MIAMI, Estados Unidos. – El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) advirtió este miércoles que en la Isla existen violaciones de derechos humanos que no guardan relación con el embargo estadounidense, sino con la falta de voluntad política del régimen, y pidió a la relatora especial de la ONU Alena Douhan que escuche también a la sociedad civil independiente durante su visita oficial a La Habana, que comenzó este 11 de noviembre.
En una declaración difundida en Facebook, el CTDC afirmó que “en Cuba hay violación de derechos humanos por comisión como los de reunión, asociación, movimiento, libertad de expresión y participación política, que nada tienen que ver con las condiciones económicas y sociales de los cubanos y sí con la falta de voluntad del Estado de respetar pactos firmados, incluso con la Unión Europea, y de respetar su propia Constitución”.
La organización opositora subrayó que la Relatoría sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales “debería estar abierta a la conversación con toda la ciudadanía cubana, no solo con la sociedad civil oficialista, sino también con la sociedad civil independiente en la Isla”.
En ese sentido, advirtió que, si el objetivo es evaluar el posible efecto de las sanciones sobre las condiciones de vida, “el mejor testimonio vendría de esta última, no de las autoridades”.
El CTDC recordó que Cuba “ha venido siendo analizada respecto a su comportamiento en materia de derechos humanos desde finales de los años 80 del siglo pasado”. A juicio de la plataforma, “es evidente que la percepción sobre el efecto del embargo en este campo es una construcción política reciente que parece servir como coartada para la violación de derechos civiles y políticos, algunos reconocidos por la misma Constitución cubana, desvirtuando de tal modo la relación integral que debe existir entre todos los derechos humanos y que la ONU promueve y debe destacar”.
La declaración insiste en que la Relatoría encabezada por Douhan no puede limitarse a escuchar la versión oficial. “Las premisas tanto de la Relatoría misma como de la relación entre sanciones y situación de derechos humanos debería estar abierta a la conversación con toda la ciudadanía cubana”, reiteró el CTDC, que aspira a ser recibido por la experta y su equipo durante la estancia en la Isla.
“El Consejo para la Transición Democrática en Cuba espera poder tomar contacto en su visita a la Isla con la relatora especial y compartir con su delegación nuestra visión sobre este tema”, señaló la plataforma. Añadió que “el CTDC quiere y tiene la voluntad de dialogar con esta Relatoría y hará llegar sus consideraciones antes y para la fecha fijada de septiembre de 2026 de publicación del informe a cargo de la relatora especial Alena Douhan”.
Una visita centrada en sanciones que el régimen usa como coartada
Douhan, relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, viajó a Cuba por invitación de las autoridades políticas del país para evaluar los efectos del embargo y otras sanciones en la vida de la población.
Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), “presentará sus conclusiones y recomendaciones en un informe que someterá al 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026”.
El mandato de Douhan fue creado por la Resolución 27/21 del Consejo de Derechos Humanos (2014), que subraya que las medidas coercitivas unilaterales y su legislación “son contrarias al derecho internacional” y que, a largo plazo, “pueden provocar problemas sociales y suscitar preocupaciones humanitarias” en los Estados objeto de ellas. La propia página del mandato indica que la relatoría fue establecida para “reunir toda la información pertinente” sobre esos impactos, estudiar tendencias y formular recomendaciones.
Durante su visita, la relatora examinará “en qué medida la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones unilaterales, los medios de su ejecución y el sobrecumplimiento impiden la plena realización de los derechos” consagrados en la Declaración Universal y otros instrumentos, “en un espíritu de cooperación y diálogo”, según el llamado oficial de ACNUDH.
El cuestionario enviado por la oficina pidió ejemplos concretos de derechos afectados en Cuba —incluidos salud, educación, protección social y derecho al desarrollo—, así como información sobre los sectores más golpeados (energía e infraestructura crítica, entre otros), el efecto de las licencias y exenciones humanitarias y la forma en que “políticas de riesgo cero” y el “sobrecumplimiento” de bancos y empresas bloquean incluso operaciones permitidas.
El cuestionario también preguntó si la reiterada calificación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo” incide en los derechos humanos e invitó a proponer actores con los que la relatora debería reunirse en La Habana. De acuerdo con la información divulgada por Naciones Unidas, la académica bielorrusa —que ocupa el mandato desde 2020— evaluará los efectos de sanciones primarias, secundarias y del sobrecumplimiento sobre el país.
Según la agenda difundida por Naciones Unidas, Douhan se reunirá en La Habana con autoridades, agencias de la ONU, organizaciones internacionales y regionales, cuerpo diplomático y “organizaciones no gubernamentales, comunidad empresarial, sociedad civil y académicos”.
La efectividad de la visita dependerá en buena medida de la posibilidad de que la relatora tenga acceso sin interferencias a actores no estatales y a víctimas —incluidas familias de presos— en un país donde la ONU ha observado la ausencia de invitación permanente a los procedimientos especiales y donde la CIDH y organizaciones independientes reportan obstáculos sistemáticos a la participación cívica.
Restricciones internas y represión más allá de las sanciones
El examen de las sanciones se despliega en un entorno en el que el acceso a la sociedad civil independiente es restringido. Cuba no mantiene una “invitación permanente” a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos —una práctica de cooperación habitual en otros Estados— y su relación con visitas temáticas ha sido históricamente limitada, según los registros oficiales de la ONU.
A ello se suma un patrón documentado de hostigamiento, detenciones arbitrarias y reclusiones domiciliarias para impedir la participación de activistas, periodistas y familiares de presos en reuniones o actos públicos. Human Rights Watch ha descrito abusos graves contra manifestantes detenidos tras las protestas de julio de 2021 y señala que, pese a algunas excarcelaciones condicionadas a inicios de 2025, “cientos” continúan presos por motivos políticos.
Amnistía Internacional, por su parte, advierte que, tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal en 2022, se intensificaron la criminalización, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento, en particular contra periodistas y personas críticas, en un clima de “espacio cívico completamente restringido”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha detallado operativos de vigilancia, citaciones ilegales y cortes selectivos de Internet para inmovilizar a disidentes, prácticas que podrían limitar quiénes logran reunirse en privado con la relatora.
El uso de normas como el Decreto-Ley 370 (sobre informatización) y el Decreto-Ley 35 (sobre telecomunicaciones) —señalados por organismos y medios internacionales como herramientas para restringir la libertad de expresión en línea— configura un escenario en el que organizaciones no estatales, a menudo sin estatus legal, operan bajo riesgo de sanciones administrativas, persecución penal y bloqueo comunicacional.
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