Otto von Bismarck definió la política como el arte de lo posible. Durante más de un siglo, esa máxima guio a estadistas que entendían el ejercicio del poder como la búsqueda del mejor resultado alcanzable dentro de las restricciones reales del momento: las instituciones, la opinión pública, el derecho internacional, los equilibrios geopolíticos. Lo posible implicaba reconocer límites, negociar con la realidad, aceptar que no todo lo deseable es ejecutable. La segunda administración Trump ha transmutado esa definición. Lo que opera en el hemisferio occidental desde enero de 2025 no es el arte de lo posible, sino el arte de lo conveniente: la política exterior concebida como la selección sistemática de aquellas acciones que maximizan el beneficio político doméstico, el capital simbólico personal y la proyección de fuerza, independientemente de que resuelvan los problemas subyacentes, respeten normas establecidas o produzcan resultados sostenibles.

Lo conveniente no es sinónimo de lo fácil. Capturar a un jefe de Estado en una operación nocturna de fuerzas especiales no es fácil. Estrangular económicamente a una isla de unos diez millones de personas mediante un bloqueo energético indirecto no es fácil. Lo conveniente es aquello que sirve, que rinde, que produce imágenes de victoria sin exigir los costos de la transformación real. Es la política como transacción, no como construcción. Es el cierre del trato, no la edificación del orden.

Este ensayo argumenta que la política exterior de la administración Trump en América Latina durante 2025 y 2026, y particularmente sus acciones dramáticas en Venezuela y su presión escalada sobre Cuba, puede comprenderse como la convergencia de cinco imperativos distintos pero mutuamente reforzantes: recuperar el apoyo del votante latino de cara a las elecciones intermedias de 2026, construir un legado de resolución de conflictos sin guerras prolongadas, mantener la estabilidad doméstica mientras se satisface a una base nativista y racista, el abandono pragmático del cambio de régimen en favor del cumplimiento coercitivo, y las ambiciones personales del secretario de Estado, Marco Rubio. Cuando se observan a través de este lente compuesto, acciones que parecen contradictorias, como capturar a Maduro, pero mantener intacto su régimen, o estrangular la economía cubana mientras se ofrece negociar, revelan un cálculo estratégico coherente, aunque moralmente problemático. Lo que las unifica no es una visión del mundo, sino un criterio de selección: se hace lo que conviene, no lo que corresponde.

El desempeño de Donald Trump entre los votantes hispanos en 2024 fue histórico para un republicano. Según las encuestas de salida de CNN, Kamala Harris ganó el voto latino por apenas cinco puntos, 51 a 46 por ciento, un movimiento sísmico respecto al margen de 33 puntos que los demócratas disfrutaron en 2020. Las ganancias de Trump entre hombres latinos fueron particularmente dramáticas. Pero ese impulso resultó frágil. Para el otoño de 2025, las encuestas de Equis Research mostraban que la aprobación neta de Trump entre votantes latinos se había desplomado a menos 23 puntos, impulsada principalmente por la ansiedad económica, los aumentos de precios inducidos por los aranceles y la agresiva aplicación de políticas migratorias que alienó incluso a algunos de sus propios partidarios. En octubre, una encuesta de CBS News y UnidosUS encontró que el 64 por ciento de los votantes latinos desaprobaba su gestión, con el costo de vida, no la inmigración, como su principal preocupación.

La operación en Venezuela ofreció a Trump una oportunidad inesperada para detener este declive. La encuesta de Emerson College de enero de 2026 halló que los votantes hispanos aprobaban las acciones de la administración en Venezuela (44 a 37 por ciento), una de las pocas áreas políticas donde Trump mantenía cifras netas positivas dentro de ese grupo demográfico. Una encuesta de ActiVote mostró un giro dramático de 18 puntos en la aprobación de Trump entre encuestados hispanos, del 38 por ciento en diciembre al 56 por ciento en enero. La operación en Venezuela, enmarcada como la captura de un narcotraficante en lugar de una guerra, apeló a una narrativa que resonó con las comunidades de la diáspora venezolana, colombiana y cubana concentradas en Florida y el Sun Belt, precisamente los votantes que los republicanos necesitan en las competitivas carreras de la Cámara y el Senado de 2026.

Esta realidad política doméstica ilumina por qué la administración ha estado dispuesta a tomar acciones dramáticas en el hemisferio mientras permanece cautelosa respecto al compromiso prolongado. La operación contra Maduro fue rápida, cinemática y podía narrarse como aplicación de la ley en lugar de guerra. No hubo bajas estadounidenses. Las imágenes, el dictador vendado con un chándal Nike, la caminata de detenido ante la DEA, fueron fabricadas para las redes sociales. El producto político fue perfecto: duro con los dictadores, favorable para las comunidades de la diáspora, y libre de las bolsas de cadáveres que erosionan el apoyo público. Lo conveniente en su máxima expresión.

Cuba, por su parte, representa tanto una oportunidad como una trampa. Para los votantes cubanoamericanos en Florida, una circunscripción republicana central, cualquier presión sobre La Habana es bienvenida. Pero si la campaña de presión desencadena una catástrofe humanitaria y un éxodo masivo de refugiados cubanos hacia Florida, la ecuación política se invierte catastróficamente. La administración navega así por un estrecho canal: máxima presión retórica y económica para satisfacer a su base, combinada con negociaciones por canales traseros diseñadas para producir un «acuerdo» que evite una crisis migratoria. La declaración de Trump, ocurrida el 3 de febrero, de que Estados Unidos estaba “en conversaciones con las personas más altas en Cuba”, señala esta doble estrategia. De nuevo, lo conveniente prevalece: la presión es real, pero la intención es negociar antes de que las consecuencias se vuelvan ingobernables.

Trump ha hablado abiertamente de su deseo del Premio Nobel de la Paz, y el enfoque de su administración hacia los conflictos extranjeros revela un patrón: buscar la resolución de conflictos de alto perfil, reclamar crédito personal, y evitar el trabajo tedioso e ingrato de la estabilización posconflicto. Los Acuerdos de Abraham de su primer mandato, el ataque de 2025 a la infraestructura nuclear iraní (Operación Midnight Hammer), el mantenimiento del alto el fuego en Gaza, y el impulso hacia un acuerdo sobre Ucrania, comparten esta firma. La operación en Venezuela encaja perfectamente en el patrón.

La Operación Resolución Absoluta fue diseñada como un ataque de decapitación; no como una invasión. La CIA pasó meses rastreando los movimientos de Maduro; la Fuerza Delta ejecutó la captura, y en 48 horas Trump estaba declarando victoria desde Mar-a-Lago. Compárese esto con el modelo de la Guerra de Irak: no hay fuerza de ocupación, no hay purga de los antiguos aliados de Sadam Hussein, no hay compromiso de construcción de nación multianual. La administración dejó deliberadamente en su lugar a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, junto con todo el aparato de seguridad existente, incluyendo a Diosdado Cabello y los colectivos.

Esto no es un accidente; es doctrina. El equipo de Trump ha asimilado la lección de que el cambio de régimen, el desmantelamiento completo y la reconstrucción de un sistema político, es un camino ruinoso; nunca termina de funcionar y genera el tipo de compromiso militar prolongado que erosiona el capital político doméstico. Los ejemplos cautelares de Irak, Afganistán y Libia son enormes. La alternativa preferida es lo que podría llamarse cumplimiento coercitivo: usar el poder militar abrumador como demostración de capacidad, eliminar la cabeza simbólica del régimen, y luego obligar al aparato restante a reorientarse hacia los intereses estadounidenses a cambio de oxígeno económico. El sistema permanece; solo cambia su orientación. Lo posible habría exigido una transición democrática genuina; lo conveniente se conforma con sumisión.

Cuba es la siguiente candidata para este enfoque, aunque sin la opción cinética. La administración ha creado esencialmente un asedio económico en cámara lenta. Al cortar los suministros de petróleo venezolano, amenazar con aranceles a cualquier país que proporcione combustible sustituto y mantener la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, Washington ha agudizado una crisis energética que en este punto amenaza con colapsar la ya muy frágil economía cubana. Cuba solo puede generar la mitad de la electricidad necesaria. Las escuelas han acortado sus jornadas. Las empresas estatales trabajan semanas de cuatro días. Las aerolíneas no pueden repostar en la isla; Air Canada canceló todos sus vuelos. La presión está diseñada para llevar a La Habana a una negociación en términos dramáticamente favorables a Washington, sin que un solo soldado estadounidense pise suelo de la isla. Es el arte de lo conveniente en estado puro: máximo impacto visual y político, mínimo compromiso material.

Uno de los aspectos más reveladores del enfoque de la administración republicana es su comodidad con la continuidad autoritaria, siempre que esa continuidad sirva a los intereses norteamericanos. En Venezuela, más de seis semanas después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, una chavista de toda la vida, vicepresidenta de Maduro, y alguien a quien la DEA ha designado como «objetivo prioritario» en investigaciones de narcotráfico, permanece en el poder. La propia advertencia de viaje del Departamento de Estado todavía advierte a los estadounidenses contra visitar Venezuela por el riesgo de «detención injustificada, tortura y represión». Aproximadamente 700 presos políticos permanecen encarcelados. El mismo liderazgo militar corrupto controla las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, Trump ha descrito positivamente su relación con Rodríguez. Se reunió el 16 de enero con María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz, aceptó su galardón como ofrenda, pero la ha desestimado afirmando que carece de apoyo suficiente para gobernar. La victoria electoral de la oposición en 2024 —con el 70 por ciento de los votos, según las únicas actas hechas públicas— parece irrelevante. Lo que importa a la Casa Blanca no es quién gobierna en Caracas, sino bajo qué términos: cooperación en control migratorio, fin de los corredores de narcotráfico, expulsión de la presencia militar y de inteligencia rusa, china e iraní, y acceso a las reservas petroleras de Venezuela para empresas estadounidenses.

Esta preferencia autoritaria no es accidental. Refleja un juicio calculado de que las transiciones democráticas son inestables, impredecibles, y tienden a producir precisamente las condiciones —caos político, colapso económico, desplazamiento masivo— que generan crisis migratorias. Una dictadura maleable que controla sus fronteras y coopera con las prioridades de seguridad estadounidenses es, desde la perspectiva de la administración Trump, vastamente preferible a una democracia frágil que no puede evitar que sus ciudadanos se dirijan al norte. Aquí la transmutación de lo posible a lo conveniente alcanza su expresión más cínica: la democracia, que alguna vez fue el objetivo declarado de la política exterior estadounidense, se descarta no porque sea imposible, sino porque es inconveniente.

La misma lógica se aplica a Cuba. Las demandas de Washington —liberación de presos políticos, elecciones libres, libertad de prensa— son maximalistas y probablemente inaceptables para el régimen cubano. Pero el acuerdo real, si se materializa, probablemente tendrá un aspecto muy diferente: reformas cosméticas, cooperación en control migratorio, expulsión de los activos de inteligencia rusos y chinos, y quizás alguna apertura económica controlada. Como ha reportado el Christian Science Monitor, los expertos creen que el verdadero objetivo estratégico en Cuba no es el cambio de régimen, sino la remoción de las bases de operaciones avanzadas chinas y rusas en la isla: un objetivo «100 por ciento alineado con la reciente Estrategia de Seguridad Nacional». El sistema comunista puede persistir, siempre que deje de albergar a los rivales geopolíticos de Estados Unidos. No importa si es posible democratizar Cuba; importa lo que es conveniente, aun si ello es mantener el régimen (mientras sirva).

El patrón operacional en Venezuela, y la amenaza implícita hacia Cuba, revela una teoría distintiva de la coerción. La fuerza militar no se despliega para lograr transformación sistémica, sino para crear poder de negociación. El cálculo es casi transaccional: demostrar la capacidad de fuerza abrumadora, eliminar cualquier ilusión de que el régimen objetivo puede resistir, y luego presentar términos de acuerdo que son más onerosos de lo que se habría negociado voluntariamente, pero menos catastróficos que la alternativa de confrontación total.

En Venezuela, el masivo despliegue naval en el Mar Caribe permanece en su lugar. Las operaciones de cuarentena petrolera continúan… Trump ha amenazado a Rodríguez, si no coopera, con consecuencias «probablemente mayores que las de Maduro». El mensaje tácito es claro: depusimos a tu predecesor en una redada al amanecer; tú existes gracias a nuestra tolerancia. Esto no es ocupación; es apalancamiento. La administración Trump no tiene deseos de gobernar Venezuela, a pesar del papel de «virrey» de Rubio. Lo que quiere es cumplimiento, y la amenaza omnipresente de fuerza es el mecanismo para extraerlo.

En cuanto a la isla, la palanca es económica en lugar de militar, pero la lógica es idéntica. La orden ejecutiva del 29 de enero —que declaró una emergencia nacional y amenazó con aranceles a cualquier país que provea petróleo a Cuba— fue, en efecto, un bloqueo energético impuesto mediante coerción financiera en lugar de poder naval. México suspendió inmediatamente los envíos de petróleo. Las aerolíneas comenzaron a cancelar vuelos. La economía cubana, que ya atravesaba su peor crisis desde el colapso de la Unión Soviética, está en vías de asfixia. El gobierno estadounidense ha creado esencialmente unas condiciones bajo las cuales las únicas opciones de Cuba son la capitulación o la catástrofe, y luego ha ofrecido negociar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró sin ambages: «No se puede estrangular a un pueblo así». El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió sobre un desastre. Pero desde la perspectiva del arte de lo conveniente, la crítica internacional es un costo asumible mientras los resultados domésticos sean favorables.

Lo que distingue este enfoque es su evasión deliberada de los compromisos que la fuerza militar implica tradicionalmente. No hay contingente de ocupación en Venezuela. No hay bloqueo naval alrededor de Cuba. Así, se ha logrado presión máxima junto a la apariencia de contención, y se ha preservado la opción de retirarse si los costos comienzan a exceder los beneficios. Esto es política exterior como oferta hostil de adquisición: conseguir apalancamiento, forzar una reestructuración, extraer concesiones, y pasar al siguiente objetivo.

Ningún análisis de la política latinoamericana de esta administración estadounidense está completo sin considerar el papel de Marco Rubio, quien ha emergido quizás como el secretario de Estado más consecuente desde Henry Kissinger; no por su profundidad intelectual, sino por la extraordinaria concentración de poder e inversión personal que dirige a este hemisferio.

Actualmente, Rubio sirve como secretario de Estado, asesor interino de Seguridad Nacional, y administrador de facto de la política hacia Venezuela, un portafolio que hizo a The Washington Post llamarlo el «Virrey de Venezuela». Su herencia cubanoamericana, sus décadas de abogacía anticastrista, y sus relaciones personales con líderes de las diásporas venezolana y cubana, lo posicionan de manera única dentro de esta administración. Tal como reportó NPR, el camino de Venezuela a Cuba pasa directamente por la biografía de Rubio: la teoría del dominó según la cual la caída del régimen venezolano precipitaría la caída del régimen cubano ha sido central en su visión política desde sus primeros días en la política de Florida.

Pero Rubio es también un potencial candidato presidencial de 54 años con vistas a 2028. Sus acciones deben entenderse a través de este lente. Necesita visibilidad y credibilidad doméstica, particularmente entre la base republicana y las comunidades cubanas y venezolanas de Florida. Necesita estatura internacional como estadista capaz de manejar crisis complejas. Y necesita evitar un fracaso catastrófico —el empantanamiento en Venezuela, una crisis de refugiados desde Cuba, una confrontación con China— que destruiría su futuro político.

Ese cálculo personal explica el patrón retórico distintivo de Rubio: consistentemente suaviza las declaraciones más incendiarias de Trump mientras conserva la trayectoria agresiva de las políticas. Cuando Trump dijo que Estados Unidos «gobernaría» Venezuela, Rubio lo reformuló como «gestionar la dirección en que esto se va a mover». Cuando Trump desestimó a María Corina Machado, su subordinado definió la transición democrática como un objetivo a largo plazo. Rubio está construyendo un historial de lealtad a Trump al tiempo que se presenta como más mesurado; justo el perfil que necesitaría un futuro candidato presidencial. En su testimonio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, a finales de enero, reconoció la complejidad de la cuestión, admitió que el progreso era más lento de lo esperado, y enfatizó la naturaleza metódica del enfoque. Estaba, en efecto, audicionando para un papel más grande que el actual: el estadista competente que manejó el poder estadounidense sabiamente en un momento de convulsión hemisférica.

Rubio encarna así su propia versión del arte de lo conveniente. Difícilmente decide por sí mismo, pues sus decisiones deben satisfacer simultáneamente la agenda del presidente, las expectativas del exilio cubano, la opinión del establishment de política exterior, y su propia trayectoria hacia la Casa Blanca. Cuando estos imperativos se alinean, como en Venezuela, Rubio luce brillante. Cuando entren en conflicto, como podría ocurrir si Cuba colapsa en una crisis humanitaria, las tensiones entre sus múltiples lealtades podrían volverse irreconciliables.

La coherencia de esta estrategia no debe confundirse con sabiduría. El enfoque de la administración norteamericana conlleva riesgos profundos que podrían socavar cada uno de sus objetivos declarados.

El peligro más inmediato es una crisis migratoria desde Cuba. Expertos y organizaciones internacionales han advertido repetidamente que la combinación de escasez de combustible, hambre y colapso económico podría desencadenar otro éxodo masivo. Un grupo de expertos de la ONU calificó la amenaza de Trump contra los proveedores de petróleo a Cuba como «una violación grave del derecho internacional». El gobierno cubano ha adoptado medidas de racionamiento, acortado semanas escolares y cerrado establecimientos turísticos. Si colapsa la capacidad del régimen para mantener el orden básico, el resultado podría ser un flujo de refugiados que la administración querría prevenir, y llegaría presumiblemente a las costas de Florida, centro político tanto de Trump como de Rubio. Lo conveniente se vuelve entonces catastróficamente inconveniente.

En Venezuela, la ausencia de un plan de transición democrática crea un vacío de gobernanza que el aparato chavista del régimen de Rodríguez está llenando por defecto. El Council on Foreign Relations ha advertido que, sin legitimidad política, ninguna gran petrolera hará la inversión de 100 mil millones de dólares que Trump proyecta para reconstruir el sector petrolero de Venezuela. El resultado podría ser lo peor de ambos mundos: un régimen sumiso pero incompetente que ni entrega democracia a los venezolanos ni ingresos petroleros a las empresas estadounidenses.

Internacionalmente, el precedente de capturar a un jefe de Estado en funciones ha generado críticas de juristas, organismos de la ONU y gobiernos de todo el hemisferio. El senador Mark Warner formuló la pregunta que persigue a toda esta empresa: «¿Significa esto que cualquier país grande puede acusar al gobernante de un país adyacente más pequeño y sacarlo?». Chile, Rusia, China y México han criticado las acciones. La erosión de las normas de soberanía puede servir a los intereses estadounidenses en el corto plazo mientras crea precedentes peligrosos en el largo plazo. Lo que es conveniente hoy puede ser desestabilizador mañana.

Lo que emerge de este análisis es algo que podría llamarse la «Doctrina de los Resultados Suficientes». La administración Trump no persigue resultados óptimos en América Latina: transiciones democráticas, mejoras en derechos humanos o estabilidad regional. Persigue resultados que sean suficientes para servir a un conjunto específico de imperativos domésticos y personales: suficiente victoria en política exterior para impresionar a los votantes latinos, suficiente espectáculo para pulir el legado presidencial, suficiente cumplimiento autoritario para prevenir crisis migratorias, suficiente apalancamiento coercitivo para evitar compromisos militares prolongados, y suficiente logro institucional para impulsar las ambiciones futuras de Rubio.

Esta doctrina no carece de su propia lógica interna. Identifica correctamente los fracasos del cambio de régimen tradicional. Reconoce las restricciones políticas domésticas sobre los compromisos exteriores prolongados. Explota la asimetría de poder entre Estados Unidos y las pequeñas naciones caribeñas y latinoamericanas con eficiencia despiadada. Y ha producido, en el corto plazo, resultados que sus partidarios pueden señalar: Maduro bajo custodia, Cuba en la mesa de negociaciones, el poder naval estadounidense reafirmado en el hemisferio.

Pero la debilidad fatal de la doctrina es su horizonte temporal. Los resultados suficientes son, por definición, insuficientes para resolver los problemas subyacentes. Una Venezuela gobernada por chavistas sin Maduro sigue siendo una cleptocracia. Una Cuba obligada a negociar bajo presión concederá el mínimo necesario y se atrincherará una vez que la presión disminuya. Los votantes latinos que se entusiasman con una operación militar volverán a la ansiedad económica cuando los precios del supermercado sigan elevados. Y un secretario de Estado que sirve a demasiados amos —el presidente, la base republicana, las diásporas cubana y venezolana, su propio futuro— eventualmente encontrará esas lealtades en tensión irreconciliable.

El instinto del negociante es cerrar el trato y pasar a lo siguiente. Pero las naciones no son transacciones inmobiliarias. Los acuerdos que se negocian en el Caribe hoy generarán consecuencias que sobrevivirán a la administración actual, al secretario de Estado actual, al ciclo político actual. La política como arte de lo posible exigía que los estadistas construyeran soluciones dentro de las restricciones de la realidad, aceptando que los resultados perfectos no existen pero que efectos duraderos sí son alcanzables. La política como arte de lo conveniente sustituye esa ambición por otra más modesta y más cínica: que los resultados sean suficientemente buenos para el próximo ciclo electoral, suficientemente fotogénicos para el próximo tuit, suficientemente vagos para que el fracaso pueda redefinirse como éxito.

Que estas políticas lleven a un hemisferio más estable o uno más volátil dependerá de si los resultados suficientes pueden transformarse, de alguna manera, en resultados duraderos. Y la evidencia temprana no es alentadora.