En diciembre de 1956, un grupo de hombres desembarcó en Cuba tras llegar por mar desde México. Venían armados. El gobierno de entonces los llamó bandidos. La historia oficial posterior los convirtió en héroes. Casi siete décadas después, otra embarcación procedente de Estados Unidos fue interceptada en aguas cubanas y el relato vuelve a repetirse, pero con otros protagonistas y otras etiquetas: esta vez, los muertos y detenidos son descritos como «terroristas» e integrantes de una «infiltración armada».
El 25 de febrero de 2026, tropas guardafronteras dispararon contra una embarcación con matrícula de Florida (FL7726SH) que, según el Ministerio del Interior (Minint), se aproximó a una milla náutica del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, Villa Clara.
Cuatro personas murieron y siete resultaron heridas; de los lesionados, solo uno pertenece a las fuerzas cubanas, mientras el resto son civiles residentes en Estados Unidos. La versión oficial sostiene que desde la «lancha» se abrió fuego primero y que fueron ocupados fusiles de asalto, armas cortas y artefactos explosivos. Sin embargo, varios elementos del relato generan interrogantes —por ejemplo, uno de los nombres divulgados no corresponde a un detenido en Cuba, sino a alguien que se encuentra en Estados Unidos—, lo que abre dudas sobre la narrativa de los hechos y quiénes son realmente los implicados.
Desde Washington, la reacción inicial fue de cautela. El secretario de Estado, el cubanoamericano, Marco Rubio, anunció una verificación independiente de la versión cubana, y solicitó acceso consular a los residentes bajo custodia en la isla. Casi de forma paralela, su equipo de asesores sostenía contactos discretos con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», nieto y guardaespaldas de Raúl Castro, durante la cumbre de CARICOM en San Cristóbal y Nieves.
Aunque Rubio evitó confirmar detalles, reconoció que Cuba «necesita cambiar», pero no «de la noche a la mañana», y defendió una estrategia que combinaría presión con incentivos económicos al sector privado, incluyendo nuevas autorizaciones para exportación de combustible. Según ha trascendido, fuentes diplomáticas sugieren que se exploran flexibilizaciones graduales de sanciones a cambio de reformas «mes a mes».
Mientras esos intercambios se movían por debajo del radar, en el mar el saldo de este miércoles era este: cuatro cubanos muertos a tiros y siete heridos, sin que hasta ahora exista una reconstrucción verificable de lo ocurrido. De un lado, contactos con alguien, sin cargos públicos oficiales, pero perteneciente a la casta política en el poder y responsable de la crisis profunda que atraviesa la isla; del otro, hombres que habrían salido del sur de Florida —epicentro del exilio— y terminaron abatidos en aguas cubanas.
Entre la diplomacia y la pólvora, el Estado cubano mantiene el control de la narrativa y el país sigue bajo las mismas lógicas de opacidad y represión. En ese cruce de historias tratamos de reunir lo que se sabe sobre quiénes eran realmente los hombres de la «lancha» interceptada.
Michel Ortega Casanova: del parte oficial al duelo en Tampa
Entre los cuatro hombres que murieron tras la intercepción, el Ministerio del Interior informó que solo uno había sido identificado oficialmente: Michel Ortega Casanova. Su nombre fue el primero en salir del parte estatal; su historia, en cambio, comenzó a reconstruirse desde el exilio. Dejó atrás esposa, y una hija embarazada.
Según Misael Ortega Casanova, su hermano Michel tenía 54 años, era ciudadano estadounidense y llevaba más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, donde trabajaba como conductor de camiones. Es natural de Morón, en Ciego de Ávila. (Este jueves, el medio norteamericano Axios reportó que al menos una persona con ese status se encontraba entre los tripulantes interceptados en aguas cubanas).
Pertenecía al Partido Republicano de Cuba (PRC) en el exilio, aunque la organización se desmarcó de cualquier acción armada. En un comunicado firmado por su presidente, Ibrahim Bosch, precisó: «El PRC no orienta acciones armadas, ni ejerce control sobre las decisiones o acciones individuales que puedan asumir sus miembros o seguidores a título personal».
Desde Tampa, el vicepresidente de Casa Cuba, René Montes de Oca, lo describió como «hermano de ideas y amigo», y aseguró que participaba activamente en actividades patrióticas. «Hoy el exilio se viste de luto y Cuba se viste de gloria», escribió.
Su familia, sin embargo, rechaza que hubiera viajado con fines violentos. «La intención de ir a Cuba, si acaso, era para ayudar, para llevar medicamentos, ambulancias, ese tipo de cosas. Pero llevar armas… eso está mal contado ahí», declaró su hermano a Martí Noticias. Hasta ahora, añade, no han recibido una explicación oficial sobre lo ocurrido. «Son demasiadas preguntas sin respuesta».
El periodista Javier Díaz también reportaba en redes sociales que Ledian Padrón Guevara, de 25 años y originario de Camagüey, sería otro de los presuntos implicados. Según testimonios de la familia del joven, citados por Díaz, «podría estar dentro de los fallecidos porque no aparece como sobreviviente».
«El joven vivía en Houston y se había mudado a Miami donde comenzaría entrenamientos para realizar una posible acción militar en contra del régimen cubano», detalló el reportero de Univisión. Más allá de ese contexto, no hay otras informaciones oficiales o verificadas.
En una actualización emitida en la tarde de este jueves 26 de febrero, la Cancillería cubana confirmó la muerte de Padrón Guevara, y fueron identificados además los otros fallecidos: Pavel Alling Peña y Héctor Duani Cruz Correa.
Roberto Azcorra: el supuesto detenido en Cuba que habla desde EE.UU.
Las autoridades cubanas reportaron que, «de acuerdo con los interrogatorios preliminares», se identificaron a seis personas que permanecen detenidos en la isla.
Uno de los nombres incluidos en el listado oficial es Roberto Azcorra Consuegra, residente en Estados Unidos desde 2017, tras una travesía que incluyó Bahamas y un período de detención en ese país. Sin embargo, el joven en estos momentos no está en Cuba, ni mucho menos herido, según ha denunciado en las últimas horas.
«Es algo muy extraño, porque si ponen mi nombre es porque tienen mis huellas y documentos. Pero es algo muy extraño lo que ha pasado», declaró a elTOQUE en una videollamada desde Miami en la que mostró documentos que confirman su identidad.
Sobre quienes estarían relacionados con los hechos, opinó: «Terroristas no son. La dictadura entró en Cuba así mismo. Cada cual lucha a su manera. Para mí son unos cubanos que se cansaron y decidieron [actuar]. Los que fallecieron son unos héroes y los que están presos son presos políticos. Mi admiración cien por ciento con ellos».
En el más reciente informe oficial, el nombre de Roberto Azcorra Consuegra fue eliminado, se reconoce el «error» previo, y se justifica por una mala «apreciación en la identificación».
Hasta el momento, el gobierno de La Habana presenta como «involucrados en el hecho a: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijaíl Sánchez González, Roberto Álvarez Avila y Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa —los últimos cuatro, fallecidos.
Señalados antes de zarpar: Amijail Sánchez y Leordan Enrique Cruz
Otros de los supuestos detenidos serían Amijail Sánchez González (47 años) y Leordan Enrique Cruz Gómez (48 años), ambos incluidos previamente por el Gobierno cubano en su llamada «Lista Nacional de Terroristas», donde figuran 61 personas y 19 organizaciones.
Sánchez, natural de Camagüey y conocido en redes sociales como El Lobo, se presenta como integrante de Autodefensa del Pueblo (ADP), grupo al que La Habana cataloga como «terrorista». Sobre esa organización apenas existe información pública verificable: no cuenta con sitio web ni perfiles institucionales activos; las únicas referencias proceden de publicaciones del propio Sánchez y de personas de su entorno.
El 11 de febrero, a las 9:13 a.m., Sánchez publicó en Facebook un video dirigido a personas entre los exiliados cubanos «que quieren la libertad de Cuba». En la transmisión dijo: «Vamos a pelear por Cuba, no esperes que nadie te libere. Mi vida me la devolvieron en este país, pero quiero morir como mueren los hombres reales». Más adelante añadió: «Todos los hombres que estén disponibles para morir, quiero saber qué van a hacer si hombres con cojones se deciden a hacer lo que hay que hacer». En ese mismo video cuestionó además la supuesta capacidad del régimen para infiltrar el exilio con el fin de identificar a quienes estarían dispuestos a «pelear contra [el gobierno de] Cuba», unas palabras que hoy también hacen parte del debate sobre una posible filtración previa a la llegada de la embarcación y la rápida respuesta de los guardafronteras, que dejó a todos sus ocupantes muertos o heridos.
Días antes, Sánchez también había compartido en sus redes un documento titulado «Comunicado Urgente al Pueblo de Cuba», suscrito por varias organizaciones —entre ellas Autodefensa del Pueblo (ADP)—, en el que se hacía un «llamado urgente a la protección y a la acción», se exhortaba a los jóvenes a no incorporarse al Servicio Militar para no ser «utilizados como herramientas de represión», y se convocaba a sumarse a la «batalla definitiva contra la dictadura». El texto advertía además que quienes sostuvieran al régimen en sus «crímenes» deberían «asumir las consecuencias de sus actos ante la justicia y la historia», y cerraba con una declaración tajante: «no hay espacio para la negociación», puesto que el objetivo era una «Cuba libre, justa y soberana».
Leordan Enrique Cruz Gómez, natural de Cienfuegos, fue incluido en la versión de la Lista de Terroristas de Cuba 2025, acusado «de actividades de sabotaje en la provincia de Villa Clara». Sobre él no ha trascendido otra información adicional.
Conrado Galindo Sariol, expreso político
Este es otro de los nombres que aparecen en la relación oficial de detenidos tras la intercepción de la «lancha» procedente de Estados Unidos. El expresionero político cubano (Florida, Camagüey) tiene su residencia actual en la Florida. En una entrevista del pasado año con Martí Noticias, reivindicaba —especialmente en la parte oriental del país— «la lucha para derribar a régimen cubano» y, desde luego, «para lograr la libertad que se necesita».
En un reporte de 2010 de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación, se indica que Galindo Sariol forma parte de un grupo de disidentes que en agosto de ese año estaban reunidos en una vivienda cuando recibieron un fuerte acto de repudio. La puerta de la residencia fue derribada y ellos, detenidos.
De acuerdo con el Minint, otros de los implicados en los hechos son José Manuel Rodríguez Castelló y Cristian Ernesto Acosta Guevara, quienes fueron identificados junto con otros seis hombres que viajaban en la embarcación interceptada.
Más allá de las declaraciones oficiales que los incluyen entre los sobrevivientes del choque, no hay información pública independiente disponible hasta ahora sobre sus perfiles o antecedentes personales, como ocurre con varios de los demás nombres dados a conocer por las autoridades cubanas.
Además de los nombres vinculados a la incursión marítima, el Ministerio del Interior informó sobre la detención en territorio nacional de Duniel Hernández Santos, a quien señaló como la persona «enviada desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada». Según la nota oficial, se encontraría «confeso de sus acciones».
Hasta ahora, sin embargo, no se han ofrecido detalles adicionales sobre su identidad, el momento en que habría ingresado a la isla, ni las circunstancias concretas de su arresto. Tampoco se ha precisado qué tipo de colaboración se le atribuye o si enfrenta cargos formales. Más allá de la escueta referencia estatal, no existe información independiente que permita esclarecer su papel exacto en los hechos o la supuesta colaboración con la Inteligencia cubana.
Casualmente, veinte días antes del suceso, el 5 de febrero de 2026, el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, había aludido públicamente a la preparación de acciones violentas contra la isla. Durante una comparecencia para anunciar una nueva contingencia energética por falta de combustible, aseguró: «Hoy conocemos de planes para hechos terroristas que están siendo apoyados, financiados y se están preparando en Estados Unidos para agredir a Cuba en un momento como este. En su momento, haremos la denuncia».
La declaración, realizada sin ofrecer pruebas ni detalles adicionales, cobra relevancia a la luz de lo ocurrido semanas después. Para el veterano periodista Wilfredo Cancio, esas palabras podrían interpretarse como indicios de que la operación no tomó por sorpresa a las autoridades cubanas. Si existía información previa, la pregunta se desplaza entonces hacia otro terreno: qué sabía el Estado, desde cuándo lo sabía y por qué decidió actuar como lo hizo.
Una «lancha» rápida o un bote de pesca reportado como robado
Más allá de los nombres, también la embarcación abre interrogantes. Medios del sur de Florida la identificaron como un bote Pro-Line de 24 pies, modelo de pequeño tamaño concebido para pesca deportiva en mar abierto, no para largas travesías con grandes cargamentos. La matrícula —FL7726SH— coincide con la divulgada por las autoridades cubanas.
Según reportes de la cadena Fox News, el propietario del bote, residente en Miami, declaró ante autoridades estadounidenses que se encontraba atracado en un puerto deportivo en los Cayos de Florida y que había sido robado. De confirmarse esa versión, quedaría descartada, en principio, su implicación directa en los hechos.
El dato añade otra capa de complejidad al caso: una embarcación pequeña, reportada como sustraída, termina a una milla náutica de Cayo Falcones en un episodio que el gobierno cubano presenta como «infiltración terrorista». ¿Quién organizó el viaje? ¿Cómo se financió? ¿Cuándo salió realmente de Florida? Hasta ahora, las respuestas verificables son escasas.
En 1956, los hombres que llegaron en el yate Granma también fueron descritos por el poder establecido como delincuentes armados. El desenlace de aquella historia transformó el calificativo y moldeó por décadas la memoria oficial del país. ¿Qué convierte a unos en libertadores y a otros en criminales? Hoy, en un contexto distinto, pero con el mismo mar de por medio: ¿qué determina el juicio histórico sobre quienes cruzan las aguas con un propósito político? ¿La legitimidad de su causa, la fuerza que los respalda? Entre versiones y biografías incompletas, lo único indiscutible es el saldo humano. Lo demás —las motivaciones, las responsabilidades, el alcance real de lo ocurrido— permanece aún atrapado en la disputa por la verdad.
