El debate sobre la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano ocupa en estos días a cierta parte de nuestra comunidad en Estados Unidos, ahora que la administración de Donald Trump impulsa su política antimigrantes a lo largo del país y el miedo de los latinos en general no ha hecho más que crecer. Algunos de los argumentos más frecuentes señalan que los cubanos solicitan asilo político y, tras un año y un día, regresan de inmediato al país del que huyen; que los cubanoamericanos invocan la reunificación familiar para justificar estancias que, en realidad, se asemejan más al turismo común y a otros viajes no autorizados; y que, sin perjudicar a las víctimas, hay que evitar el uso de la ley por parte de perseguidores y otras personas que forman parte de la maquinaria de opresión en Cuba. De la misma manera, puede escucharse de nuevo, palabras más palabras menos, que «ha llegado el momento de garantizar legalmente que solo los cubanos que arriban a Estados Unidos como refugiados disfruten de los privilegios especiales. Los demás deben quedar sujetos al mismo conjunto de normas migratorias que los mexicanos, canadienses, filipinos o cualquier otra nacionalidad que espera pacientemente para hacerlo».

Este debate, sin embargo, no es privativo de hoy. Ya lo hubo, por ejemplo, en mayo de 2012 cuando David Rivera, entonces político de la Florida, presentó ante el Subcomité de Política y Aplicación de Inmigración, Comité Judicial de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley para modificar la Ley de Ajuste Cubano de 1966. «Hay mucha desinformación entre los oficiales de CBP. No todas las personas saben el origen y el alcance de la Ley de Ajuste Cubano, y muchos oficiales están haciendo un paralelo entre la Ley y el asilo», dijo a El Estornudo la abogada Liudmila Marcelo.

Especialista en temas migratorios, Marcelo nos contó, desde su oficina ubicada en Palm Beach, que tuvo «hace un tiempo un proceso de naturalización y el oficial de USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos), me dijo: ‘no, pero esta persona es un refugiado’. Le dije: ‘no es lo mismo estar bajo categoría de refugiado y asilado que bajo la Ley de Ajuste Cubano’, y el oficial entendió. Ni la ley, ni el procedimiento legal bajo la categoría CU6, impide regresar al país de origen, porque la persona no pasó por un proceso de miedo creíble o por un proceso de asilo en el que juró y firmó delante de un juez una declaración de que sufría persecución en su país de origen».

Por su parte, el abogado Willy Allen, quien ha ejercido su profesión en el sur de la Florida por más de cuatro décadas, opinó, más enfático, que «este gobierno no está empujando nada en contra de los cubanos. Este gobierno ni sabe ni tiene idea de qué es la Ley de Ajuste Cubano. Yo creo que, si en este momento hay una serie de comentarios en las redes sociales sobre el tema, no tiene que ver con este gobierno, sino con personas que no conocen la ley, no conocen la historia y francamente hablan porquería. Están creando cierto pánico. Te digo con certeza absoluta: la Ley de Ajuste Cubano es imposible eliminarla».

En 1996, hubo en Estados Unidos una reforma migratoria conocida como IRA (Immigration Reform Act), mediante la cual la Ley de Ajuste Cubano fue anulada, adaptada e incluida dentro de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (LIBERTAD) o Ley Helms-Burton, una táctica del congresista cubano Lincoln Díaz-Balart que Allen considera «brillante». Para que la Ley sea eliminada, «el presidente de los Estados Unidos tendría que anunciar al Congreso americano que Cuba ha tenido elecciones libres, transparentes y democráticas. Una vez el presidente lo anuncia, la Ley queda eliminada. Yo entiendo que en este momento hay pánico por todo, pero no debería haberlo porque la ley se elimine», aclaró.

Con esta análisis coincide Eloy Viera Cañive, abogado y director legal del Colectivo Voces+, quien además señala que ahora mismo no hay ningún movimiento en Washington para eliminar la ley. «Se necesita un consenso en el congreso que no creo que sea capaz de lograrse, al menos no en este momento congresional», apunta. «Y lo digo, entre otras cosas, porque la bancada demócrata se ha unido de forma contundente para negar medidas antimigrantes impulsada por la administración de Donald Trump. Por otra parte, también creo que los congresistas de ascendencia cubana, que son republicanos los tres, se opondrían a cualquier modificación de la ley, no solo porque saben que de eso depende su futuro político, sino también porque van a intentar generar caucus o consenso con otros republicanos que puedan oponerse a la medida e intentar que la discusión no pasé de un subcomité, como ya ha sucedido anteriormente».

Uno de los intentos de modificar la Ley de Ajuste Cubano

David Rivera, quien fue miembro de la Cámara de Representantes por el sur de Florida durante un período, de 2011 a 2013, propuso en 2012 una modificación de la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Sobre el tema, apuntaba en ese entonces: «Mi legislación simplemente establece que a cualquier ciudadano cubano que reciba asilo político y residencia, y viaje a Cuba siendo residente, se le revocará su estatus de residente. Las agencias de viajes que ofrecen servicios de viaje a Cuba incentivaron a los pasajeros con pasajes aéreos gratuitos, siempre que estuvieran dispuestos a llevar equipaje con mercancía para su venta en Cuba. En estos casos, los beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano se convierten en meros instrumentos para promover la actividad comercial en Cuba. En muchos casos, los cubanos que viajan también reciben programas de asistencia social financiados por los contribuyentes estadounidenses, como Medicare, Medicaid, Seguro Social, cupones de alimentos, vivienda pública y asistencia en efectivo».

Como parte del mismo debate ante el proyecto de ley presentado en ese entonces, Juan Carlos Gómez, quien en aquel momento fungía como Director de la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos Carlos A. Costa, en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida, creía que «mientras los caudillos, o en esencia militares fuertes, y sus matones sigan en el poder en Cuba, la Ley debe seguir existiendo», pero que había que distinguir entre las víctimas de los opresores y los oportunistas, pues «resultaba irónico que, mientras un país, y muchas personas, tenían que esperar más de 50 años para obtener la libertad, los ex miembros del Partido Comunista solo necesitaban esperar cinco años y luego solicitar los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano».

Mauricio Claver-Carone, hoy enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para América Latina, señalaba que, trasla Crisis de los Balseros de 1994, la Administración de Bill Clinton había utilizado la ley para todos, una brecha que el régimen de Castro aprovechó «para crear un sistema de viajes de ida y vuelta para decenas de miles de cubanos no refugiados que, sin embargo, ajustaron su estatus bajo la Ley de Ajuste para los Refugiados de Cuba». En la misma línea que sus colegas, Claver-Carone indicaba que «la manera más justa y sencilla de clasificar legalmente a los cubanos con una justificación política legítima frente a los que no la tienen, es identificar a quienes regresan rápidamente a las islas (…) la forma en que la ley distingue entre solicitudes de refugio legítimas y fraudulentas para cualquier otra nacionalidad del mundo”.

Por otra parte, en el mismo subcomité, Thomas Bilbao, entonces Director Ejecutivo del Grupo de Estudios de Cuba, señalaba que «nuestras convicciones morales nos dicen que dividir a las familias cubanas es incorrecto, sin importar quién sea el responsable, y que la mejor manera de ayudar a los cubanos de la isla a ser artífices de su propio futuro es empoderándolos mediante recursos e información. El aislamiento del pueblo cubano beneficia los intereses más inflexibles de su gobierno, mientras que cualquier apertura sirve para informar y empoderar al pueblo cubano y contribuye a fortalecer aún más nuestra sociedad civil». Según sus argumentos, los defensores del proyecto de Rivera sugerían que los beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano no debían viajar a la isla porque se beneficiaban de esta al alegar persecución política. «Sin embargo, la Ley de Ajuste Cubano no convierte la persecución en una condición para obtener un estatus legal», ya que, «como estadounidenses, entendemos que los inmigrantes cubanos, soliciten o no asilo político, son víctimas de un sistema que viola sistemáticamente las libertades individuales y reprime la iniciativa privada».

A manera de recuento histórico, y para sumar un poco de contexto, Willy Allen recordó que, desde los años 80 y 90, cuando comenzaron los llamados viajes de la comunidad y se permitió que los cubanos emigrados en Estados Unidos  regresaran a la isla ver a sus familiares, «la gran mayoría de las personas que viajaron  a Cuba eran residente CU6. En esa época hubo líderes locales que atacaban los viajes, que atacaban el hecho de llevar ropa, comida y artículos. Y cuando empezó ‘pies secos, pies mojado’, la edad de oro para quienes entraban con balsas, por frontera, o de cualquier forma, aquí no paraban los políticos, pero principalmente republicanos electos, de atacar el decreto. Esas discusiones han ocurrido por décadas, y no tuvieron  ningún impacto negativo en la Ley de Ajuste Cubano».

Meter miedo y pánico 

A pesar de que varios especialistas coinciden en que una revisión de la Ley de Ajuste Cubano en el Congreso de Estados Unidos es, cuanto menos, improbable en este minuto, también creen que el debate sobre su derogación tiene como objetivo infundir el miedo en la comunidad de emigrantes. De la misma manera, una discusion más fuerte sobre la pertinencia de la ley, según Eloy Viera, pudiera llegar en el futuro, «ya que muchos políticos en Estados Unidos, e incluso parte de la comunidad cubana que responde al movimiento MAGA, cree que se trata de un privilegio injustificado para nosotros».

El director legal del Colectivo Voces+ lee este debate como una posible estrategia de la actual administración republicana para fomentar los temores de persecución en la gente y lograr deportaciones y autodeportaciones. «Si nos guiamos por las cifras oficiales», dice Viera, «la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, asegura que 1.6 millones de personas se han autodeportado después de que la administración emprendiera acciones y empezara con su retórica contra los inmigrantes irregulares». Aun así, «más allá de que yo no pueda certificar que ese debate ha sido impulsado y generado por una agenda o un actor político determinado, creo que, una vez que se producen, no debemos evitarlos», concluyó.

Allen insistió en que «es el gobierno de Cuba, no el de Estados Unidos, el que ha separado a la familia cubana por seis décadas», y que él apoya los viajes a la isla «porque yo no voy a decirle a un cubano con un hijo enfermo en Cuba, una tía enferma, una madre enferma, una abuela enferma, que no lo ayude. Esa es la obligación y es una decisión suya», afirmó. Sin embargo, el pasado 5 de agosto, el canciller del régimen de La Habana, Bruno Rodríguez Parrilla, exoneró a su gobierno de cualquier responsabilidad histórica en el conflicto y dijo en X que «políticos anticubanos, incluido Secretario de Estado de Estados Unidos (Marco Rubio), están decididos a separar aún más a familias cubanas. No les es suficiente el daño causado por sus medidas de asfixia económica. Intimidan, lanzan amenazas y persiguen a migrantes cubanos con vínculos con su Patria».

Recientemente, al menos dos mujeres que viajaron a Cuba denunciaron que, tras sus regresos, fueron detenidas en el aeropuerto de Miami por oficiales de la frontera. A través de sendos videos publicados en las redes sociales, una de ellas explicó que la retuvieron cuatro horas, le revisaron su teléfono celular y le advirtieron que no podía ir más a Cuba o perdería su residencia en Estados Unidos; mientras, la otra contó que fue interrogada por un cubano, quien le insufló miedo con que perdería su Green Card, al tiempo que los oficiales estadounidesnes no dijeron nada. Ambas mujeres señalaron que no regresarían más a la isla por un tiempo. 

Sobre este tema, la abogada Liudmila Marcelo dijo a El Estornudo que «lo que puede tranquilizar a las personas es que ningún oficial de CBP, ni ningún oficial de aeropuerto, puede retirarte la residencia. Eso es algo que solamente le corresponde al juez. Lo más que puede hacer este oficial es recomendar un proceso delante de un juez para que justifiques si aún tienes los derechos que te permiten ser residente».

No obstante, Marcelo recomienda a sus clientes, y a cualquier cubano en general, que lo piense muy bien antes de viajar a Cuba. «¿Poder?, se puede, pero cada quien debe analizar las razones y las circunstancias de su viaje, porque no creo que nadie quiera pasar ahora mismo por un proceso legal ante un juez, a menos que se trate de un asunto de enfermedad de algún familiar, o alguna otra cosa bien grave».

La ley, nos dice el periodista Wilfredo Cancio, al tanto de los debates últimos sobre el tema en el seno de la comunidad cubana, «no está en peligro para nada, pero estas oleadas son cíclicas y meten miedo». A su vez, Viera insistió en que la polémica «busca más que nada generar mayor inseguridad y mayor insatisfacción, sobre todo entre los cientos de miles de cubanos que han llegado en los últimos tiempos, que no han podido regularizarse y que tienen su esperanza puesta en la permanencia y la vigencia de Ley de Ajuste Cubano. Más allá de cualquier debate, esa gente tiene en la ley un amparo y un beneficio que esperemos dure mucho tiempo».