MIAMI, Estados Unidos. – El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, aseguró este lunes que las medidas de Estados Unidos para obstaculizar el comercio petrolero venezolano y “perseguir” barcos con combustible destinado a Cuba tienen “un impacto directo en el sistema energético nacional y, por consiguiente, en la vida diaria de nuestro pueblo”.
No obstante, ese planteamiento, repetido por medios oficiales y reproducido por agencias y portales internacionales, choca con investigaciones periodísticas recientes basadas en documentos de PDVSA y datos de rastreo de tanqueros que sostienen que, en los últimos años, solo una fracción del petróleo “asignado” a Cuba llega realmente a la Isla, y que una parte significativa se habría revendido en Asia —principalmente a China— para obtener divisas.
Así, la verificación de la denuncia de Rodríguez Parrilla exige separar dos puntos que el discurso oficial suele mezclar: cuánto depende la generación eléctrica cubana del combustible importado y qué parte de los flujos petroleros vinculados a Venezuela y Cuba termina efectivamente alimentando plantas, transporte y refinerías dentro del país.
En el primer punto, Reuters reportó el pasado 19 de noviembre, basándose en datos de embarques y documentos, que las importaciones cubanas de crudo y combustibles cayeron más de un tercio en los primeros 10 meses del año frente al mismo periodo de 2024, y que esa reducción dificultó aliviar los apagones diarios. La misma cobertura subrayó que Cuba quema crudo y combustibles en su parque termoeléctrico y sufre déficit de suministro para sostener la generación.
En otra nota del 3 de diciembre, Reuters describió un colapso parcial de la red eléctrica y recordó que el país arrastra apagones prolongados en un contexto de plantas envejecidas y descenso de importaciones desde aliados. Ese cuadro sí respalda que una merma de combustible puede traducirse en menos electricidad y más afectaciones cotidianas.
Pero el segundo punto es el que debilita la idea de una relación lineal entre “persecución a tanqueros” y “energía para el pueblo”. El diario austriaco Der Standard publicó el pasado 14 de diciembre una investigación que afirma, citando documentos de PDVSA y datos de rastreo de buques, que “en los últimos años” solo una parte del petróleo venezolano reservado para Cuba habría llegado a la Isla y que “la mayor parte” se habría revendido a China. El medio vincula ese patrón a la lógica de supervivencia financiera del Estado y a redes de intermediación y opacidad en el comercio de crudo sancionado.
En el mismo sentido, la Administración Trump está ampliando una estrategia legal y operativa contra tanqueros vinculados al “mercado negro” global de petróleo, con foco en crudo venezolano y rutas que incluyen a Cuba, Irán, Rusia, China y otros destinos, y situó incautaciones recientes como parte de una ofensiva para cortar ingresos a Caracas.
De este modo, consta que los cargamentos no se mueven únicamente para consumo energético doméstico en Cuba, sino dentro de una red transnacional de comercio ilícito donde el crudo puede cambiar de manos y de destino.
La propia arquitectura sancionatoria estadounidense también sugiere que Washington ve el circuito como un mecanismo económico más amplio, no como una simple línea de abastecimiento eléctrico. El Departamento del Tesoro, en su comunicado del pasado 11 de diciembre, señaló al empresario panameño Ramón Carretero como facilitador de “envíos de productos petroleros” en nombre del Gobierno venezolano y sancionó compañías navieras y buques por operar en el sector petrolero de Venezuela.
Con esos elementos sobre la mesa es posible asegurar que la energía en Cuba depende parcialmente de combustible importado, y que la caída o interrupción de suministros se refleja en apagones y crisis de servicios; pero, al mismo tiempo, existe evidencia periodística basada en documentos y trazabilidad de buques que apunta a que una parte del crudo venezolano “asignado” a Cuba no termina necesariamente convertida en electricidad en la Isla, sino desviada y revendida para generar divisas.
El caso del Skipper
El petrolero venezolano Skipper, incautado el 10 de diciembre por fuerzas de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, iba rumbo a Cuba, donde la empresa estatal Cubametales esperaba recibir una parte sustancial del cargamento de crudo para revenderlo a intermediarios asiáticos, según documentos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, datos de seguimiento marítimo y funcionarios citados por medios como AP, Reuters y POLITICO.
La operación, difundida en un video publicado en X por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, mostró a efectivos de la Guardia Costera y otras agencias descendiendo desde helicópteros sobre la cubierta del buque. Bondi afirmó que las agencias federales “ejecutaron una orden de incautación” contra un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán y recordó que el barco lleva años sancionado por integrar “una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”, en alusión a la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) y Hezbolá.
Según la agencia AP, el Skipper transportaba unos dos millones de barriles de crudo pesado venezolano y “aproximadamente la mitad del cargamento” estaba destinada a “un importador estatal cubano de petróleo”. Esa misma proporción —alrededor del 50% de la carga— aparece en documentos de PDVSA consultados por Reuters y otros medios, que describen a un comprador estatal cubano como uno de los propietarios del petróleo a bordo.
El punto clave para entender el recorrido del Skipper es la identidad de ese importador cubano. POLITICO, citando a una persona familiarizada con la operación, informó que el barco “iba rumbo a Cuba, donde la empresa estatal Cubametales planeaba vender el cargamento a intermediarios energéticos asiáticos”.
Cubametales es la compañía estatal cubana encargada de la importación y exportación de petróleo. El Departamento del Tesoro de EE.UU. la sancionó en 2019, cuando la señaló como “la empresa estatal cubana importadora y exportadora de petróleo” y la acusó de seguir recibiendo crudo venezolano pese a las sanciones contra PDVSA. Desde entonces, Washington la considera un engranaje central en el esquema que permite a La Habana obtener petróleo a cambio de apoyo político, de seguridad e inteligencia al régimen de Nicolás Maduro.
En este caso, el esquema era similar pero con un giro adicional: una vez descargado en Cuba, Cubametales habría revendido al menos parte del crudo venezolano a “corredores energéticos asiáticos”, es decir, intermediarios que colocarían ese petróleo en mercados de Asia, probablemente disfrazando el origen del cargamento para sortear las sanciones.
Lo que muestra la ruta: de Venezuela a Cuba y más allá
Los datos de seguimiento marítimo permiten reconstruir parte del trayecto. El Skipper zarpó a principios de diciembre del puerto de José, el principal terminal de exportación de crudo de Venezuela, cargado con crudo pesado. Según la firma TankerTrackers.com, el buque empleó técnicas típicas de la “flota oscura”, como falsificar sus señales de posición y efectuar transferencias de barco a barco para ocultar el origen del petróleo.
La misma base de datos indica que antes de la incautación, el Skipper transfirió cerca de 200.000 barriles de su carga a otro petrolero, el Neptune 6, cerca de Curazao, y que este segundo barco se dirigía a Cuba.
El Skipper forma parte de un grupo de petroleros sancionados que han sido utilizados para transportar crudo iraní y venezolano mediante operaciones opacas, de acuerdo con Reuters.
El vínculo del Skipper con redes de financiación de organizaciones designadas como terroristas por Washington viene de atrás. En 2022, el Departamento del Tesoro sancionó al entonces Adisa —nombre anterior del barco— y a su propietario Triton Navigation Corp. como parte de “una vasta y compleja red de empresas pantalla” usada para mezclar petróleo iraní y exportarlo en apoyo de Hezbolá y la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.
Ese mismo entramado de barcos “oscurecidos” ha sido clave para que Venezuela, bajo sanciones, siga colocando su crudo en mercados de Asia con la ayuda de intermediarios, reetiquetando la carga o transbordándola en alta mar. China se ha convertido en el principal destino final de ese petróleo, mientras Cuba aparece sistemáticamente como uno de los receptores intermedios a través de Cubametales.
Entonces, ¿adónde iba el barco?
A partir de la información disponible en fuentes primarias y medios que citan documentos oficiales, se puede responder con bastante precisión a la pregunta de fondo:
- Destino inmediato de la ruta: El Skipper salió de Venezuela con crudo pesado y tenía como escala operativa Cuba, donde al menos la mitad de la carga correspondía a un importador estatal cubano y otra parte ya se estaba transfiriendo hacia un segundo buque rumbo a la Isla.
- Destino comercial final de parte del crudo: Según la fuente citada por POLITICO y confirmada en otros análisis, Cubametales planeaba revender ese petróleo a intermediarios asiáticos, insertándolo en la red de comercio opaco que alimenta tanto las finanzas del régimen de Maduro como las de sus aliados sancionados.
En resumen, el petrolero incautado por Estados Unidos no iba solo “desde Venezuela hacia algún lugar incierto”, como llegó a sugerir el propio presidente estadounidense, sino que seguía una ruta ya conocida: Venezuela–Cuba–Asia, con Cubametales como eslabón central. Lo que la incautación ha hecho es exponer, de manera inusualmente visible, ese circuito donde confluyen el petróleo venezolano, el aparato estatal cubano y una “flota oscura” al servicio de redes sancionadas por financiar a organizaciones consideradas terroristas por Washington.
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