Si este manual es para ti, seguramente te han dicho al menos una vez que eres una persona rencorosa, que lo mejor que podrías hacer es olvidar el «tema Cuba», porque resulta muy tóxico para ti, y que hay muchas otras cosas de las que ocuparse en vez de andar cazando «chivatos» cuyo único deseo, como el tuyo, es terminar sus días en familia sin que les falte la comida en la mesa. Probablemente vives en Estados Unidos y opinas que a ellos no les corresponde tal derecho: tú, por ejemplo, mientras viviste en Cuba, no le jodiste la vida a nadie para congraciarte con el régimen.

Cuba vive una de las crisis más graves en su historia. Para algunos, incluso, se trata de la peor, no tanto por sus efectos inmediatos como por la extendida certeza de que no tendrá final, o al menos no uno feliz. Por eso no es alocado otorgar credibilidad a ciertas estimaciones demográficas —de alguna manera sustentadas por la apresurada respuesta estadística de las autoridades del país— que plantean que, solo entre 2022 y 2023, cerca del 18 por ciento de la población de Cuba emigró. Los migrantes, cuya mayoría tiene como destino final los Estados Unidos, se cuentan en cientos de miles por año. Y, por supuesto, hay entre ellos de todo, incluidos exfuncionarios y excolaboradores del régimen cubano con historiales de violaciones a los derechos humanos.

En muchos casos, los represores se van como el resto de cubanos que escapan de la miseria y la falta de libertades en la isla. No es fácil, por tanto, detectarlos, como tampoco lo es saber si el pasado atormenta sus conciencias o si han sido capaces de hacer borrón y cuenta nueva para presentarse ante las autoridades migratorias estadounidenses, convencidos de su legítimo derecho a empezar una nueva vida en el mismo país que solía ser «el enemigo».

Sospechas que ha llegado la primera hora del castigo para los agentes del régimen; que al fin le toca al exilio cubano saborear el plato frío de su revancha, una tan dulce como inesperada. En la histórica fantasía de muchos (que compartes), esa hora comenzaría con el «glorioso» regreso a la patria, cuando habrían de ser juzgados los gendarmes de la dictadura. Pero la profecía de ese día prometido, que siempre «viene llegando», nunca se ha cumplido. Ahora todo indica que muchos exrepresores van a refugiarse en el mismo país al que te obligaron a marcharte…, y el ajuste de cuentas parece servido en bandeja, sazonado de ironía. Este manual, que es para ti, lamenta informarte que las cosas no son como imaginas.

Según un informe publicado en agosto de 2024 por la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, una organización no gubernamental con sede en Florida, al menos 117 represores del régimen cubano viven en Estados Unidos. La mayoría, dice el documento, emigraron a ese país en los «últimos años», unos cruzando fronteras y otros mediante vías regulares. La cifra revela que los casos de represores castristas que son sometidos a proceso de deportación, incluidos los que salen a la luz pública, no son sino excepcionales.

Comunistas, go home

Por ley, los militantes comunistas no tienen derecho a entrar a Estados Unidos.

Si sientes el tufillo a macartismo, es porque lo tiene. Tal vez te importe poco o, quizás, lo veas con buenos ojos. Si tu objetivo es ajustar cuentas con los represores castristas que logran entrar a Estados Unidos, primero debes conocer qué leyes juegan a tu favor.

Seguramente recordarás el caso de la exjueza Melody González Pedraza porque no sucedió hace mucho y por su cobertura en la prensa independiente cubana. Después de que fuera aprobado su parole humanitario, González Pedraza se dirigió a Tampa, Florida, pero allí le negaron la entrada. Aunque intentó solicitar asilo político, las autoridades terminaron arrestándola por haber cometido perjurio. La falta oficial que le atribuyeron —por la que fue retenida en el Broward Transitional Center, Florida— es haber mentido sobre su pertenencia al Partido Comunista de Cuba (PCC). En su acusación formal no figura el hecho de que fue ella quien, apenas un mes antes de viajar a Estados Unidos, sentenció a prisión a Andy Gabriel González Fuentes, Eddy Daniel Rodríguez Pérez, Luis Ernesto Medina Pedraza (condenados a cuatro años de privación de libertad) y Adain Barreiro Pérez (condenado a tres años de cárcel). Los jóvenes —menores de 30 años en el momento del juicio— fueron acusados de «desacato». Supuestamente, el 18 de noviembre de 2022 habían lanzado cócteles molotov contra un jeep y las casas de varios policías y funcionarios en el municipio Encrucijada, Villa Clara. El proceso se basó únicamente en declaraciones de un puñado de agentes de la Seguridad del Estado y no siguió las normas del debido proceso. La propia jueza, desde el centro de detención en que se encuentra, ha dicho que se trató de un juicio arbitrario para el que fue «coaccionada». Su caso, de momento, no augura un final feliz para ella, pues a estas alturas ni siquiera ha encontrado un abogado que la represente.

Seguramente, te preguntarás por qué la exjueza no enfrenta cargos por haber enviado injustamente a prisión a cuatro jóvenes, y sí por algo tan obsoleto como la militancia comunista. La respuesta está en los procedimientos que siguen las autoridades estadounidenses. Laritza Diversent, jurista y activista cubana radicada en Estados Unidos, y directora de la organización Cubalex, lo explica: «Si un perpetrador está en territorio estadounidense, y las organizaciones de la sociedad civil ofrecen información verificable sobre su pasado como represor, podrían intervenir en el caso instituciones como el Departamento de Justicia y el FBI. Sin embargo, en este proceso, lo primero que hacen las autoridades es revisar los trámites migratorios de la persona acusada para saber si mintió sobre su pertenencia al PCC. En ese caso, la persona pagaría por mentir a las autoridades migratorias y no por violaciones de derechos humanos».

La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos es muy clara al respecto: no permite ningún permiso migratorio a aquellas personas que hayan sido miembros de un partido comunista o totalitario. Según las autoridades estadounidenses, esta medida se debe a que «ser miembro o estar afiliado a un partido comunista o cualquier otro partido totalitario es incongruente e incompatible con el Juramento de Lealtad a los Estados Unidos, lo cual incluye apoyar y defender la Constitución y las leyes de Estados Unidos».

Por ley, los militantes comunistas no tienen derecho a entrar a Estados Unidos, salvo que…

No es necesario, por tanto, haber sido un represor del régimen, sino un simple miembro del PCC, o de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), para anular la posibilidad a emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, esta norma no es absoluta y comprende las siguientes salvedades: un miembro del PCC podrá entrar a Estados Unidos siempre y cuando haya terminado su membresía al menos cinco años antes de solicitar el beneficio migratorio. En caso de optar por la nacionalidad estadounidense, debe haber pasado un mínimo de diez años desde el momento en que renunció a su militancia.

«El que es miembro del PCC, en principio, no tiene nada que hacer en Estados Unidos, ni pedir reconocimiento migratorio alguno», opina el abogado cubanoamericano Santiago Alpízar, quien lidera las iniciativas Cuba Represión ID y Cuba Demanda Inc. Esta última, además de trabajar en la identificación de represores castristas residentes en Estados Unidos, ha sido reconocida como organización lobbysta ante el Parlamento Europeo.

«Si un miembro del PCC pretende entrar a Estados Unidos», continúa Alpízar, «tiene que declarar clara y convincentemente que fue un militante “simple” de ese partido y que aceptó la membresía por una razón de interés personal; pero no una cualquiera. Me refiero a que, por ejemplo, su membresía era requisito obligatorio para tener una carrera profesional. Además, debe probar que no causó daño a otros; que no provocó, desde su condición de militante, ninguna pesadumbre a otro ciudadano. Si sus víctimas denuncian y prueban que esa persona ha mentido respecto a lo anterior, su permiso migratorio debe ser denegado o revocado».

Los que burlan la ley

La ley estadounidense puede ser severa con el fraude migratorio, pero casi nunca lo es.

La ley estadounidense puede ser muy severa y acarrear para quien la burle algo más que la deportación. Técnicamente, según Santiago Alpízar, el delito de perjurio es sancionado en Estados Unidos con penas de hasta cinco años de privación de libertad o con una multa de 250 mil dólares. Seguramente crees que el precio a pagar por mentir a las autoridades migratorias estadounidenses es muy alto, y quizás hasta te preguntes cómo es posible que tantos se arriesguen a hacerlo. La respuesta está en que casi nunca se aplican estas medidas.

«Aunque estas sanciones están previstas, el derecho penal es el derecho cautelar de última fila, por tanto, no suele usarse en estos casos. Muy pocas personas son sujetas a sanciones penales por fraude migratorio. Lo que suelen usar las autoridades es la propia Ley de Inmigración, que prevé la eliminación del beneficio migratorio, lo que conlleva a la expulsión del país. Sin embargo, se trata de un proceso largo y complejo en el que la persona acusada, por supuesto, tiene derecho a la defensa y la apelación», explica el abogado cubanoamericano.

La ley estadounidense puede ser severa, pero no infranqueable.

Si las leyes y las autoridades migratorias fueran infalibles, este manual no tendría sentido. A veces, incluso, son sorteadas no por represores anónimos, sino por altos funcionarios del régimen cubano que, imaginas, debieran estar en alguna suerte de lista negra.

Probablemente recuerdas que a mediados de agosto de 2024 Manuel Menéndez Castellanos llegó al Aeropuerto Internacional de Miami después de haber obtenido en Cuba una visa por reunificación familiar. Atravesó el aeropuerto de incógnito. Iba en una silla de ruedas, con gafas oscuras, una mascarilla cubriéndole el rosto y escoltado por sus familiares. Quizás viste en redes sociales el video del momento en que el periodista cubanoamericano Mario J. Pentón lo reconoció y se acercó a él en busca de declaraciones, y cómo Menéndez Castellanos y sus allegados lo esquivaron.

Manuel Menéndez Castellanos fue lo que podría considerarse un «pez gordo» del castrismo. De trabajador de la Empresa Eléctrica en La Habana, ascendió a funcionario en el Ministerio de Energía y Minas y en la Central de Trabajadores de Cuba hasta que, en 1993, fue designado primer secretario del PCC en Cienfuegos, cargo que ostentó por una década. Luego fue elegido como diputado de la Asamblea Nacional y miembro del Consejo de Estado. Mientras tanto, ejerció como jefe del «Equipo de Coordinación y Apoyo del Comandante en Jefe Fidel Castro», una estructura paraestatal creada por el fallecido dictador, que operaba muchas veces por encima de las instituciones oficiales. De acuerdo con su perfil en Linkedin, durante los últimos años se desempeñó como consultor senior de inversiones en el Centro Internacional de La Habana, organismo encargado de gestionar contratos y vender en el extranjero servicios educacionales de la Universidad de La Habana. Hasta ahora se desconoce si se ha abierto alguna acusación formal en su contra por haber mentido a las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Poco antes, en abril de 2024, las autoridades migratorias de Estados Unidos aceptaron la solicitud de asilo político de Arely Casañola Quintana, quien, aunque no ascendió demasiado alto en la esfera partidista, sí alcanzó el cargo de presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Isla de la Juventud entre 2012 y 2018. Casañola, curiosamente, corrió con mucha mejor suerte que su sucesor, Liván Fuentes Álvarez, a quien le negaron su solicitud de parole humanitario —quién sabe si por su historial como militante del PCC.

Si conoces estos casos, quizás también te acuerdes de Saúl Santos Ferro. Durante muchos años, Santos Ferro, quien habría sido jefe del Departamento de la Seguridad del Estado en el municipio San Cristóbal, provincia Artemisa, hizo de sabueso del régimen contra todo tipo de disidencia política, y se sabe que no fueron pocos los que envió injustamente a las prisiones del occidente. Un día de 2012, llegó a Estados Unidos a fin de pasar allí su vejez. Apenas un año después, obtuvo la residencia permanente en ese país, y durante los siguientes años tuvo una apacible vida de retirado en Miami. Su suerte terminó en 2019, cuando alguien lo reconoció en un supermercado. Solo se conoce que le tomó una foto con un celular y la envió a la organización Cuba Represión ID, y que esta luego se la entregó al FBI.

Poco después, Saúl Santos Ferro, entonces de 74 años, fue detenido y sentenciado por un juez del Distrito Sur de Florida a seis meses de cárcel, más dos años de probatoria, y a pagar una restitución de más de 12 mil dólares por haber cometido perjurio ante las autoridades migratorias del país y, con base en esa mentira, haber gozado de los beneficios del seguro social. Por primera vez, un represor del régimen cubano era identificado y luego sancionado. En agosto de 2024, finalmente, fue devuelto a Cuba junto a otros 47 cubanos deportados; sin embargo, las autoridades cubanas se negaron a recibirlo y lo enviaron rumbo a Estados Unidos en el mismo vuelo. Santos Ferro vive ahora en Estados Unidos.

Menéndez Castellanos, Casañola Quintana y Santos Ferro solo pudieron obtener beneficios migratorios en Estados Unidos después de haber mentido sobre sus historiales como miembros del PCC. Incluso, si hubieran pasado más de cinco años desde que lo abandonaron, ninguno fue en su momento un militante «simple».

«Me molesta mucho ver a esos canallas entrar así, habiendo mentido, y superando en tiempo y disposición de sus casos a otros que no son de su calaña. Tengo un cajón lleno de solicitudes de parole humanitario I-134A que llevan esperando más de un año, incluso de personas de las que yo he sido el patrocinador, mientras la jueza Melody González Pedraza, por ejemplo, en solo unos días recibió el permiso de entrada al país, tras haber sancionados injustamente a cuatro individuos por motivos políticos», subraya Alpízar. 

Según el jurista cubanoamericano, una posible razón para que tantas personas hayan burlado las leyes estadounidenses es el deficiente trabajo del Departamento de Estado, organismo que, a través del servicio consular, tiene del deber de inspeccionar y revisar de manera rigurosa —incluso mediante entrevistas— todas las solicitudes de visa. Por otro lado, la burocracia en estos asuntos es inmensa, y Estados Unidos, que debe lidiar permanentemente con una incontrolable crisis migratoria, tiene preocupaciones más urgentes en sus fronteras, como puede ser la entrada de miembros de grupos terroristas o criminales y espías de muchos otros países.

No obstante, ya cometida la ilegalidad, ¿cómo debe procederse para que, por ejemplo, Manuel Menéndez Castellanos sea deportado a Cuba?

«Menéndez Castellanos mintió en la solicitud que llenó en La Habana, de eso no hay dudas. La única forma de retirarle el beneficio es que el gobierno establezca un proceso en su contra y un juez mire su caso. Por tanto, lo que procede es presentar una denuncia con pruebas de su historial como alto funcionario de la dictadura, que en su caso son muy fáciles de encontrar», señala Alpízar. «Luego, se le presenta una notificación para comparecer en corte. A partir de ahí estaría él en un proceso de expulsión del país».

Por represores, no por comunistas

La Ley Magnitski

El proceso legal contra represores en Estados Unidos —no por simples militantes comunistas, sino por ser perpetradores de violaciones de derechos humanos— funciona un poco como las leyes de pesca en algunos lugares del mundo: solo pueden atraparse peces adultos, grandes… los «peces gordos».

Según Laritza Diversent, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y en algunos países europeos, existen leyes que sancionan de manera administrativa a personas que han cometido graves violaciones de derechos humanos. La más conocida, aplicada en territorio estadounidense, es la Ley Globlal Magnitski sobre Responsabilidad de Derechos Humanos. Esta normativa, bautizada así en honor al abogado ruso Serguéi Leonídovich Magnitski (quien murió en prisión poco después de haber denunciado un caso de corrupción a gran escala que implicaba a funcionarios del Kremlin), impone a perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y de corrupción sanciones individuales, casi siempre limitadas a la restricción de visado y el congelamiento de cuentas y bienes en territorio estadounidense, aun cuando dichos bienes estén formalmente a nombre de otra persona. Su ejecución, vale aclarar, no depende de ningún tribunal, sino del gobierno de Estados Unidos. 

«La Ley Magnitski, en el caso de Cuba, fue activada en 2021 para el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y las fuerzas especiales represivas conocidas como Boinas Negras, que pertenecen al Ministerio del Interior. Existen otras sanciones individuales más específicas contra Raúl Castro y sus hijos, así como contra algunos miembros del gobierno, pero estas solamente se limitan a la restricción de visado para entrar a territorio estadounidense, por tanto, no afectan sus bienes», indica la abogada cubana.

La actual administración estadounidense apenas ha aplicado la Ley Magnitski, según más de 90 organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, incluida Cubalex, que el pasado 5 de septiembre firmaron una carta conjunta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken. En coalición, estas organizaciones han enviado desde 2017 al Departamento de Estado unas 160 recomendaciones fundamentadas con respecto a «autores de abusos contra los derechos humanos y de corrupción» en más de 60 países, todos elegibles para las sanciones de la Ley Magnitski. «Sin embargo», se lee en la misiva, «en el transcurso de la administración Biden, hemos observado con preocupación el constante descenso en el uso de las sanciones globales Magnitski, con tres años fiscales consecutivos con menos designaciones primarias que el año anterior».

Otra advertencia a la administración Biden sobre la necesidad de controlar la entrada de represores —en este caso, exclusivamente cubanos— en Estados Unidos ocurrió a mediados de este año. La misiva, firmada por los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, y dirigida a Blinken y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, insiste en que el gobierno debe examinar «cuidadosamente a quienes buscan ingresar al país para garantizar que no sean violadores de derechos humanos». Y agrega: «los violadores de derechos humanos no deben recibir el beneficio de entrada a Estados Unidos mientras que inocentes manifestantes del 11J languidecen en las cárceles cubanas».

La clave está en la palabra «grave».

Ciertamente, no todos los represores políticos pueden ser sancionados. Solo son considerados bajo la Ley Magnitski quienes hayan cometido «graves» violaciones de derechos humanos. Por tanto, el «chivato» del barrio o el oficial de la Seguridad del Estado de bajo o mediano rango que puedas encontrar ahora en el supermercado, en el bar, en algún vecindario de Hialeah o de Tampa, tiene —legalmente hablando— los mismos derechos que tú a residir en Estados Unidos.

«Hay gente que en redes sociales señala a alguien porque chivateó en el barrio. Pero para iniciar un proceso en su contra tienes que demostrar cómo esa persona afectó gravemente la seguridad y la integridad de un ciudadano o un grupo de ciudadanos. Chivatear no es una grave violación de derechos humanos», expone Laritza Diversent. «El caso de jueces y fiscales que han colaborado con el régimen en causas contra activistas y manifestantes es distinto y más complejo, y tiene que ver con la cadena de mando. Ellos sí pueden ser considerados personas que han cometido graves violaciones de derechos humanos. Aunque no se los pueda ubicar como comisores directos, sí se les cataloga como cooperadores necesarios».

Para entender la categoría «cooperador necesario» hay que partir de aceptar que en Cuba existe un sistema legal —arbitrario, pero lo tiene. Por tanto, las personas condenadas por motivos políticos deben pasar necesariamente por un proceso judicial que implica la actuación de jueces y fiscales.

«Si el fiscal no utiliza las funciones que le da la ley en representación del Estado y si los jueces no firman las sentencias, esas personas no podrían ir a prisión. Sin ellos, el Ministerio del Interior no puede privar de la libertad a alguien por años. Y que se amparen en que no les quedaba otra opción, como ahora hace la exjueza Melody González Pedraza, no sirve de nada. No todos los jueces y fiscales de Cuba son cooperadores necesarios. Pero cuando tienes un cargo por el que obtienes privilegios a cambio de cumplir órdenes ilegales y lo aceptas, eres responsable y debes asumir después las consecuencias», explica Lartiza Diversent.

Si a estas alturas, después de saber que las autoridades estadounidenses no hacen mucho caso a la entrada de represores cubanos a su país y que las leyes contra ellos no son lo que esperabas, no has abandonado este manual, debes saber que buena parte de la responsabilidad sobre la impunidad de estos sujetos recae en la pasividad de las víctimas y de la comunidad cubana en Estados Unidos en general. No todos están dispuestos a identificar y denunciar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos en la isla. Otros, por disímiles razones, no cuentan con los recursos para hacerlo.

Procesar a un represor cubano, o al menos iniciar un caso en su contra, implica reunir información verificable sobre las graves violaciones a los derechos humanos que cometió. No basta, como creen muchos, un post en redes sociales o una nota en la prensa. Cada caso conlleva una investigación lo más abarcadora posible, en la que pueden colaborar organizaciones como Cuba Represión ID, Cuba Demanda o Cubalex.

«Estos procesos llevan una argumentación difícil de lograr porque muchas veces las víctimas no denuncian y no hay suficientes pruebas de los hechos. Es común que arresten a alguien en Cuba y que esa persona denuncie al agresor en redes sociales, pero rara vez puede identificarlo con los datos precisos. Me atrevo a decir que no existe en la sociedad civil una conciencia extendida sobre la documentación [para verificar la identidad de los victimarios]; ni siquiera con vistas a que, en un futuro, durante un proceso transicional, estas personas puedan ser juzgadas. A veces solo tenemos un seudónimo, pero la fecha de nacimiento y su nombre y apellidos son requisitos indispensables para que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos reciba tu denuncia. También es muy necesario que las víctimas testifiquen, que puedan dar pruebas que avalen su testimonio, y que se apoyen en las organizaciones de la sociedad civil», dice Laritza Diversent.

Este manual no tiene nada más que decir. Seguramente no es el decálogo de cacería de brujas que esperabas, pero algunas herramientas tienes ya, si es que, finalmente, decides entregarte a la tarea.