Luis Miguel Oña Jiménez tenía 27 años cuando gritó pidiendo ayuda desde una celda y nadie respondió. Había sido arrestado por salir a la calle en las protestas de julio de 2021. Un tribunal lo condenó a 12 años por «sedición». En Cuba, disentir puede costarte la juventud, pero a él le costó la vida.

Días antes de morir, Oña Jiménez estaba en la prisión Cuba-Panamá para pacientes con VIH-SIDA, en Güines, «con la presión disparada, sintiéndose cada vez peor… nadie lo atendía», según relató su hermana Regla Ayamei Oña. 

La organización Prisoners Defenders (PD) informó que Oña Jiménez sufrió una isquemia cerebral en la cárcel, «sin recibir tratamiento adecuado, en medio de maltratos y torturas». Cuando su estado ya era crítico, le concedieron una licencia extrapenal y fue trasladado al hospital Julio Trigo. Allí —denuncian sus familiares— lo «desahuciaron» y lo enviaron a su casa en San Miguel de Padrón. Poco después, el pasado 14 de febrero, murió. 

«Es una práctica sistemática del régimen cubano destruir la salud de los presos políticos y excarcelar a los desahuciados cuando ya saben que van a morir. Son asesinatos encubiertos bajo la tutela del Estado», afirmó la ONG Prisoners Defenders.

Anamely Ramos, académica cubana y defensora de derechos humanos, coincide en que la excarcelación tardía fue una maniobra para eludir responsabilidades. «Luis Miguel Oña Jiménez fue mandado para su casa tres días antes de morir para tapar un asesinato, ni más ni menos», expresó en sus redes sociales.

De acuerdo con Ramos, a quien le impiden entrar al país, el régimen desprecia la vida de los presos, así como las del resto: «Justo como hacen con todos los cubanos: los oprimen, los usan, los castigan, y si el costo político del crimen resulta acaso demasiado alto, intentan lavarse las manos… y comienza el ciclo macabro otra vez. Para ellos no somos ni seres humanos ni cubanos, somos desechos».

Hace menos de un mes murió otro preso político, Lázaro García Ríos, quien cumplía una condena de 20 años. Padecía una enfermedad cardíaca y según su familia fue devuelto del hospital a prisión, días antes de morir.

La organización Justicia 11J ha documentado desde 2023 al menos siete muertes de personas presas políticas «en circunstancias marcadas por graves vulneraciones de derechos». Según la ONG, estas muertes tienen en común que ocurrieron «bajo custodia del Estado», tras un «deterioro severo de la salud sin atención médica adecuada» y hubo un «uso tardío o discrecional de licencias extrapenales».

Mientras estaba en la prisión de Güines, Luis Miguel Oña gritó por su vida. El silencio y la negligencia que recibió por respuesta fueron elocuentes respecto al costo de disentir en Cuba. Su muerte ocurre en un país fatigado por una crisis añosa y profunda, en medio de presiones de Estados Unidos y reconfiguraciones geopolíticas regionales. 

Mientras el Gobierno insiste en justificar todos los males con la presión externa, las personas presas políticas quedan excluidas del relato público del poder. ¿Qué lugar ocupan sus cuerpos enfermos, sus condenas desproporcionadas, sus familiares castigados, en la narrativa oficial de resistencia y soberanía?

Mientras no se concreta una amnistía en Cuba, mientras el poder descarta cualquier reconocimiento de responsabilidad, los presos políticos siguen envejeciendo tras las rejas… o muriendo bajo custodia. ¿Cuántas muertes más hacen falta para que el tema deje de ser «colateral» y se asuma como una deuda urgente con la vida y la justicia?

La muerte de Luis Miguel Oña Jiménez se suma a la de otros jóvenes condenados por las protestas del 11 de julio de 2021, que fallecieron mientras cumplían sus sanciones en prisión, según ha documentado la organización de derechos humanos Justicia 11J. Repasar algunos de estos casos estremece.

El 30 de noviembre de 2024, Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de 29 años, sentenciado a seis, apareció muerto en el Combinado del Este. La versión oficial habló de suicidio. Su madre habló de crimen. Antes de su fallecimiento, organizaciones independientes ya habían alertado sobre las condiciones que enfrentaba y la falta de atención médica.

Un año antes, en noviembre de 2023, Luis Barrios Díaz —también condenado a seis años— falleció tras complicaciones respiratorias. De acuerdo con denuncias recogidas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, fue devuelto a prisión pese a recomendaciones médicas y solo cuando su estado fue irreversible se le tramitó una licencia extrapenal.

En agosto de 2024, Yosandri Mulet Almarales, condenado a diez años por sedición, también falleció días después de lanzarse de un puente durante un pase desde el campamento de trabajo donde estaba recluido. Su familia había advertido que padecía trastornos mentales y cuestionó la actuación de las autoridades médicas tras el traslado al hospital.

Geraldo Díaz Alonso, sentenciado a 14 años, sufrió un infarto en octubre de 2024 en la prisión de Canaleta, en Matanzas. Había tenido desmayos previos. Su familia asegura que la atención médica fue tardía e insuficiente.

Cada caso tiene circunstancias propias, pero todos comparten el mismo marco: jóvenes condenados por protestar que no salieron vivos del sistema penitenciario. Bajo estándares internacionales, el Estado es garante absoluto de la vida e integridad de quienes están privados de libertad.

En Cuba, esas muertes siguen acumulándose sin investigaciones independientes y sin que se conozcan responsabilidades penales para los funcionarios del Estado involucrados. Solo silencio institucional. Pero estas víctimas no son números. Son ciudadanos que pusieron sus cuerpos para disputar al poder el derecho a expresarse y que nunca debieron entrar a una prisión.