No por esperado ha dejado de sonar: Joe Biden ha hecho uso de una de las pocas facultades absolutas del presidente, la clemencia, otorgándole un perdón prácticamente ilimitado a su hijo Hunter Biden, luego de una fallida negociación sobre cargos pendientes por mentir en un formulario federal para la compra de armas y por evasión de impuestos (luego pagados). Igual de predecible ha sido la reacción airada de los republicanos, que ven en este acto una certificación de la corrupción del mandatario, y de algunos demócratas,y otros comentaristas, que lamentan una supuesta ruptura de normas cívicas, un acto antitético con respecto los valores de la república según los cuales no hay personas más allá del alcance de la ley.

Lo cierto es que la clemencia y el perdón presidenciales, basados en el Artículo II de la Constitución, son reliquias que nunca se han usado siguiendo normas democráticas. Son atributos de privilegio más propios de la realeza que de un presidente elegido democráticamente. Ningún gobernante estadounidense ha otorgado jamás un perdón que no haya sido por favores políticos, en pago por lealtad o por favoritismo familiar; a menudo, por influencia de personas poderosas cercanas al presidente y, otras veces, como desquite por investigaciones o procesos judiciales que este considera políticamente motivados. Es imposible ubicar el perdón presidencial dentro de un marco democrático o de observancia de la ley. Presidentes de ambos partidos han usado el perdón tal como fue concebido por los Padres Fundadores, y la única manera de reformarlo sería a través de una enmienda constitucional.

La lista de perdones controversiales es larga. Quizá el más polémico —aunque universalmente aceptado como necesario para la reconciliación nacional— fue el otorgado al presidente Richard Nixon por su sucesor Gerald Ford, cubriendo los posibles delitos cometidos en el caso Watergate y cualquier otro durante los años en que habitó la Casa Blanca. Notables —por la cantidad de beneficiados— fueron los perdones concedidos por el presidente Andrew Jackson a todos los soldados de la Confederación tras la Guerra Civil y por el presidente Jimmy Carter a todos aquellos que evadieron el llamamiento a filas durante la guerra de Vietnam. Los perdones a familiares incluyen el de Bill Clinton a su hermano Roger, condenado por distribuir cocaína, y el de Donald Trump al padre de su yerno, Charles Kushner, sentenciado por fraude fiscal —quizá no tan coincidentemente, este perdón allana el camino para que Kushner sea ahora nominado al puesto de embajador en Francia. En cuanto a escándalos políticos, Nixon perdonó al connotado líder sindical Jimmy Hoffa; Obama perdonó a Chelsea Manning, quien reveló secretos militares a Wikileaks, y George W. Bush (y luego Trump) perdonó a Scooter Libby, quien reveló la identidad de Valerie Plame, oficial de la CIA.

Una de las motivaciones citadas ahora por Joe Biden es su convencimiento de que el proceso judicial contra su hijo ha sido políticamente motivado. Una razón empleada por otros presidentes en el pasado: George H. W. Bush perdonó a seis oficiales implicados en el caso Irán-Contras, incluido Caspar Weinberger, exsecretario de Defensa; por su parte, Donald Trump, perdonó a varios de sus acólitos implicados en escándalos durante la campaña presidencial de 2016, incluidas figuras controversiales como Roger Stone, Paul Manafort, Steve Bannon y Michael Flynn.

En el pasado los perdones (con excepción de Nixon) no se han usado de manera preventiva, o sea, para evitar consecuencias tras la pérdida de la Presidencia. Pero no se puede obviar que el perdón y la subsecuente inmunidad otorgados a Hunter Biden vienen en un contexto donde el mandatario entrante, Donald Trump, ha prometido vengarse de sus enemigos políticos —a quienes, a su vez, culpa de las numerosas persecuciones judiciales de que ha sido objeto. Nunca antes un presidente ha dicho tan descarnadamente que planea usar el poder del cargo para venganzas personales. Además de Biden, y por extensión su familia, Trump ha nombrado como posibles objetivos a Kamala Harris, Barack Obama, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, los fiscales Letitia James y Alvin Bragg, el investigador especial Jack Smith, y otros enemigos políticos suyos como Adam Schiff, Liz Cheney, Mark Milley y Jamie Raskin. Al mismo tiempo, Trump ha prometido clemencia para los participantes en la insurrección del 6 de enero de 2021, a quienes llama prisioneros políticos. Las nominaciones de fieles al estilo de Pam Bondi, como fiscal general, y Kash Patel, como director del FBI, indican su voluntad de usar los aparatos investigativo y judicial como armas de revancha política. No es de extrañar entonces que Biden haya decidido proteger a su hijo y, de hecho, que otorgue otros perdones preventivos antes de salir del cargo el 20 de enero próximo.

En este contexto, las lamentaciones por el perdón a Hunter Biden erigidas sobre bases morales o éticas no tienen mucho sentido; solo demuestran que la mayoría de los analistas y comentaristas usan un doble rasero que normaliza la degradación de las normas democráticas en esta década marcada por la entrada de Trump a la política. Esto no constituirá ni un precedente ni un pretexto para alguien que ya ha demostrado que poco le importan cuando se trata de abusar del poder.

El presidente Biden erró en su proclamación al atribuir motivos políticos a su propio Departamento de Justicia; pero ahora tampoco tienen autoridad moral quienes han atacado consistentemente el sistema judicial estadounidense, acusándolo de corrupción cuando se trata de los casos en contra de Trump. Los dos jueces que presiden los procedimientos contra Hunter Biden —Mark Scarsi y Maryellen Noreika— fueron nombrados por Trump, y, sin embargo, no han sido atacados en tanto «jueces activistas» como sí lo fue, por ejemplo, el juez Juan M. Merchan por parte del propio Trump y de sus seguidores. El proceso del perdón es irreversiblemente político y, por ello, una fuente de ataques partidistas. El espíritu de reconciliación nacional invocado por Gerald Ford en 1974 ha desaparecido 50 años después.