Darío está preocupado. Ahora mucho más que antes. Cuando Estados Unidos desplegó la operación militar en Venezuela para extraer a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, él se encontraba en las afueras de Caracas. Lejos de los combates, pero consciente de que su cotidianidad cambiaría. Es especialista en Medicina General Integral y desconoce si regresará a casa, al oriente Cuba.
Como él, miles de trabajadores de la salud aguardan una noticia que no llega, y ya casi ha pasado un mes del ataque. Tras décadas de trabajo de los especialistas cubanos en los barrios populares de Venezuela —con una Delcy Rodríguez dócil ante las exigencias de Washington— resulta poco probable la permanencia de esta colaboración tal como ha sido hasta ahora. Uno de los símbolos visibles de la alianza política entre ambas naciones, y del imaginario de la izquierda latinoamericana, se tambalea. Y con ello, una de las principales fuentes de ingresos del régimen cubano.
Historial colaborativo
La primera asistencia médica cubana registrada en Venezuela data de diciembre de 1999, cuando varias brigadas fueron enviadas como ayuda humanitaria, tras graves inundaciones en el estado Vargas, hoy La Guaira. El desastre natural, uno de los más devastadores en la historia del país, dejó miles de damnificados y un número de víctimas mortales que, según estimaciones de Cruz Roja Internacional, se sitúa entre las 15 mil y 50 mil.
Sin embargo, la presencia sistemática de médicos cubanos en Venezuela comenzó oficialmente en abril de 2003, con el lanzamiento de la llamada «Misión Barrio Adentro», programa social impulsado por el presidente Hugo Chávez en convenio con La Habana, para hacer llegar servicios de atención médica primaria a comunidades pobres y zonas rurales donde la cobertura sanitaria resultaba insuficiente, en parte por la negativa de los profesionales venezolanos de trabajar allí.
En sus inicios, el alcalde de Caracas, Freddy Bernal, solicitó asistencia a la embajada de Cuba para arrancar el programa con la llegada de 58 médicos cubanos. Para diciembre de ese año, más de 10 000 profesionales de la salud se encontraban desplegados en todo el territorio venezolano, atendiendo consultorios populares y centros ambulatorios comunitarios.
Basada en el modelo de medicina comunitaria preventiva desarrollado en Cuba, Barrio Adentro se convirtió en la columna vertebral de la cooperación médica. Paulatinamente, iría ampliando su alcance al diagnóstico, la rehabilitación y múltiples especialidades, con la participación de decenas de miles de profesionales cubanos a lo largo de los años.
Por estos servicios, Venezuela compensaba a la Isla mediante el suministro de petróleo a precios preferenciales, o incluso de forma gratuita. Tras cubrir la demanda nacional, parte del crudo sería vendido por el castrismo a terceros países.
En el contexto de constante crisis estructural en Cuba, marcado por carencias materiales, los profesionales de la salud han visto las misiones médicas como una de las limitadas opciones para acceder a mejores condiciones de vida, gracias a las remuneraciones con las que pueden acceder a servicios básicos que en la Isla serían imposible de costear con sus bajos salarios. Sin embargo, la cooperación sanitaria ha sido objeto de controversia, al suscitar críticas internacionales en torno a la politización de los servicios o las violaciones de los derechos laborales.
Entre críticas
Desde finales de los 1990, el sistema sanitario venezolano enfrentaba el deterioro de la infraestructura, la escasez de insumos y bajos salarios de los profesionales, razones que incidieron en la percepción, por parte del gremio médico local, de que Barrio Adentro evadía la necesaria mejora de las condiciones estructurales.
Inmediatamente se generaron tensiones en torno a la ocupación de plazas públicas, por parte de los médicos cubanos, sin enfrentarse a concursos ni procesos de homologación, y la reducción de las oportunidades de empleo para profesionales venezolanos, especialmente en la atención primaria. Cuestionaban, además, el establecimiento de un sistema asistencial separado del Ministerio de Salud, que vulneraba las normativas y los estándares profesionales.
Otro motivo de debate han sido los presuntos criterios que, de acuerdo a la inclinación política, han determinado la atención a pacientes por parte de los médicos cubanos.
Según dieciséis médicos cubanos entrevistados por The New York Times, en el país sudamericano impera un sistema de manipulación política deliberada en el que los servicios se emplean para afianzar los votos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a menudo a través de la coerción.
«Se usaban muchas tácticas, desde simples recordatorios para votar por el gobierno hasta denegar tratamiento a los simpatizantes de la oposición que tienen enfermedades mortales», declararon los doctores. Además, revelaron haber recibido órdenes de ir puerta por puerta, en barrios pobres, para regalar medicamentos e insinuar a los residentes que, si no votaban a Maduro o sus candidatos, se les cortaría el acceso a los servicios médicos.
En el plano internacional, la discusión ha escalado hacia acusaciones más severas contra las misiones médicas y la cooperación con Cuba. Organismos de derechos humanos y las autoridades de los Estados Unidos han calificado repetidamente a estos programas como una forma de trabajo forzoso o esclavitud moderna, pues afirman que los profesionales enviados al extranjero entregan un alto porcentaje de sus salarios al Estado cubano y están sujetos a restricciones de movimiento, relaciones personales y actúan bajo la supervisión estricta del gobierno.
En tal sentido, la organización independiente Prisoners Defenders estima que el régimen cubano se queda, en promedio, con el 85 % de los salarios. Las retenciones del salario o las limitaciones de retiro de dividas en las cuentas en Cuba, resultan una constante que se complementan, además, con limitaciones a la libertad de asociación, retirada de documentos, o la limitación de regresar a territorio cubano durante ocho años a desertores. En tal sentido, el delito de «abandono de funciones», aplicado a funcionarios o empleados en misiones oficiales en el extranjero y tipificado en el artículo 176 del Código Penal, contempla penas de entre tres y ocho años de prisión.
Pese a las reiteradas denuncias de ex colaboradores sobre las prácticas a las que se han visto expuestos en las misiones, las reacciones a nivel regional no han avanzado en la misma línea.
En 2024 y 2025, el Congreso de Estados Unidos analizó iniciativas bipartidistas que iban más allá de la retórica diplomática. Parlamentarios presentaron resoluciones en denuncia del presunto tráfico de médicos y la explotación sistemática bajo estos esquemas al considerar que el personal sanitario queda atrapado en redes de obediencia política. El Departamento de Estado advirtió a naciones que contratan brigadas médicas sobre posibles riesgos de tráfico de personas y los exhortó a firmar contratos laborales directamente con los trabajadores para hacer respetar sus derechos.
«Cuba alquila a sus médicos a precios elevados para luego quedarse con la mayor parte de estos ingresos. Este plan enriquece al corrupto régimen cubano al tiempo que priva al pueblo cubano de atención médica esencial», señaló el secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio, una de las voces más hostiles con la colaboración cubana en el exterior.
Gobiernos caribeños y latinoamericanos han defendido las misiones médicas como expresiones válidas de cooperación Sur-Sur. Algunos países receptores han señalado que los médicos cumplieron funciones esenciales en contextos de escasez de personal sanitario y que las acusaciones de explotación son infundadas o motivadas por las tensiones geopolíticas entre La Habana y Washington.
Venezuela ha rechazado las críticas externas, describiéndolas como intentos de deslegitimar formas de cooperación que, a su juicio, han contribuido a aliviar déficits estructurales en salud pública. Además, han resaltado el alcance de la atención primaria en comunidades rurales.
En tanto, varias ONG argumentan que la cooperación médica debería transformarse en opciones de empleo transparente que respeten estándares internacionales de trabajo. Un posicionamiento que no limita la discusión a la eficacia asistencial, sino que se enfoca en derechos laborales, dignidad profesional y estándares éticos en el trabajo transnacional.
El momento post Maduro
Los acuerdos bilaterales de cooperación entre La Habana y Caracas son toda una incógnita tras la captura de Nicolás Maduro y las negociaciones existente entre su sustituta, Delcy Rodríguez, y la administración estadounidense.
Dos días después del ataque, el 5 de enero, la prensa oficialista anunció la reanudación progresiva de la transportación por «vacaciones» y «término de misión», tras meses de interrupción por el cierre del espacio aéreo venezolano. Hasta la fecha no constan pronunciamientos oficiales sobre la paralización parcial o total de los servicios médicos. Sin embargo, tras la detención del envío de petróleo hacia Cuba, pudiera producirse una suspensión de las misiones médicas, una de las principales fuentes de ingreso del régimen cubano. Su sostén.
«Esta incertidumbre genera incomodidad y ansiedad en los colaboradores, sobre todo en las personas mayores. Falta información oficial sobre el futuro de la misión, mientras uno solo se entera de los rumores que circulan en redes. Nos han comunicado que debemos estar preparados, en alerta constante, con las cosas listas. Hasta ahora sabemos que están retornando los pendientes de vacaciones y los de fin de misión, incluso quienes están de prórroga», afirmó Darío.
En algunos Centros de Diagnóstico Integral (CDI) no hay personal cubano o este es muy escaso. Se suspendieron las restricciones para comprar comida mediante bonos y han disminuido los partes de seguridad a instancias superiores. Tras el ataque, estos partes ocurrían cada treinta minutos, luego cada una hora, y actualmente se emiten en los horarios habituales: en la mañana, de seis a siete; en la tarde, antes de las seis y media. A pesar de su reducción, el personal cubano trabaja en una relativa normalidad, aunque persistan limitaciones de movimiento y se les retirara el pasaporte oficial.
Por su parte, Maydelis, joven doctora ubicada en Distrito Capital, comentó que, según otros colaboradores, antes de marzo deberían sacar a todos los cubanos del país suramericano. Información que contrasta con la ofrecida por sus superiores.
«En reunión con el jefe del Estado, dijeron que la misión continuará. No sé si ellos no quieren decirnos que esto se acabó. Los que están de vacaciones, deberían regresar a Venezuela, aunque no se sabe cuándo. Pero si llevan más de 35 días en Cuba, entonces los incorporan a sus puestos de trabajo. Todo el que desee pedir el fin de la misión, lo podrá hacer. Hay quien ya ha entregado su carta», señaló la especialista.
Con la caída de la exportación de hidrocarburos a Cuba, se desploma una de las principales fuentes de oxígeno del régimen, y se agrava la crisis de generación eléctrica. Ante el interés de la administración Trump en un cambio de régimen en la Isla, nadie conoce el futuro próximo de Barrio Adentro, un programa en el que van de la mano la explotación del personal médico cubano con el beneficio de millones de venezolanos pertenecientes a los sectores más populares, quienes, en muchos casos, antes de la puesta en marcha de la misión, no contaban con el acceso a la salud pública.
«Los compañeros de trabajo venezolanos, la población en general, siguen siendo generosos y empáticos con nosotros. Están tristes. Nos han despedido. Comparten nuestra incertidumbre. Preguntan sobre la misión médica y no les podemos esclarecer. Solo especulaciones, suposiciones. Ha sido una hermosa experiencia», comentó un Darío que, como miles de profesionales cubanos, atrapados entre contratos abusivos, restricciones y necesidades económicas personales, esperan la noticia que esclarezca de una vez su futuro próximo en Venezuela.
