En Michigan, donde estuvo una temporada al poco tiempo de ingresar a Estados Unidos con una «Orden de Libertad Bajo Palabra», o formulario I-220A, «no conocían ni qué cosa es la dictadura cubana, pensaban que Cuba era tabaco, ron y mujeres». Así recuerda Esteban Rodríguez López sus primeros días en el país.

El activista y reportero independiente vinculado al disidente Movimiento San Isidro (MSI) fue empujado al exilio en enero del 2022, desde una prisión en La Habana. Recorrió varios países latinoamericanos buscando llegar a «la tierra de los libres y el hogar de los valientes». Casi cuatro años después, dice que continúa en un «limbo migratorio», «sin fecha de corte» de inmigración para defender su caso de asilo político.

En Estados Unidos contrajo matrimonio y espera desarrollarse profesionalmente. Cree que, si continuara tan al norte, en el Estado de los Grandes Lagos, «estaría en problemas», pero como se fue a Miami confía en que las autoridades conozcan la realidad de Cuba y que el capital político construido por el exilio anticastrista juegue a su favor para obtener una permanencia legal.

Esteban Rodríguez es solo uno de los activistas de derechos humanos, opositores y manifestantes cubanos con dificultades para regularizar su estatus migratorio cuyos casos fueron incluidos en una carta abierta dirigida a la administración de Donald Trump y a representantes electos de la comunidad cubanoamericana. Buscan «ser escuchados», y que «se realice una revisión de nuestros casos por parte de las instancias legales, pero también políticas, del país», manifiestan en un comunicado compartido con El Estornudo.

Más de 850 mil cubanos llegaron al país norteamericano desde el año fiscal 2021 hasta septiembre de 2024; un éxodo que estalló poco después de las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, facilitado por el puente aéreo abierto por el régimen aliado de Nicaragua. Pero esos tiempos quedaron atrás. Desde que Trump regresó a la Oficina Oval en enero de 2025, Washington ha endurecido su política migratoria, con más vigilancia en frontera, redadas y deportaciones, al tiempo que se han limitado los recursos legales para quienes buscan regularizar su estatus. En abril se reportaron apenas 130 detenciones de cubanos en frontera; el menor número del año fiscal en curso.

Mientras continúa el fuego cruzado de órdenes ejecutivas y decisiones en las cortes respecto a la legitimidad de la política migratoria, los activistas cubanos que no han podido regularizar su estatus tras ingresar a Estados Unidos de diversas maneras, tienen ante sí un panorama de incertidumbre. Regresar a la isla podría significar para ellos sufrir daños físicos o terminar en prisión.

Incluso, algunas de estas personas han intentado en varios momentos volver a Cuba, como las académicas perseguidas Omara Ruiz Urquiola y Anamely Ramos González, pero las propias aerolíneas estadounidenses les impidieron abordar sus vuelos por órdenes de las autoridades cubanas.

La iniciativa colectiva reclama la atención de Marco Rubio, secretario de Estado e hijo de cubanos; Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, así como miembros de ambos partidos del Congreso que representan a comunidades cubanoamericanas en Florida y New Jersey.

La principal demanda de los interesados es «la revisión de cada caso aquí listado por parte de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado», y apuntan: «Sabemos que no son una entidad de regularización migratoria, pero entre sus funciones está el acompañar a los activistas cubanos dentro y fuera de Cuba». Además, piden reunirse con el equipo de Rubio para exponer y entregar sus expedientes.

«Esta reunión puede también servir de evaluación, desde nuestra perspectiva de activistas, de las fortalezas y/o falencias de la política de Estados Unidos hacia Cuba y del tratamiento a los activistas cubanos llegados a este país», expresan en la misiva.

Asimismo, los firmantes solicitan «que se detengan las órdenes de deportación en el caso de los activistas cubanos aquí listados que se encuentran en esa situación», como el rapero contestatario Eliexer Márquez Duany, a quien el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) envió una carta el 30 de abril informándole que fue denegada su solicitud de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Las autoridades norteamericanas le notificaron al artista conocido como «El Funky» que, «si no sale de los Estados Unidos dentro de los 33 días a partir de la fecha de esta carta, USCIS puede emitirle un aviso para que comparezca y comience un proceso de deportación en su contra ante el tribunal de inmigración».

Otro de los firmantes es el científico Oscar Casanella Saint-Blancard. El 8 de mayo, en solidaridad con El Funky, pero también refiriéndose a su situación, escribió en Facebook: «Cada vez tengo más sospechas de que hay topos de la inteligencia de la dictadura cubana dentro de instituciones de Estados Unidos. No entiendo cómo es posible que tantos activistas cubanos estén corriendo tan mala suerte con el tema migratorio y haya represores políticos cubanos a los que se les ha permitido tanto la entrada en Estados Unidos como la obtención de residencia».

A diferencia del rapero, que inicialmente viajó a Estados Unidos para recibir el premio Latin Grammy 2021 por la canción «Patria y Vida», Casanella no puede aplicar a la Ley de Ajuste al año y un día de estar en ese país debido a que recibió una I-220A.

«En mi caso, el mayor problema es que en la frontera, en enero de 2022, no me hicieron una entrevista de miedo creíble, e incluso me la rechazaron cuando la pedí. Además, tuve la mala suerte de recibir un documento  I-220A, que no se considera una entrada legal», explicó Casanella a El Estornudo. «El mecanismo que puede usarse para regularizar mi estatus es el asilo político, pero este proceso puede demorar varios años, pues hay millones de personas solicitando asilo político en Estados Unidos y los jueces de inmigración tienen las agendas ocupadas para los próximos tres, cuatro o cinco años».

El abogado Eloy Viera Cañive, director de elTOQUE Jurídico, ha explicado que Casanella «impulsó su caso de asilo, pero las dilaciones en la tramitación de estos casos en Estados Unidos todo el mundo sabe que son históricas». En su opinión, si las autoridades estadounidenses «hubiesen hecho una consideración individual de su caso perfectamente pudieran haber hecho con Óscar Casanella lo que con otros cubanos I-220A: cambiarle su estatus migratorio y concederle un parole que les permita aplicar a la Ley de Ajuste Cubano».

Por su parte, Esteban Rodríguez teme que se ignore o se minimice el contexto represivo en la isla. «Puede ser que los funcionarios estadounidenses tengan una visión de lo que enfrenta un exiliado político, pero no saben todo lo que pasa, porque el régimen se ha vendido al mundo como que en Cuba no hay una dictadura. Entonces, lamentablemente, aquí hay algunos que por desconocimiento se van con esa teoría», dijo el activista en diálogo con El Estornudo. «Nos toca a nosotros mostrarle [al gobierno estadounidense] que en Cuba sí existe una dictadura y mete a las personas presas simplemente por pensar diferente».

Distintas olas migratorias provocadas por el mismo régimen

La emigración de los últimos cinco años en Cuba es mayor que otros hitos históricos como el éxodo del Mariel, en 1980, cuando se fueron del país más de 125 mil personas, o que la crisis de los balseros de 1994, cuando se marcharon en rústicas embarcaciones cerca de 35 mil isleños. Ahora, como desde hace décadas, el fondo del asunto es la permanencia del castrismo.

Freedom House, organización no gubernamental con sede en Washington D. C., calificó a Cuba como un país «no libre» en su último informe sobre el estado de las libertades políticas y civiles en todo el mundo.

Según la ONG, «el Estado comunista unipartidista cubano proscribe el pluralismo político, prohíbe los medios de comunicación independientes, reprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles fundamentales», entre otras severas críticas. Además, señala que «el carácter antidemocrático» de las autoridades «no ha cambiado desde la transición generacional en el liderazgo político que comenzó en 2018 e incluyó la introducción de una nueva constitución».

Frente a ese escenario, la carta enviada a la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado hace hincapié en que «la razón fundamental» del éxodo cubano del último lustro es «la misma de hace más de sesenta años: en Cuba existe una dictadura que ha secuestrado nuestro país, sin dejar a los cubanos más opción que la muerte, la cárcel, el silencio o el exilio. Sin embargo, nuestra petición va encaminada a que no se revictimicen, en un entorno democrático, a aquellos activistas que han luchado de manera activa contra ese mismo régimen totalitario».

Además, la misiva califica de inaudito «el cierre del programa de refugiados políticos en el año 2017 […]. Esta situación ha conducido a que los casos de activistas y expresos políticos se diluyan en la inmensa marea de personas que han emigrado, lo mismo por vías irregulares que por programas como el conocido como Parole humanitario».

El abogado Eloy Viera coincide en que «hay muchas otras personas que, sin haber tenido la historia de represión y persecución de estos activistas, han podido regularizarse muy fácilmente. Ese es el drama que hay detrás de esto y ese es el reclamo de mucha gente», subrayó a través de las redes sociales de elTOQUE.

Esteban Rodríguez espera que el gobierno de Estados Unidos le permita presentar su caso de asilo «lo más pronto posible ante las autoridades y que sea evaluado, porque tengo las pruebas para mostrar que fui perseguido político en Cuba», enfatizó. «Si regresara a Cuba mi vida correría peligro, ni hablar del daño a la familia que he creado aquí si me la arrebatan de repente. Toda mi vida estaría en manos de los represores nuevamente y ellos me soltaron de la prisión con la amenaza de que no regresara».

Los demás exiliados mencionados en el documento son Daniela Patricia Ferrer Reyes, hija del preso de conciencia José Daniel Ferrer; la pareja de activistas Eralidis Frómeta Polanco y Lázaro Yuri Valle Roca (periodista y expreso político); el disidente José Rolando Casares Soto y su esposa Yamilka Abascal Sánchez; el opositor Julio César Góngora Millo; el defensor de los derechos humanos Alexeys Blanco Díaz, y las hermanas Yaneris Redondo León y Mariana de la Caridad Fernández León, juzgadas y sancionadas por manifestarse el 11J, quienes lograron escapar en balsa, en noviembre de 2022, mientras se encontraban bajo fianza.