En medio de apagones que marcan la rutina diaria en Cuba, el Gobierno actualizó el 26 de marzo de 2026 una norma que, en teoría, busca impulsar la energía solar. Pero no se trata de instalar paneles en casa ni de acceso inmediato a electricidad: la Resolución 76/2025 (GOC-2026-242-O30) del Ministerio de Energía y Minas propone algo distinto.
Desde 2021, el Estado permite que ciudadanos y empresas le entreguen dinero para financiar parques solares a cambio de ciertos beneficios. Ahora, cinco años después y en plena crisis energética, lo que cambia no es el mecanismo, sino cuánto cuesta invertir y en qué moneda se paga.
Este texto surge tras monitorear, desde El Estornudo, la incomprensión que generó la resolución entre muchos usuarios cubanos en redes sociales. La redacción técnica y poco transparente del documento oficial, junto con omisiones en su contenido que impiden tener claridad plena sobre varios aspectos clave, dificultó entender qué cambiaba realmente y cómo impactaba en la vida cotidiana. Por eso, no solo partimos de la lectura directa de la norma, sino también de su contraste con criterios de varios expertos cubanos independientes, para traducir su contenido a un lenguaje claro y explicar sus implicaciones reales.
¿Qué establece la resolución?
La principal novedad es la reducción de los precios y su conversión a dólares estadounidenses. Por ejemplo, el paquete mínimo para dos años —0.5 kW— pasa de costar 79.50 MLC [Moneda Libremente Convertible] en 2021 a 45 USD en 2026; mientras que el máximo de 10 kW baja de 1 590 MLC a 900 USD. El resto de los valores sigue la misma lógica: contratos más baratos, al menos en términos nominales.
Los beneficios para los inversores, sin embargo, no cambian: se mantiene la rebaja mensual en la factura eléctrica (125 kWh por cada kW contratado), la posibilidad de vender excedentes a la red y la entrega de un certificado de energía renovable.
El propio texto oficial justifica la actualización por la caída de los precios internacionales de la tecnología fotovoltaica. Pero el contexto en que se produce dice tanto como la explicación: la medida llega cinco años después de creada la norma original y en medio de la peor crisis eléctrica reciente del país.
En ese escenario, la resolución apunta a un problema estructural: la falta de inversión suficiente en el sistema eléctrico. El mecanismo traslada parte de ese costo a ciudadanos y empresas, que deben adelantar dinero —en divisas— para financiar infraestructura energética sin recibir, a cambio, una garantía directa de suministro.
La norma establece, además, que ese dinero será recaudado por la Unión Eléctrica y utilizado como fuente de financiamiento para inversiones en generación y distribución de electricidad, con prioridad en las energías renovables. En la práctica, el ciudadano no invierte en un servicio propio, sino en el sistema eléctrico estatal.
¿Qué significa «contratar potencia fotovoltaica»?
Aunque el término suena técnico, la idea es más simple: no estás comprando electricidad directa para tu casa, sino financiando su producción.
La resolución establece que las personas deben depositar el dinero en cuentas de la Unión Eléctrica, y que esa recaudación se utilizará para inversiones en generación y distribución. Es decir, el dinero no se destina a un servicio individual, sino al sistema eléctrico en general.
La norma se refiere a «parques solares fotovoltaicos», es decir, instalaciones estatales centralizadas.
Cuando se habla de «kW de potencia contratada», se trata de capacidad, no de consumo. En términos simples: el kW es la capacidad de generación que estás financiando; el kWh es la electricidad que consumes.
En la práctica, funciona como un pago anticipado del consumo eléctrico futuro. Es decir, pagas hoy por una electricidad que no necesariamente recibirás de forma directa mañana. Por ejemplo, si contratas 1 kW, el Estado te reconoce una capacidad que se traduce en una rebaja mensual de 125 kWh en tu factura. Todo ocurre a nivel contable, no físico.
Ese beneficio, además, es temporal: solo se mantiene durante el período del contrato, que puede ir de dos a 20 años.
¿Cuánto tiene que pagar una persona?
El monto depende de cuánta potencia se contrate y por cuánto tiempo. La resolución fija un mínimo de 0.5 kW y no establece límite máximo, con contratos de entre dos y 20 años.
Los precios están en dólares y deben pagarse por adelantado en una sola transacción. Por ejemplo:
- 0.5 kW cuesta 45 USD por 2 años o 300 USD por 20 años
- 1 kW cuesta 90 USD por 2 años o 600 USD por 20 años
- 10 kW puede costar 900 USD por 2 años o hasta 6 000 USD por 20 años
No se trata de pagos mensuales ni recuperables: el dinero se entrega al inicio y el retorno se traduce en descuentos futuros en la factura eléctrica.
En la práctica, esto representa una barrera importante. Incluso el paquete más básico equivale a varios meses de salario promedio en Cuba. Y a mayor consumo, mayor tendría que ser la inversión para notar un impacto significativo.
El investigador cubano, Ricardo Torres, doctor en Ciencias Económicas y profesor de la American University en Washington, explica a El Estornudo que «existen antecedentes internacional de esquema similares, con diversas variantes». «En Estados Unidos existe experiencias en casi todos los estados de community solar, donde el suscriptor paga toda la generación eléctrica proyectada durante una duración definida (ej., 20 años) a una tasa fija por kWh».
Sin embargo, el experto advierte que «la propuesta de la UNE enfrenta varios problemas». «El primero es que se está pagando por un descuento futuro, pero no hay garantías de suministro estable. Para un hogar cubano hoy, el principal problema con la electricidad no es el costo o el sobreconsumo, sino la inestabilidad del servicio», señala.
Torres precisa: «con los valores del mercado cambiario actual, y creo que así fue reconocido por los propios directivos, solo los que tienen consumos que exceden 600 Kwh obtienen algún beneficio, y en todo caso, funciona más como pago adelantado, que como una inversión financiera». «Si a eso se suma la incertidumbre, experiencias pasadas de promesas no cumplidas, riesgo cambiario, y otros, la propuesta solo sería medianamente atractiva para grandes consumidores que podrían ahorrar a largo plazo, y que también son los que tienen la capacidad para inmovilizar dólares a cambio de un beneficio que se tarda en materializar. Aquí salen la relucir las carencias del modelo cubano, por un lado, la escasez de productos financieros y la escasa credibilidad contractual que puede ofrecer un ente público», puntualiza.
¿Se puede vender electricidad al Estado?
La resolución establece que los clientes pueden «entregar energía a la red» cuando el balance entre lo contratado y lo consumido sea positivo.
Esto no significa que el usuario genere electricidad en su casa. Si, por ejemplo, contratas 1 kW (equivalente a 125 kWh mensuales) y consumes menos que eso, la diferencia se considera un excedente que la Unión Eléctrica puede comprar.
Sin embargo, lograr ese excedente es poco probable en la práctica, ya que implicaría mantener un consumo muy bajo incluso en un contexto de apagones.
Además, la norma no define claramente el precio de compra. Solo indica que se pagará según la «tarifa establecida», lo que sugiere que podría hacerse en moneda nacional. En la práctica, el esquema abre una brecha: se invierte en divisas, pero la compensación podría recibirse en pesos cubanos, no en la misma moneda en que se invierte.
¿Quiénes se benefician más: las personas o las empresas?
Aunque la resolución incluye tanto a personas naturales como jurídicas, no todos pueden acceder en igualdad de condiciones.
El pago inicial en divisas limita la participación de buena parte de la población. En cambio, empresas o actores con acceso a moneda dura tienen mayores posibilidades de contratar potencias más altas y aprovechar mejor los beneficios.
Para los hogares, el impacto es más reducido: en el mejor de los casos, una rebaja parcial en la factura, sin cambios en la estabilidad del servicio. Esto refuerza una brecha entre quienes pueden invertir y quienes dependen exclusivamente de un sistema eléctrico inestable.
¿Qué valor real tiene el «certificado de energía renovable»?
La resolución establece que los contratantes recibirán un certificado de generación con fuentes renovables. Sin embargo, no especifica qué uso concreto tiene.
No se mencionan beneficios económicos, legales o comerciales asociados. Tampoco otorga ventajas adicionales dentro del sistema eléctrico.
En la práctica, su valor parece ser simbólico: una constancia de participación en la generación de energía renovable, sin efectos directos sobre el servicio o los ingresos del cliente.
¿Esto va a resolver los apagones?
La resolución no plantea una solución inmediata a los apagones. El mecanismo busca aumentar la capacidad de generación a largo plazo, pero no aborda los problemas estructurales del sistema eléctrico.
Quienes contraten potencia seguirán dependiendo del mismo Sistema Electroenergético Nacional (SEN). No hay garantía de suministro, ni de estabilidad, ni de que la inversión se traduzca en electricidad disponible en el hogar.
Además, la norma no establece mecanismos claros de control ni garantías sobre el uso del dinero invertido o sobre la generación real de esa energía.
Este es uno de los principales aspectos que señala el economista e investigador, Ricardo Torres, tras la Resolución 76/2025 del ministerio cubano de Energía y Minas:
«Por sus características, es muy lógico que la energía solar tenga más participación en la matriz de generación eléctrica. El déficit de generación es uno de los problemas que determina la crisis actual. En ese sentido, cualquier incremento proporciona un alivio. Sin embargo, hay dos cuestiones que limitan ese efecto positivo. Por sus propias características (imprevisibilidad, intermitencia) esta fuente debe formar parte de una mezcla junto a otras fuentes».
Torres concluye que «los parques solares no van a sustituir completamente a las termoeléctricas a mediano plazo. Por otro lado, el sistema eléctrico cubano tiene problemas que se extienden a la trasmisión, distribución y almacenamiento de energía. La crisis actual es resultado de esa interacción, por lo que mejorar un elemento no resuelve la debilidad del sistema completamente».
En ese contexto, la medida funciona principalmente como una vía para captar financiamiento. El alivio para los ciudadanos no llega en forma de más electricidad, sino —en el mejor de los casos— como una reducción parcial en la factura.
Mientras tanto, los apagones siguen dependiendo de un problema mayor: la falta de inversión suficiente en generación, infraestructura y red eléctrica.
