Recientemente La Organización de Naciones Unidas (ONU) se ha reunido en su sede de Nueva York para revisar, una vez más, el Plan de Acción Mundial contra la Trata de Personas. Entre otras cuestiones, allí se juega algo muy concreto: cómo entiende hoy la comunidad internacional la trata de personas, a quién reconoce como víctima y a quién se atreve a señalar como responsable.
Archivo Cuba y la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) hemos presentado una contribución escrita a esta reunión. Pretendemos que el Plan de Acción Mundial reconozca explícitamente que los Estados también pueden ser tratantes de personas y que, cuando lo son, las personas explotadas deben recibir la misma protección que cualquier otra víctima de trata.
No sólo las mafias son tratantes, también los Estados
En los últimos años, el Plan de Acción Mundial y buena parte de las políticas contra la trata se han concentrado, con razón, en las redes criminales y en la complicidad de agentes estatales con organizaciones delictivas. Pero ¿qué pasa cuando el propio Estado diseña, administra y se beneficia de un esquema de explotación que encaja en la definición de trata con fines de trabajo forzoso?
Esa es la brecha que buscamos visibilizar. No se trata de una discusión teórica. Hay ejemplos concretos en distintos lugares del mundo. En nuestra experiencia, el caso de los trabajadores cubanos exportados por el Estado, especialmente en misiones internacionalistas cubanas —y, en particular, las brigadas médicas— es uno de los más graves y mejor documentados. Desde Archivo Cuba y ASIC llevamos años documentando los abusos con los testimonios de profesionales que han pagado y pagan un precio altísimo.
Las misiones médicas cubanas: explotación disfrazada de solidaridad
Desde hace décadas, el Estado cubano envía a decenas de miles de profesionales —médicos, enfermeras, otros trabajadores de la salud, pero también docentes, deportistas o artistas— a trabajar al exterior. Lo que se presenta como “cooperación” y “solidaridad internacional” es, en realidad, un gran negocio de exportación de servicios del gobierno cubano que genera los principales ingresos que reporta oficialmente el Estado cubano. Es un negocio absolutamente carente de transparencia, por cierto.
Los mecanismos de contratación varían: acuerdos bilaterales entre Cuba (o sus empresas estatales de comercialización de servicios) y Estados receptores; acuerdos triangulares con organismos internacionales como la propia Organización Panamericana de la Salud; y convenios con entidades privadas en terceros países. Lo que se mantiene constante es la opacidad y el control estatal casi absoluto sobre el trabajo y la vida de estas personas.
Según datos oficiales de Cuba, actualmente —y desde el 2024— habría unos 26.000 trabajadores de estas brigadas médicas en 56 países. Nuestras investigaciones indican que esa cifra coincide aproximadamente con la suma de datos de gobiernos receptores y prensa local. Lo que no coincide, y casi nunca se publica, son las condiciones reales en las que trabajan y viven esos profesionales.
Informes de la Relatoría contra la Trata de Personas y la Relatoría contra el Trabajo Esclavo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Gobierno de Estados Unidos y del Parlamento Europeo han señalado patrones reiterados de abusos en estas misiones. Entre otros:
– Retención o captura obligada de entre el 50% y el 95% del salario que pagan los Estados receptores o empleadores.
– Congelación de parte del sueldo hasta el regreso a Cuba, con riesgo de no cobrarlo si el profesional “incumple”.
– Jornadas extenuantes, que pueden superar las 60 horas semanales.
– Confiscación o control de pasaportes y títulos de estudio, restricciones a la libertad de movimiento y toques de queda.
– Amenazas y acoso sexual.
– Imposibilidad de libertad de movimiento en el destino y vigilancias extremas.
– Censura a la libertad de expresión.
– Prohibición de cualquier tipo de relación amistosa o sentimental con personas locales.
– Prohibiciones contractuales de residir o trabajar posteriormente en el país de destino y separación familiar forzada durante años.
– Sanciones penales de hasta ocho años de prisión por “abandono de misión” y estigmatización como “desertores” o “traidores” para quienes no regresan y represalias para sus familiares.
– Duros reglamentos disciplinarios.
Cuando un Estado impone estas condiciones laborales abusivas, se apropia de la mayor parte del salario, amenaza con castigos penales y persigue a quienes intentan salir del programa, ya no hablamos de una relación laboral abusiva cualquiera. Estamos ante un cuadro que responde a los elementos de trabajo forzoso y a prácticas análogas a la esclavitud, reconocidas como tales por las normas internacionales.
Pero la responsabilidad no termina en el régimen cubano que organiza este sistema de explotación. También alcanza a los gobiernos receptores, que son partícipes directos de la trata. Miles de profesionales cubanos se encuentran hoy en los países y regiones más diversos del mundo. Se puede ejemplificar con Venezuela, México, Guatemala y Honduras en América Latina, Italia en Europa, Catar y Arabia Saudita en Medio Oriente, Argelia, Sudáfrica, Angola y Mozambique en África, y Timor Leste y Vietnam en el Sudeste Asiático. Estos gobiernos no pueden alegar ignorancia cuando firman acuerdos sobre los cuales ya se conoce públicamente que permiten las violaciones de derechos descritas y, mas aún, cuando permiten la aplicación extraterritorial de la legislación cubana que per se implica violaciones de derechos.
Ningún gobierno comprometido con los derechos humanos puede seguir escondiéndose detrás de la palabra “cooperación” mientras legitima, con recursos públicos, un sistema de coerción que viola normas básicas del derecho internacional.
Una víctima es una víctima, aunque el agresor sea un gobierno
El gran problema es que los programas globales no abordan esta realidad. El Protocolo de Palermo, que complementa la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional, se pensó originalmente para combatir redes criminales. Pero su definición de trata del artículo 3 se basa en lo que le sucede a la víctima —captación, transporte, recepción y retención mediante coacción, engaño o abuso de poder, con fines de explotación—, no en quién comete el delito.
Si una organización criminal aplica estos mecanismos, hablamos sin duda de trata. Pero si el esquema lo diseña, impone y administra un Estado, el tema se vuelve tabú. Esa doble vara deja a miles de personas en un limbo jurídico y político. No son tratadas como víctimas, no acceden a protección efectiva y, en muchos casos, hasta podrían ser devueltas a manos del propio gobierno que es su victimario.
Nuestra contribución a la Reunión de Alto Nivel propone en concreto que el Plan de Acción Mundial y el grupo interinstitucional de la ONU contra la trata (ICAT) incorporen de forma explícita la categoría de “trata cometida por Estados” y los “esquemas estatales o paraestatales de exportación y explotación de trabajadores”.
Esto implica reconocer a quienes son explotados por entidades estatales como víctimas de trata, con acceso a asistencia, protección y reparación, sin discriminación; y promover la contratación directa de los profesionales por parte de los Estados receptores con igualdad de derechos laborales respecto de sus pares locales. Asimismo, se debe exigir a la comunidad internacional investigar y sancionar la responsabilidad de funcionarios, empresas estatales y redes de complicidad interestatal involucradas en estos esquemas.
Nada de esto es abstracto. Cada acuerdo carente de transparencia que legitima la intermediación abusiva de un gobierno sobre el trabajo de su propia población se traduce en vidas concretas marcadas por el miedo y la explotación con afectación directa a sus familias.
La Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General es una oportunidad para que los Estados dejen de mirar hacia otro lado. Nadie discute la necesidad de cooperación internacional en salud o en otros campos. Pero la cooperación verdadera no puede construirse sobre el silenciamiento de quienes sostienen los sistemas de salud con su trabajo y su cuerpo, sin derechos, sin voz y bajo condiciones de graves violaciones de derechos.
La comunidad internacional ya ha reconocido que la trata, el trabajo forzoso y las formas contemporáneas de esclavitud graves violaciones de derechos humanos. Resta aún admitir que esos crímenes también pueden ser política de Estado– lo cual vuelve muchísimo más grave la cuestión tanto desde el punto de vista moral, como del derecho internacional – y actuar en consecuencia.
Hoy le pedimos a los gobiernos que algo tan básico como que a la hora de hablar de trata no hagan excepciones.
Una víctima de trata lo es igual, aunque su explotador tenga asiento en las Naciones Unidas.
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