MADRID, España.-Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) calcula que más de 8.000 personas habrían muerto en Cuba en el marco de la actual crisis sanitaria, una cifra muy por encima de la reconocida oficialmente por el Gobierno. La estimación se apoya en datos admitidos por las propias autoridades sobre la extensión del brote epidemiológico y en parámetros internacionales aplicados a un sistema de salud que el documento califica como colapsado.
El estudio, titulado «El colapso sanitario en Cuba», sostiene que la emergencia epidemiológica que vive el país no responde a un hecho puntual ni a factores externos inevitables, sino que es la consecuencia de decisiones políticas prolongadas en el tiempo que han ido desmantelando las capacidades del sistema público de salud. De acuerdo con el OCAC, la situación actual se desarrolla en un contexto de sindemia, con circulación simultánea de chikungunya, dengue, oropouche y virus respiratorios, en medio de una profunda precariedad sanitaria, ambiental y nutricional.
Según recoge el dossier, autoridades sanitarias han reconocido que más del 30 % de la población cubana, equivalente a unos 2,9 millones de personas, habría enfermado durante el actual brote de chikungunya. A partir de ese dato oficial, el Observatorio aplica tasas de letalidad epidemiológicas utilizadas a nivel internacional y estima que, incluso en un escenario moderado, el número de fallecidos podría situarse en al menos 8.700 personas, frente a los 47 decesos reconocidos oficialmente hasta mediados de diciembre.
El informe advierte que incluso el escenario más conservador arroja cifras muy superiores a las oficiales y señala que la mortalidad real podría ser mayor debido a factores como la saturación de los hospitales, la coinfección con otros virus, la malnutrición generalizada y la falta de atención médica oportuna.
El documento describe además un deterioro severo del sistema sanitario cubano. Entre 2021 y 2024, el país perdió más de 30.000 médicos, mientras que el personal de enfermería se redujo en más de 15.000 trabajadores. En ese mismo período, el sistema de salud dejó de contar con más de 7.000 camas hospitalarias, afectando hospitales generales, pediátricos, clínico-quirúrgicos y policlínicos.
A estas carencias se suma la escasez persistente de medicamentos e insumos básicos. De acuerdo con datos oficiales citados por el OCAC, el 64,5 % de los medicamentos que debía suministrar la empresa estatal BioCubaFarma al Sistema Nacional de Salud se encontraban en falta a inicios de 2025. Posteriormente, la entidad dejó de publicar actualizaciones, lo que incrementó la falta de transparencia sobre la magnitud real del desabastecimiento.
El análisis también apunta a una distribución desigual de la inversión estatal. Mientras salud pública y asistencia social han recibido en la última década un promedio de apenas el 2 % de la inversión, sectores como el turismo han concentrado más del 30 % del capital invertido, lo que refleja una jerarquía de prioridades que relega la atención sanitaria a un segundo plano.
El colapso del sistema de salud se ve agravado por un entorno ambiental y nutricional crítico. El OCAC documenta la acumulación masiva de basura sin recoger en zonas urbanas, la inexistencia de un control vectorial efectivo y una inseguridad alimentaria estructural que debilita la respuesta inmunológica de la población. Solo el 15 % de los cubanos logra garantizar tres comidas diarias, mientras la mayoría reduce raciones o depende de remesas y ayudas externas.
El informe denuncia además la manipulación de las estadísticas epidemiológicas. Según testimonios de profesionales de la salud recogidos en la investigación, numerosas muertes asociadas a arbovirosis no se reflejan como tales en los certificados de defunción, al omitirse la infección viral como causa antecedente. El documento señala que esta práctica ya habría sido aplicada durante la pandemia de COVID-19.
En sus conclusiones, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana afirma que mantener a la población en condiciones de malnutrición, indefensión sanitaria y exposición constante a riesgos epidemiológicos constituye una forma de violencia estructural. La crisis sanitaria, sostiene el informe, debe interpretarse como parte de un colapso integral del modelo político y económico cubano y como una violación sistemática de la obligación del Estado de proteger la vida y la salud de sus ciudadanos.
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