El presidente Donald Trump, autotitulado «gran pacifista» y quien hiciera del rechazo al intervencionismo norteamericano y las guerras foráneas uno de los pilares de su carrera política, ha sucumbido como cada uno de sus predecesores al aventurerismo bélico con la operación Absolute Resolve, que ha sacado de Caracas al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Y, al igual que sus predecesores, Trump ahora se encontrará con la realidad de que, si bien el poderío militar inigualable de Estados Unidos le ha garantizado un resultado rápido y eficiente, el cambio de régimen y el nation building son procesos caros y complejos, sembrados, con escollos, en los que Estados Unidos no tiene precisamente un historial de éxitos.

Nadie debería derramar una lágrima por Maduro, el dictador venezolano que ha dejado largas y tristes secuelas en su país: la persecución política de sus oponentes, el robo de elecciones, la hiperinflación y la pobreza actuales, el exilio de unos ocho millones de venezolanos. Desde la toma del poder por el chavismo, ha habido protestas multitudinarias reprimidas por el régimen, intentos de referendo para limitar el término presidencial, cambios constitucionales, anulación de la asamblea legislativa cuando estaba en manos de la oposición y, por supuesto, elecciones reñidas con serias acusaciones de fraude electoral. Agotadas las vías para un cambio político pacífico, una gran cantidad y quizá la mayoría de venezolanos ha dado la bienvenida o festejado abiertamente la remoción de Maduro —aun cuando en estos momentos su gente siga en control del país. 

Las implicaciones fundamentales para la política interna norteamericana son dos: el debate sobre la legalidad del uso del ejército para cambiar a un líder enemigo y el efecto que esta acción tendrá sobre la popularidad del presidente Trump, cuyos índices de aprobación continúan siendo los más bajos en la era moderna. En cuanto a esto último, no ha habido aún encuestas tras la acción castrense, pero los sondeos anteriores mostraban una fuerte oposición entre el público norteamericano. La controversia a raíz de los ataques militares a embarcaciones consideradas como parte del narcotráfico agudizó aún más esa desaprobación. La reacción futura dependerá mucho de cómo se desenvuelva el conflicto. Si la administración Trump es capaz de gestionar una transición rápida en Venezuela, sin emplear tropas de ocupación, es probable que obtenga un espaldarazo en la opinión pública. Si por el contrario se empantana en una ocupación militar, su imagen sufrirá un declive aún mayor. 

Respecto a la legalidad de la incursión bélica, el consenso en estos primeros días es que hay serias inquietudes acerca de su legalidad —incluso dejando a un lado la ley internacional. Estas preocupaciones y denuncias no solo vienen de los demócratas, o de la izquierda, sino también de conservadores constitucionalistas como el Cato Institute. La Constitución de Estados Unidos asigna claramente el poder de declarar la guerra al Congreso, por tanto, presidente debe pedir autorización, bajo la denominada War Powers Resolution de 1973, creada específicamente para limitar el poder del ocupante de la Casa Blanca. No es la primera vez que un mandatario ejecuta unilateralmente acciones de este tipo, o bajo una interpretación ambiciosa de las leyes existentes, y, de hecho, luego las cortes han avalado sus decisiones, como sucedió tras la invasión a Panamá en 1989. Pero en el caso de Trump destaca su total despreocupación por encontrar una justificación legal plausible más allá del encausamiento de Maduro como narcotraficante; especialmente puesto que un Congreso tan dócil como el actual le hubiera dado sin dudas dicha autorización. No solo no se buscó el consentimiento legislativo, sino que ha habido acusaciones de que se engañó a los miembros del Capitolio. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró a varias figuras claves de ambos partidos que el Ejecutivo no tenía intenciones de intervenir militarmente en Venezuela, luego de que el Congreso rechazara una propuesta bipartidista para obligar al presidente a pedir autorización legislativa. Trump, por su parte, ha dicho cándidamente: «No le notificamos al Congreso porque se filtraría la información». Nueva evidencia de su desdén por la separación de poderes.

Párrafo aparte merece la caótica conferencia de prensa ofrecida por Trump este 3 de enero. En contraste con las cuidadosas declaraciones de los secretarios Marco Rubio y Pete Hegseth (de Defensa) —quienes se dedicaron a elogiar la efectividad militar y a enfatizar el argumento judicial—, el presidente estadounidense desvarió como de costumbre sobre temas de política nacional, se alabó a sí mismo, denostó a sus predecesores y minimizó a la oposición venezolana al afirmar, con menosprecio imperial, que María Corina Machado no sería la líder política sucesora en un cambio de régimen —como si esto fuera atribución Washington. 

Más significativamente, Trump descarrió la narrativa oficial, que describe la remoción de Maduro como un arresto judicial contra un narcotraficante, al hacer dos afirmaciones: «vamos a administrar a Venezuela» y «vamos a ganar mucho dinero con el petróleo». La primera contradice la filosofía de «America First» —en un documento guía publicado hace solo dos meses por la Casa Blanca, se declaraba, como uno de los pilares de las políticas exterior y de defensa, la «predisposición al no-intervencionismo»—, lo cual no le va a traer simpatías entre buena parte de su base política, que considera no se debe gastar recursos del contribuyente en resolver conflictos extranjeros. La segunda expresa descarnadamente el mercantilismo que domina la cosmogonía del mandatario. Para Trump no hay acción mala si lleva a un resultado económico favorable a sus intereses. No mencionó los derechos humanos ni la democracia, y en cambio hizo repetidas afirmaciones sobre la extracción de petróleo y el traspaso de la industria a manos norteamericanas. 

En la historia reciente hay dos intervenciones militares estadounidenses que, por sus resultados, pueden ubicarse en las antípodas, pero en ambas hay paralelismos con la situación actual. La invasión a Panamá, en 1989, tiene muchas similitudes. El mandatario panameño Manuel Noriega también había anulado una elección y había sido acusado de narcotráfico. La operación bélica fue rápida; en pocas semanas, se eliminó al ejército panameño y se instauró como presidente al ganador de las elecciones, Guillermo Endara. Es un modelo relativamente exitoso que la administración Trump, y en particular Marco Rubio, querría sin dudas repetir. La segunda variante sería la invasión a Iraq, en 2003, que sugiere aspectos más preocupantes. Usando como pretexto la guerra contra el terrorismo y la necesidad de deponer a Saddam Hussein, así como acusaciones dudosas y exageradas sobre el uso de armas de exterminio masivo, el presidente George W. Bush se empantanó en una guerra interminable de más de dos décadas. Ello supuso la muerte de más de 35 mil soldados estadounidenses y un costo de 700 mil millones de dólares, e Iraq continuó siendo un país sumido en la guerra civil y la crisis económica. El paralelismo con Venezuela radica en la insistencia en controlar la industria petrolera, lo cual sería difícil, caro, y llevaría inevitablemente a la instauración de un régimen títere en Caracas o bien, incluso, a la presencia indefinida de fuerzas de ocupación. La aventura de Iraq se considera uno de los mayores desastres de la política exterior norteamericana, solo por detrás de Vietnam. 

El propio Trump ha criticado esa guerra incesantemente, y debe buena parte de su popularidad a la promesa de no repetir aquellos errores. Pero visto su pobre récord histórico en el manejo de desafíos internacionales —el abortado acercamiento a Corea del Norte, la falta de progresos respecto a la guerra en Ucrania, que prometió acabar en 24 horas—, pudiera sobrevenir otra catástrofe.