Por primera vez en el segundo mandato de Donald Trump, la Corte Suprema le ha puesto un alto a una política esencial de su gobierno al decretar que los aranceles impuestos prácticamente a todos los socios comerciales de Estados Unidos exceden la autoridad presidencial y, por tanto, violan la ley. La decisión de este 20 de febrero en Learning Resources, Inc. v. Trump constituye un gran revés para el mandatario, quien ha usado los aranceles como su principal herramienta diplomática —si es que ese término se puede aplicar a la presión económica indiscriminada y caótica que Trump usa para forzar conformidad tanto con aliados como enemigos. Asimismo, tal decisión marca un hito relevante en las relaciones entre las tres ramas del gobierno en la era de Trump. Finalmente, la Corte ha mostrado con este fallo una inclinación a reestablecer el balance constitucional, y hay al menos otros tres casos de suma importancia que podrían ser decididos este verano. Estas cuatro decisiones cambiarán de modo fundamental el papel del presidente en Estados Unidos —y no solo para Trump, sino para los siguientes—, ya sea limitando o expandiendo su autoridad.
Ningún gobernante estadounidense ha desafiado los límites constitucionales ni ha intentado aumentar el poder presidencial de la manera en que Trump lo ha hecho en su segundo mandato. La Constitución prescribe un balance entre tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Dado que el Congreso en manos de los republicanos continúa no solo aceptando sumisamente todas las intervenciones del presidente en contra de la autoridad legislativa, sino que además participa activamente en esta usurpación constitucional, todas las esperanzas de frenar la deriva autoritaria del Ejecutivo han estado puestas en la rama judicial. Pero hasta ahora estas esperanzas chocaban contra la realidad de una mayoría conservadora en la Corte Suprema, incluidos tres magistrados (Kavanaugh, Gorsuch y Barrett) elegidos por Trump.
Aquí vale acotar que, en el orden constitucional estadounidense, la rama judicial, cuya autoridad máxima es la Corte Suprema, se ha convertido en la más influyente y poderosa por tres razones: los magistrados son elegidos de por vida —lo cual les permite imponer una visión por décadas—; las decisiones son inapelables y solo pueden ser eliminadas por otra decisión de la Corte; el Congreso tiende a pasar leyes tan abarcadoras como vagas, lo que deja su interpretación a la rama judicial. Aunque la Corte Suprema se considera no ideológica, y en teoría decide los casos basándose únicamente en las implicaciones constitucionales y los precedentes judiciales, aplica en la práctica lentes ideológicos y políticos. Esto es un secreto a voces y no es nuevo: por ejemplo, se ha pasado de la Corte ultraliberal presidida por Earl Warren (las Cortes se identifican con el nombre de quien las preside), que expandió masivamente los derechos civiles, a las Cortes moderado-conservadoras de Burger y Renhquist, y, finalmente, la actual Corte de Roberts, que ha evolucionado hacia el ultraconservadurismo desde e 2017. Es por ello que se espera que el tribunal se ponga del lado del presidente, a no ser que las contravenciones sean tan marcadamente anticonstitucionales que lleven a magistrados, como Roberts o Gorsuch, a defender los principios institucionales y la propia legitimidad de la Corte.
Durante el año 2025 se presentaron más demandas que nunca contra una administración, y hasta ahora había resultado en una mayoría de decisiones a favor de Trump. Por ejemplo, así fue en Trump v. CASA, cuando se falló que los tribunales federales de distrito no pueden emitir órdenes judiciales de alcance nacional. Esta fue una gran victoria para la administración Trump luego de acumular reveses judiciales que habían puesto un freno temporal a acciones posiblemente inconstitucionales. Otro aspecto preocupante fue la cantidad de casos decididos como emergencias: 24 el año pasado, los cuales 20 favorecieron a la administración republicana. Estos fallos han afectado asuntos tan importantes como el despido en masa de funcionarios del gobierno o la remoción del TPS [Status de Protección Temporal] y el parole a ciudadanos venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos. Entre los cuatro casos decididos en contra de Ejecutivo, el más importante fue el que le prohibió a Trump federalizar la Guardia Nacional en Illinois.
La decisión en Learning Resources, Inc. v. Trump deja al presidente sin el fundamento de su política económica, sobre lo cual ha basado muchas promesas, incluidas la distribución de cheques de dos mil dólares a cada ciudadano, la restauración de la industria nacional e, incluso, la eliminación de los impuestos federales. Poco importa que se haya demostrado que el costo de los aranceles ha pasado a los consumidores, o que la cantidad recaudada es ínfima comparada con las expectativas. Trump ha usado los aranceles como un arma propagandística alineada con la narrativa «America First», y su capacidad ilimitada de imponerlos como demostración de su poderío sin tener que pedir autorización congresional. Además, es parte esencial de su política exterior, pues amenaza a otros países con la imposición de aranceles si no se pliegan a sus demandas. Es esta combinación de poder económico y autoridad personal la que hace tan atractivos los aranceles como herramienta para un megalómano como Trump. Ahora hay además la posibilidad de que se exija la devolución de más de 130 mil millones de dólares recaudados mediante aranceles, con varias compañías que ya han interpuesto demandas en anticipación de dicho fallo. Esto traería consecuencias serias para la economía en un año de elecciones de medio término que ya de por sí se perfilan adversas para los republicanos en el Congreso.
Inmediatamente luego de este revés, Trump ha reaccionado de manera desafiante, advirtiendo que va a restaurar los aranceles por otras vías, aunque estas no son tan efectivas como la ley de International Emergency Economic Powers (IEEPA, del 1977), que le ha sido negada. Pero estas vías también pueden ser objeto de litigio, y la existencia de un precedente hará presumiblemente más fácil otras decisiones similares. Ahí entra a jugar la llamada «Doctrina de las Grandes Cuestiones» («Major Questions Doctrine»), que establece que, cuando el poder ejecutivo reclama autoridad para tomar decisiones de enorme importancia económica o política, los tribunales no deben asumir que el Congreso delegó ese poder a menos que lo haya hecho de forma explícita y clara. Trump podrá imponer aranceles únicamente bajo leyes que explícitamente lo autoricen, y en las circunstancias autorizadas, las cuales —como la Sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962— exigen largas investigaciones o bien pedir al Congreso que pase una ley que le autorice a imponerlos a su discreción. Ambas vías llevarían tiempo, contrario a la tendencia del presidente de imponer, subir o bajar aranceles a su capricho. Por último, la cantidad de demandas judiciales exigiría grandes recursos del Departamento de Justicia, ya de por sí bajo fuego en múltiples frentes, para defender a la administración.
Otra muestra de cuán duro ha sido este revés para Trump —aun cuando lo haya minimizado en sus primeras reacciones— ha sido la manera ofensiva en que se refirió a los magistrados; en particular, dos nombrados por él, Gorsuch y Barrett, a quienes tachó de «desleales», «tontos» y «perros falderos» de «intereses extranjeros». Normalmente los presidentes se abstienen de criticar las decisiones de la Corte Suprema por más en desacuerdo que estén; en parte, por la separación de poderes y, en parte, porque saben que los mismos magistrados van a decidir otros casos. No así Trump, para quien tal percibida deslealtad es la falta más grave. El mandatario ha dejado claro que considera su autoridad ilimitada y al resto del gobierno como subordinados o enemigos, incluidos los poderes legislativo y judicial. Es probable que esta actitud le traiga problemas a corto plazo, cuando la Corte Suprema decida sobre los aludidos otros tres casos que pueden limitar aún más su autoridad.
El primero de ellos es Trump v. Barbara, que desafía su orden ejecutiva para invalidar la ciudadanía por nacimiento (birthright citizenship.) La Corte Suprema va a escuchar argumentos orales en abril de 2026. Los tribunales inferiores bloquearon la orden de Trump por considerarla contraria a la 14ª Enmienda de la Constitución y a la ley federal que codifica la ciudadanía por nacimiento. Este asunto debería ser decidido claramente en contra del presidente porque, además del texto explícito y claro en la Constitución, existe un precedente judicial muy fuerte en United States v. Wong Kim Ark (1898), interpretado por más de un siglo de jurisprudencia como confirmación de ciudadanía por nacimiento para casi todos los nacidos en territorio estadounidense. Si el tribunal validara la orden ejecutiva, ello supondría un cambio enorme en inmigración y ciudadanía, y una presión inmediata e inmensa sobre estados, hospitales, escuelas y sistemas de beneficios públicos, así como litigios masivos. Pero más importante aún, supondría un aval tácito de la Corte Suprema al concepto de que el presidente puede interpretar leyes, precedentes judiciales e incluso la Constitución a favor de su política. Es muy poco probable que la Corte entregue así el poder de la rama judicial. El fallo se espera entre finales de junio y principios de julio de 2026, antes del receso del alto tribunal.
El segundo y tercer casos son similares entre sí porque se basan en el mismo precedente judicial: Humphrey’s Executor v. United States (1935). En Trump v. Slaughter están en juego la independencia de las agencias federales y el poder de destituir comisionados de agencias reguladoras como la Federal Trade Commission, que fueron establecidas por el Congreso con funciones cuasi-legislativas y cuasi-judiciales, y por tanto sus integrantes deben tener protección contra el despido a capricho, a salvo de decisiones partidistas o políticas. En este caso la mayoría conservadora en el tribunal ya ha indicado que cree que el Congreso se excedió en su autoridad al establecer esas protecciones para funcionarios de la rama ejecutiva. La expectativa es que sea una decisión estrecha a favor del presidente, que reafirme la autoridad ejecutiva sobre las agencias y aumente su poder sobre la regulación de telecomunicaciones, energía y comercio. La base teórico-judicial sería «la teoría del Ejecutivo unitario» («Unitary Executive Theory»), una interpretación del artículo II de la Constitución que sostiene que todo el poder ejecutivo pertenece exclusivamente al presidente.
El tercer caso, Trump v. Cook trata igualmente de la autoridad del presidente para despedir a un funcionario de una agencia independiente; en este caso, Lisa Cook, gobernadora de la agencia Federal Reserve (FED). Difiere del anterior en la suma importancia de una FED independiente para establecer una política económica aislada de intereses políticos o partidarios, evitándose así que el presidente pueda manipular la economía. Más que ninguna otra, esta decisión, que se espera antes de junio de 2026, podría tener repercusiones duraderas en el futuro del país. La FED fue establecida mediante la Federal Reserve Act (1913) y fue ratificada en la reforma de 1935 como un órgano con gobernadores que cumplen períodos de 14 años y que se pueden despedir solo «por causa» —a fin de protegerlos de presiones del Ejecutivo. Nunca un presidente había intentado destituir a un gobernador de la FED, y, por otra parte, las cortes han decidido a favor de proteger la independencia de oficiales con términos largos cuando el estatuto limita la remoción. La cuestión a dirimir en este caso es quién determina si hubo causa para el despido. La Casa Blanca sostiene que esa decisión le corresponde al presidente, mientras que la demandante Cook responde que su despido no fue «por causa», dado que no se alega mala conducta en el ejercicio del cargo (la causa es un supuesto fraude hipotecario) y se le han negado sus derechos de revisión judicial bajo la 5ta Enmienda de la Constitución. Durante los argumentos orales, algunos de los magistrados ya se mostraron escépticos sobre la posición de la administración Trump, por lo cual se esperaría un dictamen en su contra.
Sean cuales sean las decisiones en estos casos, el conjunto va a afectar directamente el balance entre las ramas del gobierno norteamericano, ya sea avalando la expansión del poder ejecutivo hacia el autoritarismo que busca Trump o reafirmando el equilibrio que ha sido la mayor garantía democrática por más de dos siglos.
Independientemente de la composición ideológica de la Corte, con la cual sin dudas cuentan en el Despacho Oval, los magistrados están muy conscientes de su papel estructural: los precedentes establecidos en estos meses de 2026 definirán el alcance del poder presidencial en lo adelante. A Trump le interesa obtener una capacidad de gobernar ilimitada para los próximos tres años; a los textualistas como Gorsuch o los institucionalistas como Roberts les interesa el legado que deje esta Corte Suprema. No se les escapa que una ampliación del poder ejecutivo podría ser igualmente usada por un gobernante demócrata, y esa visión a largo plazo quizá sea suficiente para ponerle algún freno a la agenda frenética del actual mandatario.
