¿Existe un camino pragmático para avanzar en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba sin sacrificar las demandas del pueblo cubano de «pan y libertad» ante la conveniencia de un «acuerdo» de Trump o la insistencia del régimen de La Habana en permanecer en el poder? Un acuerdo verificable y por etapas podría incluir una apertura económica y política en la isla, así como el fin del embargo estadounidense.
Hace diez años, el presidente estadounidense Barack Obama pronunció un discurso histórico en La Habana con el objetivo de normalizar las relaciones con Cuba. Como sabemos, tal «normalización» fracasó. Hoy las reuniones de alto nivel se están retomando, pero ya no tienen como fin la normalización. En cambio, el gobierno cubano busca evitar una catástrofe humanitaria mientras conserva el poder. Lo que desea el presidente Donald Trump resulta menos claro, y ciertamente ha sustituido la «zanahoria» de Obama por el «gran garrote» de un bloqueo petrolero [que apenas hace una semana, en medio de una situación límite, permitió la entrada de un barco ruso con crudo, y ya se ha anunciado el envío de un segundo].
Los objetivos que Trump ha expresado con tanta ligereza —ya sea «tomar Cuba» o «liberar a Cuba»— constituyen metas muy diferentes entre sí. También ha afirmado que «el turno de Cuba llegará pronto» y que «puede hacer con ella lo que se le antoje». Pero, ¿es eso cierto? El régimen cubano, pese a estar debilitado y carecer de legitimidad, mantiene aún un control férreo. Una intervención militar estadounidense resulta improbable, si se considera la aversión de Trump hacia el «nation-building» y el contexto actual de guerra con Irán.
El secretario de Estado, Marco Rubio, se muestra más circunspecto. Si bien ha calificado el statu quo de «inaceptable» —señalando que deben cambiar tanto «quienes detentan el poder» como «el sistema»—, también ha sugerido que Cuba «no tiene por qué cambiarlo todo de la noche a la mañana». Esto da a entender que una apertura económica podría preceder a la reforma política. Asimismo, ha trascendido que Rubio se encuentra negociando con la familia Castro, la cual difícilmente estaría dispuesta a sacrificar su férreo control del poder.
Pero, ¿resultaría aceptable para el pueblo cubano un «acuerdo» de esta naturaleza? ¿Tendrán la ciudadanía voz y voto en el asunto? El gobierno cubano no los representa. ¿Lo hace Trump? ¿Lo hace Rubio? Los gobiernos tienen intereses, no amigos. Los cubanos no pueden esperar que los intereses de Trump se alineen con los suyos propios, a pesar del palpable sentimiento prointervencionista que cunde en algunos sectores, fruto de la desesperación ante el statu quo. Deben seguir exigiendo tanto pan como libertad, negándose a sacrificar uno en aras del otro.
Es probable que La Habana exija el fin inmediato del bloqueo petrolero y el levantamiento del embargo. En respuesta, Estados Unidos debería responder ampliando las exportaciones de petróleo al sector privado de Cuba. El embargo, codificado en ley, se mantendrá vigente mientras se pone a prueba si La Habana cumple sus compromisos mediante excepciones autorizadas. De ser así, debería seguirse de un alivio gradual de las sanciones. Al vincular las concesiones económicas a un progreso político verificable, Estados Unidos puede apoyar al pueblo sin apuntalar a una dictadura en decadencia.
Si bien el embargo constituye un artículo de fe anticomunista en Miami, ningún presidente estadounidense está mejor posicionado que Trump para lograr un acuerdo que los cubanoamericanos acepten. La Habana tendría que hacer concesiones importantes, aunque probablemente no un cambio inmediato de régimen —algo que muchos cubanos exigen con urgencia.
Por el lado estadounidense, las prioridades deberían incluir la liberación inmediata de todos los presos políticos —a reserva de cuántos prisioneros de conciencia se encuentren entre los dos mil 10 sancionados que se beneficiarán de indultos, según un anuncio oficial de este jueves 2 de abril—, el fin de la represión sistemática que alimenta el ciclo de entradas y salidas de las cárceles cubanas, y una importante apertura económica que priorice al sector privado de Cuba. Esto permitiría a las empresas estadounidenses invertir y poseer propiedades en Cuba, yendo mucho más allá de las concesiones otorgadas recientemente a los cubanoamericanos. También debería ofrecerse compensación por las reclamaciones relativas a propiedades confiscadas.
La cuestión más difícil es la exigencia de Estados Unidos de que Cuba abra su sistema político. Esto es en principio inaceptable para el régimen, pero esencial para la mayoría de los cubanos. Dado el acuerdo que Trump negoció en Venezuela, este punto ciertamente no constituye un obstáculo insalvable para él. Sin embargo, la renuncia simbólica del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, podría destrabar las cosas. Es poco probable que esto implique una prohibición política para la familia Castro, especialmente dada la creciente prominencia de figuras de segunda y tercera generación, tales como Alejandro Castro Espín, Raúl Guillermo Rodríguez Castro y Óscar Pérez-Oliva Fraga.
Por último, e idealmente, deberían legalizarse los partidos políticos de la oposición y restablecerse el derecho al retorno. Esto permitiría a muchos cubanos regresar, organizarse, reintegrarse a la sociedad civil, y competir en unas elecciones programadas, digamos, para abril de 2028.
Se trata entonces de allanar el camino hacia una transición democrática pacífica en la que el propio pueblo cubano vuelva a ser partícipe del destino de su nación.
Lo que está en juego es de gran magnitud. Un Estado fallido representaría una tragedia humanitaria para Cuba y su pueblo, así como un importante desafío en materia de seguridad e inmigración para Estados Unidos. Al centrarse en empoderar a los ciudadanos cubanos y exigir un cambio sistémico a cambio del levantamiento del embargo, Cuba puede avanzar hacia un futuro —tal como exigía el líder independentista cubano José Martí— que sea verdaderamente «con todos y para el bien de todos».
