Imaginemos que el 22 de octubre de 1962 el presidente John F. Kennedy se hubiera dirigido a la nación, por radio y televisión, con el siguiente mensaje: «Esta noche vamos a vaporizar a una isla entera. Yo no quiero que sea así pero probablemente pasará». La isla, por supuesto, es Cuba, donde el régimen de Fidel Castro estaba instalando misiles nucleares soviéticos. Los 13 días que duró aquella crisis han pasado a la historia como el momento más cercano a un conflicto termonuclear con consecuencias inimaginables. En tales circunstancias, el pueblo norteamericano buscaba la seguridad de tener como líder a un estadista competente que evitara la conflagración sin comprometer los intereses nacionales de Estados Unidos. A su vez, Kennedy estaba bajo una enorme presión interna ejercida por buena parte de su gabinete y por líderes militares partidarios de asestar el primer golpe militar de manera demoledora.
De haber llevado a cabo tal amenaza, no estaríamos aquí. Pero en la historia real Kennedy, por supuesto, no pronunció esa errática frase. Se dirigió a la nación con firmeza y ecuanimidad, definiendo la gravedad del momento: «No arriesgaremos de manera prematura ni innecesaria los costos de una guerra nuclear mundial, en la cual los frutos de la victoria serían cenizas en nuestra boca; pero tampoco rehuiremos ese riesgo en cualquier momento en que deba afrontarse». Expuso siete pasos específicos que tomaría para obligar a los soviéticos a negociar, incluido el bloqueo naval a Cuba. La estrategia funcionó. El premier Nikita Khruschev —quien tomó inicialmente una actitud belicosa, llamando al bloqueo «piratería» y escalando las hostilidades con el derribo incluso de un avión de reconocimiento— envió mensajes secretos para negociar a espaldas del Politburó y del propio Castro, quien había recomendado lanzar el primer golpe nuclear (lo que demostró a Khruschev que estaba a punto de perder el control de la crisis). El pacto secreto con Kennedy terminaría costándole el puesto al mandatario soviético dos años después.
Como sabemos, un mensaje verdaderamente ominoso —«Esta noche una civilización va a morir. Yo no quiero que pase, pero probablemente pasará»— fue publicado muchos años después, hace solo unos días, por el presidente Donad J. Trump en su cuenta de Truth Social respecto a la guerra con Irán. A raíz de la publicación fue condenado por numerosas voces de diferentes posiciones políticas, desde legisladores demócratas hasta personalidades que lo apoyaron antes, como Candance Owens o Tucker Carlson. Estas condenas tienen un común denominador: denuncian estas palabras y otras —«¡abran el cabrón estrecho o se van a ir al infierno!»— como evidencia clara de una conducta errática, inapropiada en un estadista, que lo define como no apto para la Presidencia y llaman, para deponerlo, a la aplicación del artículo cuarto de la Vigésima Quinta Enmienda de la Constitución. Muchos se preguntan: ¿es esto una solución viable?
Volviendo por un momento a Kennedy, la Vigesimoquinta Enmienda fue introducida y ratificada luego de su asesinato en 1967. La misma establece el proceso de sucesión presidencial, garantizando que Estados Unidos siempre cuente con un presidente y un vicepresidente en funciones. El artículo tercero se ha invocado varias veces, cuando algún mandatario ha estado incapacitado temporalmente: por ejemplo, Reagan, tras el intento de asesinato, o Biden, mientras estaba bajo anestesia por una colonoscopía. Pero el artículo cuarto, que conlleva la remoción permanente del presidente, no se ha invocado nunca. Uno de los momentos en que estuvo más cerca de considerarse fue justamente en contra de Trump, al final de su primer mandato, a raíz de la sedición del 6 de enero, pero el vicepresidente Pence lo desestimó argumentando que la Enmienda se refiere a incapacidad física y no debe ser usada como un castigo político, para lo cual existe el proceso de impeachment.
Invocar la Vigesimoquinta Enmienda en Estados Unidos es, en la práctica, extremadamente difícil porque, a fin de aplicarla, el vicepresidente y una mayoría del gabinete deben declarar que el presidente es incapaz de ejercer sus funciones, lo cual implica que los colaboradores más cercanos a Trump, escogidos en principio por su lealtad personal, se posicionen abiertamente en su contra. Nadie imagina, digamos, a Vance, Rubio o Hegseth tomando una decisión así y afrontando las posibles consecuencias políticas e institucionales para sus ambiciones futuras. Además, si el presidente impugna tal declaración, el Congreso debe decidir al respecto, con un umbral de dos terceras partes de los votos en ambas cámaras, lo cual hace el proceso aún más difícil que el impeachment, que solo requiere mayoría simple en la Cámara de Representantes. El mismo Trump se ha burlado del proceso durante una reunión de su gabinete: «…no puedo decir lo que vamos a hacer, porque si lo hiciera, no estaría sentado aquí por mucho tiempo. Probablemente me aplicarían —¿cómo se llama?— la Vigesimoquinta Enmienda».
Otro obstáculo para su aplicación es que bajo Trump se han eliminado los límites tradicionales de respeto y formalidad que históricamente marcaban la retórica presidencial y se ha normalizado un tono vulgar, confrontacional, cargado de ataques personales y amenazas directas tanto hacia enemigos como aliados. Esta normalización hace inconcebible la remoción de Trump simplemente por usar el lenguaje que siempre ha usado y por no ser el estadista que nunca ha sido. Los mensajes del presidente ya no causan extrañeza, aunque sí consternación, sobre todo porque constantemente se trata de vaivenes, o bien intimidaciones huecas, como terminó siendo el propio mensaje sobre el fin de la civilización persa. Los que apoyan al gobernante norteamericano defienden esa retórica como necesaria para forzar negociaciones, por terrible que suene la amenaza de borrar del mapa, con el poder del botón nuclear, a millones de civiles inocentes. Para el resto de los estadounidense poco consuelo es esperar, cada vez, un repliegue al estilo TACO («Trump siempre se acobarda») en un círculo constante de indignación.
La realidad es que en el sistema político norteamericano es prácticamente imposible quitar al presidente de su cargo. No existen, como sí en otras democracias, los votos de (no) confianza, la sustitución parlamentaria o el referendo popular. Los padres fundadores confiaron en el sistema de pesos y contrapesos basado en la coexistencia igualitaria de los tres poderes de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Bajo el sistema diseñado en 1787, la respuesta a un presidente autocrático vendría en primer término de una Cámara y un Senado fuertes, con el poder de contener al Ejecutivo mediante leyes o suprimiendo el financiamiento de acciones ejecutivas como la conducción de una guerra, que también debería ser aprobada en el Congreso. Si esto fallara, el poder judicial podría también frenar a un Ejecutivo desbocado mediante la interpretación de leyes y la implementación de procesos judiciales independientes. Pero Trump ha demostrado la ineficacia del sistema al contar de su lado con un Congreso sumiso, que prácticamente ha supeditado sus poderes al Despacho Oval, y, por otra parte, al eliminar la independencia del Departamento de Justicia, desactivando mecanismos como los relatores independientes que en el pasado —Lawrence Walsh, Kenneth Starr, Robert Mueller—mantuvieron en jaque mediante investigaciones a Reagan, Clinton o el propio Trump (quien luego con su típica vulgaridad celebrara la muerte de Mueller).
Dichas peticiones de invocar la Vigesimoquinta Enmienda evidencian la creciente frustración con un gobernante cada vez más abocado a una política exterior belicosa, un ámbito donde ha encontrado mejores resultados («extracción» de Maduro y acuerdo con Venezuela) que en política interior (una inflación difícil de domar, el fracaso judicial de los aranceles). Esta frustración muestra también grietas al interior del movimiento MAGA, donde muchos se sienten traicionados por el incumplimiento de su promesa de «no más guerras». Con un nivel de aprobación presidencial estancado en números rojos y con las elecciones de medio término en el horizonte inmediato, podemos esperar todavía muchas vueltas a la noria de crisis en que se ha convertido la política norteamericana.
