Ha llegado la solidaridad a Cuba. Reparten kits de insumos médicos en hospitales, anuncian que el hambre será menos, que al comunismo caribeño hay que salvarlo frente a la asfixia que impone Donald Trump. 

Los «salvadores» aterrizaron en La Habana como parte del «Convoy Nuestra América». Usar las palabras de José Martí, tal vez pensaron, era honorable. La Internacional Progresista —una plataforma que articula sectores de izquierda a escala global— anunció a inicios de febrero de 2026 que reuniría ayuda para Cuba, que no la dejaría sola. Pero lo que no está claro es cuál es la soledad que más les importa.

Entre los visitantes «humanitarios» llegó a la isla Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno español. Iglesias y sus acompañantes se alojan en el Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá Collection, un cinco estrellas en el centro histórico habanero que permaneció encendido mientras el país atravesaba otro colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), el séptimo en apenas año y medio.

Un país entero a oscuras. La gente, otra vez, a oscuras. ¿Qué injusticia creen estar presenciando los «invitados»?

La explicación ya la conocen: viene de afuera. Siempre viene de afuera. Pero si miraran un poco más despacio —si se quedaran cuando se apagan las luces del hotel— tal vez verían que esta oscuridad no empezó ahora, ni con Trump, ni con la captura de Nicolás Maduro, salvavidas de La Habana, como antes lo fue Hugo Chávez o la antigua Unión Soviética. Que viene de mucho antes. Que está hecha también de decisiones, de abandonos, de un sistema que lleva años funcionando así.

Las termoeléctricas cubanas operan con crudo nacional y no reciben inversiones capitales en décadas. Mientras, el capital del Estado cubano llenó las arcas del sector del turismo (a la misma vez que descendía en caída libre la ocupación hotelera), y dentro del presupuesto, la industria energética, la agricultura, la salud y la educación también recibían migajas. También es una cuestión de prioridades. 

Si Iglesias y los participantes del convoy —entre ellos la activista griega Despina Markou, el grupo irlandés Kneecap, el activista climático brasileño Thiago Ávila y el político británico Jeremy Corbyn— se desviaran del itinerario diseñado por el oficialismo y la seguridad del Estado, si salieran de su hotel y caminaran apenas unas cuadras, encontrarían otra Habana.

Toneladas de basura en casi todas las esquinas. Balcones sostenidos por vigas improvisadas. Debajo, la acera marcada por el derrumbe. No hace tanto cayeron tres niñas. A unos metros, alguien duerme sobre cartones. No está «deambulando» como describe el relato oficial. Está viviendo ahí.

Si avanzaran un poco más, llegarían a la estación policial de Infanta y Manglar, mencionada en informes de organizaciones de derechos humanos como un punto de detención y represión sistemática.

Tal vez incluso escucharían gritos de «libertad», insultos dirigidos a su anfitrión Miguel Diaz-Canel (algunos que llevarían traducción podrían comprenderlos por la fuerza y el desprecio de las palabras). Cuando estos visitantes llegaron a La Habana, ya sumaban casi dos semanas de protestas nocturnas consecutivas en distintas zonas del país: ciudadanos exigiendo la salida del poder, escribiendo en las paredes «fuera el miedo», «el cambio es ya». A exigir el «fin del comunismo» que ellos han venido a salvar.

Y, sin embargo, es probable que el diagnóstico no varíe: las sanciones de Estados Unidos como causa casi exclusiva, la narrativa de una isla víctima frente al imperialismo. En esa lectura, el Estado cubano aparece como sujeto sitiado más que como actor con responsabilidad interna en la crisis. El Partido Comunista de Cuba, cuya sede en Morón fue incendiada recientemente por ciudadanos hartos, queda reubicado como parte vulnerable de la ecuación.

Una Cuba que muchos de estos visitantes no ven, o no quieren ver. Incluso cuando el convoy tiene entre sus voces más visibles a figuras como la activista sueca Greta Thunberg, que defiende la iniciativa sin pisar esa otra realidad.

En medio de esa disputa —entre la presión externa de Washington y la preservación interna de un modelo centralizado, sostenido en buena medida por estructuras como el conglomerado militar Gaesa—, y con el respaldo simbólico de sectores de la izquierda internacional, queda la vida cotidiana de los cubanos.

Quedan los presos políticos y sus familias. Las madres que esperan. Los hijos e hijas en el exilio a quienes se les impide regresar. Los ancianos solos. Los trabajadores que persisten. Los jóvenes que ensayan, una y otra vez, la salida. Quedan también las víctimas de violencia de género en un país donde el feminicidio aún carece de una tipificación penal específica.

Mariela Castro, hija de Raúl Castro, diputada al Parlamento cubano y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), tal vez está demasiado ocupada como asesora de la Internacional Progresista, para traducir estas urgencias en acciones concretas dentro de la Asamblea.

Quedan los que siguen.

Y los que ya no pueden más.

Y quedamos quienes escribimos. Desde dentro o desde fuera de la isla. A pesar de las amenazas, de la difamación, del intento constante de deslegitimarnos.

Escribimos porque existe el derecho —y la necesidad— de contar una Cuba que no es postal.

Este texto no intenta detallar qué es el «Nuestra América Convoy», de dónde viene o cuántas toneladas de ayuda ha entregado. Tampoco niega la necesidad urgente de asistencia humanitaria.

Este texto va de otra cosa: de la brecha entre la ayuda y el relato. Y de todo lo que se pierde en ese silencio.

Va de la hipocresía. 

El convoy lo impulsa la Internacional Progresista y lo acompaña The People’s Forum, una plataforma que ha articulado durante años campañas alineadas con el régimen cubano. Su principal portavoz, David Adler, ha sostenido intercambios con autoridades en La Habana, incluido el propio Díaz-Canel. No es una relación incidental: es un circuito político.

En ese marco, la ayuda —tan necesaria como urgente— tiene matices: quién la gestiona, bajo qué control y para qué relato. Porque entra en un país donde disentir se castiga, donde protestar se paga caro y donde las aperturas se escenifican cuando conviene. Ahí, la solidaridad corre el riesgo de no incomodar a nadie en el poder. Y eso también dice algo.

«Aquí lo que hay es cansancio», dice un habanero que lleva días durmiendo a ratos por los apagones. «No es de ahora. Esto lleva años así». Del otro lado del mar, la historiadora del arte y activista cubana Salomé García Bacallao, y otros exiliados, convocaron en Miami, al «Primer encuentro por el derecho de los cubanos a regresar»: «Si el mar puede abrirse a extranjeros, también debe abrirse a los cubanos». Entre una orilla y la otra, la contradicción queda expuesta: hay barcos que llegan con solidaridad, pero hay vidas que no pueden volver. Y en ese cruce —entre el cansancio de adentro y el derecho negado desde afuera— también se mide la verdad de esta historia.

Cuba «no es un Estado fallido», dice el actor Willy Toledo. Y lo dice como si las palabras pudieran borrar el hambre, como si bastara con nombrar otra cosa para que desaparezcan las cárceles, los golpes, el miedo. Hay algo obsceno en esa comodidad, en esa manera de hablar de Cuba sin cargar con Cuba. Asco, sí: asco de escuchar cómo se limpia el dolor con consignas, cómo se le pasa un paño ideológico a la represión, cómo se convierte en épica lo que para millones es desgaste y ruina. No es solo él. Es la maquinaria entera —la propaganda, el convoy, los aplausos desde lejos— sosteniendo un relato que necesita negar a quienes viven dentro. Porque para que ese cuento funcione, alguien tiene que desaparecer. Y en Cuba, los que desaparecen son siempre los mismos.