MADRID, España.- El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) publicó su informe de noviembre con un dato especialmente alarmante: una lista preliminar de 87 muertes relacionadas con la epidemia de arbovirus en Cuba, recopilada únicamente a partir de búsquedas en redes sociales. La cifra contrasta con los 33 fallecidos que el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reconoce hasta el 1 de diciembre, pese a que en varias provincias los hospitales, funerarias y cementerios exhiben señales evidentes de colapso.
El mes cerró con 1.326 protestas y denuncias, un nuevo récord en un año marcado por el avance de la epidemia, los prolongados apagones y la crisis alimentaria. La situación sanitaria fue el eje central de las quejas: cientos de reportes describieron cuerpos de guardia sin oxígeno, pacientes atendidos en camillas improvisadas —o en el suelo—, falta total de suero y reactivos, y una presencia masiva de mosquitos en barrios donde la fumigación nunca llegó. El OCC califica la respuesta del Estado como “un genocidio silencioso”, al apuntar a la combinación de insalubridad, apagones de hasta 20 horas y un sistema de salud sin recursos mínimos.
Este lunes el MINSAP reconoció la muerte de 33 personas por arbovirosis en el país, en un contexto que la propia institución califica de “complejo”, con amplia circulación de dengue y chikunguña en todo el territorio nacional.
Según informó la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, en el programa televisivo Buenos Días, de los 33 fallecimientos confirmados, 12 se atribuyen al dengue (siete en menores de 18 años) y 21 al chikunguña (14 también menores de 18 años).
Aunque el Gobierno insiste en cifras bajas, la mortalidad asociada a los arbovirus se ha disparado. Trabajadores funerarios reportaron “más de 160 fallecidos diarios” en La Habana, y en Sancti Spíritus un cementerio realizó 15 entierros en un solo día, muy por encima de su promedio histórico. En redes sociales se multiplican los casos de niños, adolescentes y adultos jóvenes que mueren tras días sin recibir atención adecuada o sin acceso a medicamentos básicos.
A la emergencia sanitaria se suma la profunda crisis alimentaria: un cartón de huevos llegó a costar 3.400 pesos —más de la mitad del salario medio mensual— y familias enteras dependen de lo que encuentran para sobrevivir.
El oriente del país continúa enfrentando la peor parte. Tras el paso del huracán Melissa, decenas de miles de familias quedaron sin techo, agua ni electricidad durante semanas. Hay testimonios de niños durmiendo sobre el suelo en centros de evacuación sin colchones, comunidades usando agua fangosa de alcantarillas y pobladores obligados a cocinar con leña en plena epidemia.
También aumentó la inseguridad ciudadana, con 12 asesinatos, cinco desapariciones y un repunte de los delitos de robo y asalto. Un turista mexicano fue víctima de dos intentos de atraco durante un apagón en La Habana Vieja, un ejemplo de la vulnerabilidad que deja la oscuridad prolongada.
En paralelo, continuaron las detenciones, amenazas y citaciones policiales contra activistas, periodistas y ciudadanos que protestaron por la falta de servicios básicos. Hubo traslados de presos políticos a cárceles distantes y campañas de descrédito contra medios independientes, en un mes que registró más de tres centenares de expresiones públicas de desafío al poder.
El informe concluye que noviembre refleja un descontento generalizado en todas las provincias del país, alimentado por el deterioro del sistema de salud, el colapso de los servicios públicos, la inseguridad y la falta de respuesta estatal ante una emergencia humanitaria que continúa expandiéndose.
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