MADRID, España.-El Gobierno de Cuba implementará un nuevo sistema de gestión, control y asignación de divisas, acompañado de la entrada en vigor del Decreto-Ley 113, que regula las transacciones en moneda extranjera dentro del país. Las autoridades presentan estas medidas como parte del programa para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, según publicó la prensa oficial.
La nueva estructura legal redefine quién puede operar en divisas, bajo qué condiciones y con qué supervisión, en un momento en que la economía nacional continúa marcada por la escasez de divisas, una inflación sostenida y fallas estructurales que el Estado no logra revertir.
Un modelo centralizado para asignar cada dólar
De acuerdo con la información oficial, el sistema busca “ordenar y controlar mejor la asignación de divisas”, reforzando la planificación centralizada. El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) será el encargado de autorizar cualquier operación en moneda extranjera, priorizando actividades vinculadas a exportaciones, sustitución de importaciones y otros sectores que el Gobierno considere estratégicos.
El decreto también introduce la Asignación de Capacidad de Acceso a las Divisas (ACAD), un mecanismo mediante el cual el Estado decidirá qué entidades —incluso aquellas que no generan divisas— podrán adquirir recursos en moneda extranjera y bajo qué criterios.
Aunque las autoridades aseguran que estas disposiciones forman parte de un diseño temporal, el alcance de las medidas y el nivel de control planteado sugieren una reorganización profunda de la economía dolarizada que ya opera en la práctica.
Autorizaciones en dólares para actores privados, pero bajo reglas restrictivas
El paquete normativo publicado en la Gaceta Oficial permite que determinadas empresas privadas, cooperativas y trabajadores por cuenta propia cobren en divisas, siempre con la aprobación del MEP. Quienes reciban autorización deberán abrir cuentas en divisas supervisadas por el Banco Central de Cuba y someterse a un sistema de fiscalización permanente.
El acceso a moneda extranjera no será libre: el Estado decide quién puede operarla, en qué volumen y con qué destino. La normativa establece obligaciones estrictas sobre el uso de los ingresos en divisas y limita la conversión a pesos cubanos, lo que en la práctica impide que estas operaciones tengan un efecto significativo en el mercado interno o en el poder adquisitivo de la población.
A partir del 17 de diciembre de 2025, tanto las entidades estatales como las privadas autorizadas a operar en divisas deberán entregar el 20% de los ingresos que reciban en moneda extranjera al Banco Central de Cuba, obligatoriamente y al tipo de cambio oficial.
Una dolarización que avanza mientras el peso pierde centralidad
Pese a que las autoridades insisten en que Cuba “no abandona el objetivo de que el peso sea el centro del sistema financiero”, la realidad económica del país apunta en sentido contrario. La ampliación de operaciones en dólares —aunque presentada como un mecanismo “ordenado”— formaliza la dependencia creciente de una moneda que el propio Estado desincentivó durante la Tarea Ordenamiento.
La coexistencia de múltiples tipos de cambio, la existencia de tiendas en MLC, el colapso del peso cubano en los mercados informales y ahora este nuevo sistema de autorizaciones consolidan un escenario en el que la moneda nacional pierde funciones básicas y limita aún más el acceso de la población a bienes y servicios esenciales.
Centralización extrema y desigualdades crecientes
El Gobierno sostiene que las medidas buscan dinamizar la economía, pero el diseño aplicado concentra aún más el control sobre los flujos de divisas y perpetúa una economía segmentada en la que el acceso a dólares depende de permisos administrativos, conexiones institucionales y criterios poco transparentes.
Mientras tanto, la población cubana —sin acceso directo a divisas y enfrentando un peso en caída libre— continúa excluida de un sistema que profundiza la desigualdad entre quienes pueden participar en circuitos dolarizados y quienes dependen exclusivamente de una moneda debilitada.
Aunque el discurso oficial insiste en la corrección de “distorsiones”, la implementación de este modelo confirma la incapacidad del Estado para sostener la arquitectura monetaria creada hace apenas tres años. El reconocimiento práctico de la dolarización y la imposición de nuevos mecanismos para administrarla evidencian que la economía cubana sigue atrapada en un ciclo de ajustes improvisados, controles rígidos y medidas que no resuelven el origen de la crisis.
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