Aún más preocupante es el hecho de que este proceso caótico y peligroso no resulta de un mandatario populista sin preparación ni seriedad, como sin dudas fue su primer mandato. Esta vez Trump se ha rodeado de aliados clave, quienes realmente empujan esta agenda de destrucción del Estado.
Este 20 de enero ocurrirá el cambio de administración entre Joe Biden y Donald Trump. El relevo presidencial —que hasta hace poco se había producido sin dramatismos cada cuatro años— esta vez se distanciará con toda seguridad del caos que presenciamos en 2021.
Más allá del alboroto mediático a corto plazo, y las consabidas condenas por parte de quienes promulgan una línea dura contra el régimen cubano, el impacto de estas decisiones será ínfimo y muy posiblemente breve.
La primera predicción, entonces, es que Trump va a extralimitarse en su uso del poder y esto va a provocar una reacción adversa entre votantes que quieren soluciones rápidas a la economía, no cuatro años más de rencores políticos y venganzas mezquinas.
El proceso del perdón es irreversiblemente político y, por ello, una fuente de ataques partidistas. El espíritu de reconciliación nacional invocado por Gerald Ford en 1974 ha desaparecido 50 años después.
Aún Donald Trump no ha empezado su segunda Presidencia y ya tiene su primer escándalo: los anuncios de varios acólitos sin experiencia ni calificaciones para altos cargos en su gabinete, y la exigencia de que el Senado se someta a sus demandas y los apruebe obviando el proceso constitucional de advice and consent (consejo y consentimiento).
A inicios de este mes, José Daniel Ferrer había anunciado públicamente —mediante una carta enviada desde su celda para que fuese transcrita en Facebook— su decisión de partir al exilio, tras décadas de militancia frontal contra el gobierno cubano, «para poner a salvo a [su] esposa e hijos».
Ni recursos suficientes, ni responsabilidad administrativa, ni previsión epidemiológica, ni genuina voluntad política más allá del histriónico voluntarismo de siempre.