El 12 de enero pasado, cuando empezaba a circular en el espacio virtual la Resolución 61 del Ministerio de Cultura, Frank Linares, joven realizador audiovisual y productor, se cuestionó qué podría traer esto de positivo. Ese lunes, el camagüeyano encontró un comunicado de la Asamblea de Cineastas, y continuó leyendo una y otra vez la Resolución; intentaba dilucidar qué podría significar: «Tampoco es que esta ley dé mucha información sobre su implementación», dice a El Estornudo. «Es algo ambigua, y entonces tendría que salir alguien a explicar todo lo que debería estar muy claro. Los precios me parecen absurdos. Siento que existe un desfasaje con la realidad inmediata que estamos viviendo».
El documento que se compartió en línea indicaba que se había firmado el 29 de diciembre de 2025, y establecía el 1 de enero de este año como la fecha de su puesta en vigor por el ministro de Cultura. En la versión conocida, la resolución prescribe un escenario donde «la producción audiovisual y cinematográfica requiere de la obtención de permisos que expiden entidades adscriptas a organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales y resulta necesario establecer las tarifas en pesos cubanos y en divisas para el cobro por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), de los servicios que preste para la obtención de tales permisos». Asimismo, establece tarifas de cuatro mil 800 pesos por día de rodaje para producciones cubanas y de 60 dólares para coproducciones, e incluye un extenso mapa de los precios para filmaciones en la vía pública de calles principales y secundarias, cierre de tránsito, empleo de aeronaves, visas de trabajo e importación de equipamiento.
Aunque el documento generó conversación a principios de año, y en el propio cuerpo de la resolución parece indicarse que es una decisión tomada, no figura aún en la Gaceta Oficial, lo que constituye un requisito para su vigencia.
«Durante ya muchos años gran parte de los cineastas cubanos hemos señalado la necesidad de una Ley de Cine que regule (y nunca controle) el sistema audiovisual cubano para poder trazar políticas consecuentes y orgánicas. Es cierto que una industria cinematográfica requiere de distintos financiamientos, pero en el caso cubano hay que tener en cuenta una realidad económica general distorsionada en sus cimientos. Pienso que la Resolución 61 es parcial e inoperante en varias de sus propuestas», sostiene el veterano director Fernando Pérez, acaso el cineasta vivo más respetado en la isla. Ante la incertidumbre, prefiere encontrar nuevas e imprevisibles brechas: «Estoy convencido de que tarifas fijadas “cuadra por cuadra” no podrán impedir que el cine independiente siga descubriendo el inconmensurable espacio fílmico que es la realidad cubana».
Por su parte, el investigador y creador de la Enciclopedia del Audiovisual Cubano (ENDAC), Juan Antonio García, reflexiona sobre la salud de la industria cinematográfica en la isla durante los últimos años: «En el cine independiente es donde creo que está existiendo algún tipo de superación. Si estamos viviendo en el siglo XXI se supone que el cine este atendiendo a esas nuevas maneras de circular. El cine oficial sigue muy atado a un modelo de producción rebasado por la historia».
Un comunicado en redes sociales de la Asamblea de Cineastas Cubanos —que reúne a artistas y creadores cubanos como espacio de diálogo y confrontación— definió la Resolución 61 «como un mecanismo técnico y económico de censura ejercido contra nuestro cine», al tiempo que problematizaba varias pautas de una disposición estatal que, según afirman los agremiados, «mercantiliza el espacio público y vulnera el espíritu de la cultura como bien público, convirtiéndola en un negocio estatal». En tal sentido, han advertido que el pago de los permisos de filmación genera «un monopolio estatal que no solo encarece la producción, sino que introduce demoras burocráticas y controles innecesarios».
«Muchas de las personas que utilizan grandes espacios al aire libre son en la mayoría de los casos extranjeros que vienen a filmar a Cuba, y esas personas sí se lo podrán pagar porque de todos modos tienen que pasar por el ICAIC», advierte Frank. «Para nosotros es diferente; por eso siento que es una manera de continuar [recaudando] dólares, y, por otro lado, funciona como un filtro».
Por su parte, Gustavo Arcos, investigador y profesor de la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisuales, señala: «Aunque está firmada por el ministro de Cultura, con aplicación desde el 1 de enero, las autoridades dicen que ahora entra en un proceso de discusión con los cineastas. Fue una respuesta oportunista, pues surge luego de las inquietudes mostradas por el gremio y la Asamblea de Cineastas Cubanos. Esas consultas debieron hacerse antes». Arcos teme que el cine independiente, el cine de autor o los proyectos críticos hacia determinadas cuestiones del país pudieran verse afectados o excluidos bajo el pretexto de que no tienen recursos para sufragar el cierre de una calle, una plaza pública, volar un dron o rodar en nuestras aguas.
«Lo que se aplica en otros países no tiene que clonarse aquí por la sencilla razón de que en Cuba no hay ya una industria cinematográfica», sentencia el también crítico cinematográfico. «Ese concepto hace rato desapareció. Tampoco tenemos estructuras al estilo Estudios de Cine como en Estados Unidos, India, China, Europa. Apenas tenemos un puñado de salas de cine, casi todas con tecnología obsoleta. No hay inversiones importantes en el sector, no tenemos mercados, y se realizan muy pocas producciones. Cualquier política pública alrededor de la cultura no puede levantarse desconociendo las dinámicas del arte contemporáneo. Podemos tener las mejores intenciones, y articular medidas, resoluciones, leyes, pero hay un contexto que impacta directamente sobre los creadores y el desarrollo de una cinematografía».
El realizador guantanamero Daniel Ross dice que «hace mucho no hay una alegría en el cine cubano». El debate en torno a la resolución, asegura a nuestra revista, ocurre en momentos críticos: «En Cuba mucho del cine que se hace es independiente, mediante crowdfunding o fondos que apenas dan para hacer una película en condiciones», explica. «Pienso que de aplicarse la ley habrá mucha gente que hará como yo con mi primer largo, La espera. Se plantearán cambiar mucho su esquema de rodaje y desarrollarán la historia en una única locación o en lugares distantes. Para filmar tomas complicadas quizás la gente no se arriesgue a pagar el lugar, y hagan [el rodaje] de forma ilegal, o no declararán todo… Si antes se recortaban los días de rodaje, en esta situación se reducirán las locaciones. No creo que todo sea fácil cuando pongan en marcha la ley. Muchos creadores cubanos solicitan permisos para sus películas a inicios del año, y finalmente graban el filme sin ellos. En diciembre, con todo terminado, los han recibido».
El papeleo legal consta, según la productora Yamila Marrero, de diversas etapas. Se inicia cuando un productor cubano reconocido ante el RECAC [Registro del Creador Audiovisual y Cinematográfico] presenta el dossier de una película, cartas de solicitud de todos los servicios necesarios para su realización, y un compromiso escrito que certifica la entrega del guion en su versión definitiva a fin de obtener el visto bueno del Ministerio del Interior (Minint). «Una vez que el/la productor/a recibe la Carta de aprobación del Minint, se entrega este documento en el Gobierno Provincial al funcionario/a responsable de la Coordinación de Objetivos y Tareas (relacionadas con Cultura, Deporte y Administración), y es esta persona quien emite el permiso definitivo. Esta carta de permiso de filmación es dirigida a los gobiernos municipales o intendentes de cada uno de los municipios u otras instituciones estatales involucradas, según la ubicación de las locaciones del proyecto. Tanto en este permiso definitivo, como en el emitido por el Minint puede representar una aprobación del proyecto, pero contemplar determinados requerimientos o condiciones que la producción durante el rodaje debe cumplir».
«Aunque antes era largo el proceso de solicitud de permisos, los pagos ahora complejizarían mucho la situación», expone Manuel Ramos, productor asistente de locaciones. «En teoría debería ser más rápido, pero cuando empiezas a sumar y sumar: pagarías por solicitar el permiso, también por el permiso una vez concedido, por cada día rodaje. Con el desglose, la cantidad de dinero sería muy alta».
Yamila Marrero recuerda que ya cuando el texto de la Resolución 61 fue difundido de modo informal entre los productores y, luego, entre los cineastas, el colectivo manifestó al Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) su inconformidad con estas tarifas, sobre todo las establecidas para proyectos nacionales: «Dichos montos», sostiene, «deberían contemplar una protección a la producción nacional y a la realizada por estudiantes. En el caso de las coproducciones internacionales, debe tenerse en cuenta que, aunque realizada con una parte del personal y financiamiento extranjeros, esa película también es cubana, por lo cual no debe valorarse de la misma manera que otro tipo de servicios internacionales de producción. O sea, deberían aplicarse tarifas mínimas, o valorarse como una película nacional; lo contrario atentaría contra el espíritu de favorecer las coproducciones con Cuba. El ICAIC estuvo realizando algunas reuniones con colectivos de creación y con productores, directores y demás cineastas, así como reuniones con estudiantes y docentes de FAMCA [Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisuales de la Universidad de las Artes de Cuba] y miembros de la sección de Cine, Radio y Televisión de la UNEAC [Unión de Escritores y Artistas de Cuba]».
El 20 de enero de este año la página de Facebook de Cubacine ICAIC documentó un intercambio —segunda de su tipo en el año, según la propia publicación— del Instituto con un colectivo de cineastas y productores en torno a la Resolución 61: «Productores audiovisuales y cinematográficos cubanos intercambiaron, en la Sala Héctor García Mesa del ICAIC, con la presidencia del Instituto, en torno a temas relativos a la producción de cine en las actuales circunstancias del país».
La directora cubana Rosa María Rodríguez recuerda algunas de las interrogantes y propuestas que surgieron en ese espacio: a saber, ¿qué obras estarían exentas de pagos y cuáles serían los requerimientos correspondientes?; ¿qué período de tiempo cubriría cada pago abonado?; ¿en caso de que ocurran contratiempos naturales (como lluvia) durante la filmación, habrá que realizar nuevamente el pago o la normativa protege a los cineastas en este sentido?; ¿los días para los trámites son hábiles o naturales?; etc. «Entre todas estas dudas la que resulta inminente es qué garantías provee esta disposición», subraya a El Estornudo. «¿Qué pasa si habiendo pagado por un permiso o servicio se incumple, si no me autorizan a filmar o me retiran el permiso de volar el dron a última hora? ¿Quién asumiría el coste de lo que esto representa?».
Alexis Triana, presidente del ICAIC, afirmó durante dicha reunión que «escucharían a todo el mundo y que se encontraban en disposición a cambiar o adecuar lo que sea necesario y provenga de un reclamo del gremio».
«Nos dijeron que la moneda nacional es flexible y cuentan con más margen», recapita la cineasta. «La idea que proponen es que la comisión fílmica se encargue del trámite completo de las solicitudes. Los creadores envían la petición de permiso, y ellos se encargan de todo. Eliminando trámites intermedios como la entrega de la carta al Minint».
En la reunión se esclareció que la Resolución 61 no se había implementado y que «continuarían sin cobrar los permisos hasta escuchar a todos», apunta Rodríguez. «Nos contestaban que necesitan comenzar a ser un organismo rentable y que a esa altura no contaban con el presupuesto del año, solo han recibido 300 litros de combustible para todos los rodajes y gestiones planificadas».
Claudia Manzanet, estudiante y presidenta de la Federación de Estudiantes Universitario (FEU) en la FAMCA, dice que muchos ejercicios de tesis del pasado año resultaron costosos y que algunos estudiantes pagaron hasta 100 dólares (unas seis veces el salario medio del país, cuando el dólar se cotizaba en torno a los 400 pesos en el mercado informal divisas) de sus recursos propios y gracias ayudas de familiares para sufragar los audiovisuales de la licenciatura. «El día que leímos la resolución utilizamos nuestro canal oficial para abrir un debate entre todos los años y trasladar todas esas dudas a la dirección de la escuela», relata. «Así se convocó esta reunión. Planteamos lo descabellado que resultaba que los estudiantes tuviésemos que pagar, aunque sea un 50 por ciento del precio de las locaciones, ya que nosotros mismos y nuestras familias son las encargadas y encargados de financiar nuestros ejercicios de culminación tanto de año como de semestre, y las tesis. Finalmente, nos confirmaron que los costos de las locaciones serían sufragados por la escuela en caso de aplicarse la resolución. Adicionalmente, iban a revisar los convenios que ya existían entre la escuela y el ICAIC para que no nos viéramos forzados más a autofinanciar nuestros audiovisuales, y que renovarían estos tratos; se acordaría toda una estructura de apoyo del ICAIC».
A Manzanet y otros estudiantes de los cuatro años de FAMCA presentes en esta reunión —a la cual también concurrió el presidente del ICAIC, así como la decana del centro de altos estudios y algunos profesores—, les aseguraron igualmente que la Resolución 61 no se había confirmado confirmada ni estaba vigente, sino que iniciaba un proceso de revisión y consulta con el gremio. Luego, en redes sociales, el ICAIC divulgaría los acuerdos de esta reunión: «Se ratificó que ningún estudiante paga tarifas de permisos de filmación, pues estos son tramitados por los centros docentes, junto al resto de los gastos».
En este semestre comenzarían las grabaciones del ejercicio de documental en tercer año y, por ahora, según la dirigente estudiantil, todo debía seguir como antes. «Estamos a la espera de saber, pero últimamente somos nosotros los que debemos preocuparnos de preguntar en qué estado se encuentran estas gestiones. Quisiéramos ver ese convenio en papel».
Pero el 6 de febrero último varios centros de altos estudios del país, entre ellos la Universidad de La Habana y la Universidad de las Artes (a la cual pertenece la FAMCA) establecieron un cese de la presencialidad en las clases durante 30 días. Para mediados de marzo, la FAMCA continúa en una modalidad híbrida, es decir, en buena parte online y, de hecho, semipresencial para aquellos estudiantes que puedan trasladarse hasta el centro.
«Hasta la fecha», confirma la productora Yamila Marrero, «no tengo conocimiento de que se haya formalizado una propuesta definitiva de las tarifas que se estarán implementando ni cuándo entrarían formalmente en vigor».
Más allá de la preocupación por la posible implementación de la Resolución 61, otra clase de desafíos e incertidumbres desdibujan los proyectos —y no solo cinematográficos— para este 2026, dado el agravamiento de la crisis multidimensional que padece la isla tras el decreto presidencial de Donald Trump, quien estableció un bloqueo energético total a Cuba. En los últimos dos meses, cada barco extranjero con petróleo ha sido disuadido o interceptado antes de llegar a puertos cubanos, y sectores como el turismo se encuentran parcialmente paralizados mientras la economía nacional se ralentiza hasta la virtual inmovilidad.
El investigador Juan Antonio García cavila sobre el impacto de eta crisis sobre la producción de cine y sobre las diferencias con la vivida en el país a finales del siglo pasado: «Lo que pasa es que las películas de inicios de los noventa ya se habían comenzado a producir antes», recuerda. «Lo que cambia hoy es que los modos de producción no tienen nada que ver con lo que existía en los noventa. Estas tecnologías emergentes permiten un tipo de producción más autónoma. Pero eso no quiere decir que ese hecho esté desligado de la crisis. Para mirar el cine, miremos primero el país».
Manuel Ramos repara en que muchos proyectos de cine hoy se encuentran en suspenso: «Aventurarse a una filmación en estos momentos es contraproducente porque las probabilidades de verse afectada o detenida son inminentes», dice.
Por estos días muchos cubanos se cuestionan qué ocurrirá y cómo lo que ocurra afectará incluso los órdenes más básicos de su vida… La imposibilidad de obtener combustible dispara los costos de las filmaciones. Algunos estudios han visto reducirse las grabaciones de videoclips. de varias a la semana a cero en el último mes. Las pocas producciones importantes cuyo rodaje o prefilmación debían comenzar en febrero —como el próximo largometraje de Arturo Sotto y una nueva ficción histórica de Manuel Herrera— buscan alternativas para concretarse. Aunque se sostiene la producción de unos pocos telefilmes y cortometrajes en La Habana y en provincias, puede decirse que la industria audiovisual en la isla se precipita hacia pausa indefinida.
La gran mayoría de los proyectos se ven ahora mismo condenados a un letargo del que nadie sabe cuándo despertarán.
