Elizabeth, Alianna, Rosa María, Gretel, Daimí, Julia, Yaritza, Yunia, Nancy, Bertha, Odalys, Bárbara Elena, Yilianys, Ledisvannielis, Melissa, Yunisleidy, Leysi Liettis, Kenia, Yailín, Mailenis, Milagros, Rosa Delia, la niña Orlis Daniela… son los nombres de algunas de las mujeres víctimas de asesinatos con sesgo de género en lo que va del año 2025 en Cuba, reportados en casi todas las provincias del país.

La cifra de los feminicidios verificados por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y YoSíTeCreo en Cuba (YSTC), plataformas independientes que desde hace años denuncian la violencia machista y cuestionan la respuesta del Estado cubano, no ha dejado de aumentar.

Hasta el 25 de agosto, las organizaciones de activistas habían documentado al menos 27 mujeres víctimas de feminicidio este año y trabajaban en el esclarecimiento de otros intentos asesinatos. Sin embargo, saben que apenas es un subregistro y la dimensión real del problema no puede ser calculada en las condiciones actuales.

«La situación de los feminicidios en Cuba es grave, y no estoy hablando solo de una evaluación cuantitativa», dice a El Estornudo Marta María Ramírez, periodista y colaboradora de YSTC.

La activista feminista señala «el abandono de las instituciones ante situaciones de violencia feminicida, la falta de legislación específica e integral que permita hacer acciones preventivas y en la que se pueda hablar de todas las tipologías de feminicidios que estamos viviendo».

A esto se suma las dificultades para verificar los casos y determinar si las circunstancias del crimen permiten calificarlo de «feminicidio»: el asesinato de una mujer por razones de género, con elementos de machismo, la misoginia, las relaciones desiguales de poder entre géneros y la tolerancia o negligencia del Estado frente a la violencia contra las mujeres.

Sucede que, «cuando ocurre uno [de estos asesinatos], el régimen rápidamente trata de silenciar a los familiares y a los vecinos», agrega Yanelys Núñez Leyva, miembro del OGAT, también entrevistada por este medio.

Tormentas perfectas

La crisis económica sostenida, que durante el último lustro ha tocado un fondo sin precedentes en décadas de castrismo, complica el escenario para las mujeres y las organizaciones que denuncian las desigualdades y violencias de género.

A veces, el único resquicio para que se conozca información verificada que ilustre el drama más allá de las estadísticas, es el trabajo de voluntariado de las organizaciones de la sociedad civil con presencia en el terreno, cuyas colaboradoras están expuestas a precariedades similares a las de sus fuentes —apagones, falta de transporte, Internet irregular…—, y al acoso del Estado cubano.

Por eso Ramírez se cuestiona hasta dónde alcanza la mirada de las observadoras independientes: «sabemos que en las condiciones de un país con 20 y 23 horas de apagón, sin acceso a telefonía celular, además con un tarifazo reciente que aumentó una Internet que ya era cara y mala, y todo en un contexto de feminización de la pobreza… ¿cómo se pedirá ayuda en un contexto así?».

«Cuando ocurrió el gran apagón que desconectó Cuba entera en octubre de 2024», recuerda Marta María Ramírez, «instamos a las autoridades a que hicieran un plan para ver qué es lo que estaba pasando dentro de los hogares: que salieran con altavoces a la calle, que visitaran viviendas, que movilizaran fuerzas que normalmente usan para reprimir y las emplearan en proteger a las mujeres, a las infancias, a las personas no binarias, pero no lo hicieron. En el contexto cubano actual todo es mucho más grave y esta complicidad estatal lo empeora».

La activista también señala el aumento de las desapariciones de mujeres y niñas y el poco seguimiento que puede dársele a estos casos, «porque dependemos otra vez de la familia, de su conectividad, de que no hayan sido presionadas por la policía para que no hablen con la prensa y activistas feministas, bajo amenaza de no hace nada por su parte».

De acuerdo a todos estos patrones, Ramírez califica al régimen cubano como «un estado feminicida». Para la activista, «toda la cadena de complicidad está ahí, desde la no legislación, la no prevención, no hablar del problema, no ponerle nombre, no destinar recursos, no atender a las mujeres que hacen denuncias en una estación policial a pesar del riesgo que corre su vida y la de su familia por la cadena de violencia feminicida».

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en el año 2024 se juzgaron en los tribunales cubanos 230 casos relacionados con violencia sexual (tipificado como delito), 120 de esos casos por «agresión sexual» y 110 vinclulados a otros tipos de violencia sexual.

Yanelys Núñez explica que «lo más importante es la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas», pero «no hay grandes avances» por parte de las instituciones oficiales.

«Incluso hemos visto casos de agresores que son reincidentes. Eso quiere decir que están condenados por violencias machistas, pero han recibido una rebaja de sanción o salieron a un régimen penal de mínima severidad o están de pase, y cometen otro crimen», lamenta.

Las consecuencias de los feminicidios no terminan en la víctima inmediata. Marta María Ramírez explica que muchas veces las familias quedan lideradas por abuelas y abuelos envejecidos, empobrecidos, en quienes recaen el sostenimiento de los menores sobrevivientes y el suyo propio.

¿Por dónde empezar?

Marta María Ramírez y Yanelys Núñez coinciden en que «no hay avances concretos en políticas públicas, en legislaciones o en la aplicación de llos pocos mecanismos que les han dejado a las mujeres cubanas para defenderse».

Según Núñez, «tímidamente se han capacitado [algunos funcionarios], incluso a nivel jurídico ha salido una guía para los profesionales de ese sector, pero todo es mucho en papel. Vemos que, aunque se ha puesto sobre la mesa oficial este tema, no hay grandes resultados en este sentido».

Entre las acciones urgentes que podría tomar el Estado cubano para comenzar a cambiar la situación, Marta María Ramírez menciona la creación de refugios para mujeres y sus hijos, una exigencia del activismo independiente desde hace muchos años, pero que no ha sido apoyado por las autoridades.

También es imprescindible «tener acceso a medios de comunicación, en los que podamos decir lo que está pasando, o informar lo más cercano a la realidad que hemos podido documentar, que es mucho más grave que hace 10 o 20 años».

Desde el poder «no responden», asegura Ramírez. «Dijeron que teníamos que esperar a 2028 para una Ley integral contra la violencia de género, y que iban a transversalizar todo esto en otras legislaciones, pero todo es mentira: han priorizado un montón de medidas económicas que solo han enlodado más el panorama cubano, han aumentado la represión contra todo activismo, incluido el activismo feminista que les está haciendo el trabajo».

«Si nos dejaran salir con altavoces, si nos dejaran acompañar físicamente en las comunidades, sin perseguirnos, sin citarnos a interrogatorios, sin ponernos policías en la puerta de la casa, sin intervenir en nuestras amistades en nuestras relaciones con las víctimas, nosotras podríamos hacer un mejor trabajo».

También menciona la utilidad de tener una lista de «lista de agresores sexuales», para consulta pública.

El pasado julio las autoridades informaron que, en 2024, se realizaron juicios por casos relacionados con los asesinatos de 76 mujeres a manos de sus parejas, exparejas u otras personas, lo que ubica a Cuba entre las naciones con mayores tasas de feminicidio (1,79 por cada 100.000 mujeres) en Latinoamérica, solo superado por Honduras y República Dominicana.

Los datos provienen del oficialista Observatorio de Cuba sobre Igualdad y Género. Según Yanelys Núñez, «ellos solamente ofrecen cifras que están relacionadas con casos juzgados, es decir, que eso puede ser incluso de casos que han sucedido en años anteriores, porque sabemos que hay una fuga de personal y estos procesos de enjuiciamiento se demoran mucho».

Por el camino también se resiente la fuerza de las activistas que colaboran en la verificación y documentación de los casos, movilizando a la ciudadanía para la búsqueda de alguna desaparecida o dando asesoría a víctimas que desean romper el ciclo de violencia.

«Es muy difícil hacer esto. Lloro cuando hablo con la familia. Metodológicamente no es como lo más correcto, ¿no? Se supone que uno pueda mantenerse en una posición más calmada… Empática, pero más calmada. Ya yo no lo consigo», confiesa Marta María Ramírez. No obstante, sabe que volverá sobre el tema cuando se denuncie el próximo caso, cuando le pidan la siguiente entrevista. Y no podrá negarse, porque afuera las están matando.