El gobierno de Estados Unidos anunció este 14 de enero la retirada de Cuba de su «lista de Estados patrocinadores del terrorismo», donde figuraba desde enero de 2021. A solo seis días de finalizar, la administración Biden también declaró que se rescindirá el memorando titulado «Strengthening the Policy of the United States Toward Cuba» —suscrito por Donald Trump en 2017— que disponía sanciones dirigidas contra una lista de entidades, incluido el conglomerado GAESA, vinculadas al ejército o los servicios de seguridad e inteligencia cubanos. Asimismo, el mandatario saliente emitió una exención por seis meses del Título III de la Ley Helms-Burton, también activado por Trump en 2019. Por su parte, el gobierno cubano confirmó que liberará a 553 presos políticos.
De acuerdo con un alto funcionario del Ejecutivo estadounidense citado por la agencia AP, la jugada política de flexibilización entre ambos gobiernos contó con la mediación del Vaticano, que habría servido de interlocutor con La Habana para negociar la liberación de los presos políticos. A su vez presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, subrayó en X que el gesto no responde a ningún tipo de acuerdo que implique a su contraparte en Estados Unidos, sino que ha sido una decisión «unilateral y soberana».
Según la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), este acto responde a la «naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario» de la isla, si bien reconoce la participación del Vaticano. El MINREX se refirió a «personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos». Aunque considerable, la cifra de presos políticos excarcelados sería inferior a la contemplada en los registros que al respecto mantienen organizaciones de derechos humanos en Cuba. Según Cuban Prisoners Defenders, por ejemplo, la cifra de personas encarceladas por motivos políticos en el país ascendía a principios de noviembre último a mil 148, mientras que Justicia 11J tiene identificados 879 de esos casos.
«Tomamos estas medidas en agradecimiento a los esfuerzos de la Iglesia católica para facilitar que Cuba tome sus propias medidas constructivas para restaurar la libertad de sus ciudadanos y permitir las condiciones que mejoren el sustento de los cubanos», se lee al final del briefing circulado por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca.
¿Por qué el Estado cubano fue considerado «patrocinador del terrorismo»?
La «Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo» (SSOT, por sus siglas en inglés) es un mecanismo de la política exterior de Estados Unidos —bajo jurisdicción del Departamento de Estado— para sancionar a países que «han prestado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional». Es decir, muchos regímenes autoritarios y otros gobiernos que cometen violaciones de derechos humanos, incluso aquellos que desarrollan operaciones militares en territorio ajeno con fines expansionistas, no necesariamente cumplen con los requisitos para entrar en la lista. Hasta la tarde de ayer, solo cuatro países integraban la SSOT: Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba.
Cuba fue incluida por primera vez en 1982, durante la administración Reagan. Entonces, Washington acusaba a La Habana de apoyar logística y financieramente a varios movimientos armados en América Latina y África. No fue hasta 2015 que salió de ella por iniciativa de Barack Obama, como parte de su política de mejoramiento de las relaciones bilaterales con la isla.
Luego, durante casi todo el primer mandato de Donald Trump, Cuba se mantuvo fuera de la lista, aunque esa administración republicana echó atrás buena parte de las medidas de flexibilización tomadas por Obama. El 12 de enero de 2021, a ocho días de dejar el Despacho Oval, Trump decidió reincorporar a Cuba a la SSOT. Entonces, el Departamento de Estado defendió dicha inclusión por los vínculos de la isla con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano. El gobierno cubano había sido clave en las conversaciones de paz entre su homólogo de Colombia y varios grupos insurgentes armados de ese país. Pero en 2019, en pleno proceso de diálogo, el ELN perpetró un atentado con coche bomba que destruyó una academia de policías en Bogotá y causó varias muertes. El expresidente colombiano Iván Duque solicitó entonces la extradición de los máximos jefes de esa organización, que se encontraban en La Habana, pero Cuba se negó alegando que ello violaría su condición de garante de la seguridad de las partes en el proceso de paz.
Más recientemente, el actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro, desistió de esa solicitud de extradición. De acuerdo con las propias normativas estadounidenses, Cuba ya no incurría en ninguno de los aspectos que exige la SSOT; sin embargo, se mantuvo ahí durante los últimos cuatro años. En rigor, Joe Biden tampoco dio muestras de querer sacar al país caribeño de la lista. De hecho, tras la publicación de los «Informes nacionales sobre terrorismo de 2023», el secretario de Estado Antony Blinken declaró en una audiencia ante el Congreso que la administración Biden no realizaría ningún cambio respecto a su política hacia Cuba antes de abandonar la Casa Blanca.
¿Qué supone salir de la «lista de Estados patrocinadores del terrorismo»?
La inclusión en la SSOT implica un conjunto de sanciones que van desde limitar la inserción del país sancionado en la economía global hasta prohibir que se le venda armas, y asimismo restringir las ayudas que reciba del exterior y obstaculizar requisitos migratorios. Tales medidas no solo perjudican al país en cuestión; también se establecen penalizaciones a terceros que las restricciones, según un análisis publicado por la organización de derechos humanos Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Esta decisión de Biden levanta toda una serie de sanciones contra Cuba, y ello debe beneficiar a la ciudadanía cubana y al gobierno de la isla de muchas maneras. Por ejemplo, ya no existen motivos para denegar exenciones del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) a ciudadanos cubanos con ciudadanía extranjera (de países de la Unión Europea, sobre todo) que deseen viajar a Estados Unidos. También se relajarán las restricciones a los viajes e intercambios académicos entre ambos países y no se perseguirán los fondos de grupos de la sociedad civil estadounidenses que decidan realizar donaciones a la isla, ni la entrega de asistencia humanitaria.
Otras medidas que benefician al gobierno cubano
Como explicábamos antes, este gesto de último minuto de la administración saliente va más allá de la salida de Cuba de la SSOT; incluye otras dos disposiciones que beneficiarán especialmente al gobierno cubano.
Primero está la suspensión del Título III de la Ley Helms-Burton, una cláusula del embargo que permite a los cubanoamericanos reclamar compensaciones por los bienes o propiedades confiscados por el régimen cubano y presentar ante los tribunales federales de Estados Unidos demandas contra personas naturales o jurídicas que hayan comerciado con dichos bienes o propiedades a partir de 1959. En 2019, Donald Trump se convirtió en el primer mandatario estadounidense en activar esa sección, suspendida cada seis meses desde el propio año 1996, cuando Bill Clinton firmó la Ley Helms-Burton.
Lo segundo es la revocación del memorando emitido por Trump en 2017, especialmente, contra las actividades económicas del ejército cubano y su conglomerado Grupo de Administración Empresarial (GAESA), institución que controla la mayor parte de la economía y las finanzas en la isla.
Desde 2017 hasta este martes, GAESA formaba parte de la llamada «lista restringida» que incluye a empresas y organismos sometidos a severas sanciones por parte de Estados Unidos. El memorando de Trump prohibía a los ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con entidades cubanas (más de 180) vinculadas o controladas directamente por el Ejército, la Seguridad del Estado y cualquiera de sus dependencias, algo que afectó sobre todo el sector turístico en la isla. Su objetivo, en teoría, era canalizar todos los vínculos económicos entre personas y entidades estadounidenses con Cuba hacia el sector privado cubano.
Ahora, las medidas de Biden estarían encaminadas a «fortalecer al pueblo cubano para que determine libremente su propio futuro y en promover el respeto por los derechos humanos», y para ello sería preciso, según la nueva perspectiva, «fortalecer los lazos culturales y educativos entre Cuba y Estados Unidos, permitir que las remesas circulen más libremente hacia el pueblo cubano y aumentar el apoyo a los empresarios cubanos independientes».
¿Las medidas de Biden son reversibles?
En las tres últimas administraciones estadounidenses ha sucedido algo curioso: el presidente, a pocos días de abandonar el cargo, toma acciones de peso sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El 12 de enero de 2017, Obama puso fin a la política de «pies secos-pies mojados»; el 12 de enero de 2021, Trump reincorporó a Cuba la SSOT, y ahora Biden, el 14 de enero, retira la isla de ese listado. Ninguna de las dos decisiones anteriores fue revertida de inmediato por la administración entrante, pese al relevo partidista en el poder. La que tomó Obama, de hecho, se mantiene hasta hoy.
De acuerdo con Jorge Duany, exdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas y catedrático de Antropología en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, no hay que dar por sentada la duración de estas medidas. En declaraciones ofrecidas a El Estornudo dijo: «Este cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba probablemente se revertirá una vez se instale la segunda administración Trump en la Casa Blanca. La influencia de Marco Rubio y otros políticos cubanoamericanos en la nueva Presidencia de Trump seguramente llevará a restablecer la medida anterior, tomada por Trump en enero de 2021, días antes de salir del poder».
Ciertamente, el hecho de que Rubio sea el próximo secretario de Estado, es decir, el encargado de la política exterior estadounidense, podría determinar una pronta anulación de estas disposiciones. De hecho, una de las constantes a lo largo de su carrera política ha sido la defensa de las medias de «máxima presión» contra Cuba. Otro actor político a tener en cuenta es Mauricio Claver-Carone, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, a quien Trump dará el puesto de enviado especial de su gobierno para América Latina. Claver-Carone ya se ha pronunciado: «Ya sea Venezuela el año pasado [refiriéndose a un intercambio de prisioneros con este país en 2023] o ahora Cuba, la administración Biden parece amar los acuerdos falsos que favorecen a los regímenes autoritarios antiamericanos», expresó. Según The New York Times, cuando se le preguntó si Trump revocaría estas medidas, dijo: «Hay un proceso, por lo que llevará tiempo, pero mientras tanto podemos tomar otras medidas que tendrán un impacto mayor».
Donald Trump, por su parte, no lanzó en su campaña electoral ningún dardo que apuntara específicamente hacia la isla y ofreciera adelanto sobre su política en tal sentido; en cambio, sí lo hizo con respecto a Venezuela, cuya dictadura —tal como quedó demostrado el pasado viernes— cuenta con solo dos aliados reales en la región: Cuba y Nicaragua. Además, al menos hasta 2027, ambas cámaras del Congreso estadounidense —necesarias para un escenario de mayor acercamiento hacia Cuba— serán dominadas por legisladores republicanos, lo que supone un escenario nada favorable a una relajación de las sanciones contra la nación caribeña.
No obstante, la administración saliente parece optimista al respecto. De acuerdo con las declaraciones ofrecidas a la AP por un oficial del gobierno de Biden, «el que la gente en Cuba no esté detenida injustamente es un asunto de gran importancia para Estados Unidos, que cuenta con amplio apoyo de los dos partidos y, desde luego, de las dos Administraciones».
