MIAMI, Estados Unidos. – La exjefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, figura central en la negociación y firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la UE y el régimen cubano, fue detenida por la policía belga en el marco de una investigación por presunto fraude en la adjudicación de un programa de formación financiado con fondos europeos.
La operación, coordinada por la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), incluyó registros en la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas y en el Colegio de Europa, en la ciudad de Brujas, donde Mogherini se desempeña como rectora.
Según el comunicado oficial de la EPPO, las pesquisas se centran en el proyecto de la Academia Diplomática de la Unión Europea, un programa de nueve meses para jóvenes diplomáticos que fue adjudicado al Colegio de Europa entre 2021 y 2022 tras un procedimiento de licitación. La fiscalía confirmó que tres personas fueron detenidas luego de que la Policía Federal belga practicara registros en varios edificios del Colegio de Europa, en instalaciones del SEAE en Bruselas y en las viviendas de los sospechosos.
En su nota pública, la EPPO explicó que la investigación se centra en determinar si el Colegio de Europa y/o sus representantes recibieron de antemano información sobre los criterios de selección de la licitación y si tuvieron razones para creer que se les adjudicaría el proyecto antes de la publicación oficial del anuncio por parte del SEAE.
El organismo añade que “existen fuertes sospechas de que, durante el proceso de licitación del programa, se vulneró el artículo 169 del Reglamento Financiero relativo a la competencia leal y que se compartió información confidencial relacionada con la contratación en curso con uno de los candidatos que participaban en la licitación”.
La Fiscalía Europea precisa además que los hechos investigados “podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional” y recuerda que “todas las personas se presumen inocentes hasta que su culpabilidad haya sido probada por los tribunales belgas competentes”.
El Colegio de Europa, institución universitaria que prepara a graduados europeos para trabajar en las instituciones comunitarias y que recibe financiación de la UE, confirmó los registros y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades. En una declaración enviada a la prensa, la institución señaló que “cooperará plenamente con las autoridades en interés de la transparencia y el respeto del proceso de investigación” y subrayó que “sigue comprometida con los más altos estándares de integridad, equidad y cumplimiento —tanto en los asuntos académicos como administrativos”.
Junto a Mogherini, fue detenido Stefano Sannino, alto funcionario europeo que ocupó la secretaría general del SEAE entre 2021 y 2024 y que desde febrero de 2025 dirige la Dirección General de la Comisión Europea para Oriente Medio, Norte de África y el Golfo (DG MENA), un cargo creado para reforzar las relaciones con esa región. El tercer detenido es un directivo del propio Colegio de Europa, de acuerdo con medios belgas citados por varias agencias internacionales.
La operación se realizó tras el levantamiento de la inmunidad de varios sospechosos, concedido a petición de la EPPO. Las primeras alertas sobre las presuntas irregularidades fueron remitidas a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que apoya la investigación junto con un juez de instrucción belga del distrito de Ypres, en la región de Flandes Occidental.
La pieza clave del viraje europeo hacia el régimen cubano
Más allá del caso penal, la detención de Mogherini reviste especial relevancia para Cuba, donde su nombre está asociado directamente al cambio de política de la Unión Europea hacia el Gobierno de La Habana.
Mogherini fue alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y vicepresidenta de la Comisión Europea, entre 2014 y 2019. Desde ese cargo dirigió las negociaciones con La Habana que desembocaron en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, el primer marco jurídico e institucional bilateral entre Bruselas y La Habana.
El ADPC, en negociación desde abril de 2014, fue firmado por Mogherini, entonces jefa de la diplomacia europea, en diciembre de 2016.El Consejo de la Unión Europea había decidido el 6 de diciembre de ese año la firma del acuerdo con el Gobierno cubano y la aplicación provisional de partes del mismo, con Mogherini como responsable (“leading person”) del expediente en representación del Servicio Europeo de Acción Exterior.
El ADPC sustituyó a la llamada Posición Común de 1996, que condicionaba la cooperación y la firma de cualquier acuerdo bilateral a “un progreso visible en materia de democracia y respeto de los derechos humanos”. En síntesis, el nuevo acuerdo “proporciona un primer marco jurídico e institucional para normalizar los vínculos entre la UE y Cuba”, según una ficha oficial elaborada para el Parlamento Europeo.
En los debates internos europeos, el ADPC fue presentado como un “punto de inflexión” que ampliaría el comercio, el diálogo político y la cooperación económica, incluyendo una cláusula que permite suspender el acuerdo si se violan sus disposiciones en materia de derechos humanos.
Sin embargo, casi 40 organizaciones opositoras cubanas enviaron en diciembre de 2016 una carta a Mogherini en la que rechazaban el acuerdo por no supeditarlo de manera clara al respeto de las libertades individuales y colectivas en la Isla, y pedían vincular la ratificación a medidas concretas de transición democrática.
Mogherini defendió la nueva política de “diálogo constructivo” con el régimen cubano y realizó varias visitas oficiales a La Habana durante su mandato. En 2018, por ejemplo, encabezó junto al canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, la primera reunión del Consejo Conjunto UE-Cuba previsto en el ADPC, en un contexto en el que la UE buscaba diferenciarse de la política de endurecimiento de Estados Unidos hacia el régimen cubano.
Por el momento, no han trascendido declaraciones públicas de Mogherini sobre el caso. La Comisión Europea y el propio Servicio Europeo de Acción Exterior se han limitado a confirmar la existencia de la investigación y los registros en sus edificios.
En paralelo, la actual alta representante, Kaja Kallas, que asumió el cargo en diciembre de 2025, deberá gestionar los efectos políticos de un caso que sacude a la diplomacia europea y que involucra directamente a su servicio y a una institución académica estrechamente vinculada a la formación de cuadros comunitarios.
Para Cuba, donde el ADPC ha contribuido a blindar la relación con la UE pese al deterioro sostenido de la situación de derechos humanos, la causa penal contra Mogherini reabre el debate sobre quién y cómo diseñó la estrategia de “normalización” con el régimen cubano y hasta qué punto Bruselas debería someter a revisión ese marco en un contexto de desconfianza creciente hacia las élites europeas implicadas en escándalos de corrupción.
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