El 4 de febrero de 2026, en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, tres mujeres presentaron una petición ciudadana de amnistía para los presos políticos del país. Yenisey Mercedes Taboada Ortíz, Miryorly García Prieto y Jenny Pantoja Torres impulsaron, junto a familiares de reclusos, la iniciativa legislativa «¡Por una Amnistía Ya! Carta de Petición Ciudadana de una Ley de Amnistía», con la que buscan la excarcelación de aquellos que cumplen sanciones penales por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y protesta en los espacios público y virtual.
Yenisey, de 43 años, es la madre de Duannis León Taboada, joven sancionado a 14 años de privación de libertad por el delito de sedición, tras haber participado en las protestas de julio de 2021. Miryorly, de 47 años, es historiadora del arte e investigadora. Y Jenny Pantoja Torres, de 58 años, es historiadora y antropóloga.
Tras la publicación de la propuesta en redes sociales, el pasado 11 de enero, el documento inicial que sería presentado al órgano legislativo alcanzó las 1 535 firmas verificadas —de 2 155 recogidas hasta el 2 de febrero—. Con base en la Ley No. 131 del 2019, que regula la organización y el funcionamiento de la Asamblea Nacional, y el artículo 164 de la Constitución de la República, la propuesta de leyes compete, entre otros actores, a los ciudadanos, siendo requisito indispensable la rúbrica de al menos 10 mil electores. Las organizadoras señalan que no se detendrán hasta alcanzar las firmas necesarias, a pesar de que no implique la aceptación del recurso, tal como ha ocurrido en intentos previos.
Acusar a los manifestantes de delitos comunes ha sido la estrategia usada por el castrismo para negar ante la comunidad internacional la existencia de presos políticos. Bajo los delitos de sedición, desorden público, propaganda contra el orden constitucional, atentado, desacato, instigación a delinquir, resistencia o desobediencia han sido procesadas miles de personas, y de ellas mil 197 permanecen en prisión, según estimaciones de Prisoners Defenders.
La iniciativa se impulsa en un contexto de alta tensión política. La paralización de los envíos de combustible desde Venezuela y la posterior declaración de emergencia nacional, por parte de Donald Trump, con la que califica a la isla como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Esta medida serviría de sustento a la administración estadounidense para amenazar con la imposición de aranceles a cualquier país que suministre petróleo a Cuba.
Ante la opinión pública, el castrismo ha vendido la imagen de intransigencia a pesar de que, recientemente, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, confirmara la disposición de dialogar y el «intercambio de mensajes» a altos niveles, justo tras las declaraciones en las que Trump anunciaba la existencia de negociaciones y, presuntamente, la «cercanía de un acuerdo».
El riesgo de una acción militar directa por parte de los Estados Unidos ha llevado a los regímenes venezolano y nicaragüense a promover la excarcelación de presos políticos, no así a su socio político de La Habana, aunque, históricamente, haya utilizado a la población carcelaria como moneda de cambio en negociaciones políticas.
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La madre de Andreína rompe en llanto. Mira al cielo una, dos veces, y agradece a Dios y se pierde en sí ante la emoción que despierta el reencuentro con su hija. Es enero de 2026 y, en las afueras del Helicoide, el principal centro de tortura y prisión política del chavismo, decenas de familiares de presos políticos celebran, frente a la cámara de CNN, la posible excarcelación de los suyos. El anuncio de proyecto de ley de amnistía general lo hizo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien sostuvo que la medida buscaba «promover la convivencia y sanar las heridas de la confrontación política que han dividido al país durante décadas», pero que apenas evidencia la disposición del chavismo a ceder control para mantener su continuidad en el poder.
Desde comienzos de enero, mientras la ley de amnistía entró en la agenda legislativa, hemos asistido a la excarcelación gradual de procesados por motivos políticos. La organización venezolana Foro Penal ha documentado más de 300 liberaciones, mientras que el gobierno ha reportado cifras más altas que podrían agrupar excarcelaciones de años anteriores. Aun así, varias ONG coinciden en que aún cientos de personas cumplen sanciones injustas y ejemplarizantes en cárceles venezolanas.
La sociedad civil y familiares de las víctimas han recibido la noticia con una mezcla de esperanza y cautela. Recientemente, un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) exigió a la presidenta interina la liberación de más de 200 presos políticos, entre los que se encuentran compañeros de estudio y profesores universitarios, información que sería acusada de manipulación por Rodríguez. Posteriormente, el movimiento estudiantil reanudó las protestas para exigir la liberación de los detenidos.
Para muchos, la ley representa una oportunidad histórica de corregir lo que consideran injusticias prolongadas, pero se impone el escepticismo respecto a si la norma garantizará libertad plena, restituirá derechos políticos y terminará con la criminalización de la disidencia. Parte de la oposición exige que la amnistía incluya, además, el regreso de exiliados políticos, la eliminación de medidas cautelares sobre las personas excarceladas y la anulación de inhabilitaciones.
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A más de dos mil kilómetros de Caracas, Daniel Ortega celebraba, el pasado 10 de enero, los 19 años de su llegada al poder en Nicaragua, mientras decenas de prisioneros levantaban al unísono la carta de libertad. En el patio de un penal de Managua, el régimen vendería como acto de buena fe la excarcelación de presos políticos de los que, en ciertos caos, se desconocen los motivos de su detención. Hablamos de líderes universitarios y opositores liberados, según el sandinismo, por los «beneficios legales de convivencia familiar», aunque se infiere que los motivos han sido otros.
En las horas previas —tras las excarcelaciones en Venezuela—la misión diplomática estadounidense en Managua había exigido la liberación de más de 60 personas en situación de cárcel por causas políticas. «¡La paz solo es posible con libertad!», afirmaban en la red social X. Ortega es consciente del peligro que pesa sobre su gobierno. La captura de Maduro no le resulta indiferente y también teme, de ahí el gesto con Estados Unidos como destinatario.
Sadie Tamara Rivas, activista nicaragüense, aboga en redes sociales por la liberación de su padre, Aníbal Rivas Reed, opositor de 61 años detenido en mayo de 2025, y condenado a 50 años de prisión tras un juicio arbitrario y sin garantías. Él sufre artritis degenerativa, insomnio, depresión y ansiedad, mientras se enfrenta a las condiciones inhumanas del régimen carcelario de máxima seguridad. Ni siquiera puede ver el sol, y lo han privado de las visitas de una familia que no ha dejado de defender su inocencia y que hoy lamenta que Rivas Reed nombre no figure entre los amnistiados.
Organizaciones de derechos humanos señalan que algunos excarcelados han sido puestos bajo arresto domiciliario con severas restricciones de comunicación y movimiento, una continuación simbólica de la reclusión. Mientras tanto, detenciones arbitrarias continúan realizándose, incluso por expresar opiniones políticas en redes sociales y celebrar los acontecimientos políticos en Venezuela.
Estos patrones resumen la tensión entre gestos puntuales de liberación y una estructura represiva que opera sin garantías judiciales, lo que pudiera interpretarse como un gesto de supervivencia política del régimen, orientado a aliviar la presión de Washington, sin renunciar por completo a los mecanismos de control interno.
Cuba a la espera
En contraste, hasta el momento Cuba no ha mostrado intenciones de impulsar una amnistía general para los más de mil presos políticos que el régimen sigue sin reconocer.
En la historia de Cuba, apenas figuran la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de la República de Cuba, el 21 de diciembre de 1938, y la del 6 de mayo de 1955, firmada por el dictador Fulgencio Batista. Esta última permitió la liberación de quienes se opusieron al golpe militar del 10 de marzo de 1952 y, sobre todo, de los asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, del hospital Saturnino Lora y el Palacio de Justicia, el 26 de julio de 1953, en los que fallecieron 14 militares del régimen.
En aquel grupo destacaban Fidel y Raúl Castro Ruz, sancionados con penas de 15 y 13 años, respectivamente, y quienes asumirían las riendas del país tras su llegada al poder. No puede pasarse por alto que los presos políticos cubanos de hoy, a pesar del carácter pacífico de las protestas, cumplen penas que, en algunos casos, duplican a las de los asaltantes.
En 67 años de castrismo, nunca se han impulsado amnistías formales en favor de presos políticos. El Proyecto Varela, promovido por el líder opositor Oswaldo Payá, abogaba en 2002 por la transformación política e incluía la amnistía para disidentes encarcelados; el Consejo para la Transición Democrática presentó en 2022 el Proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso en Cuba, y el 19 de enero de 2024, Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walniel Luis Aguilar Rivera, lanzaba una propuesta similar, firmada por familiares de opositores encarcelados. Cada una de estas iniciativas de la sociedad civil, tramitadas en los canales institucionales definidos por la Constitución de la República, han sido denegadas.
En distintos momentos, el régimen ha liberado a presos bajo condiciones particulares o indultos restringidos, sobre todo a partir de acuerdos políticos o gestos diplomáticos donde han participado intermediarios como la iglesia católica. Sin embargo, nunca mediante una ley de amnistía que extinga la responsabilidad penal.
El diario El País hace el recuento: «En 1998, cuando el Papa Juan Pablo II pidió en su visita a Cuba la liberación de los presos, Fidel Castro sacó de sus cárceles a 200 personas. En 2003, salieron bajo licencia extrapenal algunos de los 75 disidentes detenidos durante la cacería conocida como La Primavera Negra, tras negociaciones con el Vaticano y el Gobierno del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando se aproximaba la visita de Benedicto XVI en 2011, el Gobierno cubano también excarceló a 2.900 prisioneros. En 2015, ante la llegada del Papa Francisco, unos 3.522 reclusos fueron puestos en libertad. La última de las excarcelaciones anunciada por el régimen fue en enero de 2025, cuando acordaron sacar de prisión a más de 500 reclusos, tras mediaciones con la Iglesia católica y el pacto de la administración Biden de eliminar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, a la que la devolvió Donald Trump en su primer día en la Casa Blanca».
Organismos internacionales, ONG y defensores de derechos humanos han denunciado que, pese a algunos anuncios de excarcelaciones selectivas en el marco de eventos religiosos o diálogos con líderes internacionales, más de mil personas continúan detenidas por razones políticas o de conciencia. Los procesos de liberación, además, han sido opacos, con criterios no transparentes y sin listas públicas de beneficiarios, lo que genera incertidumbre sobre quiénes realmente han quedado libres o bajo qué condiciones.
En este sentido, Amnistía Internacional sostiene que el proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades cubanas el 14 de enero de 2025, estuvo marcado por opacidad, falta de información pública, ausencia de criterios claros y uso de condiciones arbitrarias, así como por el impacto psicológico devastador en las familias. Además, no ha incluido el reconocimiento estatal de los abusos cometidas en las detenciones y las condenas, ni tampoco garantías de no repetición.
Familiares de presos de conciencia y activistas coinciden en que cualquier avance significativo hacia la libertad de los presos políticos debe surgir tanto de la presión nacional como de la internacional, y no únicamente de decisiones unilaterales del gobierno sin mecanismos de tutela jurídica.
Como Yenisey Taboada, miles de cubanos esperan que, en el actual escenario, y ante una eventual negociación con Washington, la liberación de los presos políticos marque la agenda. A pesar de que las libertades de expresión, reunión y asociación permanecen limitadas, y pese a la instrumentalización del marco legal para bloquear iniciativas cívicas de la sociedad civil, «¡Por una Amnistía Ya!» evidencia la incoherencia legal de un régimen que se autoconsume para seguir en el poder.
