Un escalofrío le recorrió el espinazo al advertir que llegaría a la esquina al mismo tiempo que el Dodge Charger negro y blanco de la Patrulla de Carreteras de Florida. 

El policía había aparecido de la nada en la intersección de una de aquellas estrechas calles que conectan el vecindario de clase trabajadora cerca de Coral Way, en Miami, con viviendas unifamiliares de estilo dispar y efficiencies de renta, donde había vivido durante medio año casi en modo encubierto.

—Vaya, se acabó esta mierda —se dijo mientras calculaba mentalmente la distancia que los separaba.

Daniel G. tiene 46 años y su identidad permanece protegida. Había salido a caminar para estirar las piernas y espantar esos malos pensamientos que comparten muchas personas sin papeles. Originario de Cuba, cuenta con ciertas protecciones legales, pero corren tiempos oscuros para los inmigrantes en Estados Unidos y prefiere evitar «riesgos innecesarios». Vive con miedo.

En ocasiones pasaban semanas sin que abandonara el autoexilio domiciliario que se había impuesto desde que el gobierno le revocó su permiso de trabajo como beneficiario del Parole Humanitario (PH). Bastó un plumazo de Donald Trump para que perdiera un puesto de $60,000 anuales + beneficios, conseguido sin ayuda de nadie. Meses después de tramitar otra autorización de empleo, esta vez al amparo de la Ley de de Ajuste Cubano, la espera se volvió interminable.

A diferencia del medio millón de cubanos con un estatus migratorio todavía más precario —los I220A—, Daniel no llegó a aquel vecindario de clima subtropical tras atravesar selvas y desiertos hasta la frontera con México. En noviembre del 2023, agentes de Aduanas lo recibieron con cordialidad mecánica en el aeropuerto de Miami. Formaba parte de esos 130,000 cubanos que siguieron las reglas e ingresaron al país gracias a un programa oficial del gobierno de los Estados Unidos.

Pero en cuanto pisó la Casa Blanca de nuevo, Trump canceló el PH y, tras una breve escaramuza judicial resuelta en la Corte Suprema, condenó al ostracismo a más de medio millón de parolees de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Congelados los permisos de trabajo y sin una vía clara a la Green Card (salvo, en parte, para los cubanos), el cálculo era que se hartasen y optaran por el retorno voluntario al caos del que habían huido. «Autodeportación», en la jerga del Departamento de Seguridad Nacional.

Privado de ingresos, Daniel había logrado asimilar el golpe gracias a unos pocos ahorros y la ayuda de una red de apoyo leal. Pertenece una familia unida y numerosa cuyos miembros fueron llegando a Estados Unidos a cuentagotas —cuando y como pudieron—, y que hoy le brindan dinero, comida, muebles y, especialmente, consuelo. Otros no han contado con tanta suerte, los parientes los descuidaron en medio de lo que ya semeja un interminable callejón sin salida legal, financiera y emocional.

Aun así, la incertidumbre termina siempre pasando factura, y desde hacía un tiempo Daniel había iniciado la rutina de caminar una milla diaria para drenar el nerviosismo y la frustración. «Para descomprimir», explica. Esos paseos al sol operan como un reset mental frente a la avalancha de malas noticias, videos de redadas brutales y la confusión generada por cientos de consejos legales contradictorios que saturan las redes sociales. 

Lleva lo que podría describirse como una vida reducida.

Como él, cientos de miles de cubanos que arribaron a Estados Unidos en años recientes viven hoy entre el desasosiego y el pánico. Nunca, en 67 años de exilio, había ocurrido algo semejante. Las víctimas del último capítulo de la Guerra Fría están perdiendo su refugio histórico, amenazadas por la ofensiva antiinmigrante de un presidente a quien muchos en Miami habían reverenciado como mesías del anticomunismo y, en consecuencia, como un aliado natural.  

En retrospectiva, Trump siempre fue un libro abierto para los familiares de esos nuevos inmigrantes. Antes de la elección anunció explícitamente que cancelaría el Parole Humanitario. Prometió deportaciones masivas y en un rally, sin inmutarse, dijo que los inmigrantes eran «veneno para la sangre de la nación». A la hora de escoger entre ideología y familia, la mayoría de los votantes cubanoamericanos optó por la primera.

Hoy, muchos refugiados están pagando un alto precio por esa decisión. Para los cubanos con status migratorio más frágil, el horizonte se presenta cargado de nubarrones. Incluso lo que sería una noticia largamente acariciada, el cambio democrático en la isla, podría terminar convirtiéndose en el más conflictivo de los escenarios: la vía expedita a la repatriación forzosa.

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Daniel no es de los casos desesperados. El procesamiento de la avalancha de cubanos que llegaron por la frontera mexicana derivó en una maraña de categorías y estatus. En el peldaño más frágil figuran quienes recibieron I220B (orden final de deportación), seguidos por entre 400,000 y 500,000 I220A liberados bajo palabra por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), mientras esperan la resolución de sus peticiones de asilo político. Esta fórmula se ha venido aplicando de manera masiva desde enero del 2017, durante el primer mandato de Trump.

A ese cuadro se suma un número no precisado de refugiados que lograron ingresar a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, una admisión discrecional, generalmente bajo «parole», que permite tramitar un caso de asilo o, con suerte, acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

La narrativa más extendida, a menudo asociada a posiciones políticamente interesadas, culpa al expresidente Joe Biden por las trabas a la legalización. Se le acusa de abrir las puertas del país a cientos de miles de refugiados mediante una fórmula (I220A) que no garantiza un camino claro hacia la residencia, como había ocurrido durante décadas precedentes. «Pan para hoy y hambre para mañana», sostienen sus críticos. 

Al excluir el «parole», el registro I220A coloca de facto a su portador en un limbo migratorio. En términos simples: al no ser «inspeccionado y admitido» formalmente en la frontera, la vía a la legalización se convierte en un campo minado de agentes de ICE, aduanas, fuerzas policiales de todos los niveles y un ejército hostil de jueces de inmigración.

Muchos se preguntan por qué la administración anterior no extendió el «parole» a los cubanos de la frontera. Una hipótesis sugiere que, en medio de una crisis humanitaria de magnitudes colosales, semejante precedente habría obligado a la Casa Blanca a otorgar el mismo beneficio a millones de migrantes que huían de regímenes igualmente opresivos —como Venezuela, Nicaragua o China—, así como de estados fallidos a escala global.

Nunca hubo una explicación oficial concluyente. Tampoco se ha aclarado por qué, en ocasiones, dentro de una misma familia, un miembro recibía «parole» mientras otro quedaba bajo I-220A. La apelación a la «discrecionalidad» de los agentes fronterizos resulta, en la práctica, una justificación demasiado laxa frente al riesgo de arbitrariedades.

Las cifras confirman, no obstante, que Biden permitió la entrada al país de más cubanos que todos los presidentes anteriores juntos desde George Washington. Estimaciones sitúan ese número entre 800 mil y 900 mil personas, entre beneficiarios del Parole Humanitario (como Daniel), inmigrantes legales, y quienes cruzaron por los puntos fronterizos en El Paso, McAllen o San Ysidro.

Incluso los admitidos bajo un status legal más precario, los I220A, recibieron permisos de trabajo y comenzaron a rehacer sus vidas. Muchos fundaron negocios, formaron familias, tuvieron hijos y apostaron todo al «sueño americano». La variable «expulsión a Cuba» no figuraba en la ecuación.

Fue Trump —con un récord de 3385 repatriados a Cuba solo en su primer mandato— quien normalizó el miedo, levantó la veda a la persecución de inmigrantes y retomó la devolución sistemática de cubanos. Hasta febrero de 2026, la cifra de refugiados devueltos a la isla supera los mil 600, además de otros 6 mil expulsados a México. No hay registros disponibles sobre cuántos cubanos decidieron marcharse por voluntad propia.

Abogados como Willy Allen confían en que el destino de los I220A se decidirá en las cortes. Sin embargo, aunque se han registrado unas pocas sentencias favorables en tribunales inferiores, cada vez que un juez abre algún resquicio para una solución colectiva, la Administración Trump responde con apelaciones automáticas.

Hace pocas semanas, la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito, en Atlanta, anuló decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración de 2023 y 2025, en las que se había determinado que el formulario I220A no cumple con los requisitos de un «parole» para efectos del ajuste de status. El fallo no elimina precedentes, pero ordena una revisión más exhaustiva de los procesamientos en frontera. 

Otra demanda colectiva en Miami, liderada por el abogado Mark Prada, también persigue que el gobierno reconozca el I220A como válido para avanzar a la residencia. Aún está en fase de certificación, pero incluso si prospera, es casi seguro que la Casa Blanca la recurra.

Simultáneamente, el deterioro de la situación en Cuba podría incidir también en la suerte de quienes permanecen en esta zona gris. Para aquellos que vendieron hasta la cama para escapar, la posibilidad de que una transición democrática en la isla termine convirtiéndose, paradójicamente, en el argumento perfecto de Washington para justificar deportaciones masivas, agrega una capa adicional de angustia. 

«En las calles de Miami ahora mismo hay ‘I220As’ agitando banderas por una Cuba libre, pero de noche encienden velas para que esa libertad tarde lo suficiente hasta que Donald Trump se largue, o pierda el control del Congreso en noviembre», comenta un politico cubanoamericano que lleva décadas siguiendo la situación en la isla.

Para ese ecosistema cada vez más polarizado que hoy constituye el exilio cubano, la suerte de los I220A y de otros nuevos migrantes en situación de riesgo se ha convertido en un asunto radiactivo.

«Missing in action» es la expresión que mejor describe la actuación de algunos congresistas republicanos del sur de Florida. Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez han optado por la estrategia del avestruz, evitando cualquier posicionamiento en favor de los I220A para no incomodar al Presidente y, en particular, a los sectores más antiinmigrantes de Maga.

En contraste, la representante María Elvira Salazar ha defendido públicamente —en español— una senda a la legalización definitiva del grupo. Sin embargo, en un mensaje en inglés en la plataforma X en julio pasado, confirmó al difunto activista ultraconservador Charlie Kirk su respaldo a las deportaciones, tanto de criminales como de «todos aquellos que llegaron bajo Biden».

La Habana, por su parte, mantiene calibrada prudencia, limitándose a aceptar los vuelos pactados de deportación y, ocasionalmente, alguno adicional. Calcula que esa masa de migrantes constituye una valiosa ficha de negociación frente a una administración ávida de deportaciones a lo que considera los shitholes del planeta.

Una de las escasas voces disonantes ha sido la del opositor socialdemócrata Manuel Cuesta Morúa, quien lleva más de tres décadas plantando cara al régimen en las calles de La Habana. En un artículo reciente en El País, pidió a Trump evitar la repatriación de la nueva oleada de refugiados, argumentado que se trata de una comunidad mayoritariamente joven, educada y laboriosa, que puede aportar a los mejores intereses de ambas naciones.

«Están deseosos de contribuir a Estados Unidos», escribió Cuesta Morúa. «Forzar su retorno en las actuales condiciones de Cuba no solo sería inviable, sino profundamente injusto… Muchos de ellos, con el tiempo, serán también actores clave en la reconstrucción del país, un motor para el futuro de Cuba».

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El día en que Daniel recorría su milla rutinaria en Coral Way —antes de toparse con el policía—, tampoco tenía en mente a los I220A. En teoría, se sabe protegido: fue procesado en un aeropuerto bajo el Parole Humanitario, cuenta con licencia de conducción renovable cada 12 meses y dispone, además, de documentos que acreditan su procesamiento para el Ajuste Cubano por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. Tiene una vivienda bastante cómoda y ahorros para resistir durante un tiempo. A diferencia de millones de migrantes, no tendría por qué temer.

Pero tiene miedo… además de ansiedad, frustración y días, muy largos, en los que se siente abatido.

Vive con temor constante a las redadas, a Alligator Alcatraz, a que un mal día lo levanten en plena calle y, «mientras averiguan», lo lancen a una jaula. Hay gente que ha muerto así en las cárceles de inmigración. Una madrugada despertó sobresaltado por la pesadilla de que había sido devuelto a Cuba y no encontraba agua para beber. «Estaba empapado de sudor, qué locura», dice.

Hace medio año decidió reducir al mínimo su exposición pública. Ahora maneja solo lo imprescindible y evita los mercados y centros comerciales. Ya no asiste a fiestas familiares, salvo cuando lo llevan y lo regresan a su casa. Carga gasolina los domingos por la tarde, cuando las calles de Miami están casi vacías. Como mucho, se permite apenas esa milla diaria de lunes a viernes por el interior del vecindario, cuando la mayoría trabaja y no hay un alma a la vista.

Le tiene pavor a los troopers. Sabe que hacen el trabajo sucio de ICE, por lo que cualquier encuentro fortuito pudiera terminar en cárcel y deportación. Incluso víctimas de choques han sido entregadas por la policía a los agentes de Inmigración.

Y allí estaba un mediodía sofocante de marzo, en aquella intersección solitaria, envuelto justamente en la escena que llevaba meses tratando de evitar: el sedán interceptor del Highway Patrol. Apenas a tres metros de distancia, Daniel y el conductor cruzaron la mirada por un instante.

—Se acabó esta mierda —murmuró.

Dentro del auto, el agente tomó de inmediato la iniciativa. Levantando la mano derecha, le hizo una breve ademán: adelante, continúe usted, cruce primero.

Daniel asintió en señal de agradecimiento. Aceleró el paso sin mirar atrás.