El 29 de junio de 2025, a pocos días de cumplirse otro aniversario del estallido social de julio de 2021 en Cuba, la policía irrumpió en un barrio del municipio Guanabacoa, en La Habana, para apagar una de las decenas de protestas públicas reportadas este año.
En los videos de redes sociales, apenas se distinguen las patrullas y motos del Ministerio del Interior (Minint), en medio de la noche oscurecida por un corte eléctrico, mientras cazan a los vecinos de las inmediaciones del Anfiteatro de Guanabacoa, donde hubo cacerolazos, lanzamiento de botellas y gritos de «libertad». Las fuerzas policiales realizaron detenciones violentas, como la de Sunamis Quintero García, una joven madre con dos hijos pequeños: uno de un año y otro de cinco.
«Mi hija estaba sentada en la puerta de la casa y ellos empezaron a recoger a todo el que estuviera fuera (…) [,] pero mi hija no tenía nada que ver con las botellas que estaban tirando», aseguró la madre de Sunamis, Moraima García, quien reside en Florida, Estados Unidos.
Explicó que su hija «llevaba días con una depresión» por las difíciles condiciones en que debe criar a sus pequeños, como tantas familias cubanas afectadas por los largos apagones, la escasez de alimentos y otras carencias en medio de la peor crisis del castrismo. «Y ella, como vio que los guardias le venían pa’ arriba, empezó a gritar ¡libertad!, ¡viva Cuba libre! Y tres guardias le cayeron a golpes».
Sunamis fue llevada a varias estaciones de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), hasta terminar recluida e incomunicada en la principal unidad del Departamento de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista.
Luego de la detención, la antropóloga, historiadora y activista por los derechos humanos Jenny Pantoja Torres, presentó un recurso de hábeas corpus en favor de Sunamis Quintero.
Sin embargo, en la Sala Sexta de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana se negaron a aceptar el documento, una herramienta legal utilizada para pedir a las autoridades que presenten a un detenido o desaparecido ante el Tribunal para evaluar su integridad física y la legalidad de su arresto.
Pantoja Torres dijo a El Estornudo que alegaron varias razones absurdas y le exigieron información innecesaria. «Pienso que ellos [los funcionarios judiciales] han sido instruidos por la policía política de la Seguridad del Estado para rechazar los hábeas corpus, luego de que el año pasado logramos que salieran varias personas que fueron detenidas», agrega la exprofesora universitaria.
Daniela Rojo, manifestante del 11J exiliada en Alemania y amiga de Sunamis, informó el domingo 6 de julio que «pudo hablar con su hija, la niña tiene problemas para comer y al decirle que la extraña mucho Sunamis se echó a llorar».
El 4 de julio de 2025, pocos días después de la detención de la joven madre, fue arrestado su primo, Brian Ernesto Cendolla Quintero (20 años), también padre de un niño, tras asistir a una citación oficial en la unidad de la policía local por supuestamente aparecer en un video de la protesta.
La ONG Cubalex reportó otras «detenciones arbitrarias» tras la protesta en el municipio de Guanabacoa, incluida la de Hiromi Moliner, operada hace un año de cáncer de mama, y varios miembros de su familia.
Según el testimonio de la activista Maritza Concepción, luego detuvieron a otros jóvenes, entre ellos a uno identificado como Yerani Oviedo Estrada.
El descontento en Guanabacoa no es excepcional. Durante los últimos cinco años se agudizó la crisis cubana y, con ello, las manifestaciones antigubernamentales, si bien es cierto que no se han repetido en la magnitud de las de 2021.
La organización Justicia 11J, perteneciente a la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C., ha documentado al menos 141 protestas públicas de distinto tipo solo en 2025.
Según ha dicho Camila Rodríguez, directora de Justicia 11J, «las personas han entendido que no es suficiente con que por tres días abastezcan de comida, de electricidad, de agua o de cualquiera de los servicios básicos», el problema está «en el sistema fallido en 60 años de mala administración de todo un país, en implantar un régimen que no ha funcionado».
De acuerdo con los datos recopilados por Justicia 11J, en Cuba al menos 728 personas están detenidas por razones políticas, de ellas 361 relacionadas con el estallido del 11 de julio de 2021, confirmó a El Estornudo.
La precariedad continúa, la violencia estatal también
En octubre de 2024, una docena de organizaciones que monitorean y denuncian el estado de los derechos en Cuba emitieron una declaración sobre el «impacto devastador en la población» del colapso energético y el deterioro de los servicios básicos, así como la respuesta estatal al descontento social.
«Frente al descalabro total de servicios básicos y en medio de una crisis alimentaria severa, advertimos las serias consecuencias que provoca sobre la sostenibilidad de la vida esta situación en el corto y mediano plazos. Estas condiciones, unidas a la vigilancia, al control y criminalización del Gobierno de cualquier iniciativa independiente que pudiera articular y asistir a los más desfavorecidos, hacen ya imposible las condiciones de supervivencia que los cubanos han estado enfrentando en los últimos años (…) [y] tienen un impacto diferenciado de mayor peso en grupos poblacionales en condiciones de mayor vulnerabilidad tales como personas mayores, infantes, mujeres, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, población privada de libertad, entre otros».
El caso de Sunamis Quintero García es arquetípico de lo que describen las ONG. Según su madre, ella «solamente se manifestó por el problema de que quitan la luz constantemente, imagínense cuando [se] tienen niños chiquitos cómo se ponen las madres, [que además] se meten tres días sin agua (…), ella estaba en una depresión (…)».
La vía de exigir mínimas condiciones para vivir con dignidad politiza a los cubanos. Muchos han comenzado pidiendo «corriente y comida» y terminan por identificar al régimen del Partido Comunista de Cuba como el principal responsable de no tener ni lo uno ni lo otro. El sistema, acostumbrado a detectar cualquier soplo de desobediencia, y alérgico a ella, lo sabe perfectamente, por lo que la respuesta ante un chispazo que pueda extenderse como el 11J es rápida e implacable.
Freedom House calificó a Cuba como un país «no libre» en su informe del 2025 sobre el estado de las libertades en el mundo. De acuerdo con la ONG basada en Washington D. C., «el Estado comunista unipartidista cubano proscribe el pluralismo político (…) y restringe severamente las libertades civiles fundamentales».
Por su parte, la investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe, Johanna Cilano, señaló recientemente que, a cuatro años del 11J, «el mundo es testigo de la represión sistemática del gobierno cubano y de su esfuerzo por silenciar las voces críticas. Las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, los tratos degradantes, crueles e inhumanos y la tortura persisten junto a niveles alarmantes de vigilancia y persecución».
La experta explicó que «la protesta popular [en Cuba], motivada por la crisis de derechos humanos, es sistemáticamente reprimida», al tiempo que los intelectuales críticos, periodistas independientes, activistas de la oposición y defensores de derechos humanos «continúan siendo criminalizados».
No parece que esto vaya a cambiar pronto. Lo sugiere lo ocurrido en Guanabacoa, así como los frecuentes pronunciamientos de poder político contra cualquier expresión de protesta.
En un país sin Estado de derecho ni justicia independiente, los casos de Sunamis y sus vecinos pueden quedar en arrestos temporales o convertirse en otros de los injustos procesos penales que llevan a los manifestantes a pasar años en la cárcel. Sin embargo, aunque la represión es brutal, arbitraria y transversal en toda la sociedad cubana, siguen apareciendo focos de protestas aisladas y esporádicas, como pequeños incendios en la maleza seca, que podrían extenderse un día cualquiera, como en julio de 2021.
