Ana María corrió por las calles de La Habana en la mañana del viernes 6 de mayo de 2022, tras la explosión del Hotel Saratoga, convencida de que el estruendo había sido un terremoto. Minutos después supo que su hijo, quien estaba en el hotel como parte de su servicio social, no sobrevivió. Lo que no supo —ni ese día, ni semanas, ni años más tarde— es quién era el responsable o qué ocurrió realmente en la instalación turística de los militares empresarios de Gaesa. No hubo juicio, ni acusados, ni explicaciones claras. El parte oficial habló de una «fuga de gas», pero ninguna autoridad rindió cuentas públicamente. Todavía hoy, Ana María no se atreve a hablar abiertamente sobre lo que ha sufrido desde entonces. Teme las consecuencias en un país donde el poder controla casi todo, hasta el silencio.
No fue la única vez que un desastre sacudió a Cuba dejando una estela de muerte. En 2018, un avión se precipitó minutos después de despegar del aeropuerto internacional de Rancho Boyeros, en La Habana. Fallecieron 112 personas.
En Matanzas, en 2022, ardieron durante días los tanques de combustible de una base estratégica. En el incendio perecieron 17 cubanos, entre ellos adolescentes que cumplían el Servicio Militar Obligatorio (SMO). Unas 125 personas resultaron lesionadas.
El 7 de enero de 2025, se produjo otra explosión en una base militar en Melones, una localidad rural de la provincia de Holguín. Una semana después, el Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar) confirmó la muerte en el siniestro de cuatro oficiales y suboficiales y nueve soldados (jóvenes cubanos de entre 19 y 21 años que también pasaban el SMO).
«Queremos justicia, no que los llamen “héroes”», dijo a El Estornudo Daliha González Almaguer, hermana de Frank Antonio Hidalgo Almaguer, uno de los reclutas que fallecieron tras la explosión.
«Fueron víctimas del servicio militar. Ya ellos [las autoridades] ni se acuerdan de esas vidas jóvenes que les arrebataron a las familias. El héroe es quien lucha, defiende algo que están atacando… pero en ese hueco bajo tierra, lleno de explosivos, hasta un niño podía entender que tarde o temprano podría detonar. Para mí: fueron asesinados», dice González Almaguer.
En otros países probablemente este tipo de tragedias provocarían investigaciones públicas, juicios, audiencias parlamentarias, renuncias de funcionarios, indemnizaciones significativas. Pero en Cuba, donde el poder judicial es una herramienta deslucida del «Estado socialista», y la prensa oficial evita confrontar a las autoridades, las víctimas quedan solas, no hay mecanismos independientes que investiguen y hagan rendir cuentas a los culpables. Tampoco hay tribunales autónomos ni oposición política con capacidad de impulsar un proceso que responsabilice a las instituciones y funcionarios. Y, sobre todo, no hay consecuencias para los poderosos.
Negligencia e impunidad detrás de catástrofes en Cuba
Accidente de avión
Viernes 18 de mayo de 2018. Audios de la tripulación a la salida del vuelo DMJ 972:
— Autorizado al destino Holguín salida KAVUL2A transición AVEPI nivel 150 inicial, transponder 1673 — indican desde la torre de control.
— Enterado, estamos… estamos autorizados al aeropuerto de… Holguín vía KAVUL2A transición AVEPI, código 1673 ascenso inicial 150, DMJ972 y RNAV negativo —responde la tripulación.
— Correcto, feliz viaje.
No lo fue. El BOEING 737-201 ADV (matrícula XA-UHZ) se estrelló minutos después de elevarse sobre la pista.
Según el informe final del accidente aéreo, publicado en septiembre de 2019 en el sitio oficial del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), la causa más probable del siniestro fue la pérdida del control de la aeronave, debido a una cadena de errores, fundamentalmente «humanos».
Sin embargo, tras el desastre aéreo también se revelaron graves irregularidades en la aerolínea Damojh de Global Air, que operaba en Cuba bajo un contrato con la compañía estatal Cubana de Aviación.
A pesar de las denuncias previas relacionadas con el mantenimiento de sus aviones y la falta de rigurosidad en sus procedimientos, la aerolínea continuó operando. En 2010, fue suspendida por un aterrizaje forzoso en México, y en 2013 un expiloto demandó por las condiciones inseguras de los aviones.
Durante la investigación, la aerolínea envió documentación incompleta, lo que dificultó el análisis. Además, el avión involucrado tenía casi 40 años de antigüedad y había sido previamente suspendido en Guyana por fallos técnicos. Es posible que ninguna de las 112 personas que fallecieron supiera esto.
Entre las víctimas, seis formaban parte de la tripulación. La única sobreviviente fue la cubana Mailén Díaz Almaguer, quien entonces tenía 19 años, y debido al accidente no puede caminar.
Díaz Almaguer ha denunciado en redes sociales la falta de medicinas e insumos médicos en el país para poder atender debidamente las secuelas que le quedaron. La joven también ha señalado que solo recibió 35 mil pesos cubanos como indemnización, unos 95 dólares al cambio en el mercado informal, predominante en Cuba.
Hasta el momento no se tienen noticias de que los familiares de los fallecidos hayan recibido indemnización alguna por parte del Gobierno cubano.
En 2023, a cinco años del segundo accidente aéreo más mortífero en Cuba, superado solo por el del vuelo 9646 en 1989 —en el que murieron 150 personas—, Díaz Almaguer también expresó su «fe en que los culpables del desastre asuman sus responsabilidades y paguen para que se haga justicia con los familiares de los fallecidos».
La joven, natural de Holguín, y Pedro Luis Trujillo y Aietana Trujillo (con ciudadanía española), hijo y nieta, respectivamente, de uno de los fallecidos en el accidente, presentaron una querella ante la Audiencia Nacional de España en la que reclamaron que fueran investigados la compañía mexicana Global Air, que operaba la aeronave, y su director general, Manuel Rodríguez Campos, de nacionalidad española, a quien acusaron de los delitos de homicidio y lesiones imprudentes, informó La Razón.
En la demanda, que fue desestimada, los denunciantes se quejaron de que «no se han depurado responsabilidades penales, ni mucho menos civiles por las autoridades de ningún estado». Por ello, dijeron, se vieron «obligados» a acudir a la jurisdicción española para que investigara lo sucedido».
Explosión en Base de Supertanqueros de Matanzas
El 5 de agosto de 2022, un rayo impactó sobre un tanque de la Base de Supertanqueros de Matanzas, provocando un incendio que se extendió rápidamente a otros cuatro depósitos de combustible en los siete días que duró el mayor desastre industrial de la historia del país.
Durante los intentos de extinguir el fuego fallecieron 17 personas. Un año después se anunció la construcción de un memorial en honor de los jóvenes miembros del servicio militar que fungieron como bomberos.
Sin embargo, Yarleny Horta, prima de Fabián Naranjo (uno de los jóvenes del SMO), señaló sobre las declaraciones oficiales: «no queremos un reconocimiento al costo de su vida. Son muchachos llenos de vida, con futuro y sueños que nadie tiene derecho a arrancarles, y todo por negligencia de los superiores».
Otra familiar de Fabián, Yanelys Naranjo, cuestionó: «¿Quién va a asumir la responsabilidad de llevar a esos niños sin experiencia a una escena tan peligrosa? ¿Quién les ordenó que debían colocarse en la zona roja, donde serían alcanzados por las llamas si aumentaba la fuerza del incendio?»
Por su parte, Vivianne Pérez de Prado, madre de Leo Alejandro Doval, de 19 años, publicó en su perfil de Facebook un mensaje a su hijo, quien había obtenido la carrera de Medicina y perdió la vida en la catástrofe.
«A mí no me dijiste que irías al lugar [del incendio] porque sabes que no lo permitiría, sabes que a cualquier hora saldría a buscarte y por los pelos te bajaría de ese camión. Tú no eres bombero ni lo serías, tú solo estabas pasando el Servicio Militar, tú eres médico y así es cómo salvarías vidas. Tú eres mi eterno neurocirujano. Mi niño pequeño. Te amo».
Según explicó en redes sociales Yunia Doval, tía de Leo Alejandro, el joven solo recibió entrenamiento como bombero en un curso de 15 días en el Comando 3 del Aeropuerto Juan Gualberto Gómez, y era un «muchachito inexperto».Allegados de algunos de los fallecidos afirmaron a El Estornudo que apenas se les informó de las investigaciones y varios fueron presionados para no declarar públicamente ni a hacer denuncias relacionadas con los hechos en redes sociales.
Expertos de España y México consultados por la agencia EFE a raíz del siniestro pusieron en duda distintos elementos básicos del operativo de emergencia. Cuestionaron la distancia en la que se actuó sobre el primer tanque –en videos de la prensa provincial, los propios bomberos reconocieron haber estado a unos 20 metros– y haber utilizado a personal con poca experiencia. También pusieron en duda la estrategia inicial de extinción de las llamas y el equipamiento de los profesionales.
Explosión en unidad militar
El 7 de enero de 2025 ocurrieron explosiones devastadoras en un almacén con material militar en Melones, localidad del municipio holguinero de Rafael Freyre. El incidente, atribuido a un incendio mientras se clasificaban viejas municiones, resultó en la muerte de al menos 13 militares, incluidos nueve jóvenes reclutas.
«A esos niños los mandaron a matar», opinó un capitán jubilado de las FAR, entrevistado por el diario independiente 14ymedio. El ex oficial calificó el suceso como una «negligencia», debido a la exposición al peligro sin protocolos adecuados y la falta de evacuación inmediata.
Las redes sociales se inundaron de imágenes de columnas de humo y llamas, mientras que familiares de los soldados, declarados como «desaparecidos», expresaron su angustia por la falta de información oficial.
Mientras crecía la desesperación entre los pobladores, la televisión estatal y el diario oficialista Granma, se centraron casi exclusivamente en las evacuaciones en la zona, y omitieron cualquier referencia a los «desaparecidos».
Daliha González Almaguer contó a El Estornudo cómo supo sobre la explosión y la muerte de su hermano Frank Antonio:«Cuando conocimos por una vecina sobre lo ocurrido en la Unidad de Melones, llamamos rápidamente pero no respondieron. La madre de otro muchacho logró hablar con un coronel y le dijo que “sí había ocurrido una explosión pero que todos estaban bien y habían sido evacuados a un lugar seguro”».
Pero los familiares no confiaron en la afirmación del oficial. «Salimos para allá y no pudimos entrar porque ya estaba todo el perímetro cerrado», recuerda
«Nos dijeron entonces que estaban en la región [militar] en Holguín. Fuimos hacia allá y nos dieron la fatal noticia: que había ocurrido un incendio y ellos [los jóvenes del servicio militar] habían bajado a sofocar el fuego y algunos habían logrado salir y otros no. Después dijeron que todo había ocurrido supuestamente por un “fallo eléctrico”».
Según explica Daliha, de ahí en adelante solo obtenían alguna información sobre el curso de los acontecimientos si llamaban por teléfono y exigían respuestas a los militares. «Siempre decían que estaban esperando que la temperatura se refrescara para entrar al lugar. Nunca hicieron nada para que las condiciones lo permitieran. Para nosotros lo dieron por muertos sin buscarlos».
Sobre la posibilidad de algún tipo de indemnización Daliha sostiene: «no sé si quieran dar algo, pero nosotros, al menos de ellos, no queremos nada, ni lo más mínimo. El discurso de “conmemoración” que hicieron lo vi grabado porque ni yo ni mi mamá fuimos».
La hermana de Frank Antonio dice que «cerraron el lugar echando tierra en las bocas [de los túneles], demolieron la unidad y no tenemos permiso de ir allí. Quieren que vayamos al cementerio, pero allí no están. Donde ellos quedaron, desgraciadamente, es bajo esas malditas montañas. Y allí no podemos acercarnos».
A Frank Antonio le quedaban siete meses para terminar el Servicio Militar Obligatorio. «Contaba los segundos para recibir su baja. Le violaron miles de derechos, pasó hambre. Era muy reservado, no hablaba de sus sueños, pero era muy inteligente, con mucha nobleza y belleza. Tenía una estrella, un futuro por delante. En pocas palabras: ellos acabaron con nosotros», lamenta su hermana.
En junio de 2017 también hubo un hecho similar, esa vez en Santiago de Cuba, cuando se produjeron varias explosiones en el municipio de Songo-La Maya, cerca de la unidad militar de Ti Arriba.
Además, en 2024, tres trabajadores murieron en varias explosiones en la Empresa Militar Industrial (EMI) «Ernesto Che Guevara», ubicada en La Campana, en Manicaragua, provincia de Villa Clara. En estos casos, los accidentes ocurrieron cuando los empleados manipulaban artefactos potencialmente peligrosos.
Estos incidentes, que han dejado numerosas víctimas y afectados, han sido gestionados de manera deficiente, con retrasos en las investigaciones, desinformación a la población y una evidente falta de rendición de cuentas. La ausencia de sanciones claras, la falta de protocolos de seguridad adecuados y la manipulación de la información oficial son síntomas de un sistema que prioriza la protección de su imagen sobre la justicia y la reparación de los daños causados.
Esta impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas y sus familias, sino que también socava la confianza en las instituciones y muestra una alarmante indiferencia ante la vida y la seguridad de los ciudadanos cubanos.
Mecanismos legales limitados y el control estatal sobre la verdad y reparación
El abogado cubano, Raudiel Peña Barrios, Máster en Derecho Constitucional y Administrativo y Coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, explicó a El Estornudo que en la isla, «en teoría, sí existen mecanismos legales, pero en la práctica son ineficaces y están profundamente limitados por el control estatal».
De acuerdo con el experto, el marco legal formal es «el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal y normas sectoriales (como las del transporte aéreo o la seguridad industrial) que establecen la posibilidad de realizar investigaciones cuando se producen hechos con consecuencias penales o administrativas. Además, el artículo 98 de la Constitución establece el derecho de las personas a reclamar reparación por daños y perjuicios causados por autoridades o servidores públicos y en el 92 se menciona el acceso a la justicia como un derecho. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la atribución de investigar violaciones de legalidad. Sin embargo, no es independiente, responde jerárquicamente al Presidente de la República y, por tanto, al poder político».
Peña Barrios señala como «limitaciones prácticas» para esclarecer estos hechos, reparar a las víctimas y determinar responsables, que «las investigaciones están controladas por instancias estatales, sin participación de entidades autónomas o independientes; la información se centraliza y se oculta, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional; no se permite el acceso a peritos independientes, organizaciones de la sociedad civil ni a organismos internacionales para realizar auditorías técnicas imparciales; y las víctimas carecen de mecanismos judiciales eficaces para impugnar versiones oficiales o acceder a expedientes».
«Las vías formales existen, pero están bloqueadas o son simbólicas. Las reales son muy limitadas», explica.
Sobre las demandas civiles o administrativas, el jurista también señaló que «en teoría, los familiares podrían intentar reclamaciones ante tribunales o mediante quejas administrativas. Pero el Poder Judicial no es independiente y tiene un papel subordinado al interés estatal».
Peña Barrios apuntó, además, que «Cuba no reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Sin embargo, familiares podrían intentar enviar peticiones a relatores especiales de las Naciones Unidas (ONU), aunque su efecto sería principalmente simbólico o de presión política».
Asimismo, «dado que los medios están controlados por el Estado, los familiares sólo tienen espacio en medios independientes o internacionales, lo cual suele derivar en represalias o vigilancia. Algunas víctimas se organizan para preservar la memoria, documentar casos y denunciar colectivamente, pero estas redes son objeto de hostigamiento estatal».
Violación al derecho a la verdad: Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad sobre hechos que implican responsabilidad estatal. La imposición de una versión única y oficial bloquea este derecho.
Denegación del derecho a la tutela judicial efectiva: Al impedir que se cuestione la versión oficial y limitar el acceso a tribunales independientes, se niega el derecho a una reparación efectiva.
Responsabilidad internacional del Estado: Si bien Cuba no pertenece al sistema interamericano, en términos de derecho internacional general, esta práctica representa una violación a sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, particularmente los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y al acceso a la justicia.
Criminalización de la búsqueda de justicia: En muchos casos, quienes intentan investigar o denunciar son perseguidos, hostigados o estigmatizados, lo que tiene implicaciones no solo jurídicas, sino también políticas y éticas.
Por su parte, el abogado cubano Eloy Viera Cañive, declaró a El Estornudo que, ante tragedias como estas, las personas no solo tienen derecho a la verdad y la justicia, sino también a obtener «reparación, entendida como el resarcimiento pecuniario del daño causado por el Estado».
«Muchas veces cuando se decreta la reparación es fruto del análisis de un tribunal que certifica que has sido afectado y que el responsable es la entidad estatal encargada de pagar la reparación. Y en ese sentido, el récord judicial no solo funciona como un título de crédito ejecutable en contra del Estado, sino también como un récord histórico de la vulneración de derechos y de la responsabilidad estatal», explicó el director de elTOQUE Jurídico.
Según Viera Cañive, «el principal problema en Cuba no es solo la falta de independencia judicial». En su opinión, «aunque el régimen cubano ha eliminado algunos de los elementos que dificultaban la exigencia en sede judicial de la responsabilidad a las administraciones o las empresas, las personas siguen prefiriendo esperar un milagro o las ‘bondades’ del sistema, antes que ir de frente en una demanda judicial contra entidades del Estado cubano. Por ejemplo, en el caso de la Base de Supertanqueros, las personas que perdieron sus viviendas podrían demandar a Cupet [Unión Cuba-Petróleo] (…) y pedir al tribunal que los obligara a resarcir sus daños. Pero en la práctica la gente duda, porque en el fondo no saben cuál es la vara con la que el tribunal evaluará el valor de la casa y menos si fallará en contra de una entidad controlada por la misma fuerza política que controla el sistema judicial».
¿Qué estándares internacionales obligan a un Estado a investigar de forma transparente?
Existen estándares internacionales que obligan a los Estados a realizar investigaciones transparentes y exhaustivas en casos de desastres, accidentes o violaciones de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece que toda persona tiene derecho a una investigación efectiva y a ser escuchada por un juez imparcial, garantizando así el acceso a la justicia.
Además, la Corte Penal Internacional (CPI) establece que, si un Estado no está dispuesto o es incapaz de llevar a cabo una investigación genuina, la Corte puede asumir la competencia. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también abogan por investigaciones exhaustivas y públicas.
En el último Examen Periódico Universal (EPU-2023), del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Estado cubano se le pidió ratificar, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos.
El Doctor en Ciencias Jurídicas, Julio Antonio Fernández Estrada, declaró que «Cuba no ratifica estos instrumentos internacionales porque todos ellos expondrían al Estado de la mayor isla del Caribe a un control, supervisión y obligaciones, derivadas del carácter vinculante de esos documentos, a los que Cuba no está dispuesta a someterse».
El experto señaló que «el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no puede ser ratificado por Cuba mientras se mantenga en el país el actual orden político y jurídico. Cuba no puede obligarse a garantizar la realización de derechos políticos que entran en contradicción con el régimen político autoritario y antidemocrático al que estamos sometidos».
Los estándares internacionales implican no sólo la obligación de investigar de manera imparcial y exhaustiva, sino también de sancionar a los responsables y garantizar el acceso de las víctimas a recursos efectivos para la justicia. Esto no aplica a Cuba por la falta de independencia del poder judicial, la represión a la prensa libre, y la criminalización de la disidencia o cualquier tipo de activismo ciudadano.
Tras escuchar el testimonio de Daliha para este reportaje, sobre la pérdida de su hermano en el Servicio Militar, le agradecí, conmovida porque hubiera compartido conmigo experiencias tan duras.
«Lo haría mil veces, para que el asesino que dio la orden de que mi hermano fuera a apagar el incendio o el que lo obligó a ir al Servicio, nunca quede tranquilo», respondió.
La historia de su hermano Frank Antonio es solo una de tantas que permanecen silenciadas bajo la sombra de la impunidad. Los jóvenes cubanos que, como él, fueron enviados a cumplir con el Servicio Militar Obligatorio, no solo sufren las consecuencias de la negligencia y la falta de protocolos, sino también la cruel indiferencia de un sistema que oculta la verdad y niega la justicia. Mientras los responsables siguen en el anonimato, las familias quedan atrapadas en un luto e incluso muchas no se atreven a alzar la voz por miedo a las represalias.
