Dos empleados del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Florida expedían licencias a personas indocumentadas, a cambio de pagos en efectivo gestionados por intermediarios.
“Yo no he estado en un juicio de esos, yo soy juez lego”: así responde María Elena Fornari, implicada en la condena a Luis Robles Elizástigui.
LA HABANA.- Cobra alrededor de tres mil pesos mensuales como chofer en una empresa estatal, un salario que apenas alcanza para comprar los alimentos básicos
El hombre que preside el Consejo de la Administración Municipal conducía un auto estatal, golpeó a un ciclista, lo dejó abandonado y la víctima murió, mientras que el responsable nunca pisó la cárcel.
Según la nota oficial divulgada, “incurrió en errores en el desempeño de sus funciones”.
El exmandatario y su exvicepresidente, Jorge Glas, ya no podrán entrar a ese país; la prohibición se aplica también a sus cónyuges e hijos.
Un total de 13 personas han sido acusadas por diferentes grados de implicación en el hecho.
Una empresa del mismo gobierno que encarcela a sus propios ciudadanos por “ultraje a los símbolos patrios”, patrocina un mensaje de contenido sexual más que sugerido.
El hombre falsificó actas para ocultar la ilegalidad y las pérdidas, que ascendían a 3.241.860 de pesos cubanos.
Los mandamases de la continuidad cada vez se asemejan más a una clase burguesa-capitalista, sólo que mucho más explotadora, abusiva y que no admite reclamos.
Dos empleados del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Florida expedían licencias a personas indocumentadas, a cambio de pagos en efectivo gestionados por intermediarios.
“Yo no he estado en un juicio de esos, yo soy juez lego”: así responde María Elena Fornari, implicada en la condena a Luis Robles Elizástigui.
LA HABANA.- Cobra alrededor de tres mil pesos mensuales como chofer en una empresa estatal, un salario que apenas alcanza para comprar los alimentos básicos
El hombre que preside el Consejo de la Administración Municipal conducía un auto estatal, golpeó a un ciclista, lo dejó abandonado y la víctima murió, mientras que el responsable nunca pisó la cárcel.
Según la nota oficial divulgada, “incurrió en errores en el desempeño de sus funciones”.
El exmandatario y su exvicepresidente, Jorge Glas, ya no podrán entrar a ese país; la prohibición se aplica también a sus cónyuges e hijos.
Un total de 13 personas han sido acusadas por diferentes grados de implicación en el hecho.
Una empresa del mismo gobierno que encarcela a sus propios ciudadanos por “ultraje a los símbolos patrios”, patrocina un mensaje de contenido sexual más que sugerido.
El hombre falsificó actas para ocultar la ilegalidad y las pérdidas, que ascendían a 3.241.860 de pesos cubanos.
Los mandamases de la continuidad cada vez se asemejan más a una clase burguesa-capitalista, sólo que mucho más explotadora, abusiva y que no admite reclamos.
