El pasado 16 de febrero, Pavel Alling publicó en sus redes lo que pudiera considerarse su testamento político. Tres minutos y 27 segundos dura un video en el que expone su postura frente al anexionismo y, en parte, la visión de una Cuba futura. Su tono es solemne y apasionado, complementado con la cadencia pausada de la oratoria, y un fondo musical un tanto melancólico. 

«La anexión es ese susurro seductor de quienes prometen comodidad a cambio de renuncia. Y esa no es la solución. Es rendición disfrazada de pragmatismo. Y es algo profundamente humano que se revela ante la idea de cambiar nuestra esencia por un plato de comida […] Libertad no es cambiar de amo, es aprender a caminar con piernas propias, aunque el camino esté lleno de espinas. No queremos anexión, queremos el derecho sagrado a equivocarnos y acertar con nuestras propias manos», decía entonces. 

Pavel Alling es uno de los cuatro cubanos muertos en el intento de ingreso al país de un grupo de diez exiliados armados, en la mañana del 25 de febrero de 2026, por Cayo Falcones, Villa Clara. Junto a él, serían ultimados Ledián Padrón Guevara, Héctor Duani Cruz Correa y Michael Ortega Casanova, este último miembro del Partido Republicano de Cuba. Otros tendrían una suerte distinta. Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila serían heridos y luego arrestados. Otro ciudadano cubano, Duniel Hernández Santos, quien había viajado a Cuba para recibir al grupo, había sido detenido.

En sus redes, el camagüeyano de 45 años, quien residía en Clearwater, Florida, figuraba como escritor y fotógrafo. Graduado de Historia del Arte en la Universidad de La Habana, profesor de literatura y miembro de la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Amante de la astronomía y la poesía. Cuatro de sus libros se encuentran en Amazon: desde la novela de un artista en busca de su obra maestra hasta una distopía catastrofista en la que la especie humana se encuentra en riesgo de desaparecer debido a una epidemia. 

Mientras Anita, su pareja, lo despide con elogios de ternura y lealtad, en su Cuba natal, el régimen al que se enfrentó lo vende como terrorista. «Tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas. Se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos…uniformes», afirma el oficialismo. Además, señalan que los ocupantes de la embarcación rápida, con matrícula de Florida, fueron sorprendidos por las Tropas Guardafronteras cubanas, a lo que reaccionaron abriendo fuego contra la embarcación militar, provocando heridas a un oficial.  

La versión preliminar ofrecida por La Habana sostiene que se trató de una acción de defensa soberana frente a un grupo armado. En las primeras horas circuló la hipótesis, fundamentada en las declaraciones de un funcionario estadounidense a The New York Times, de que se trataba de una embarcación civil atacada por fuerzas estatales cubanas mientras recogía a migrantes en la isla. La versión fue desmentida por la prensa de Florida tras declaraciones de familiares de los involucrados, reforzando la hipótesis de que el grupo de exiliados había optado por acciones de lucha armada para promover un cambio de régimen. 

Incidentes previos, la falta de información, el historial de opacidad del régimen cubano y las denuncias de impunidad ante el asesinato de civiles, invitaban a otras lecturas de los hechos recientes en Villa Clara.

Precedentes y nula transparencia

En la madrugada del 13 de julio de 1994, en la bahía de La Habana, un grupo de 72 personas, entre ellas mujeres y niños, intentó abandonar Cuba en el remolcador estatal 13 de Marzo, nave que había sido sustraída con la intención de emigrar hacia Estados Unidos. Poco después de zarpar, la embarcación fue interceptada y embestida por otros remolcadores pertenecientes a una empresa estatal portuaria, según testimonios de sobrevivientes. Tras el uso de chorros de agua a presión y varias colisiones, el remolcador se hundió aproximadamente a siete millas náuticas de la costa, lo que causó la muerte de 41 personas, incluidos diez menores de edad.

El régimen ha mantenido la narrativa de que no hubo intención deliberada de hundir la embarcación, sino de que fue un accidente en el intento de recuperar el remolcador. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado indicios de uso excesivo de la fuerza y posibles violaciones graves de derechos humanos.

Apenas dos años después, se produjo uno de los episodios más graves en la relación entre Cuba y Estados Unidos, en la etapa posterior a la Guerra Fría. La organización Hermanos al Rescate, grupo de exiliados cubanos con base en Miami, realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida con el fin de avistar y, posteriormente, guiar a las autoridades estadounidenses en las labores de rescate de balseros cubanos. A pesar de las amenazas del régimen cubano, sus aviones efectuaron vuelos a baja altura sobre La Habana para lanzar octavillas con mensajes políticos.

El 24 de febrero de 1996, dos avionetas que integraban el grupo fueron derribadas por cazas de la Fuerza Aérea Cubana, ocasionando la muerte de cuatro tripulantes: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Una tercera avioneta pilotada por su fundador, José Basulto, logró evadir la persecución y regresar a Estados Unidos. La información clave para el derribo fue suministrada por la red de espías cubanos radicada en Florida, de la que formaban parte Los Cinco, y la orden de la intersección fue emitida por Raúl Castro. 

El incidente provocó una fuerte condena global que sería secundada con la aprobación de la Ley Helms-Burton, firmada por Bill Clinton, que endureció aún más el embargo contra Cuba. Mientras La Habana sostenía que los hechos se habían producido en el espacio aéreo cubano, la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) desmentía la narrativa oficial mediante su informe pericial, publicado el 20 de junio de 1996, en el que, de acuerdo a datos de radares estadounidenses, declaraciones de testigos oculares y comunicaciones militares, los impactos se habían producido en el espacio aéreo internacional. 

El caso más reciente ocurrió en la Bahía de Cárdenas, Matanzas, el 27 de octubre de 2022, con el hundimiento de una lancha rápida en la que viajaban migrantes que intentaban salir de Cuba. Según el Ministerio del Interior (Minint), tras haber sido sustraído ilegalmente el vehículo, en la zona de Varadero, las Tropas Guardafronteras iniciaron la persecución. Afirman que el piloto de la embarcación civil embistió a la embarcación de las autoridades, lo que provocaría su hundimiento y la muerte de siete personas, entre ellas una menor de edad.

Esa versión contrasta con el testimonio de familiares y sobrevivientes, quienes dijeron que la lancha fue perseguida a gran velocidad e impactada en la parte trasera por la embarcación oficial. Ellos negaron, además, que el piloto en fuga embistiera primero y denunciaron que la colisión fue intencional, así como la lentitud y baja eficacia del rescate. El caso no fue analizado por comisiones internacionales independientes, a pesar de las exigencias de transparencia por parte de organizaciones de derechos humanos.

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Sin conocer detalles, el debate se posiciona en torno a la idoneidad de métodos violentos para lograr una transición democrática, lo que entra en contradicción con posicionamientos de sectores alineados a la narrativa más soberanista u otros que impulsan otras formas de lucha.

El artículo 51 de la Carta de la ONU señala que todo Estado reconocido por la comunidad internacional, independientemente de su naturaleza democrática o autoritaria, tiene derecho a la legítima defensa de su soberanía ante una incursión armada. En tal sentido, al ser un interlocutor reconocido, en caso de haberse producido los hechos tal como sostiene la dictadura de Díaz-Canel, la actuación militar se encuentra amparada en el derecho internacional. 

Por su parte, la lucha armada ante situaciones de opresión constituye un derecho de la ciudadanía no reconocido. Más allá de las evidentes diferencias, resulta imposible no trazar ciertos paralelismos. En 1956, Fidel Castro desembarcó en costas cubanas junto a 81 expedicionarios para orquestar la lucha de guerrilla contra la dictadura de Fulgencio Batista que culminaría en el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959. La narrativa actual de la propaganda castrista coincide con la de su predecesora, al tildar a las fuerzas opositoras de terroristas, subversivas e insurgentes.

En la lucha contra Batista, las acciones de sabotaje y el uso de explosivos en el espacio público, sobre todo en zonas de La Habana y Santiago de Cuba, constituyeron una práctica común del Movimiento 26 de Julio, lo que llegó a causar víctimas entre la población civil. Por su parte, tras la llegada al poder de Fidel Castro, sectores radicales del exilio han utilizado métodos de terror, como es el caso de la voladura del vuelo 455 de Cubana de Aviación, ocurrida el 6 de octubre de 1976, en Barbados, que causó la muerte de 73 personas, y fuera organizada por los terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. Otro ejemplo son los atentados a finales de los noventa en centros turísticos, donde perdiera la vida el ciudadano italiano Fabio Di Celmo.

Otra de las incongruencias del discurso castrista radica en la misma postura soberanista, que olvida su participación directa en la organización y ejecución de desembarcos de personal militar cubano —y guerrilleros foráneos entrenados en la isla— en estados soberanos de la región. En Venezuela, en 1967, ocurrió el desembarco frustrado en Machurucuto; en Bolivia, entre 1966 y 1967, hubo incursiones guerrilleras, y también se documenta el apoyo a grupos guerrilleros colombianos, como las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el M-19, entre las décadas de los setenta a los noventa. 

Más allá de cualquier discusión en torno a las contradicciones entre los planos jurídico y político, de validación o no del uso de la fuerza, de la necesaria oposición al terrorismo, el régimen siempre ha tenido un doble rasero para valorar las luchas armadas de los pueblos en situaciones de opresión. Válidas unas, satanizadas otras. Para el castrismo, incluso toda oposición pacífica en el exilio siempre ha sido terrorista y mercenaria y alineada a los intereses de Washington.

En su última declaración pública, Pavel Alling decía que «queremos aprender a ser libres, no porque nos otorguen el permiso, sino porque supimos, al fin, conquistar nuestra propia luz. Y cuando la estrella solitaria ondee sobre un cielo verdaderamente independiente, no será por concesión ajena, sino porque el valor de quienes entendieron que la patria no se hereda vencida, se rescata. Una anexión es regalar la tierra, es vendernos como mercancía barata. Y lo más triste e imperdonable es que todos los presos políticos y todos los crímenes y torturas no habrían valido la pena por la conquista de nuestra libertad. Yo no quiero anexión». 

Algo de todo esto no le gustará a La Habana.