Este 20 de enero ocurrirá el cambio de administración entre Joe Biden y Donald Trump. El relevo presidencial —que hasta hace poco se había producido sin dramatismos cada cuatro años— esta vez se distanciará con toda seguridad del caos que presenciamos en 2021.
Más allá del alboroto mediático a corto plazo, y las consabidas condenas por parte de quienes promulgan una línea dura contra el régimen cubano, el impacto de estas decisiones será ínfimo y muy posiblemente breve.
La primera predicción, entonces, es que Trump va a extralimitarse en su uso del poder y esto va a provocar una reacción adversa entre votantes que quieren soluciones rápidas a la economía, no cuatro años más de rencores políticos y venganzas mezquinas.
El proceso del perdón es irreversiblemente político y, por ello, una fuente de ataques partidistas. El espíritu de reconciliación nacional invocado por Gerald Ford en 1974 ha desaparecido 50 años después.
Aún Donald Trump no ha empezado su segunda Presidencia y ya tiene su primer escándalo: los anuncios de varios acólitos sin experiencia ni calificaciones para altos cargos en su gabinete, y la exigencia de que el Senado se someta a sus demandas y los apruebe obviando el proceso constitucional de advice and consent (consejo y consentimiento).
El retorno triunfante de Donald Trump, y el modo en que cambie el rumbo del país, especialmente si sus aspiraciones autoritarias no pueden ser refrenadas por las instituciones políticas, será ahora el principal legado de un presidente que se creyó excepcional.
La lucha por una Cuba sin dictadura no puede aislarse del paso que dicta el mundo contemporáneo. Tantas décadas de castrismo y de cubanocentrismo han fomentado cierta idea de la exclusividad. Tanto la redundancia triunfalista del régimen como el victimismo conveniente de parte de la oposición han creado la idea de que Cuba y su gente son el rojo en la diana.