El presidente Joe Biden ha anunciado en su última semana en el poder que eliminará a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo (State Sponsor of Terrorism.) Esta decisión, tomada o ejecutada a última hora, repite la acción de la administración de Trump, que pese a sus promesas de una política de mano dura contra la isla también esperó hasta el último momento, enero del 2021, para devolver de nuevo al régimen de la isla a dicha lista. En cierta medida, pasa algo similar con Obama, quien ya había removido a Cuba en abril de 2015, durante su penúltimo año de mandato.
Esta manera de pasar de administración en administración la papa caliente de la política exterior con respecto a Cuba revela, en primer lugar, que la lista tiene poco que ver con la participación o no de Cuba en actos terroristas, sino que se usa como herramienta política interna. Trump le deja a Biden la decisión de aparentar que favorece a un gobierno dictatorial, y Biden le deja a Trump la decisión de tomar o no una medida poco popular entre los servicios diplomáticos y de inteligencia, así como entre otros países que han pedido la eliminación de Cuba de la lista.
La codificación del embargo en ley es una de las razones por la cual la lista se ha convertido en un juego de ping pong más simbólico que efectivo. Desde Helms Burton, los presidentes tienen las manos atadas para manejar la política exterior con respecto a Cuba, reduciendo su estrategia a un interminable juego de recrudecimiento y acercamiento basado en medias tintas que, en el fondo y a largo plazo, no han logrado el objetivo último: cambiar la naturaleza autoritaria del régimen cubano. La lista, además, ha sido criticada por parte de profesionales de la diplomacia y la seguridad nacional casi desde su implementación, porque representa un enfoque binario—países «buenos» y «malos»— que no responde a las realidades de la lucha actual contra el terrorismo, donde hay grupos, incluso dentro de países aliados como Pakistán, que representan un mayor peligro que otros incluidos.
La lista incluye a cuatro países: Cuba, Siria, Irán y Norcorea. La designación de un país en la lista es responsabilidad del Departamento de Estado, basado en tres leyes de seguridad nacional que también indican las sanciones que conlleva dicha operación: control del comercio de armas y otros productos que podrían usarse con fines bélicos o de autodefensa, prohibición de la asistencia financiera directa o indirecta y restricciones al visado de entrada a Estados Unidos a personas relacionadas con tales países. La permanencia en la lista se basa en reportes periódicos a cargo del Departamento de Estado. En el 2023, el reporte sobre Cuba menciona su negación a extraditar a líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano, así como la presencia de varios fugitivos de la justicia norteamericana en la isla. La nueva decisión menciona el cumplimiento de dos condiciones: no haber participado en actividades terroristas por seis meses y la promesa de no patrocinar el terrorismo en el futuro.
Hay especulaciones sobre el proceso que lleva a un país a formar parte o no de la lista, Técnicamente, Biden ha tomado la decisión y la ha informado al Congreso. A su vez, el Congreso tiene 45 días, aunque algunos reportes mencionan seis semanas, para actuar antes de que la medida entre en efecto de modo automático. Es muy difícil que el Congreso, mucho menos un Congreso que acaba de tomar posesión hace una semana, actúe en 45 días, por lo cual el anuncio se considera un hecho. Sin embargo, como se trata de una decisión puramente ejecutiva, puede revertirse apenas con un nuevo reporte del nuevo Departamento de Estado, algo que se espera debido a que el senador Marco Rubio será el secretario titular. Cabe señalar que en 2021, durante los 45 días de plazo, Rubio ya había tratado de codificar como ley la presencia de Cuba en la lista, quitándole la autoridad al presidente.
Biden, además, acompañó su decisión con otras dos: posponer el título III de la ley Helms Burton, lo cual bloquearía las demandas contra propiedades confiscadas en Cuba, y la suspensión de la lista de entidades restringidas, que incluye al MINFAR, GAESA, CIMEX y otras compañías cubanas. Si bien pudiera las medidas pudieran parecer a primera vista favorable al régimen cubano, en realidad se trata de otro gesto simbólico. Primero porque, en la práctica, los bancos y otras entidades financieras norteamericanas han adoptado medidas muy restrictivas contra entidades cubanas o que comercian con Cuba; segundo porque, en un juego de gato y ratón, el gobierno de la isla continuamente realiza maniobras para generar nuevas entidades no mencionadas en la lista; y tercero porque la mayoría de estas entidades están restringidas por la ley Helms Burton y las regulaciones de OFAC. También se espera que estas dos decisiones no duren mucho, una vez Marco Rubio se instale en Foggy Bottom. Ya en 2023 había dicho que la lista debía actualizarse.
Más allá del alboroto mediático a corto plazo, y las consabidas condenas por parte de quienes promulgan una línea dura contra el régimen cubano, el impacto de estas decisiones será ínfimo y muy posiblemente breve, con excepción de lo que, a todas luces, parece el motivo principal: propiciaron la liberación de más de 500 presos políticos en coordinación con el Vaticano. Joe Biden, el segundo presidente católico de Estados Unidos, iba a visitar al Papa Francisco la semana pasada, pero tuvo que cancelar el viaje debido a los incendios en California. No obstante, hay reportes sobre conversaciones telefónicas entre ambos líderes, y este martes último el presidente otorgó al Sumo Pontífice la Presidential Medal of Freedom. Muy posible las discusiones hayan incluido la cancelación de las restricciones a cambio de la liberación de los prisioneros.
Las medidas de Biden, y ahora la previsible reacción de la administración de Trump en su segunda temporada como presidente, son solo otro capítulo en la larga, viciosa e inefectiva política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, que ahora entrará en el capítulo donde lo más importante va a ser de nuevo conseguir votos en la Florida.
