercado laboral continuó mostrando bajo desempleo aun,que la creación de empleos se redujo considerablemente. Asimismo, las políticas de desregulación y de bajos impuestos favorecieron la actividad empresarial. Sin embargo, estos indicadores halagüeños no se reflejan en la opinión del ciudadano común y corriente. Las encuestas de confianza del consumidor y los índices de optimismo económico continúan desfavorables y muchos expresan preocupación por la inflación, los precios altos y el impacto de medidas como los aranceles, contribuyendo a una sensación de incertidumbre económica que presagia malos resultados para el partido en el gobierno en las venideras elecciones congresionales de noviembre 2026.
En cuanto al accionar político del presidente Trump, su segundo mandato ha sido aún más tumultuoso que el primero, caracterizado por un ritmo frenético de cambios y acciones ejecutivas que han aturdido y atropellado no solo a sus opositores, sino a las instituciones del estado, y una disposición al parecer ilimitada de tensar hasta la ruptura las convenciones y reglas que rigen la democracia estadounidense. A esta estrategia, llamada «Act Fast and Break Things» (actuar rápido y romper cosas) y proveniente del mundo de la tecnología, se suman otras maneras de actuar que, aunque vistas por separado parezcan caóticas, en conjunto pueden aglutinarse en una filosofía de gobierno más estructurada que en el primer mandato, reflejando la lección más importante aprendida por el mandatario: el Estado existe para balancear la autoridad del presidente, y solo dinamitándolo puede darle rienda suelta a sus ambiciones. El factor determinante en esta filosofía es la autocracia como el método de gobierno favorito de Trump.
Entre los objetivos de este modo de actuar se encuentra la socavación deliberada de la división de poderes dictaminada en la Constitución, buscando la supremacía del poder ejecutivo mediante una avalancha de órdenes que dejan de lado a un Congreso dócil, y con la anuencia de un poder judicial donde los jueces puestos por Trump fallan a su favor, incluyendo a la Corte Suprema (aunque están pendientes varios casos que serán históricamente determinantes.)
La actual administración también busca la desregulación y el desmembramiento del aparato administrativo del Estado, lo que incluye el despido de decenas de miles de empleados federales y la disminución de funciones o eliminación de agencias enteras, destruyendo de un plumazo un entramado que llevó décadas crear y que velaba no solo por los derechos y el bienestar de los ciudadanos frente a los grandes negocios, sino que, además, trajo la época de prosperidad más grande en Estados Unidos, al seguir las políticas del New Deal. Justo de esto va la implementación del llamado Proyecto 2025, una hoja de ruta ultraconservadora elaborada por la Heritage Foundation. Aunque Trump intentó distanciarse públicamente del documento durante la campaña, gran parte de esta agenda ha sido puesta en marcha, como el congelamiento de las contrataciones federales; la eliminación de los programas de diversidad, equidad e inclusión; la desarticulación de las regulaciones medioambientales, y el impulso de políticas que afectan la salud reproductiva, la situación migratoria, la asistencia exterior y los derechos civiles. Varios de los autores del proyecto, como Russell Vought, Tom Homan o Paul Atkins, ocupan puestos claves en el equipo económico de la administración.
Por otro lado, hay un corrimiento hacia el control autocrático sobre sectores de la política, la sociedad, los negocios privados y la opinión pública. Además del uso intensivo de órdenes ejecutivas, la práctica autocrática se manifiesta en la politización del aparato estatal y judicial y en una retórica constante que busca deslegitimizar a la prensa, a los oponentes políticos y a los funcionarios públicos que actuán como contrapesos. Al presentar a estas instituciones como «enemigos» o parte de un «estado profundo», el discurso presidencial erosiona la confianza pública en los pilares básicos de la democracia liberal. Aquí entran ejemplos tan variados como el uso de la FCC para provocar la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, el chantaje a varias universidades amenazando con la suspensión de fondos públicos, las demandas del uso del Departamento de Justicia como arma de venganza contra Adam Schiff, James Comey o Letitia James, el chantaje también a varias firmas de abogados y las demandas judiciales contra estaciones de televisión y periódicos, algunas de las cuales han preferido pagar sumas millonarias antes de que verse bajo el escrutinio de la poderosa máquina presidencial.
Si esto no fuese suficiente, hay otros tres temas que han marcado la ausencia de límites en la actuación autocrática de Trump. El primero es la implementación de una política despiadada de deportación masiva. En contraste con las promesas de campaña, que hacían creer que el énfasis caería sobre emigrantes con récord criminal, Trump ha deportado mayormente a emigrantes que estaban tratando de seguir un proceso legal y ha desplegado miles de agentes en grandes ciudades para ejecutar redadas masivas con detenciones sin causa razonable, uso desproporcionado de la fuerza y violaciones de derechos civiles, incluyendo la muerte a balazos de una ciudadana americana. En esta guerra contra los emigrantes, ICE se ha convertido de facto en un ejército paramilitar a las órdenes del ejecutivo, con sujetos enmascarados que no se someten a ningún control en las comunidades donde actúan impunemente. Su presupuesto es mayor que el de todas las demás agencias federales de aplicación de la ley juntas, dígase el FBI, la DEA, el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, el Federal Bureau of Prisons y los US Marshalls. En otras palabras, Estados Unidos ahora emplea más recursos arrestando a emigrantes que persiguiendo cualquier otro crimen, combatiendo el tráfico de drogas o manteniendo a la población carcelaria.
A su vez, pese a la oposición de las autoridades locales y ante la ausencia de una emergencia pública real que le permitiera usar estos poderes, Donald Trump ha desestimado los límites a su autoridad a la hora de desplegar la Guardia Nacional en ciudades del país. La utilización de la fuerza militar con el pretexto de combatir el crimen o responder a protestas civiles está extremadamente limitado en Estados Unidos, bajo el principio legal de Posse Comitatus, consagrado en 1878, luego de la Guerra Civil, y busca evitar abusos o la militarización del orden interno. A través de de una retórica de «ley y orden» y de haber amenazado con invocar la Isurrection Act, Trump buscó con estos despliegues militares intimidar a adversarios políticos como los gobernadores de California e Illinois, y normalizar la presencia militar en el espacio civil.
Igualmente preocupante son otras violaciones de la separación de poderes y leyes federales que regulan el presupuesto. La Constitución otorga al Congreso el poder de asignar fondos, pero Trump ha recurrido de forma reiterada a órdenes ejecutivas, declaraciones de emergencia y retenciones administrativas para redirigir o bloquear recursos aprobados legislativamente, en un intento de controlar el poder presupuestario y debilitar el papel del Congreso como principal contrapeso fiscal. A Trump poco le importa si el Congreso ha aprobado una ley presupuestaria, él se arroga el derecho de dirigir los recursos de acuerdo a sus intereses políticos. También supone una violación la eliminación o reducción al mínimo de funciones de agencias como USAID o el Departamento de Educación, los cuales, por ley federal, solo pueden ser eliminados por el Congreso. A esto habría que sumarle la imposición indiscriminada y caprichosa de aranceles a las importaciones, sin consulta alguna con el poder legislativo, lo qe sienta un precedente muy peligroso al normalizar la idea de que el presidente puede subordinar el presupuesto y la administración pública a su voluntad política inmediata.
En cuanto a la política exterior, el segundo mandato de Donald Trump ha estado marcado por el enfoque America First y un distanciamiento del multilateralismo y el globalismo. Su administración ha cuestionado el valor de compromisos internacionales de largo plazo y el papel histórico de Estados Unidos como garante del orden liberal internacional. Trump ha preferido dejar de lado a las instituciones multilaterales —OTAN, las Naciones Unidas— emblemas del orden de la posguerra, imponiendo a cambio acuerdos bilaterales de carácter transaccional o mercantilista, muchas veces bajo la amenaza de aranceles y tratando a sus aliados como adversarios. Estas tensiones con países cercanos incluye exigencias para que asuman mayores costos en defensa, aunque la administración ha ido todavía más allá, al agregar demandas ridículas como la anexión de Canadá, la expropiación del canal de Panamá o la compra de Groenlandia, impactando, quizá irremediablemente, en la fiabilidad de Estados Unidos como socio estratégico.
Trump ha mantenido una línea de presión sostenida sobre países rivales como Irán y China, incluyendo sanciones, coerción económica, negociaciones desde posiciones de fuerza y, en el caso de Irán, con el bombardeo a su programa nuclear. Sus mayores fracasos han sido la incapacidad de frenar los conflictos en Ucrania y en Gaza, pese a promesas explícitas de lograr acuerdos rápidos. En el caso de Ucrania, ni el enfoque transaccional ni la presión sobre sus aliados para reducir el apoyo a Kiev, han producido un alto el fuego ni garantizado una negociación sostenible, pero sí llevó al espectáculo deplorable de la humillación de Zelensky en la Casa Blanca, mientras Rusia mantiene su ofensiva y el conflicto continúa estancado con un alto costo humano y material. En Gaza, el cese al fuego ha sido frágil y violado constantemente, sin avances duraderos hacia una solución política. En ambos escenarios, la preferencia de Trump por grandes gestos unilaterales y acuerdos rápidos, unido a la visión egotista y megalómana de sus capacidades como negociador, ha mostrado sus límites frente a conflictos complejos que requieren coordinación internacional y compromisos de largo plazo. A este panorama se suma Venezuela, donde la euforia inicial por la remoción de Nicolás Maduro ha dado paso a distintas incertidumbres sobre la permanencia del chavismo en el poder o el control de Estados Unidos del país. Además, ese evento nos dejó otro espectáculo bochornoso, cuando María Corina Machado le entregó a Trump, en la Casa Blanca, la medalla de su premio Nobel de la Paz.
Para 2026, todo parece indicar que Trump está convencido de que los republicanos perderán al menos el Congreso en noviembre, y de que muy posiblemente los demócratas comiencen a ponerle freno a su agenda, incluyendo abrirle un proceso de impeachment aún mayor que aquellos dos de su primer mandato. La Corte Suprema también tendrá que lidiar con varios casos que darán respuesta a importantes preguntas constitucionales, entre ellas el derecho a la ciudadanía por nacimiento y la capacidad del ejecutivo de controlar a agencias independientes. Los presidentes norteamericanos gobiernan con programas pensados para cuatro años, a sabiendas de que tendrán que hacer compromisos políticos y buscar resultados pragmáticos. Trump, sin embargo, promete gobernar en 2026 como lo ha hecho hasta ahora, es decir, como un presidente que tiene dos años para rehacer el entramado político y social del país, consolidando su deriva hacia el autoritarismo. Es posible que vengan tiempos todavía más tumultuosos, en lo que se someta aún más a prueba la fragilidad de un sistema democrático que, por décadas, tanto liberales como conservadores habían ensalzado como el ejemplo a seguir.
