Cada vez más, los equipos de criminalística llegan de madrugada para fotografiar un cartel, tomar huellas y cubrirlo con cal antes de que los ciudadanos puedan leerlo en la mañana. Pese a la persecución, a lo largo de Cuba siguen apareciendo en espacios públicos letreros contra la «dictadura» y el Partido Comunista. La gente exige la «libertad de los presos políticos», «no más miseria», y un «Castros asesinos» apareció pintado con arena sobre el asfalto en una calle habanera en marzo de 2023. Otros más se han visto en la Universidad de La Habana, en fachadas institucionales, en volantes, en portales de casas, en muros de todo el país.
En Cuba, el poder cree que cada ladrillo le pertenece y, en ese escenario, el cartel también es una disputa por el espacio público secuestrado. Escribir una frase en una pared o levantar un cartel en silencio se convierte en algo más que un gesto de inconformidad: es una grieta en el control que intentan ejercer las autoridades sobre lo que puede decirse y lo que debe callarse. ¿Y acaso no hay algo profundamente heroico en burlar ese poder en la soledad de la madrugada y dejar escrito un mensaje para todos? «Mentirosos», «Váyanse», «No los queremos».
Los carteles antigubernamentales que predominan en Cuba advierten sobre injusticias e instan a apoyar la causa democrática por la vía pacífica. Sin embargo, un gesto de este tipo no es solo una manifestación de inconformidad, sino que puede convertirse en una prueba criminal, un expediente policial, un motivo para movilizar patrullas y brigadas que borran las palabras antes de que amanezca. Por eso cada pintada, cada hoja pegada en un portal, cada frase escrita en un muro cuenta algo más que un descontento: revela la dimensión del miedo del poder frente a un corto mensaje público. Y también habla de quienes, aun sabiendo el precio, deciden dejarlo allí.
«Uno escribe sabiendo que lo pueden meter preso, pero alguien tiene que decir lo que pasa», expresó a El Estornudo un expreso político del municipio guantanamero de Caimanera, quien se encuentra actualmente en libertad condicional y cuyo nombre se mantiene en reserva por temor a represalias.
«Yo escribí solo, en una madrugada, ‘Dictadores’ y ‘Abajo el comunismo’. Nadie me pagó nada ni me dijo que lo hiciera. Tengo 57 años y tomo mis decisiones. Me opongo a este sistema desde hace mucho tiempo. Me ha costado mi vida, me alejó de mi familia; me he quedado solo. No sé si valió la pena. Creo que no, pero no hay forma de que cambie mi manera de pensar.
»Y se va a acabar esto, más temprano que tarde. Llegué a pensar que no vería el final, pero parece que sí. ¿Y sabes qué? En la prisión también escribí en un muro ‘Abajo el comunismo’ y me castigaron en una celda de aislamiento muchísimo tiempo», contó en un audio enviado por WhatsApp.
El país que escribe su protesta
El 28 de febrero, aparecieron en diferentes barrios pintadas que contenían frases como «Abajo la tiranía», «Comunismo: enemigo de la comunidad» y «Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer», en alusión, respectivamente, al presidente de Estados Unidos, su secretario de Estado y su embajador en la isla.
En relación con esos carteles, el Ministerio del Interior informó la detención de diez ciudadanos panameños, que han sido acusados por el presunto delito de propaganda contra el orden constitucional, para el que el Código Penal cubano prevé penas de cárcel de hasta ocho años.
Según el régimen de La Habana, los arrestados confesaron que se les captó en Panamá, donde residen, para «confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo» y por los que se le pagaría al regresar a su país.
Las detenciones ocurrieron una semana después de que guardacostas cubanos asesinaran a cuatro personas y otros seis resultaran heridos, tras interceptar en aguas territoriales una embarcación con ciudadanos residentes en los Estados Unidos que supuestamente intentaban infiltrarse en la isla. Ocurren en un momento de tensión entre Washington y La Habana, pero sobre todo entre el régimen del PCC y la ciudadanía.
Hace nueve días se reportan de forma continua movilizaciones antigubernamentales en el país. El viernes 13 de febrero se registró en Morón, Ciego de Ávila, la protesta más numerosa en meses, a pesar de las constantes amenazas a los manifestantes y la represión.
«¡Corriente y comida!», «¡Libertad!», «¡Pongan la corriente!», «¡Patria y Vida!» y «¡Abajo la dictadura!», además de varios insultos contra Díaz-Canel, gritaban los participantes, según distintos videos divulgados en redes sociales, que también muestran la quema de bienes del PCC frente a la sede de esta institución en el territorio.
Los manifestantes han denunciado que la policía disparó contra los manifestantes, hiriendo a un joven. Además, cinco personas fueron detenidas en el marco de las protestas por las fuerzas de seguridad del régimen.
En esos mismos días, también se reportaron carteles en distintos puntos del país. En el reparto La Cumbre, en San Miguel del Padrón (La Habana), apareció una consigna contra el gobernante cubano escrita en el suelo de un parque. Acciones similares fueron reportadas en Colón (Matanzas) y en Santiago de Cuba, donde en espacios públicos y vallas se pudieron leer frases como «Abajo el comunismo», «Abajo la dictadura», «Fuera el comunismo» y «Patria y Vida», algunas realizadas durante apagones en esas zonas.
El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) señaló en su último informe que durante febrero de 2026 se registró un récord de grafitis antigubernamentales (42) a lo largo de la isla.
El 9 de marzo, estudiantes cubanos realizaron además una sentada como forma de protesta pacífica en la escalinata de la Universidad de La Habana (UH) para exigir mejores condiciones en la Casa de Altos Estudios.
Rápidamente la policía política diseminó la manifestación y colgó un cartel a los pies del Alma Mater que decía: «No pase». Mientras los muros del país se llenaban de frases contra la miseria, el comunismo o la dictadura, la respuesta del poder fue un único mensaje frente a la principal universidad del país: dos palabras que ordenan callar y retroceder. ¿Obedecerá siempre la ciudadanía ese cartel?
Tinta y prisión
En diciembre de 2020, el joven cubano Luis Robles Elizástigui se paró en el bulevar de San Rafael, en La Habana, con una pancarta en las manos. Pedía libertad para el rapero contestatario Denis Solís y el fin de la represión.
Ese gesto silencioso, alzar un trozo de cartón con tinta, bastó para que lo arrestaran. La pancarta se convirtió en prueba policial. El muchacho, en acusado. La protesta pacífica, en delito.
Robles pasó más de cuatro años entre prisión y castigo judicial. Su nombre terminó convirtiéndose en símbolo de lo que puede costar en Cuba sostener un cartel frente al poder.
«Luis Robles lo único que hizo fue ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación. El cartel en ningún lugar del mundo podría ser considerado propaganda enemiga. Lo que pedía era libertad y cese de la represión», denunció Yaxys Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Cuando finalmente Robles salió de la cárcel en 2025, la libertad llegó acompañada de otra condena: el destierro.
Otro caso muestra hasta qué punto el poder reacciona ante cualquier mensaje escrito contra el régimen. Ariel Manuel Martín Barroso es doctor en Ciencias, exdocente en la Universidad de Sancti Spíritus y un investigador reconocido dentro de su campus.
Pero entre 2024 y comienzos de 2025 escribió varias frases contra el régimen en muros de la ciudad y de la universidad. Algunas iban dirigidas al gobernante Miguel Díaz-Canel. Eso bastó.
Fue detenido en febrero de 2025, juzgado por «propaganda contra el orden constitucional» y «desacato», y condenado a diez años de prisión. Tras su detención estuvo incomunicado casi seis meses. Hoy permanece en el penal de máxima seguridad Nieves Morejón.
En marzo de 2026, la Seguridad del Estado arrestó en San Antonio de los Baños a Felipe Rodríguez Ledesma, un cubano de 68 años sin militancia política conocida.
Su «delito» fue llevar escrito en su triciclo una frase: «No monto ni clarias ni chivatos. Solo hombres libres».
La Policía le confiscó el vehículo y lo detuvo bajo la misma acusación que aparece una y otra vez en estos casos: «propaganda contra el orden constitucional».
También está el caso del artista habanero Leonard Richard González Alfonso. Nacido en el municipio de Regla, González creció dibujando, escribiendo poemas y haciendo música urbana. Su vida, hasta hace poco, giraba alrededor del arte.
En 2025 pintó en muros de su barrio varias frases sobre la crisis del país y el deterioro social que veía a su alrededor. No negó haberlo hecho. Escribió que cargaba «con el dolor de un país abandonado» y lo detuvieron.
Tras siete meses en prisión provisional, la Fiscalía le pide hasta ocho años de cárcel por «propaganda contra el orden constitucional». Hoy espera sentencia.
Pero estos no son los únicos, sino apenas algunos nombres dentro de una lista mucho más larga de ciudadanos que han sido detenidos, procesados o encarcelados por escribir una frase, sostener un cartel o dejar un mensaje en una pared. Y aun así, los carteles siguen apareciendo. Como si cada nuevo arresto no lograra borrar del todo el impulso de decir lo que muchos piensan. Tal vez porque el hastío es demasiado grande y, poco a poco, el miedo empieza a ser menos.
Quizás esta misma noche, en alguna calle oscura, alguien vuelva a escribir una frase rápida antes de que amanezca. Tal vez dure solo unas horas antes de que la borren. Pero durante ese breve tiempo, el mensaje estará ahí: en una pared cualquiera, recordando que el país sigue hablando, aunque intenten borrarlo.
Y los muros pueden borrarse. Pero la rabia que los escribe no desaparece con pintura.
