MADRID, España.- La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) incorporó a su lista de represores al fiscal Edward Roberts Campbell y a la jueza Paula Joaquina Rodríguez Sánchez, ambos vinculados directamente al proceso judicial contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, condenado recientemente en Cuba a privación perpetua de libertad. La organización denuncia que los dos funcionarios actuaron como operadores de un sistema judicial utilizado con fines políticos y carente de garantías de independencia.
En el caso de Roberts Campbell, la FHRC subraya su papel como fiscal encargado de sostener la acusación que condujo a la condena definitiva de Gil. Fiscal de carrera desde la década de 1980, Campbell ocupa desde diciembre de 2020 el cargo de Fiscal Jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades de la Fiscalía General de la República. Desde esa posición, el régimen afirma combatir abusos administrativos y delitos económicos, aunque su nombre aparece asociado a procesos judiciales considerados ejemplarizantes por organizaciones de derechos humanos.
Además del caso Gil, Roberts Campbell ha intervenido en casos de represión al pueblo. Entre ellos destaca la petición fiscal de 10 años de prisión contra la joven influencer y activista Sulmira Martínez Pérez, conocida como “Salem de Cuba”.
Martínez Pérez fue juzgada por publicaciones críticas en redes sociales y aún está pendiente de una sentencia firme meses después de la celebración del juicio.
En este contexto, el periodista Mario Pentón denunció en redes sociales una situación que evidencia contradicciones dentro del entorno de altos funcionarios judiciales. Pentón compartió una captura de pantalla de una publicación en Facebook atribuida a Gabriela Roberts Molinet, identificada como hija del fiscal Edward Roberts Campbell, en la que se ofrecen servicios de envío de remesas, transferencias y venta de dólares a Cuba, con tasas alineadas al mercado informal reflejado por la plataforma El Toque.
“¿Cómo se explica que la hija de dos fiscales —responsables de pedir más de 10 años de cárcel contra ciudadanos por publicar críticas al régimen en Facebook— se dedique hoy a vender dólares en redes sociales a la tasa de El Toque?”, escribió Pentón. En su mensaje añadió que este tipo de prácticas exponen “la doble moral de los victimarios del régimen cubano: represión para unos, mercado ‘informal’ para los suyos”.
La responsabilidad del fiscal se ve agravada por el hecho de que ha participado en programas y foros internacionales sobre transparencia judicial y Estado de derecho, incluidos espacios financiados por la Unión Europea, orientados teóricamente a la promoción de garantías legales y derechos humanos.
Por su parte, la jueza Paula Joaquina Rodríguez Sánchez, integrante de la Sala de Delitos de la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, fue quien dictó la sanción de cadena perpetua contra Alejandro Gil. Su trayectoria judicial ha estado vinculada a otras decisiones de represión, como la revisión y ratificación de sentencias impuestas a manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J), en procesos donde se mantuvieron condenas de prisión contra decenas de ciudadanos, incluidos jóvenes.
Rodríguez Sánchez también ha integrado delegaciones oficiales del Estado cubano ante organismos internacionales, donde ha defendido el sistema penal de la Isla frente a denuncias de torturas, tratos crueles y violaciones sistemáticas de derechos humanos contra presos políticos.
El juicio contra Alejandro Gil Fernández se desarrolló bajo un marcado secretismo. El Tribunal Supremo Popular informó que el ex viceprimer ministro fue condenado a cadena perpetua por delitos que incluyen espionaje, cohecho y otros vinculados a la actividad económica, y a 20 años adicionales de prisión en una segunda causa penal, además de sanciones accesorias como la confiscación de bienes y la privación de derechos públicos.
Sin embargo, las autoridades no han precisado públicamente cuáles fueron los beneficios personales obtenidos por Gil, las firmas extranjeras involucradas, los funcionarios sobornados ni la información clasificada que presuntamente manejó. Esa falta de transparencia ha alimentado cuestionamientos y ha llevado a expertos y usuarios en redes sociales a señalar que el exministro podría estar siendo utilizado como chivo expiatorio en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.
La FHRC explicó que la inclusión de Roberts Campbell y Rodríguez Sánchez en su base de datos busca documentar la responsabilidad individual de jueces y fiscales que, desde sus cargos, contribuyen a la represión estatal, así como facilitar eventuales procesos de rendición de cuentas a nivel internacional.
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