MADRID, España.- La congresista por Florida María Elvira Salazar se pronunció este domingo sobre la reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) de suspender todas las solicitudes migratorias de ciudadanos procedentes de Cuba, Haití, Venezuela y otros 16 países considerados de alto riesgo.
En una declaración ofrecida al Miami Herald, Salazar afirmó que la medida representa “un castigo colectivo de los inocentes por los pecados de los culpables”. La legisladora cuestionó el impacto de la decisión sobre miles de personas que han seguido los procedimientos legales establecidos.
“Congelar los procesos de asilo, residencia y ciudadanía no es la respuesta. Castiga a inmigrantes trabajadores y respetuosos de la ley que siguieron cada paso del proceso legal”, expresó. También señaló que “eso es injusto, antiestadounidense y va en contra de todo lo que este país representa”.
La nueva directiva del DHS, ordenada la semana pasada por la administración Trump dirigida al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), detiene el procesamiento de solicitudes de residencia permanente (green cards), reemplazos de tarjetas de residente, procesos de naturalización, permisos de viaje y cualquier otro trámite migratorio pendiente.
Salazar recordó que ya existen mecanismos de control para garantizar la seguridad nacional. “Los controles de antecedentes ya existen para detener a terroristas y deben aplicarse”, señaló.
La congresista también indicó que miles de inmigrantes en el sur de Florida que “solicitaron legalmente y esperaron su turno” se verán directamente afectados por la suspensión de los procesos, lo que deja en situación de incertidumbre a numerosas familias.
En el sur de Florida residen amplias comunidades de cubanos, haitianos y venezolanos, muchas de las cuales enfrentan desde hace años prolongados retrasos en entrevistas de asilo, trámites de residencia permanente y ceremonias de naturalización. Estas personas quedan ahora nuevamente en un limbo legal, sin una fecha clara para la reanudación de sus procesos migratorios.
Los 19 países afectados —ya sujetos a restricciones de viaje desde una proclama presidencial emitida en junio— son: Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Las declaraciones de María Elvira Salazar se suman a las de los congresistas Mario Díaz-Balart (FL-26) y Carlos A. Giménez (FL-28), quienes el pasado 3 de diciembre, horas después de trascender la medida, emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron que abogan “por un proceso que combine rigurosidad y rapidez, de modo que las personas con solicitudes legítimas de asilo tengan la oportunidad de que sus casos reciban, sin demoras innecesarias, una resolución justa y expedita”. En el comunicado, ambos legisladores criticaron la gestión migratoria de la administración anterior, a la que responsabilizan por lo que califican como una crisis de seguridad nacional.
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