El próximo 10 de octubre tendrá lugar la elección de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el mandato 2024-2026. Cuba, Perú, Brasil y República Dominicana se postulan para solo tres escaños correspondientes a América Latina, mientras que en total serán 15 los puestos votados por los 193 miembros.
Los derechos culturales solo pueden desarrollarse en un entorno que proteja las libertades fundamentales y los derechos humanos, universales, indivisibles, interrelacionados e interdependientes. Los derechos culturales incluyen el poder cuestionar los parámetros existentes en la vida sociocultural de la nación, así como el de crear a través de proyectos e iniciativas, tanto individuales como colectivas, desde identidades plurales y múltiples, en un proceso de adaptación incesante que promueva las capacidades de expresión e innovación.
Desde 1959, el gobierno cubano ha irrespetado la memoria cultural de la isla mediante continuas parametraciones, censuras y exclusiones de escritores, artistas e intelectuales. En paralelo, la política cultural diseñada por el signo personalista de Fidel Castro ha confirmado su naturaleza excluyente desde la célebre frase: «dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada».
La cultura ha sido un campo al uso de la retórica política para convocar y adoctrinar en lo doméstico, así como para proyectar sus códigos hacia la región latinoamericana. La diplomacia pública cubana ha empleado foros, festivales, instituciones como la Casa de las Américas, su producción fílmica y el propio Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), entre otros, para ejercer su «poder blando» en el exterior. En adición, el gobierno no solamente ha invocado la soberanía cultural como pretexto para quebrantar los derechos humanos, sino que ha limitado su alcance mediante el incumplimiento de otros derechos como al trabajo digno y a la integridad personal.
En este sentido, las legislaciones aprobadas en los últimos cinco años han agravado la criminalización de proyectos y asistencias culturales que resulten incómodos a los designios gubernamentales, aunque nominalmente parezcan destinadas a respaldar los derechos de artistas e intelectuales. Tales son los casos de los decretos del Consejo de Ministros con No. 349/2018, que regula las «Contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos»; No. 373/2019, «Del creador audiovisual y cinematográfico independiente», y No. 88/2023, que se ocupa «Del Diseño Industrial y de Comunicación Visual». Así también la recién aprobada, en la Asamblea Nacional, «Ley de Comunicación Social» (No. 162).
Además, resulta significativo, en este andamiaje de simulación, el papel jugado por la UNESCO al validar la habilitación de tramas urbanas para la explotación turística alienadas de la realidad del precario fondo habitacional en que se ubican geográficamente, donde malviven la mayoría de los cubanos. Mientras el Estado se desentiende de la restauración y la recuperación del patrimonio arquitectónico habitado, destina actualmente ingentes recursos para construir instalaciones hoteleras que remarcan la marginación económica de la ciudadanía. Al mismo tiempo, desarrolla una estrategia comunicacional, que comprende programas de televisión y toda la prensa nacional, para el asesinato de la reputación de figuras y programas culturales independientes.
El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) invita a consultar los informes que recogen las violaciones sistemáticas de los derechos culturales en Cuba. También advierte sobre el peligro de reelegir a Cuba en el Consejo de Derechos Humanos, ante la clara evidencia de represión, persecución, exilio asistido y destierro de artistas e intelectuales en menoscabo del desarrollo cultural de la nación. El ODC recuerda que Cuba, junto a otros regímenes no democráticos también postulados en esta ocasión, como China, Kuwait, Burundi y Rusia, no solamente tienen un amplio registro de violaciones de derechos culturales, sino que han obstaculizado activamente resoluciones a favor de víctimas en Irán, Nicaragua o Venezuela.
El ODC condena la presencia de Cuba en el Consejo y avisa sobre la terrible repercusión que esta puede tener a escala global, puesto que validaría, de facto, la represión cultural como política de Estado.
*El ODC de Cuba es “una organización sin fines de lucro destinada a monitorear, historiar, analizar y denunciar casos de censura contra artistas e intelectuales cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba”.
