A finales de noviembre de 2025, Yan Carlos entendió inminente su regreso a los Estados Unidos. De la gélida Varsovia a California. Pasaje exprés. No era una decisión propia, pero debía hacerlo. Es periodista cubano y cursa el máster de Asuntos europeos, del prestigioso College of Europe, tras ser beneficiado con una beca completa.
Desde junio de 2024 reside en Portland, Oregón, pero, a pesar de su estatus de residente permanente en los Estados Unidos, al permanecer en el exterior de forma prolongada por razones académicas, corre riesgos, debido a la política migratoria que ha impulsado el actual mandatario, Donald Trump.
Había iniciado el trámite del re-entry permit (permiso de reingreso) ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) cuando, el pasado 2 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió el memorándum en el que se ordenaba la suspensión inmediata de todos los procesos de asilo, residencia permanente, permisos de viaje y naturalización, presentados por ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba.
El ejecutivo argumenta que la paralización responde a preocupaciones de seguridad pública, tras el ataque a dos miembros de la Guardia Nacional, en Washington D. C., el 26 de noviembre, atribuible, según las autoridades, a un ciudadano afgano que había llegado al país bajo un estatus migratorio protegido. Se trató de un pretexto oportuno para acrecentar la política antinmigrante, al manifestar necesaria la revisión exhaustiva de antecedentes de los solicitantes, la reevaluación de casos y el reforzamiento de controles migratorios.
Estas medidas, según información de The New York Times, afectan directamente a cerca de 1,5 millones de migrantes con casos de asilo pendientes, a los más de 50 000 que lo obtuvieron y a millones que, por otras vías, desde el 20 de enero de 2021 —fecha de inicio del mandato de Joe Biden—, buscan construir su proyecto de vida en los Estados Unidos. Entre ellos los casi 550 mil cubanos que se encuentran en riesgo de deportación.
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Magdiel es un joven médico cubano que, en 2022, en el segundo año de la especialización en ortopedia, abandonó la isla para iniciar la ruta migratoria que, desde Nicaragua, lo conduciría a la frontera sur estadounidense. En Arizona, fue liberado bajo palabra (I-220 A), lo que le permitió radicarse en Houston. Desde entonces, trabaja en una clínica pediátrica. No ha tenido problemas con la justicia, pero, aunque intenta disimularlo, teme.
Después de tres años sin novedades, a las pocas horas de la emisión del memorándum, su caso de Solicitud de asilo y suspensión de deportación sería cerrado. Recibiría entonces la notificación de fecha de corte. En marzo de 2026, en el segundo Estado con mayor población latina, un juez de apellido hispano, decidirá su permanencia o la expulsión del territorio nacional, quién sabe si a algún país de Latinoamérica en el que nunca ha estado.
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Marta, cubana de 22 años, vive en Nebraska, a donde llegó en septiembre de 2023, tras haber abandonado la carrera de periodismo en Cuba. La actual política migratoria la ha alejado de sus estudios universitarios en Administración de empresas, en los Estados Unidos, pero no es ese el más inquietante de sus problemas.
«Yo estaba en un limbo migratorio desde que, en junio, me quitaron el parole. No tengo residencia, no tengo permiso de trabajo. Había iniciado el trámite de la residencia, apliqué en febrero; al permiso de trabajo, en abril. Llevo seis meses sin trabajar. Contaba con ese permiso de trabajo para poder regularizarme, para mantenerme económicamente y pagar la universidad. En la actualidad no tengo ninguna entrada de dinero, estoy sin posibilidades de regularización. ¿Qué voy a hacer? ¡Este país me está cerrando todas las puertas!»
«No tengo ningún plan alternativo. El asilo también está detenido, no lo están procesando. Por supuesto, pretendo quedarme, ver cómo evoluciona el proceso porque regresar a Cuba no es una opción. De hecho, salir del país no es viable. Necesitas un permiso y realmente no lo quiero. Entregarme tampoco es una opción; se han visto casos horrorosos en los centros de detención. Pero el impacto económico es grandísimo. Meses sin trabajar, las deudas van creciendo, y uno sin posibilidad de poder saldarlas», dice Marta, afligida.
No existen indicios de cambio o, al menos, de cierta flexibilización de la política migratoria. Todo lo contrario. El pasado viernes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación del programa parole de reunificación familiar para ciudadanos de siete países de América Latina y el Caribe: Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.
La administración fijó el 14 de enero de 2026 como fecha final de autorización para permanecer en Estados Unidos. Habrá dos excepciones: quienes presentaron la solicitud de ajuste de estatus —Formulario I-485— antes del 15 de diciembre y tengan el trámite pendiente, y los casos individuales que sean monitoreados directamente por Kristi Noem, la secretaría trumpista de Seguridad Nacional, quien determinará la persistencia de la libertad condicional.
Quienes no formen parte de estas categorías, deberán abandonar el país antes de la fecha de terminación de su libertad condicional. DHS notificará a los afectados, a través de sus agencias, la revocación del parole y el permiso de trabajo.
«Hasta ahora no me han notificado en mi cuenta de USCIS. Sigue diciendo que están tramitando mis aplicaciones, pero no me han informado nada. Miedo a la deportación tengo desde que Trump entró a la presidencia, pero ahora se vuelve más latente porque por lo menos antes tenía el recibo de la residencia. Estoy esperando a que me la aprueben, pero todos los procesos están detenidos», señala Marta.
A pesar de la residencia permanente, Yan se inquieta por las consecuencias del congelamiento y porque los estudios fuera del país pongan en riesgo su estatus migratorio; una inseguridad jurídica provocada por decisiones administrativas discrecionales que pueden afectar derechos previamente adquiridos.
«Esto impacta mi estabilidad emocional, la planificación académica y proyección profesional, además de generar ansiedad constante por posibles problemas al reingresar a Estados Unidos. Por esa razón decidí seguir mi curso de manera híbrida y no full time en el campus. Por ahora me mantengo a la espera de la evolución, con asesoría legal. Eso sí, genera una inseguridad profundamente desgastante. Es una política discriminatoria, particularmente hacia personas de ciertos países de origen, que erosiona la confianza en el sistema y limita las expectativas de futuro», dice.
Cada medida adoptada por la administración Trump acrecienta las cifras de personas expuestas a la apertura de un proceso de deportación. Las redadas y operativos de ICE generan pavor en la inmigración hispana, y las acciones no se limitan a personas con historial criminal, pues afectan directamente a todo el que carezca de cierto estatus regular.
Según datos oficiales recopilados y publicados en informes de detención de ICE, hasta noviembre de 2025, hay más de 66 000 inmigrantes detenidos en centros de reclusión, incluyendo un alto porcentaje sin antecedentes criminales.
Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado las constantes violaciones de derechos humanos en las redadas arbitrarias del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las condiciones infrahumanas en centros de detención y las agresiones bajo custodia federal.
Como otros cientos de miles de cubanos, Yan, Magdiel y Marta permanecen expectantes ante la incertidumbre legal: entre una dictadura que los obligó a partir y el racismo institucionalizado que insiste en devolverlos. Día tras día, rehenes de las dos caras del extremismo.
