Al adolescente cubano Jonathan Muir Burgos y a su familia les cambió la vida desde hace casi un mes. Jonathan sido imputado por el delito de sabotaje tras participar en las protestas que estallaron el 13 de marzo en el municipio avileño de Morón como consecuencia de un apagón prolongado. A sus 16 años, podría pasar siete en la larga noche de una prisión.
La abogada Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex, que ha atendido en todos estos años decenas de casos de presos políticos en la isla, explicó a El Estornudo que en el de Jonathan, menor de edad, están presenciando «un deterioro de las garantías del debido proceso en un contexto donde el incremento de protestas puede traer consigo la participación y detención de menores».
La Fiscalía del municipio de Morón impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Se trata de la acción más severa de las previstas por la Ley del Proceso Penal. Igualmente, trascendió que el adolescente fue traslado a la cárcel de Canaleta, la misma que en febrero fue sede de un violento motín que dejó el saldo de varios reclusos muertos y heridos.
Diversent sostiene que «la prisión provisional debería ser el último recurso en el caso de los menores. Deberían escoger medidas no privativas de la libertad como la fianza o reclusión domiciliaria. Sin embargo, en el caso de Jonathan, la Fiscalía, que es la que supuestamente debe proteger a los menores, ha escogido ir en contra de lo que dice la Ley».
El 25 de marzo la familia de Jonatan presentó un habeas corpus que fue rechazado por el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila. En declaraciones anteriores, el padre del menor, el pastor Elier Muir, dijo que se ha utilizado el arresto como castigo por las opiniones políticas de su hijo.
La abogada recalca que se «vuelven a plantear las mismas preocupaciones que tuvo el Comité para los Derechos del Niño en el 2022 sobre la participación de los menores de edad en protestas, en la que el Estado no garantiza los derechos de los menores».
