No son pocos los altos funcionarios gubernamentales, militares o dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC) que han caído en desgracia a lo largo de más de 60 años. Desde los albores de la Revolución cubana hay una larga lista de «cuadros» políticos o miembros de las fuerzas armadas que en su momento integraron el estrecho círculo del poder en la isla y que, luego, fueron silenciados, encarcelados o llevados ante un pelotón de fusilamiento.
Muchos de esos nombres aún están presentes en la memoria pública, si bien el régimen castrista ha preferido siempre «cortar cabezas» discretamente, prescindir de los cuadros desalineados con recurrentes eufemismos como «liberado del cargo» o «pasará a otras funciones».
Lo que el discurso burocrático llama «movimientos de cuadros» se conoce en el argot popular como «plan pijama», al cual han tenido que acogerse ministros, secretarios del PCC, generales, empresarios, etc. Y, por supuesto, en la escala de la defenestración no han faltado la cárcel o la pena de muerte.
La semana pasada, Alejando Gil, exviceprimer ministro y exmiembro del Comité Central del PCC, asistió al primer juicio en su contra tras la detención ocurrida en marzo de 2024, un mes después de haber sido «liberado» de sus funciones por «graves errores», según el propio gobernante Miguel Díaz-Canel.
Gil, de 61 años, fue uno de los principales ejecutores de la fracasada «Tarea de Ordenamiento Monetario» y de la nueva política de dolarización del país durante su tiempo como titular de la cartera de Economía y Planificación, entre 2018 y 2024. También ha resultado ser el funcionario de más alto rango que cae en desgracia en los últimos 15 años y el primero en mucho tiempo que enfrenta el cargo de espionaje, más otros diez por corrupción.
Del 11 al 13 de noviembre, a puertas cerradas en el Tribunal Popular de lo Civil y de lo Familiar de Marianao, en La Habana, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular dichas imputaciones contra Gil, quien, según el Código Penal, podría ser condenado por el delito de espionaje a «privación de libertad de 10 a 30 años, cadena perpetua o muerte» —sin contar los cargos que se le imputan, junto a otros implicados, por malversación, falsificación de documentos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.
Del juicio contra Gil aún nada se sabe. Como suele ocurrir, el mutismo oficial se ha impuesto en estos días a la expectación generada por el más reciente escándalo político en Cuba, donde —como decíamos— no han faltado, desde 1959, las purgas y las defenestraciones, las traiciones y los chivos expiatorios.
Huber Matos, el comandante disidente
A tan solo diez meses del triunfo de enero de 1959, el comandante guerrillero Huber Matos fue condenado por traición y obligado a cumplir una condena de 20 años de privación de libertad por oponerse al cambio ideológico del incipiente gobierno revolucionario cubano.
Por su desempeño al frente de la columna guerrillera Antonio Guiteras, Matos había sido designado como jefe del Ejército Rebelde en la provincia de Camagüey. En ese momento era considerado, quizá, el quinto hombre más importante entre los gestores de la insurrección que derrocó la dictadura de Fulgencio Batista; solo estaba por detrás de los hermanos Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Su imagen ya había sido inmortalizada sobre un tanque de guerra, junto a Fidel Castro y a Cienfuegos, cuando los rebeldes entraron triunfales en La Habana el 8 de enero de 1959.
Pero en octubre de aquel mismo año el comandante Matos era juzgado por sedición y condenado a 20 años de prisión por oponerse a lo que consideraba un giro hacia el comunismo en el proceso revolucionario. El principal argumento en su contra fue una supuesta insurrección que estaría preparando desde Camagüey.
Luego de cumplir su condena, Huber Matos se exilió en Costa Rica y de ahí pasó a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Miami, en Florida, donde fue una de las grandes figuras de la oposición al régimen cubano hasta su fallecimiento en 2014. Allí escribió su libro de memorias Cómo llegó la noche —con el subtítulo: «Revolución y condena de un comandante»—, donde narra su experiencia de lucha, sus contradicciones en los primeros meses de la Revolución, y los años que pasó encarcelado por ser el primero en rebelarse contra la deriva comunista bajo el poder de Fidel Castro.
Landy, el primer caso de corrupción de alto nivel
En 1987 fue detenido, cuando intentaba huir del país, Luis Orlando Domínguez, exlíder de la Juventud Comunista y miembro del «grupo de apoyo del Comandante en Jefe», quien además fungía como presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC). Durante seis años en esas funciones, «Landy» —como también era conocido— logró crear una red clientelista mediante la cual se desviaron fondos estatales hacia cuentas privadas, se otorgaron contratos amañados, y se autorizó el uso indebido de infraestructura y aeronaves.
Por esas actividades ilícitas fue condenado a 20 años de prisión. Su arresto y posterior condena destapó el primer caso de corrupción reconocido dentro de las altas esferas del régimen. Desde su liberación, antes de cumplir la totalidad de la condena, se ha mantenido fuera del ojo público.
Ochoa, los hermanos De la Guardia y el general Abrantes
Hasta la fecha no ha habido mayor purga en la era castrista que la Causa No. 1 de 1989, que terminó en el fusilamiento de cuatro altos mandos militares cubanos: el general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el mayor Amado Padrón y el capitán Jorge Martínez. Todos fueron sentenciados a la pena máxima por supuestamente ser los principales artífices en una operación de narcotráfico que involucraba al cartel de Medellín, dirigido entonces por el célebre Pablo Escobar. Su condena fue, según los documentos oficiales, por «alta traición a la patria y a la Revolución».
La pena capital para los cuatro militares fue confirmada por el Consejo de Estado cubano, presidido por Fidel Castro, tras un juicio sumario que fue transmitido, a mediados de 1989, por la Televisión Cubana. En la misma Causa No. 1, les fueron impuestas penas de privación de libertad a otros 11 oficiales de los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas, incluido el general Patricio de la Guardia, hermano gemelo de Antonio de la Guardia, quien cumpliría 30 años de cárcel.
Ochoa había sido jefe de las misiones militares de Cuba en Angola y Etiopía. Era por entonces uno de los pocos generales con el título de Héroe de la República de Cuba. Los hermanos De la Guardia eran considerados dos de los hombres más confiables en difíciles operaciones encubiertas. Estuvieron junto al presidente chileno Salvador Allende durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet; participaron en los últimos combates contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, y en el asalto a su búnker, y también estuvieron en diferentes etapas en la guerra de Angola.
Tras esas condenas vendría la Causa No.2, de 1989, contra —entre otros oficiales— el general de división José Abrantes Fernández, quien fungía como ministro del Interior después de 30 años como escolta de Fidel Castro. Abrantes recibió 20 años de cárcel por corrupción, abuso del cargo, negligencia en el servicio y tolerancia en el caso Ochoa. En enero de 1991, a los 58 años, Abrantes falleció en prisión debido a un infarto. Tras su muerte, se ha dicho que no recibió la debida atención médica.
Algunos analistas sostienen que ambas causas buscaban también escarmentar a quienes apoyaban una reforma inspirada en la Perestroika soviética, que generó un fuerte rechazo por parte de Fidel Castro.
Diocles Torralba, ministro de conducta «inmoral, corrupta y disipada»
El caso Ochoa también arrastraría al entonces ministro de Transporte, Diocles Torralba González, integrante de la «generación histórica» revolucionaria, quien estuvo emparentado con los De la Guardia (su hija fue esposa de Tony de la Guardia), los Castro (una sobrina tuvo relación con Antonio Castro Soto, hijo de Fidel Castro). Torralba fue gran amigo del general fusilado desde que cursaron juntos la academia militar soviética Frunze, en los primeros años sesenta.
Según el diario Granma, órgano del PCC, su destitución se debió a una «conducta personal inmoral, disipada y corrupta». Torralba —quien también había sido capitán del Ejército Rebelde, miembro del primer Comité Central del Partido (1975) y ministro de la Industria Azucarera, entre 1977 y 1985— fue condenado a 20 años de prisión por malversación, abuso de autoridad, manejo indebido de recursos, ocupación ilícita de edificios y falsificación de documentos públicos. También fue cuestionado por referirse despectivamente a Fidel Castro y a otros miembros del gobierno en alguna fiesta celebrada en su casa.
Tras cumplir diez años en prisión fue liberado y se mantuvo al margen de la actividad pública hasta que falleció en La Habana, a los 84 años, el 10 de diciembre de 2023.
Carlos Aldana, el presunto hombre de las reformas
A finales de 2024 trascendió el fallecimiento de Carlos Aldana Escalante, a los 82 años, tras haber permanecido apartado del poder desde 1992 debido a «graves defectos en el desempeño del cargo» y «serios errores personales», según nota oficial de la época, cuando era tenido por uno de los hombres más influyente en la esfera ideológica y uno de los protegidos de Raúl Castro.
Tras la muerte de Ochoa y Tony de la Guardia, Aldana fue una figura clave en las negociaciones para la independencia de Namibia, pero su hoja de servicios en el Comité Central del PCC fue arrancada de cuajo en los prolegómenos del llamado Periodo Especial, a sus 50 años, cuando también fue acusado de corrupción por sus vínculos con Eberto López, gerente de la importadora Caribbean Audiovisuales, quien fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de estafa.
Para muchos era el tercer hombre en el estrictamente ámbito político del país, tras Fidel y Raúl Castro, y era sin dudas una voz cantante en temas ideológicos, internacionales y de educación. Fuera de la isla era visto como un potencial reformista y un sucesor natural de la generación histórica en el poder. De él se dice que se reunió en privado con Mijaíl Gorbachov y que habría estado abierto a los cambios que proponía el líder soviético a fines de los ochenta.
Según una grabación filtrada de Raúl Castro, Aldana se preparaba para ser el Gorbachov de Cuba. «Yo lo sabía y un día, delante de él, dije que si en Cuba salía un Gorbachov había que colgarlo de una guácima. Se puso pálido. Cuando después lo llamé a mi oficina y lo apreté, se desplomó. Lloró y lo contó todo», dijo entonces el general de Ejército.
Aldana fue el organizador de un recordado encuentro entre estudiantes de Periodismo de la Universidad de La Habana y Fidel Castro, quien no vio con buenos ojos los comentarios críticos que allí se expusieron sobre la prensa oficialista y la gestión de los dirigentes, lo que prácticamente desató una campaña contra todo lo que se asemejara a la Glasnost soviética.
Después de su destitución, Aldana fue a trabajar como un directivo menor del turismo en Topes de Collantes, en Trinidad, provincia de Sancti Spíritus, y, según el periódico independiente 14yMedio, se desempeñaba antes de la pandemia de COVID-19 como profesor de marxismo y economía política para adultos mayores en un aula ubicada en las instalaciones del Parque Zoológico de la calle 26, en La Habana.
A más de 30 años de su caída, Aldana murió por complicaciones de una neumonía y otras afecciones relacionadas con el Parkinson en el hospital capitalino Hermanos Ameijeiras, donde había sido internado por un trauma cerebral tras una caída en su casa.
Roberto Robaina, el canciller que aspiraba a la Presidencia
Tras una vertiginosa carrera política desde las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, el más joven canciller en la historia de Cuba, Roberto Robaina, era destituido de su cargo en 1999. Dos años después también sería separado del Partido por «deslealtad a Fidel Castro», venderse como presidenciable en una futura transición en Cuba y, siempre de acuerdo con las pruebas recabadas y expuestas por el régimen, beneficiarse económicamente de su relación con representantes y empresarios extranjeros.
En un video que circuló entre la militancia partidista en 2002, se cuestionaba a Robaina por aceptar dinero (unos 25 mil dólares para supuestamente reformar la sede de la Cancillería) del gobernador del estado mexicano de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien actualmente cumple una condena de 28 años de cárcel por lavado de dinero del narcotráfico, asociación delictuosa y delitos contra la salud.
También se criticaba su relación con el exministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, quien en una conversación grabada por la Seguridad del Estado cubana le decía a Robaina: «Mi candidato siempre has sido tú».
«Yo cometí errores políticos y sobre todo éticos muy graves. Reconozco no haber sido lo suficientemente transparente con mis compañeros, que tuvieron motivos suficientes para sentirse traicionados por mí», declaró Robaina en entrevista con CNN poco tiempo después de haber sido separado de su cargo.
Tras su destitución como ministro de Relaciones Exteriores, en 1999, y su expulsión del Partido Comunista, en 2002, Robaina se reinventó como artista plástico y llegó a emprender algún que otro negocio familiar. Reside en Cuba y, hasta donde es posible saber, mantiene un perfil apolítico.
Marcos Portal, o la caída del ministro más eficiente del castrismo
Dos años después del desplome del más carismático «cuadro» joven del país, uno de los más poderosos ministros cubanos también caía en desgracia: Marcos Portal, el titular de la Industria Básica, quien era en ese momento no solo el responsable de áreas estratégicas de la economía cubana, sino que además era reconocido como el mejor interlocutor con importantes inversionistas extranjeros.
La destitución del ministro Portal, en octubre de 2004, fue impulsada por Fidel Castro en medio de la crisis energética de Cuba. La nota oficial sobre su destitución argumentó que tenía «fuertes tendencias hacia la autosuficiencia» y que subestimaba a otros compañeros, lo que condujo a serios errores en su gestión.
Según el comunicado, Castro y Portal no coincidían en las decisiones sobre la estratégica industria del níquel, primera fuente de exportaciones en aquellos años. Además, fue cuestionado por defender «líneas erráticas» y aprobar «importantes decisiones totalmente inconsultas».
Portal era ingeniero químico. Tenía 59 años en el momento de su destitución y había dirigido la Industria Básica desde 1983. Estaban bajo su mando la minería, el petróleo, la electricidad y la producción de medicamentos. Además de ser miembro del Buró Político del PCC y del Consejo de Estado, era a todas luces uno de los funcionarios más eficientes del gobierno cubano.
«Era uno de los pocos ministros que se atrevía a defender en público sus criterios, aunque fuesen en contra de los de Fidel. Las empresas bajo su mando funcionaban bien, con criterios de eficiencia homologables a los de cualquier lugar del mundo. Es una gran pérdida», dijo en esa ocasión un empresario español al diario El País.
Portal fue relevado de sus funciones administrativas, pero en 2011 aún era diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular y seguía casado con una sobrina de Fidel y Raúl Castro. En 2020 se le vio presentar su libro Memorias, escrito como referencia para «jóvenes emprendedores y jefes que ostenten responsabilidades en la Industria Básica».
Los «cuatro fantásticos» de Fidel: Lage, Pérez Roque, Valenciaga y Otto Rivero
En marzo de 2009, a solo 13 meses de la investidura oficial de Raúl Castro como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, aconteció otra gran purga en la cima del poder isleño. Esta vez saldrían de circulación cuatro «herederos» provenientes de la forja directa de Fidel Castro: Carlos Lage Dávila, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros; Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores; Carlos Valenciaga, secretario personal de Fidel Castro, y Otto Rivero Torres, jefe del programa de la Batalla de Ideas.
Ninguno enfrentó proceso penal, pero se les culpó de «ambición» y «deslealtad». Lage y Pérez Roque fueron acusados de abuso de poder y por la filtración de información confidencial al espía español Conrado Hernández, quien habría intentado obtener información sensible sobre la salud de Fidel Castro y sobre las relaciones de Cuba con otros países.
A ambos se les señaló, asimismo, por mantener aspiraciones y relaciones políticas que los alejaban de la línea del Partido. Aunque Fidel Castro estaba oficialmente alejado de su cargo histórico, respaldó estas destituciones al afirmar que «las mieles del poder» habían despertado en ellos «ambiciones que los condujeron a un papel indigno».
El declive de «Carlitos» Valenciaga habría comenzado en septiembre de 2006, cuando organizó su fiesta de cumpleaños en una sala del Palacio de la Revolución, mientras Fidel Castro estaba convaleciente. El festejo fue calificado luego como «indecente» por Raúl Castro, quien desde ese momento comenzó a desconfiar de él. Más tarde, el 23 de febrero de 2008, los servicios secretos grabaron una llamada con Lage en que lamentaba no haber sido elegido como primer vicepresidente.
Poco después, Valenciaga sería destituido, y también caerían otras figuras como Otto Rivero Torres, vicepresidente del Consejo de Ministros, y Fernando Ramírez de Estenoz, responsable de las Relaciones Internacionales del PCC.
Tras sus destituciones poco se ha sabido de estos exdirigentes cubanos, quienes se mantienen viviendo en el país. Valenciaga es investigador en la Biblioteca Nacional José Martí y ha integrado la nómina oficialista que participa en los congresos de la Latin American Studies Association (LASA). Rivero Torres se desempeña desde hace una década como productor del Teatro Nacional de Cuba; en su perfil de Facebook, confesaba hace algún tiempo que padeció depresión y alcoholismo tras su caída en desgracia. Últimamente se definió como «un cuidador profesional de [su] madre» en unos videos donde señaló el maltrato y la «ineficiencia» en la concurrida tienda habanera Galerías Paseo: «Esto no tiene nada que ver con el bloqueo».
Lage volvió a dar consultas médicas. En 2021, al cumplir 70 años, afirmó en un video donde recapituló su vida que aún confiaba en el socialismo. «Conocí a profundidad la grandeza revolucionaria, intelectual y humana de Fidel. Casi 20 de los 70 años de mi vida fueron junto a él, incluyendo las jornadas interminables de incertidumbres, optimismo y firmeza del Período Especial. Lo sentí amigo y parte de la familia. Mi admiración y cariño hacia Fidel no es modificable», dijo.
A su vez, Pérez Roque ha trabajado como ingeniero electrónico, alejado de cargos políticos, tras ser destituido como canciller hace ya casi 17 años.
La defenestración de los «cuatro fantásticos» no fue la primera ni la última. En 2008, había salido de circulación el veterano ministro de Educación, Luis Ignacio Gómez, a quien Fidel Castro le dedicó una de sus por entonces habituales «reflexiones», publicadas en el diario Granma tras su retiro oficial.
En aquel escrito cuestionaba a Gómez por haber viajado al exterior más de 70 veces. «Durante los tres últimos [años] lo hizo con la frecuencia de un viaje por mes, utilizando siempre el pretexto de la cooperación internacional de Cuba. Por este y otros elementos de juicio, no se tiene ya confianza en él; más claro todavía: ninguna confianza», subrayó Castro.
Antes, en 2006, había caído por «tráfico de influencias» Juan Carlos Robinson, miembro del Buró Político del PCC y exprimer secretario en Santiago de Cuba, quien recibió una sentencia de 12 años de privación de libertad.
En 2010, fue despedida por «deficiencias en su labor» Yadira García, ministra de la Industria Básica, así como el histórico general Rogelio Acevedo, responsable hasta ese momento de la Aeronáutica Civil. Para ellos no hubo sanciones penales; solo castigos administrativos y la salida definitiva del ámbito público.
En 2011, el exministro de la Industria Alimentaria, Alejandro Roca Iglesias, fue condenado a 15 años de privación de libertad por corrupción en un negocio con el empresario chileno Max Marambio, condenado en ausencia a 20 años de cárcel. En esa misma causa —vinculada a la empresa mixta Alimentos Río Zaza— fueron sancionadas una docena de personas, incluida Ofelia Grisel Liptak Rubí (cinco años), directora comercial de la entidad y esposa del general Acevedo.
Por supuesto, un inventario verdaderamente exhaustivo de los dirigentes caídos en desgracia —con dosis mayores o menores de justicia o arbitrariedad— durante los últimos 67 años sería muchísimo más copioso, en un país donde ningún servidor o usufructuario del poder está a salvo del olvido, la cárcel o el mismísimo paredón de fusilamiento.
