Cuando el preso político Yosvany Rosell García Caso cumplió 37 años, su esposa lo describió como «la alegría de la casa», un hombre «muy divertido», familiar y muy querido entre sus amistades y la gente del barrio donde viven, en Holguín. En un audio que compartió con la organización defensora de Derechos Humanos, Justicia 11J, Mailín Rodríguez Sánchez describe con amor la personalidad del padre de sus tres hijos, condenado por el supuesto delito de sedición a 15 años de cárcel en la prisión «Cuba Sí» (El Yayal), en Mayarí, tras salir a manifestarse el 11 de julio de 2021.

«Lo que haces solo por ti se desvanece cuando mueres, lo que hacemos por los demás es nuestro legado divino», dijo Yosvany en la más reciente carta que envió desde la prisión, antes de comenzar el pasado 23 de octubre su última huelga de hambre. En la misiva dejó claro su demanda: permanecer en una celda de castigo «como una nueva forma de protesta por el encierro de todos». Pero su cuerpo, aún joven, tiene límites. Después de negarse por 35 días a ingerir alimentos, fue trasladado al Hospital Clínico Quirúrgico «Lucía Iñíguez Landín» de Holguín. Los partes médicos, divulgados por su desesperada esposa, informaban que Yosvany estaba en estado crítico y que tenía un fallo renal agudo, con riesgo real de complicaciones irreversibles en cualquier momento.

«¡Ayuda, no me lo dejen morir! Es inocente, un padre que sufre una injusticia. Ayuda, ayuda, pueblo cubano, mundo», suplicaba Rodríguez Sánchez desde las redes sociales, al tiempo que insistía en que su familia lo quería vivo y que todos lo esperaban en casa con los brazos abiertos. «Aquí estamos para ti y lo sabes… lucha, tú eres un guerrero», clamaba. 

Finalmente, tras 40 días al límite y una ola de solidaridad dentro y fuera de Cuba,  Yosvany Rosell decidió abandonar su huelga de hambre en horas de la noche del 1 de diciembre, después de que las autoridades aceptaran aislarlo de manera permanente de la población penal y le permitieran ver a sus hijos sin estar encadenado a una cama del hospital.

Dentro de las cárceles cubanas

Según el último informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), dentro de los centros penitenciarios de la isla existe un claro patrón de violencia institucional y un deterioro crítico de sus condiciones.

La organización, entre marzo de 2024 y marzo de 2025, registró mil 858 eventos relacionados con personas privadas de libertad en Cuba. La mayoría de esos hechos (mil 330) fueron calificados como violaciones de Derechos Humanos.

El análisis refiere, además, que en ese período se reportaron 60 muertes bajo custodia estatal, incluyendo 47 fallecimientos relacionados con la salud física y mental de los reclusos y por falta de atención médica oportuna, además de siete fallecimientos por violencia física directa. 

También se identificaron más de 40 tipologías de violaciones, como el hostigamiento y la represión (mil 45 casos), la negación de atención médica (402), condiciones inadecuadas de vida (297) y deficiencias alimentarias (224).

El informe destaca el uso persistente de aislamientos prolongados, traslados punitivos y trabajos forzados sin remuneración o bajo amenazas. Los reclusos han estado expuestos a métodos de tortura, identificados como «la cama turca», «la bicicleta» y el uso de «shakiras», grilletes que inmovilizan por completo a las personas.

El CDPC subraya que las condiciones materiales dentro de las cárceles de la isla han alcanzado «niveles de infrahumanidad», ya que acusan de desnutrición masiva, agua contaminada, hacinamiento extremo, ausencia de atención médica o medicamentos básicos.

«El sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme», apuntó en el informe la directora de la organización, Camila Rodríguez. 

Por su parte, la organización defensora de Derechos Humanos, Prisoners Defenders (PD), afirmó en uno de sus últimos informes que la situación actual para los presos políticos en las cárceles cubanas es la «más crítica» de los últimos años. Además de las habituales condiciones de represión, hacinamiento y torturas, ahora se suman las agravantes de la emergencia sanitaria del país y las secuelas, sobre todo en la zona oriental, del huracán Melissa.

Las cárceles cubanas son focos de contagios de enfermedades infecciosas o virales como tuberculosis, dengue, Oropouche, Chikunguña y Covid-19. Estos padecimientos se agravan también por la falta de atención médica, el deterioro de las instalaciones, la insalubridad generalizada de las prisiones, así como la ausencia de procesos de fumigación y desinfección para atenuar la proliferación de los vectores de contagio, señala PD.

El último recurso 

La Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial (AMM) define las huelgas de hambre como una forma de protesta no violenta por parte de las personas detenidas, tanto en cárceles como en centros de detención de inmigrantes, ya que estas personas no tienen otra manera de dar a conocer sus demandas.

En promedio, la supervivencia de una persona sin ingerir agua varía de tres a cinco días, mientras que con agua y sin comida puede alcanzar hasta dos meses, aunque el cuerpo comienza a deteriorarse después de los primeros días. Existen casos que llegan a los 90 días, pero el tiempo máximo depende de las condiciones de salud de cada individuo. 

De acuerdo con la AMM, los médicos deben respetar la autonomía de las personas que toman esta decisión de forma voluntaria. «No se debe obligar a las personas en huelga de hambre a ser tratadas si lo rechazan. La alimentación forzada contra un rechazo informado y voluntario es injustificable. La alimentación artificial con el consentimiento explícito o implícito de la persona en huelga de hambre es aceptable éticamente y puede evitar que la persona alcance un estado crítico», apunta la organización.

Esta declaración, junto con las Reglas Mandela y guías sobre Derechos Humanos, ha sido la base para que numerosos países adopten protocolos éticos en caso de que una persona decida voluntariamente llevar a cabo una huelga de hambre. La acción se considera una forma de protesta y, por ende, un Derecho Humano fundamental. Las reglas priorizan el respeto a la autonomía del individuo, el consentimiento informado y la protección contra la coerción, además de que los médicos deben proporcionar información clara sobre los riesgos, mantener la confidencialidad y no imponer tratamientos. 

Sin embargo, la huelga de hambre en las prisiones cubanas se considera una grave indisciplina, porque suele verse como una manera de afectar el orden interior, la disciplina y el correcto funcionamiento del establecimiento penitenciario.

«De acuerdo con las obligaciones y prohibiciones establecidas en el Reglamento del Sistema Penitenciario en Cuba, la huelga de hambre está explícitamente prohibida. Dentro de las prohibiciones listadas, en el artículo 75, se especifica en la sección n) que está prohibido para los internos “negarse a ingerir alimentos, agua o asistencia médica ante inconformidades, en posición de fuerza y demanda”», apunta un informe de Cubalex, una organización dedicada a la defensa y promoción de los Derechos Humanos en la Isla. 

Entre las huelgas de hambre más significativas en los últimos sesenta años en Cuba se encuentra la del preso político Roberto López Chávez, quien falleció en 1966 después de 70 días sin ingerir alimentos, en protesta por las condiciones carcelarias y los malos tratos que recibía en la prisión de Isla de Pinos; la del preso político Orlando Zapata Tamayo, fallecido tras 85 días, además de las 18 huelgas de hambre realizadas por Guillermo (Coco) Fariñas a lo largo de toda su vida como opositor de la dictadura.

A esta lista también se suma la huelga de hambre colectiva realizada por integrantes del Movimiento San Isidro en 2020, cuando reclamaban la liberación del rapero Denis Solís, y muchas otras ocurridas después de las condenas a los manifestantes del 11J.

Un historial de violencia sin fin 

Desde el 15 de julio de 2021, Yosvany Rosell García Caso vive un infierno. Ese día fue detenido arbitrariamente por manifestarse el 11 de julio en Holguín, cansado de los apagones, el desabastecimiento y la falta de libertades. Más tarde sería condenado a 15 años de prisión, tras apelar una petición fiscal de 30 años de cárcel, rebajada a 20 en la sentencia ordinaria. Todo por «reclamar democracia en tiempos de dictadura», como apuntó en su más reciente carta desde la cárcel.

De acuerdo con Camila Rodríguez, la directora de Justicia 11J, la situación actual de García Caso, de oficio herrero y miembro del Partido Republicano de Cuba, «solo puede comprenderse a la luz del historial de violencia, negligencia médica y represalias que ha sufrido durante más de cuatro años de encarcelamiento; un entramado de prácticas contrarias a los estándares internacionales de los Derechos Humanos». 

Según los registros de Justicia 11J y el CDPC, Yosvany Rosell ha sufrido disímiles acciones de violencia, tratos crueles y represalias disciplinarias como golpizas y técnicas de inmovilización. Además, le han suspendido visitas familiares y conyugales por denunciar abusos, le han decomisado cartas y lo han amenazado con trasladarlo lejos de su familia. De la misma manera, ha soportado negligencia médica sostenida y obstrucción en los tratamientos a sus padecimientos, ya que se le han negado de manera reiterada medicamentos para la presión arterial, el corazón y la gastritis.

Ante estos abusos y muchos otros, a García Caso no le ha quedado más opción que recurrir a la huelga de hambre como recurso extremo de defensa, protesta y reclamo. Las primeras las realizó en 2022, luego haría otra por 20 días en 2023, y en esa ocasión terminaría en terapia intensiva. Aun así, vendrían más, hasta esta última que acaba de deponer.

«Muchísimas personas hoy sentimos alivio ante la decisión de Yosvany Rosell García Caso de deponer su huelga de hambre, que cumplía ya el día cuarenta y uno. La prioridad de la espontánea campaña cívica siempre fue lograr salvarlo para que pueda disfrutar de un mejor futuro junto a su esposa e hijos», apuntó en redes sociales la profesora Alina Bárbara López Hernández, tras conocerse la decisión del preso político a inicios de esta semana.

Esta huelga de hambre «permitió visibilizar el drama de los presos políticos cubanos en todo el mundo», reconoció Alina Bárbara, quien destacó las reservas cívicas, la sensibilidad y la empatía que mostraron todas las personas que se unieron para clamar por la vida de García Caso. «Ello debe enorgullecernos y motivar una gran campaña pro-amnistía», propuso también.

En tanto, la activista cubana Yamilka Laffita, conocida en redes como Lara Crofs, alertó que Yosvany Rosell ahora más que nunca «necesita de todo el apoyo que podamos proporcionarle», ya que «es uno de los disidentes más valientes y altruistas dentro de las cárceles de la isla» y su cuerpo es la «única arma que le queda». 

«Mientras él pone en juego su vida, nosotros tenemos la obligación moral de visibilizarlo, apoyarlo y actuar. Yosvany no está solo si nosotros decidimos estar a la altura de su coraje», concluyó Laffita.