MADRID, España.- El segundo proceso judicial contra el exministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, inició esta semana en La Habana bajo un marcado dispositivo de secretismo y sin comunicación oficial previa a la población. Según informó Diario de Cuba citando fuentes con conocimiento directo del caso, la sala de actos donde se desarrolla el juicio tuvo que ser reorganizada ante la elevada cifra de acusados, que supera la decena.
De acuerdo con otra fuente consultada por el medio, el proceso comenzó “bajo un fuerte operativo de secretividad”. No se han divulgado detalles sobre si la vista es pública, semipública o privada. El abogado defensor de Gil Fernández, Abel Solá, mantiene silencio sobre el procedimiento, lo cual incrementa las dudas sobre el carácter del juicio.
Un abogado en ejercicio en Villa Clara, entrevistado por Diario de Cuba, cuestionó la ausencia de información y calificó de grave que un caso de corrupción de alto nivel se tramite sin transparencia. Considera que el Tribunal no puede mantener en secreto un proceso de esta relevancia ni celebrarlo a puertas cerradas, porque ello “vulnera principios esenciales: el control ciudadano sobre la actuación de los jueces, el derecho a conocer los argumentos de la defensa, la posibilidad de observar la práctica de pruebas y la presunción de inocencia”.
El jurista añade que la falta de datos sobre las identidades, funciones y niveles de responsabilidad del resto de los acusados, así como la ausencia de las peticiones fiscales, impide a la ciudadanía valorar adecuadamente la magnitud del caso. Alertó que, si se consolida esta metodología de opacidad, la judicatura corre el riesgo de convertirse en un instrumento formal “de represión de libertades y derechos fundamentales, sin precedentes desde 1902”.
Según dijo, la defensa de Gil sigue el patrón habitual en casos de alta sensibilidad política dentro de Cuba: actuar sin ofrecer información y evitando confrontar posibles irregularidades procesales. Asegura haber conocido por una fuente cercana a Solá que el abogado se ha mostrado “muy inaccesible, impenetrable, como ocurre cada vez que es escogido para casos connotados, lo cual resulta muy cómodo para la Seguridad del Estado y para la dirección del país”.
A principios de esta semana, la abogada y expresentadora de la televisión cubana María Victoria Gil —hermana del exministro— adelantó que el nuevo proceso judicial podría celebrarse “en cuestión de días”. Señaló que la causa continúa rodeada de un secretismo similar al que caracterizó el reciente juicio por presunto espionaje. Para la familia, la separación de los procesos no es casual: consideran que el régimen intenta administrar cuidadosamente la información y reducir el impacto político de un expediente que, en palabras de María Victoria, “involucra a gente muy importante y puede destapar muchas interioridades del poder”.
Los delitos atribuidos a Gil Fernández —entre ellos malversación, lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias— se relacionan con su etapa como gerente de la empresa de seguros marítimos Caudal en el Reino Unido. Durante ese período residió en Londres con su esposa e hijos y tuvo acceso a beneficios propios de altos ejecutivos, como un automóvil de lujo y la membresía en un club exclusivo de Miramar. Según la versión de su hermana, estos privilegios formaban parte de las estructuras estatales para gestionar capitales fuera de Cuba y no constituían actividades delictivas personales.
El primer juicio contra el exministro se celebró del 11 al 13 de noviembre en el tribunal de 100 y 35, en Marianao, también bajo un fuerte dispositivo de seguridad. En aquella ocasión, el acceso al edificio fue restringido desde la madrugada; se cerraron calles aledañas y agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil vigilaron todo el perímetro, acompañados de vehículos oficiales y motoristas policiales. La vista oral tuvo lugar en una sala militar y se realizó a puertas cerradas por “razones de seguridad nacional”, sin presencia de prensa independiente ni público.
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