MIAMI, Estados Unidos. – La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución que exige a Rusia el “retorno inmediato, seguro e incondicional” de todos los niños ucranianos deportados o trasladados por la fuerza desde territorios ocupados, en una votación que dejó al régimen de Cuba en el reducido grupo de 12 países que se opusieron al texto junto a Moscú.
El proyecto, titulado Retorno de los niños ucranianos obtuvo 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones. Entre estas últimas se ubicaron potencias como China, India y Brasil. En cambio, La Habana se sumó al bloque contrario a la resolución, integrado por Rusia, Bielorrusia, Irán, Eritrea, Malí, Burundi, Burkina Faso, Níger, Sudán, Nicaragua y la República Democrática del Congo.
Con su “no”, La Habana quedó alineada explícitamente con Rusia en un asunto que la propia Asamblea General ha descrito como una violación grave del derecho internacional humanitario, al abordar la deportación y traslado forzoso de menores desde territorios ocupados. El comunicado oficial de la ONU sobre la sesión subraya que el derecho internacional “es cristalino” en el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe la transferencia o deportación forzosa de civiles, incluidos niños, desde territorios ocupados.
El contraste es especialmente sensible en el caso cubano: el país ha reivindicado durante décadas el programa médico de Tarará, donde se atendió de forma gratuita a unos 25.000 niños afectados por el accidente nuclear de Chernóbil —en su mayoría ucranianos, rusos y bielorrusos— entre 1990 y 2011. La decisión de votar contra una resolución centrada exclusivamente en la protección de niños ucranianos deportados por Rusia coloca ahora a La Habana, de cara a la opinión pública internacional, del lado del Estado señalado como responsable de su traslado forzoso.
Hasta el momento, los resúmenes oficiales de la sesión difundidos por Naciones Unidas y las crónicas de medios especializados no recogen una intervención cubana explicando su voto, a diferencia de las delegaciones de Ucrania y Rusia, que sí expusieron sus posiciones desde la tribuna.
Qué exige la resolución aprobada
La resolución adoptada por la Asamblea General demanda a la Federación de Rusia que garantice “el retorno inmediato, seguro e incondicional” de todos los niños ucranianos “forzosamente transferidos o deportados” desde 2014, tanto a territorio ruso como a Bielorrusia o a zonas ocupadas. El texto también:
- Insta a Moscú a poner fin de inmediato a cualquier nueva deportación o traslado de menores y a toda separación forzosa de familias.
- Condena las medidas legales y administrativas que facilitan cambios de ciudadanía, adopciones, acogidas en familias rusas o internamiento en instituciones, así como el adoctrinamiento ideológico y la “rusificación” de los niños.
- Encarga al secretario general de la ONU usar todos los mecanismos disponibles —incluida la Representante Especial para los Niños y los Conflictos Armados— para coordinar esfuerzos, supervisar el caso y apoyar el retorno de los menores.
La magnitud del problema: miles de niños deportados
Según la plataforma estatal ucraniana “Children of War”, a 28 de junio de este año se habían registrado 19.546 niños “forzosamente desplazados y/o deportados” por Rusia desde territorios ocupados. Las autoridades de Kiev afirman que el número total de casos bajo investigación supera los 20.000.
En su intervención ante la Asamblea General, la vicecanciller ucraniana Mariana Betsa declaró que “no habrá una paz justa en Ucrania sin el retorno inmediato e incondicional de nuestros niños a casa” y subrayó que “esta resolución no trata de política; trata de humanidad”. De acuerdo con los datos que presentó, algo más de 1.850 menores han podido regresar con sus familias, una fracción del total de casos denunciados.
Investigaciones del Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL) de la Escuela de Salud Pública de Yale, en el marco del programa estadounidense Conflict Observatory, indican que niños ucranianos han sido trasladados al menos a 210 instalaciones dentro de Rusia y en territorios ucranianos ocupados, en el contexto de un programa sistemático de deportación, “reeducación” y adopciones forzadas.
La dimensión transnacional del problema fue subrayada recientemente ante el Senado de Estados Unidos por la jurista ucraniana Kateryna Rashevska, experta del Centro Regional de Derechos Humanos. Según un testimonio recogido por el Congreso estadounidense y reseñado por el Congreso Mundial Ucraniano, Rashevska afirmó que su organización ha documentado 165 campamentos de “reeducación” donde niños ucranianos son “militarizados y rusificados”, incluyendo instalaciones en Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte.
En paralelo a las negociaciones diplomáticas, la ofensiva internacional para lograr el retorno de los menores ha involucrado a actores poco habituales. Reuters informó que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, envió meses atrás una carta personal a Vladímir Putin en la que le instaba a facilitar el regreso de los niños ucranianos, abrir el acceso a organizaciones humanitarias y apoyar corredores diplomáticos para la reunificación familiar.
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