Es 3 de enero de 2026 cuando, poco antes de las dos de la mañana, un fuerte estruendo estremece el suelo del apartamento de Jhonattan. Las paredes replican la onda expansiva mientras aquel hombre somnoliento alerta a su mujer sobre lo que, en primera instancia, creía un terremoto. Un segundo impacto le hizo percatarse de que se trataba de algo más. Diferente. Luego, un tercero. Y mucho ruido. Rotores de helicópteros. Turbinas de aviones. Disparos. Olor a pólvora. Y luces brillantes que a la distancia advertían que, desde aquella edificación ubicada en La Tahona, a pocos kilómetros del complejo militar Fuerte Tiuna, Jhonattan sería testigo de un hecho histórico para Venezuela: una de las pocas acciones militares que, en casi 27 años ininterrumpidos del régimen chavista, pondría en riesgo su continuidad.

Minutos antes, desde Mar-a-Lago, una mansión de 114 habitaciones en Palm Beach, Florida, Donald Trump decidía, a través de una pantalla, el destino inmediato de Venezuela y, en parte, del nuevo enfoque de la política exterior estadounidense hacia América Latina. Justo a las 10:46 —hora de Washington—, el Departamento de Defensa recibió la orden de comenzar la fase final de la operación «Resolución Absoluta», con un despliegue militar a gran escala que, en menos de tres horas, conduciría a la detención del dictador venezolano, Nicolás Maduro, por una unidad de la Delta Force.

Cerca de 150 aeronaves y cientos de militares de diversas ramas participaron en uno de los operativos más grandes que ha visto la región y que, teóricamente, pondría fin a meses de acciones militares en el Mar Caribe, dirigidas, según la Casa Blanca, a eliminar redes de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Se daba luz verde a una operación de la que solo con el tiempo se sabrá su utilidad para una eventual transición democrática en Venezuela, o si se convertirá apenas en la burda mutación de la autocracia chavista a un modelo igual de represivo pero servil a los intereses de Washington. 

El narcotráfico sería usado, una vez más, como razón instrumental para validar una intervención militar, tal como sucedió en 1989 con el tirano panameño Manuel Noriega. Narrativa cuestionable y cínica justo cuando, hace poco más de un mes, la administración Trump indultara a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras que cumplía condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por ese mimo delito. Pero, más allá de la pertinencia de las justificaciones, los resultados no solo devendrían en un terremoto político en Caracas. 

Horas después, el 4 de enero, el régimen castrista comunicaría el deceso de 32 militares cubanos en el ataque, lo que reavivaría el debate sobre algo que, a pesar de la negativa reincidente por parte del oficialismo y de su aparato propagandístico, resultaba un secreto a voces: la intervención cubana en Venezuela para mantener en el poder al chavismo, su principal financista.

Exportar la revolución

En el contexto de la Guerra Fría, la relación de dependencia económica de Cuba con la Unión Soviética, las necesidades de alianzas internacionales con potenciales socios estratégicos o la obtención de capital político para la legitimación del régimen en organismos internacionales, fomentó una política exterior agresiva que, bajo el argumentario de la descolonización y la liberación de los pueblos, intentaría blanquear su injerencismo.

Ya sea mediante intervenciones directas o por la formación de grupos guerrilleros, se desestabilizarían regímenes contrarios a la órbita de Moscú o se intentaría sostener gobiernos aliados. Figuras como el Che Guevara o Manuel Piñeiro, el comandante «Barbarroja», resultarían claves en la creación de focos guerrilleros, en África y América Latina, en la década de los sesenta del siglo pasado. 

Una estrategia multifacética que se extendía desde el envío de armamento procedente de la URSS, trabajos de inteligencia, intervención de tropas nacionales en el terreno de operaciones a formaciones en Cuba de actores políticos claves. 

En tal sentido, la creación por Fidel Castro, en 1960, de la Escuela Nacional de Instrucción Revolucionaria «Ñico López», hoy nombrada Universidad del Partido Comunista de Cuba, ha propiciado la creación de grupos de influencia afines al régimen y de alianzas geopolíticas, tras la formación de sindicalistas y militantes de izquierda de todo el mundo, incluida buena parte del liderazgo político latinoamericano, entre ellos el ex mandatario Nicolás Maduro.

Décadas antes de la llegada al poder del chavismo, entre 1962 y 1967, Venezuela sería uno de los primeros países en los que La Habana fomentó un cambio de régimen mediante la vía armada, al respaldar a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), grupo marxista que enfrentó a las administraciones de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, electas mediante el voto popular tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El frustrado desembarco en Machurucuto, en 1967, en el que un grupo de cuatro cubanos y nueve venezolanos intentó establecer un foco guerrillero en la región, constituye un ejemplo representativo de esta política.

Entre 1966 y 1967, Cuba envió a Bolivia asesores y combatientes, entre ellos Ernesto Guevara, para formar una guerrilla destinada a instaurar un régimen socialista tras el derrocamiento del gobierno militar liderado por el general René Barrientos. La operación terminó con la captura y ejecución del Che, en octubre de 1967, en el departamento de Santa Cruz. 

Colombia ha sido otro de los países latinoamericanos marcados por la influencia cubana. Entre las décadas de los setenta a los noventa, guerrilleros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del M-19, viajaban frecuentemente a Cuba para su instrucción en tácticas de guerrilla rural, explosivos y armas ligeras o instructores cubanos visitaban al país sudamericano para entrenar en campamentos clandestinos. 

Una muestra de la relación directa entre las guerrillas y el régimen de La Habana ha sido el otorgamiento de asilo político a excombatientes acusados de terrorismo, como los protagonistas del secuestro de rehenes en la embajada dominicana de Bogotá, en 1980, o de otros que han protagonizado secuestros aéreos.  

En la Centroamérica de los años sesenta y setenta, diversos grupos insurgentes de izquierda recibieron entrenamiento y apoyo logístico por parte de Cuba. En Guatemala, las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13); en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tanto antes como después de la Revolución. 

El soporte al sandinismo se mantuvo tanto antes de 1979, mediante entrenamiento y asesoría guerrillera contra la dictadura de Somoza, como después del triunfo, en forma de cooperación estatal estrecha en los ámbitos militar, político y de seguridad, destacando la coordinación estratégica durante la guerra con la «Contra», financiada por Estados Unidos en los ochenta. 

Tras la llegada al poder, en 2007, del FSLN de Daniel Ortega, y la instauración de un régimen totalitario, Nicaragua se ha convertido en uno de los principales socios estratégicos de La Habana no solo por la proximidad ideológica sino, además, en términos de transferencia de información y coordinación represiva entre sus aparatos de seguridad.

La influencia cubana no se limita a la región. En el continente africano, hasta los años noventa, se enviaron asesores militares para brindar apoyo a movimientos panafricanos en las luchas anticoloniales, a gobiernos de izquierda inmersos en guerras civiles y conflictos regionales. Etiopía, República del Congo, Mozambique, Guinea-Bissau y, sobre todo, Angola, donde tras el pedido de ayuda por parte de Agustino Neto, durante dieciséis años —desde 1975 hasta 1991—, cerca de 400 mil cubanos, tanto soldados como trabajadores civiles que, en muchos casos, se vieron obligados a usar las armas, fueron enviados a la Misión Militar Cubana. 

Según cifras oficiales, en Angola perdieron la vida dos mil 085 militares y 204 personas que realizaban tareas de carácter civil. En Etiopía serían 160. En Siria, durante la Guerra del Yom Kippur, 180. En otros países africanos, 113. Otros 24 cubanos murieron, en 1983, durante la invasión estadounidense a Granada. Decenas perdieron la vida en guerrillas de toda Latinoamérica. Miles regresaron a la isla incapacitados. 

El triunfalismo en la derrota

Históricamente, la propaganda del régimen cubano ha tenido la capacidad de convertir cada derrota en triunfo. De construir una narrativa populista alrededor del patriotismo desmedido y la exaltación del pasado, desde la negación más cínica de la realidad objetiva. Solo promesas y conjeturas y eufemismos. 

Tras el anuncio del deceso de los 32 cubanos en Venezuela, en los medios de comunicación del oficialismo, en las cuentas de sus propagandistas y en perfiles anónimos de la Seguridad al Estado, no ha habido pronunciamiento sobre la negativa histórica, por parte del régimen, de la presencia de personal militar en ese país. De la gran mentira vendida al pueblo. Solo necropolítica. Desde el honor del deber cumplido a la gloria de una muerte, en tierra ajena, defendiendo a la humanidad. El costo asumible para la supervivencia. Muertos, eso sí, de otros. No los suyos. Nunca son los hijos del Poder. 

¿Cuál es el heroísmo en la defensa de un tirano? Ya sea por decisión personal o en el cumplimiento de órdenes, son oficiales a los que el régimen usó únicamente para proteger a su principal sustento, pero no están eximidos de responsabilidades. 

«Desde la época del Comandante Chávez, se modificaron las estructuras policiales, de inteligencia y contrainteligencia; incluido un grupo de asesores que recibían información, la procesaban y entregaban, a mandos venezolanos, en reuniones diarias de actualización sobre el escenario operativo», afirmó recientemente, en redes sociales, el director de Comunicación de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), José Manuel Valido.

La reestructuración del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ha sido conducida y monitoreada por militares cubanos. Un organismo represivo que organizaciones internacionales de derechos humanos, misiones de la ONU, ONG y activistas han denunciado por perpetrar crímenes de lesa humanidad, incluida la tortura y el asesinato de opositores. 

En la seguridad personal o en la contrainteligencia militar, en la residencia de Maduro o en una sala de interrogatorios en el Helicoide —el mayor centro de tortura del chavismo—, se asigna a los militares más confiables, algunos de ellos miembros de la Seguridad del Estado. Poco o nada sucede en Caracas sin el conocimiento de La Habana. 

Geopolítica de la complicidad 

A Maduro había que sacarlo del poder, así como a cualquier dictador. Ojalá hubiese sido el pueblo, pero no fue así. Entre señalamientos a la injerencia estadounidense, uno se pregunta por qué, en todos estos años de dictadura, muy poco ha hecho la izquierda por los venezolanos. Por qué les ha fallado una y otra vez a las masas populares que tanto afirma defender.

En organismos regionales, el teórico bloque progresista se enroscaba en sus trincheras ideológicas. Toda deriva autoritaria era tolerada —o justificada— en nombre de la integración latinoamericana ante la política exterior de los Estados Unidos. Indistintamente, un posicionamiento común tanto en líderes de izquierda electos democráticamente como en autócratas perpetuados en el poder. Daniel Ortega, de Hugo Chávez a Maduro, de los hermanos Castro a Díaz-Canel, todos han gozado ese silencio cómodo que, solo unas pocas veces, algún que otro político de izquierda, como Gabriel Boric, se ha atrevido a perturbar. 

Cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos era deslegitimada bajo el argumento de su instrumentalización por las derechas. No hubo intento de ruptura con regímenes opresores de la clase trabajadora. No hubo presiones diplomáticas. No se cortaron acuerdos comerciales. Nunca primó el sentido común. Y con ello, una suerte de legitimación simbólica. El blanqueamiento en nombre de la realpolitik. Siempre por delante los intereses estratégicos, luego las ideologías y, por último, el pueblo. 

Lo que en los últimos días ha pasado en Venezuela es, en gran medida, su responsabilidad. También de buena parte del progresismo europeo que, desde la distancia, cegado por el privilegio, con ínfulas de una inexistente superioridad moral, ha apoyado de forma acrítica a dictaduras solo por la autosatisfacción que les genera ese populismo patriotero y la verborrea anti injerencista al servicio del tirano. La movilización de las masas desfavorecidas como llave al poder. 

Abanderados de toda causa política contraria a un único imperio. Gente que limita el debate al interés de los Estados Unidos en los recursos minerales mientras un régimen ilegítimo, para subsistir, premia el extractivismo de China y de una Rusia de la que ciertos sectores nostálgicos replican aún su narrativa eufemística de Operación Militar Especial en Ucrania, para no llamar invasión imperialista a la última jugada expansionista del nuevo zar ruso. El amigo de Trump. 

Anticolonialistas que reproducen lógicas coloniales. Empeñados en dar clases de derecho internacional al que la dictadura ha privado de derechos. En otros casos, apelan al sacrificio del pueblo venezolano, a la inmolación colectiva, cuando, durante años, la oposición apostó por la disputa del poder desde las instituciones y el espacio público, siempre con un mismo resultado: represión sistemática y una progresiva degradación del Estado de derecho por parte de un aparato chavista enemigo, incluso, de partidos de izquierda crítica que hoy, entre reclamos, invisibilizan. 

A Venezuela se le ha pedido calle y la ha ocupado; a Venezuela se le ha pedido sangre y la ha dado; a Venezuela se le ha pedido urnas y ha votado y ha ganado y, a pesar de la opacidad, la oposición ha demostrado el fraude. Todos le piden a Venezuela cuando nadie ha estado para Venezuela. No como deberían.

En redes, hay quien parece haber recordado, en 2026, que existía un país en crisis y su diáspora dispersa por el mundo. Sin haber llevado la iniciativa, señalan hoy al que, asqueado por tanta miseria, ve a la intervención imperialista como el mal menor. Gente tan desesperada que prefiere al invasor que al tirano. Tras casi nueve millones de exiliados, ¿cómo se puede pedirle a un venezolano, que a diario sufre por la dictadura, que, en nombre de la no injerencia y la seguridad regional, no festeje la captura de Maduro?

Enero avanza y, en Caracas, la vida parece volver a la normalidad. La gente hace colas y no consigue comida y los salarios no le alcanzan y la violencia se mantiene y, como antes, se vive con miedo a opinar.  Ya no está Maduro, sí los Rodríguez, Padrino y Cabello en el poder. ¿Cambiar para que todo siga igual? Nadie lo sabe con certeza. 

Venezuela no piensa en otra cosa que en la incertidumbre de su futuro más próximo. Muchos se ilusionan con la reciente liberación de presos políticos. Otros se desmotivan por el constante ninguneo de un excéntrico Trump a una oposición que se sabe ganadora de los últimos comicios, pero sin poder real; o por su teórica apuesta por el mantenimiento —quién sabe si temporal o no— de un régimen que, a lo interno, vende la imagen de resistencia mientras, por el temor a un nuevo ataque, se doblega ante toda exigencia de Washington. 

«No war, yes peace», coreaba un Maduro del que solo se extrañará, quizá, su infantil capacidad de convertirse en una parodia de sí mismo. Esa imagen del dictador bufón e ignorante replicada a diario en redes. De su sustituta, una Delcy Rodríguez atada de manos, se presupone la caída definitiva del flujo de petróleo hacia La Habana. Mientras tanto, Díaz-Canel busca al próximo aliado que lo salve. Que, ante la improductividad de un país colapsado, lo mantenga en el poder a cualquier coste. Aunque toque, una vez más, vender como solidaridad esa «muerte gloriosa» ajena.