MIAMI, Estados Unidos. – El Centro de Información Legal Cubalex remitió a Alena Douhan, relatora especial de Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales, un análisis en el que sostiene que los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos económicos y sociales en Cuba provienen de decisiones internas del Estado, pese a los efectos restrictivos del embargo estadounidense.
El análisis fue enviado el 7 de noviembre pasado, unos cuatros días antes de que Douhan comenzara su visita oficial a la Isla, de acuerdo con una nota publicada en la web de la ONG.
La organización explicó que el embargo no constituye “un régimen monolítico de prohibiciones absolutas”, sino un sistema con excepciones específicas y márgenes de interacción comercial y humanitaria. Además, recalcó que, aunque las sanciones refuerzan el aislamiento financiero de La Habana y limitan su acceso a sistemas de pago internacionales, existen excepciones humanitarias, así como flujos comerciales constantes entre Estados Unidos y Cuba en los últimos 10 años. Señaló, además, la autorización de remesas, donaciones, exportaciones tecnológicas y operaciones vinculadas al sector privado bajo la licencia “Apoyo al pueblo cubano”, creada por el Departamento del Tesoro durante el deshielo de 2014–2016.
Cubalex recordó que la normativa estadounidense permite exportar tecnologías de la información y equipos para mejorar la conectividad sin que esto implique inversiones directas en infraestructura estatal. No obstante, destacó la ONG, el Gobierno cubano ha optado por mantener un control estricto sobre las telecomunicaciones, consideradas un sector de seguridad nacional, lo que ha derivado en la preferencia por proveedores chinos como Huawei y ZTE. También subrayó que La Habana rechazó proyectos de empresas estadounidenses, incluido uno de Google destinado a ampliar el acceso a internet en la Isla, pese a que estas iniciativas estaban contempladas en las flexibilidades regulatorias de Washington.
La narrativa del “país bloqueado”
Cubalex advirtió que el Gobierno cubano suele instrumentalizar las restricciones del embargo para sostener el discurso de un “bloqueo generalizado”, atribuyéndole un alcance mayor al real. Esta narrativa se despliega incluso en sectores donde existen alternativas de importación, como medicamentos genéricos y manufacturas procedentes de países con los que Cuba mantiene relaciones activas.
El análisis también recuerda que el embargo funciona, en la práctica, no solo como un régimen de sanciones, sino como un recurso simbólico del discurso político interno. Las autoridades cubanas atribuyen sistemáticamente a las sanciones de Estados Unidos la escasez de bienes esenciales, aun cuando la propia estructura económica del país y la ausencia de reformas impiden aprovechar rutas comerciales abiertas o donaciones internacionales.
En ese sentido, Cubalex sostiene que el estancamiento económico deriva, sobre todo, de la centralización estatal, la falta de transparencia y un marco regulatorio interno que limita la autonomía privada, impide transformar la cooperación en inversión sostenible y consolida la dependencia estructural del país.
El “bloqueo interno”: restricciones que no dependen de Washington
Según Cubalex, incluso si Estados Unidos levantara mañana el embargo, la crisis interna de Cuba no se resolvería automáticamente, porque las causas estructurales de la precariedad social y económica se originan en las propias políticas del Estado. La organización destacó que las restricciones más significativas —licencias revocables, controles bancarios estatales, topes de contratación y autorizaciones políticas para operar— no están dictadas por el embargo, sino por el modelo interno de control.
La ONG considera que, aunque un alivio externo podría reducir costos financieros o mejorar el acceso a créditos y tecnología, no existen garantías de que esos beneficios se traduzcan en mejoras sociales, porque ello depende de la orientación de políticas públicas que hoy no apuntan a reformas profundas.
La organización también recomendó a Alena Douhan aplicar un método de investigación basado en observación directa y revisión documental, incluida la consulta a licencias, decretos y resoluciones; y subrayó que en Cuba existen riesgos de represalias y autocensura, por lo que aconsejó formular preguntas cerradas y verificables, así como solicitar acceso a expedientes administrativos y registros públicos para comprobar la aplicación real de normas vinculadas a excepciones humanitarias y mecanismos de cooperación.
Douhan, relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, realizó una visita oficial a Cuba del 11 al 21 de noviembre pasado para evaluar el impacto de las sanciones en los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH) anunció que la experta presentará “sus conclusiones y recomendaciones en un informe que someterá al 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026”.
HAZ TU DONACIÓN AQUÍ
