LA HABANA.- El año 2025 llega a su fin marcado por la agudización de la crisis alimentaria y el colapso del sistema electroenergético nacional. La parálisis productiva y el incremento en las importaciones dispararon el costo de la vida hasta alcanzar los 40 mil pesos, casi siete veces el salario promedio, lo cual significa, según los estándares internacionales, que el 89% de la población cubana vive en situación de indigencia. Miles de familias enfrentan escasez prolongada de gas licuado y agua potable, viéndose obligadas a cocinar con leña, carbón e incluso aserrín. Pocos hogares pueden permitirse tres comidas diarias y cada vez son más los niños que piden dinero y alimentos en las calles, o buscan realizar algún trabajo que les permita contribuir a la subsistencia familiar.
Las medidas tomadas por el gobierno demostraron, una vez más, su ineficacia, así como su desconexión de la realidad nacional, de lo cual dio ejemplo la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, al afirmar públicamente que en Cuba no había mendigos, sino personas disfrazadas de indigentes para ganar dinero fácil. Sus palabras fueron aplaudidas por la Asamblea Nacional, pero la presión ciudadana la obligó a renunciar bajo una lluvia de críticas por su despotismo y falta de empatía.
El terremoto político del año corrió por cuenta del exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, quien fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de espionaje, corrupción y lavado de activos, entre otros delitos. A pesar de la gravedad de los cargos, el gobierno cubano no reveló para quién espiaba, en qué consistieron los presuntos actos de corrupción y quienes lo secundaron. El secretismo con que se llevó a cabo el proceso, reforzó las sospechas de que Gil fue el chivo expiatorio para echar tierra sobre un asunto que, probablemente, implicó a otros miembros de la plana mayor.
En el mes de junio tuvo lugar la protesta universitaria contra el tarifazo impuesto por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, que dolarizó y encareció el acceso a Internet. Estudiantes de la Universidad de La Habana y facultades de varias provincias convocaron a un cese de las actividades lectivas hasta tanto no fuese revertida la medida, que calificaron de excluyente y abusiva. El régimen respondió con hostigamiento y amenazas de expulsión antes de abrir una supuesta negociación en la cual participaron representantes universitarios, favorables al poder en su mayoría. El tarifazo se mantuvo, pero la protesta y el modo en que fue sofocada refrendaron el carácter antipopular del gobierno de Díaz-Canel, que ha fracasado rotundamente en el propósito de ganarse el apoyo de los jóvenes.
Por esa misma fecha, en la provincia de Matanzas, se produjo un brote viral que las autoridades de Salud Pública decidieron minimizar. Fiebre alta, dolores musculares fuertes, inflamación de las articulaciones y otros síntomas comenzaron a propagarse rápidamente hasta convertirse en una crisis sanitaria de alcance nacional. Chikungunya, Fiebre de Oropouche, influenza y varios serotipos de dengue coexisten en un país cubierto de inmundicia, con el sistema de salud desbordado, las farmacias vacías y sin recursos ni personal para una adecuada campaña de fumigación. La epidemia supera los 47 mil casos, con 55 muertos admitidos oficialmente, casi todos menores de edad. A la fecha, miles de cubanos sufren una convalecencia dolorosa y paralizante que les impide retomar sus quehaceres cotidianos en un contexto de permanente lucha por la supervivencia.
El atropellamiento masivo ocurrido en agosto, en el municipio de Centro Habana, figura entre las tragedias más impactantes de 2025. El ciudadano Mario Pontolillo, italiano residente en Cuba, fue identificado como responsable por la muerte de una mujer de 35 años y haber lesionado a ocho personas. A pesar de lo grave e insólito del hecho, las autoridades no han ofrecido más información sobre el proceso penal, ni sobre posibles compensaciones a la familia de la víctima fatal, madre de dos hijos menores de edad.
Luego de meses de presión por parte de la Seguridad del Estado, el preso político cubano José Daniel Ferrer García aceptó salir al exilio para proteger a su familia. En una carta enviada desde la cárcel, el líder de la Unión Patriótica de Cuba denunció el hostigamiento sistemático a que han sido sometidos él y los suyos para obligarlo a abandonar el país o renunciar a su activismo en un momento de especial vulnerabilidad del régimen. Desde Estados Unidos el opositor sigue trabajando por la libertad de Cuba y por la unidad de los cubanos para asestarle el golpe definitivo a la dictadura.
A finales de octubre el huracán Melissa azotó el oriente cubano dejando millones de damnificados y centenares de infraestructuras destruidas. Aunque no se reportaron fallecidos, miles de familias perdieron sus hogares y otras tantas hectáreas de cultivos fueron arrasadas, empeorando así la crisis alimentaria en la isla. Ayudas millonarias llegaron gracias a la solidaridad de varios países, organizaciones internacionales y actores de la sociedad civil. Sin embargo, la ciudadanía ha denunciado demoras, irregularidades e incluso robos durante la distribución de los insumos a los afectados por el meteoro, una labor que transcurre, de una forma u otra, bajo el control del estado cubano.
Casi cerrando el año, el régimen desplegó una arremetida contra el mercado informal de divisas, acompañada por la creación de un mercado cambiario oficial que incluye dos tasas fijas y una tasa flotante ligeramente inferior a la que opera en el circuito no estatal. El objetivo es recuperar el control sobre las remesas en medio de un escenario adverso, con el turismo en picada y la inversión extranjera recelosa debido a la escasa seguridad jurídica y financiera que ofrecen las instituciones cubanas. La nueva medida no incluye la venta libre de divisas en entidades estatales, así que el mercado negro continuará activo y los precios, más pronto que tarde, volverán a marcar récords.
El 2025 fue otro año peor para Cuba. Hambre, epidemias, precarización extrema de las condiciones de vida, desamparo institucional, apagones kilométricos, persecución política, aumento de la criminalidad, éxodo y el evidente blindaje del régimen para mantenerse en el poder, aunque tenga que sacrificar hasta el último cubano, son señales claras del agotamiento del modelo político impuesto hace 67 años, y de la urgencia de impulsar, entre todos, un cambio radical. Que este 2026 nos traiga el empuje necesario para tomar en nuestras manos las riendas del país.
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