MADRID, España.- Horas después de que la Administración del presidente Donald Trump ordenara la pausa inmediata de todos los trámites migratorios de ciudadanos de 19 países considerados de “preocupación”, incluidos los cubanos, los congresistas Mario Díaz-Balart (FL-26) y Carlos A. Giménez (FL-28) emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron que abogan “por un proceso que combine rigurosidad y rapidez, de modo que las personas con solicitudes legítimas de asilo tengan la oportunidad de que sus casos reciban, sin demoras innecesarias, una resolución justa y expedita”.
En el comunicado, ambos legisladores criticaron la gestión migratoria de la administración anterior, a la que responsabilizan por lo que califican como una crisis de seguridad nacional. Según expresaron, “el abandono imprudente de la seguridad fronteriza por parte de la administración Biden y su falla sistémica para verificar rigurosamente a cerca de 10 millones de personas representaron una traición a la seguridad nacional y una amenaza directa contra la vida de los estadounidenses”.
Díaz-Balart y Giménez recordaron que, durante cuatro años, alertaron en repetidas ocasiones sobre las consecuencias de unas “políticas de fronteras abiertas” y de la ausencia de un sistema de verificación robusto. Sin embargo, sus advertencias “fueron ignoradas”, lo que derivó, afirman, en un escenario de caos en la frontera sur y en vulnerabilidades explotadas por actores hostiles.
Entre los casos que destacan se encuentran la entrada al país de más de 300 individuos señalados como terroristas y episodios criminales que pudieron haberse evitado. Los congresistas mencionan los asesinatos de Laken Riley en Georgia y Jocelyn Nungaray en Texas, así como el atentado frustrado para el Día de las Elecciones 2024, atribuido al ciudadano afgano Nasir Ahmad Tawhedi. También citaron el asesinato de un miembro de la Guardia Nacional en Washington D.C., presuntamente a manos de Rahmanullah Lakanwal.
Otra referencia del comunicado apunta al caso del piloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, que “explotó fraudulentamente el sistema migratorio estadounidense”.
Por otro lado, los congresistas elogiaron la labor del presidente Trump, de quien dijeron que “está protegiendo la seguridad nacional al restaurar el orden en la frontera, hacer cumplir el estado de derecho y reforzar los procesos de verificación”. Según su valoración, ese liderazgo “está salvando vidas estadounidenses”.
La declaración concluye reafirmando el compromiso de ambos legisladores para impulsar una reforma migratoria definitiva. Sostienen que Estados Unidos necesita un sistema que combine controles estrictos con eficiencia, permitiendo que quienes presenten solicitudes legítimas de asilo accedan a decisiones rápidas y justas.
La reacción de los legisladores se produjo tras la divulgación de un memorando interno de USCIS y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que detuvo el procesamiento de solicitudes de residencia permanente, reemplazos de tarjetas, naturalizaciones, permisos de viaje y cualquier trámite migratorio pendiente. Según el Gobierno estadounidense, esta suspensión forma parte de un refuerzo de los filtros migratorios aplicados a países catalogados como inestables o con antecedentes de terrorismo. USCIS sostuvo que desempeña un papel clave en impedir que actores peligrosos utilicen el sistema migratorio estadounidense, priorizando la seguridad nacional en sus procesos de verificación.
Los 19 países incluidos en la medida —ya sujetos a restricciones previas desde la Proclamación 10949 de junio de 2025— son: Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. En el caso de Cuba, la inclusión se fundamenta en su designación como “Estado patrocinador del terrorismo” y su negativa a cooperar en materia de seguridad. La suspensión implicará retrasos indefinidos mientras las autoridades completan las nuevas evaluaciones exigidas por el memorando.
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