Marcos, músico de Santiago de Cuba, es un orgulloso vecino de General Belgrano, una ciudad al norte de la Provincia de Buenos Aires. Una ciudad de no más de 20 mil habitantes, lejos —bien lejos— del centro. Alejandro,[1] por otra parte, es un realizador audiovisual originario de La Habana y vive en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Aunque no pierde el «aguaje cubano», cuando habla se le nota lo porteño. No creo que lo esconda.
Marcos y Alejandro no se conocen, pero arribaron a la Argentina con tan solo un par de meses de diferencia. Marcos y Alejandro no se conocen, pero forman parte de los mil 200 cubanos registrados en Argentina, según datos de 2020. No se sabe la cifra exacta de isleños en la nación sudamericana.
Marcos y Alejandro no se conocen, pero cargan con una historia migratoria muy similar.
Marcos y Alejandro no se conocen, pero podrían ser impactados por las nuevas políticas migratorias del gobierno de Javier Milei.
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A pocos días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el 14 de mayo de 2025, Manuel Adorni —vocero de la Presidencia de Javier Milei y candidato en CABA por el partido La Libertad Avanza (LLA)— declaró: «Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes».
Frente a un grupo selecto de periodistas reunidos en el salón de prensa de la Casa Rosada, Adorni sostuvo que el país cuenta con una «política migratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos». Y agregó: «Entra casi cualquiera», anticipando una inminente reforma del sistema migratorio.
«La Argentina en los próximos años volverá a ser una tierra prometida para muchos migrantes», sostuvo más adelante. No se escucharon aplausos en la sala, o al menos no se escucharon en la transmisión difundida por la Secretaría de Comunicación y Medios.
Quince días más tarde, para sorpresa de pocos y preocupación de muchos organismos de derechos humanos, el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) 366/2025 fue publicado en el Boletín Oficial. Se oficializaban los cambios anunciados, y la norma se aprobó sin pasar por el Congreso. Nunca se justificó su carácter de urgencia.
El decreto incluye medidas ya conocidas y otras nuevas que restringen aún más el ingreso y la permanencia en el país para extranjeros. En líneas generales, impone mayores requisitos para obtener la ciudadanía, facilita las deportaciones, habilita el cobro de servicios de salud pública, y arancela las universidades nacionales, entre otros puntos.
El vocero presidencial anunció que cualquier persona condenada que intente ingresar al país será rechazada por Migraciones. Además, indicó que «quienes sean encontrados en flagrancia, ingresando por pasos no habilitados, serán inmediatamente expulsados».
Y más aún: «Todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado —sea el delito que sea— y se van a acortar los plazos de apelación para las expulsiones, que hoy resultan eternos».
Los cambios permiten que cualquier extranjero que cometa un delito doloso[2] —sin importar la gravedad de la pena— sea deportado. Anteriormente, las condenas debían superar los cinco años para habilitar ese desenlace. El actual decreto amplía, incluso, el concepto de «antecedente penal», que ya no se limita a sentencias firmes, sino que incluye a personas procesadas en espera de juicio. En los casos más graves, se establecen prohibiciones permanentes de reingreso.
Esta política tiene antecedentes en el gobierno de Mauricio Macri, que en 2017 también impulsó un Decreto Nacional de Urgencia migratorio; luego anulado por la justicia federal por considerarlo «incompatible con los estándares constitucionales y de derechos humanos».
En el ámbito educativo, el DNU de Milei prohíbe que personas en situación migratoria irregular se inscriban en instituciones terciarias o universitarias. En salud, solo los residentes permanentes podrán acceder gratuitamente al sistema público; el resto deberá pagar por la atención o contar con un seguro médico. La atención gratuita queda limitada a emergencias.
Como decíamos, algunas de estas medidas no son completamente nuevas: el rechazo de ingreso por antecedentes penales o por pasos ilegales ya existía. Y el cobro de atención médica a no residentes se venía aplicando desde 2024 en provincias como Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz.
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Alejandro llegó como turista a Argentina a finales de 2016. Dos años antes había conocido a una argentina en el Instituto Superior de Artes de La Habana. Se enamoraron y vivieron en la isla hasta que —según sus propias palabras— ella «no aguantó más».
«La escasez y todas las penurias sumadas», dice.
«Aterricé en Argentina bajo estatus migratorio de visitante a inicios de noviembre de 2016, y el 21 de ese mismo mes ya me estaba casando. Para mí fue fácil porque todo ya estaba arreglado», explica Alejandro, cuyo matrimonio le permitió cambiar su condición a residente permanente, un estatus que mantiene hasta hoy.
Marcos había llegado un par de meses antes, en febrero de 2016, cuando Aerolíneas Argentinas aún ofrecía vuelos directos entre La Habana y Buenos Aires.[3] En ese entonces estaba casado con una argentina y ambos vivían en Santiago de Cuba. Pero, tal como sucedió con la pareja de Alejandro, la esposa de Marcos se «obstinó». A eso, se sumó la posibilidad de ocupar una casa familiar vacía en la zona oeste del conurbano bonaerense. «Nos replanteamos todo», recuerda él.
Entonces se decidieron a armar las maletas. Pero, cuando se presentaron en el consulado argentino en La Habana, el cónsul no quiso iniciar un proceso de visa de reunificación familiar y le otorgó a Marcos una visa de turista. «Una vez llegues a Buenos Aires, presentás la documentación pertinente», indicó el funcionario, y así fue.
«Puse un pie en Argentina y en un mes y medio —o menos— ya tenía mi documento nacional de identidad (DNI) con el nuevo estatus de residente permanente, que es el que tengo hasta ahora. Llevo nueve años siendo residente permanente acá […] fue fácil y era otra época», dice.
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Diego Morales, director del área de litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica que de los cuatro ejes modificados por el decreto de Milei (incluidos salud y educación), hay dos que son clave: las reformas a la legislación migratoria y de nacionalidad.
«Ahora, hay mayores facultades para que la autoridad migratoria pueda impedir o limitar el cambio de categoría. Es decir, ¿qué pasa cuando una persona ingresa a la Argentina como turista y pide un cambio de categoría a residente temporario por estudio, por ejemplo? En general, esos trámites se podían hacer dentro del país. La nueva ley modifica eso», detalla el experto.
Cambian también los plazos para la presentación de recursos ante las autoridades, con una reducción a tan solo 15 días para recurrir a la justicia. La antigua Ley de Migraciones hablaba de hasta 30 días.
Otro eje es la incorporación de requisitos por los cuales aquellas personas que deseen acceder a la nacionalidad argentina. Aunque el proceso de nacionalización nunca estuvo exento de trabas burocráticas, era relativamente fácil comparado con otras naciones en América Latina y Europa. Requería demostrar residencia en el país, tener antecedentes penales limpios, domicilio acreditado y medios de vida demostrables. Alcanzaba con ser monotributista[4] y no tener deudas impositivas. Con el DNU en mano, se suma la acreditación de una residencia legal en el país.
Existían múltiples formas de demostrar residencia en el país: con el nacimiento de un hijo, por ejemplo, o bien informes acerca de cuántos años esa persona vive en Argentina. La cantidad de pruebas a presentar eran mayores.
«Ahora pareciera ser que el único requisito es acreditar una residencia legal posterior a dos años», apunta Morales.
Otro requisito es que la persona no haya salido del país en esos dos años. Y, por último, la solicitud de nacionalidad ya no se tramita ante jueces federales de las provincias, sino ante la propia autoridad migratoria. La Dirección Nacional de Migraciones pasa a tener un área especializada en ciudadanía.
«Esto es una novedad para el sistema jurídico argentino que ya desde el siglo XIX venía organizando esto a través de respuestas de los propios jueces», explica Morales. «Son cambios significativos que pueden impactar en las personas que están con deseos o necesidades de acceder a la nacionalidad argentina».
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Alejandro aún busca naturalizarse. «La verdad, no lo he hecho todavía porque no he tenido tiempo», dice el realizador audiovisual. «Tuve a mi hijo, llegó la pandemia. Y lo único que he hecho desde entonces es paternar y trabajar para mantener a mi hijo y mi familia. Quizás este año lo haga. Quizás no, no lo tengo claro».
En todo caso, asegura que no se preocupa demasiado por la reforma migratoria de Milei. «Yo no soy un delincuente. Soy budista. Fluyo a donde la vida me lleve, siempre y cuando no esté lejos de mi hijo. Si pasara algo así, haría resistencia hasta donde se pueda hacer».
Marcos, por su parte, se encontraba en medio del proceso de naturalización cuando salió el DNU. No solo le preocupa lograr su meta —ese estatus futuro, ese pasaporte—, sino también el hecho de que su actual pareja se encuentra en Cuba y busca reunirse con ella en Argentina. «Veo que se está volviendo medio complicado. Voy a tener que hacer marañas», dice el músico, quien no descarta un viaje a través de las fronteras de países colindantes como Uruguay o Brasil.
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«Menos derechos para los muchos, más derechos para unos pocos», es el título del comunicado de diversas organizaciones migrantes en respuesta al DNU 366/2025.
«Argentina ha perdido en los últimos años su capacidad de atracción migratoria debido a la crisis económica y social. El Censo 2022 mostró que solo el 4.2 por ciento de la población había nacido en el extranjero (un millón 933 mil 463 personas), confirmando una tendencia decreciente. En 1960, los migrantes eran 2.6 millones sobre una población de 20 millones. Hoy, con 45 millones de habitantes, la cifra neta de extranjeros ha bajado», subraya el documento.
Y no es casual: el país tiene uno de los costos de vida más altos en América Latina, superior en términos relativos al de varios países europeos.
Un estudio del Centro RA de la Universidad de Buenos Aires mostró que en Argentina se necesitan casi cinco salarios mínimos para cubrir el costo de vida individual. Para una familia tipo, hacen falta más de 14 salarios mínimos a fin de costear a la canasta básica y el alquiler de un departamento de tres ambientes en la ciudad.
La realidad argentina está atravesada por aumentos de tarifas, paritarias a la baja y pérdida del poder adquisitivo, lo que repercute en las condiciones de vida de quienes llegan para empezar de cero.
Cuando les pregunté a Marcos y Alejandro cómo era vivir en Argentina, ambos —en dos momentos diferentes e inmersos en dos realidades diferentes— me dijeron más o menos la misma frase: «Vivir en Argentina es una montaña rusa, un día estás bien y al otro día estás mal».
Marcos asegura que jamás ha tenido un «trabajo en blanco» durante su tiempo en la nación sudamericana. Recién ahora se dio el alta en el monotributo para el proceso de nacionalización. Tuvo que dejar sus estudios de Antropología en la Universidad de La Plata porque no podía sostener la carga del trabajo y las materias. «Pero uno se acostumbra», me dice sonriendo.
En Argentina, «trabajo en blanco» se refiere a un empleo registrado formalmente en que el empleador cumple con sus obligaciones legales y realiza los aportes y contribuciones correspondientes. Esto implica que la relación laboral está debidamente registrada ante los organismos competentes (como la Administración Federal de Ingresos Públicos; AFIP) y se respetan los derechos del trabajador. En la Argentina de 2023, casi la mitad de las personas ocupadas poseían empleos informales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Es decir, «trabajan en blanco».
«¿Viste el meme de la persona parada al borde del precipicio, con una montaña detrás? Eso es vivir en Argentina», comenta en tono burlón Alejandro. Para él, Argentina es muy similar a Cuba en muchos aspectos; solo que «hay más comida y un poco más de libertad».
«Pero no es fácil. Es un país en que hay que remarla muchísimo», sostiene quien solo trabajó en blanco los dos primeros años de su vida migratoria; el resto han sido «chambas en lo que aparezca».
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Durante la rueda de prensa del pasado 14 de mayo, Adorni elogió la «inmigración virtuosa» del pasado, en contraposición con la actual. Sin embargo, más recientemente, durante casi dos décadas, Argentina fue paradigma regional en derechos migratorios. En 2004, la Ley de Migración N° 25.871 fue celebrada por organismos internacionales por consagrar la migración como un derecho humano.
Hoy, el discurso antiinmigrante gana terreno desde la Casa Rosada. Refuerza los prejuicios sobre una identidad nacional blanqueada y europeizada, que niega tanto el origen indígena como las raíces africanas de la cultura argentina. Regresan aquellas palabras del expresidente Alberto Fernández en 2021: «Nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos» [sic].
La narrativa de Milei parece imitar una vez más a su referente internacional, Donald Trump. En enero, pocos días después de su retorno a la Casa Blanca, Trump firmó más de 100 órdenes ejecutivas, muchas vinculadas a derechos LGBTIQ+. Ese mismo mes, Milei participó en el Foro Económico de Davos, donde asoció las disidencias sexuales con la pedofilia, provocando una Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. Marcharon más de 500 mil personas en CABA y más de 1.5 millones en el resto del país.
El DNU de La Libertad Avanza, que afecta las leyes de Migración, Ciudadanía, Educación y Salud, se inscribe en un contexto de endurecimiento global de las políticas migratorias que lidera Estados Unidos. En ese vaivén de normativas y discursos oficiales, se insertan las historias mínimas de Marcos y Alejandro y las de al menos 2.5 millones de cubanos que —según datos de la ONEI— se encuentran fuera de la isla.
La Argentina de 2025 se debate entre su larga tradición hospitalaria y el avance de un modelo que levanta muros. La montaña rusa parece no detenerse y pone a prueba el lugar que el país está dispuesto a dar a migrantes como Alejandro y Marcos.
[1] Las identidades de los protagonistas/entrevistados —ambos con trámites pendientes y estatus migratorios temporales— fueron protegidas a petición suya, dado el endurecimiento de las políticas migratorias en Argentina que justamente se describe en este texto.
[2] Cuando el autor actúa con conocimiento y conciencia de que está realizando una acción que la ley considera un delito.
[3] Aerolíneas Argentinas y Cubana de Aviación suspendieron sus vuelos directos Habana-Buenos Aires en mayo de 2024, a raíz de una serie de medidas de Javier Milei.
[4] Monotributista en Argentina es un régimen para pequeños contribuyentes. El equivalente a «autónomo» en España y «cuentapropista» en Cuba.
